En Chiapas fracasa militarización de la lucha contra los cárteles
1 Dic. 2024 5:26 pm
TUXTLA GUTIÉRREZ | CHRISTIAN GONZÁLEZ | En Frontera Comalapa, municipio que desde hace tres años es controlado por los cárteles de la droga de una forma más agresiva, la vida ya no es la misma. Para Carlos, quien desde hace meses busca a sus dos hermanos desaparecidos en esa región, los militares sólo están “de adorno” e, incluso, advierte que los altos mandos del Ejército Mexicano mantienen vínculos cercanos con la mafia y, en especial, con un capo.
“Uno de los líderes que controlan un cártel ahí, un día organizó una carrera de caballos (en uno de los ejidos de esa localidad), y le decía a la gente que no se preocupara, que nada pasaría porque estaría gente del Ejército para cuidarlos”, confiesa el entrevistado, cuya verdadera identidad está protegida para evitar represalias.
Según él, la confianza está puesta en pocos entes: algunas organizaciones no gubernamentales, ciertos periodistas, una parte de la Iglesia católica, “y nada más, porque también las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos o la de Búsqueda de Personas, están cooptadas por los criminales, ¿entonces, a quién acudimos?”.
En el caso de Frontera Comalapa, de donde su familia y él son originarios, una tropa militar custodiaba al capo, cuyas iniciales son: “J.” “P.” “Me atrevo a decir que, esos soldados, tienen doble sueldo (en referencia a que reciben dinero del crimen organizado)”.
De acuerdo con datos obtenidos de manera oficial, la localidad comalapense cuenta con un cuartel militar en la zona de Pilatos, y otro más de la Guardia Nacional (GN), desde el año 2020, pero el pueblo sigue bajo el yugo del “narco”.
Balas, “¿De salva?”
Pese a que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se pensó en echar andar una “pesada artillería” para un mayor control del flujo migratorio y, de paso, combatir al crimen organizado, hasta el momento, al menos en la geografía chiapaneca, parece ser que esa estrategia no ha funcionado.
En su quinto informe titulado “Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México”, la organización Causa en Común advierte que, de diciembre de 2019 a marzo de este año, el despliegue de elementos de la GN pasó de 3,369 a 5,964 sólo en la entidad chiapaneca.
De hecho, en un comparativo, Chiapas fue una de las entidades del país más beneficiadas en ese sentido durante el sexenio Obradorista, pues sólo fue superada por la Ciudad de México que, en diciembre de 2022, concentró una cifra elevada: 20,605 integrantes de esa corporación.
Le siguen Guerrero, con 3,311 en 2019 a 10,139 a marzo de este 2024; Oaxaca que, hace cinco años tenía 4,323 elementos desplegados de la GN en su territorio, al tercer mes de este 2024 ya contaba con 6,609.
En total, hasta marzo de este 2024, la GN distribuyó en todo el país 107,703 hombres; en 2019 el número casi llegaba a los 75 mil. La cifra más actualizada alcanza los 118 mil distribuidos en 266 coordinaciones en todo el territorio nacional.
Hasta el término del sexenio de AMLO (principios de septiembre pasado), había 400 cuarteles de la GN en las 32 entidades del país, con 120 mil elementos, pero con miras de que fueran 150 mil.
Para Carlos, la esperanza, hace un tiempo, era que una tropa militar, al menos, se quedara en su ejido, e incluso donaron un espacio para que se estableciera.
“La gente de mi rumbo les instaló hasta internet, les mejoraba los caminos para que los convoyes o sus vehículos no se atascaran; o cuando ellos querían dinero en efectivo, los mismos habitantes les daban y ellos ya hacían la transferencia, como no hay cajeros en esas zonas… pero todo fue en vano, porque se esfumó la esperanza de que ellos pusieran paz”, recuerda.
Inclusive, revela, cuando les solicitaban apoyo en caso de gente desaparecida, no se movilizaban. El esfuerzo ciudadano fue estéril.
Para Luis Alonso Abarca González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Base “Digna Ochoa”, la presencia de la Marina, la GN y del Ejército se traduce en una serie de violaciones a derechos humanos en contra de población civil, de municipios como Chicomuselo, Comalapa, entre otros.
“Pero vemos que (las fuerzas castrenses) protegen en especial a un grupo delincuencial, es decir se coloca de su lado, y sólo combate o ataca a grupos delincuenciales rivales al que el actual régimen ha decidido apoyar”, evidencia.
Resistencia social simulada
En otras regiones azotadas por los grupos criminales como Chicomuselo, Bellavista, Motozintla, Honduras de la Sierra, hasta otras como Jaltenango o Ángel Albino Corzo, la incursión militar ha provocado “enojo” entre la población, como lo ocurrido el fin de semana pasado en este último municipio de la región Frailesca de Chiapas.
Allí, cientos de pobladores impidieron el paso a soldados, y lograron, bajo presión, que otros que estaban en el auditorio de la cabecera municipal, acompañados de una decena de policías estatales, fueran enviados a otro sitio, a las afueras de la zona urbana.
En el municipio de Villaflores, correspondiente a esa misma región, de igual forma en el año 2020, se estableció un cuartel de la GN, pero tampoco ha rendido los frutos esperados: los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y, últimamente, el de Chiapas y Guatemala son constantes.
En ese sentido, Luis Abarca, del Comité de Derechos Humanos de Base “Digna Ochoa”, cuestiona cómo es posible que en lugares como Chicomuselo, donde se ubica el 101 Batallón de Infantería, el crimen organizado sea quien mande y haga y deshaga.
“Ahí se ha permitido que la delincuencia organizada opere a sus anchas, así como el tráfico de migrantes, armas y drogas… no los combaten”, asume y lamenta que, a pesar de que en Chiapas hay muchos retenes militares, la migración no pueda ser controlada, ni haya detenciones, ni grupos criminales sean desarticulados.
Por su parte, Pedro Faro, encargado del área de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal de Las Casas, recuerda que, desde los años 90 “y con toda la contrainsurgencia de Estado”, se instalaron en la entidad 126 campamentos militares, con alrededor de 70 mil efectivos.
“Hubo una reducción en la época de los 2000, pero con la llegada de AMLO se dio hubo una remilitarización, con un enfoque de parar a la migración, y fue ahí donde se concentró a la mayoría de los elementos del Ejército, Marina y GN”, apunta.
Sin embargo, critica que, a pesar de la incursión del crimen organizado (desde hace como dos o tres años) y el paramilitarismo que se vive desde hace más tiempo, la presencia militar no ha surtido efecto, más que una mera acción simbólica de presencia.
De hecho, cuestiona el actuar de la milicia, como el hecho ocurrido en julio pasado en el municipio de La Concordia, también de la región Frailesca, en donde fueron hallados 20 cuerpos humanos sin vida, en la caja de un camión tipo “volteo”.
Rememora que, de esa masacre, como “Frayba” ya solicitaron que se investigue a la GN, pues se presume que sus elementos participaron en la misma. “Pero sabemos que nada va a pasar”.
Chiapas “reforzado”
Además de los 24 cuarteles de la GN instalados en todas las regiones de la entidad, el “Frayba”, en su informe del año pasado titulado “Chiapas un desastre, entre la Violencia Criminal y la complicidad del Estado”, después de tres décadas del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se establecieron o “sobreviven” 71 campamentos militares.
A mediados de este año, de hecho, AMLO mostró una gráfica del “músculo” militar que tiene Chiapas: más de 15 mil elementos operativos: 8,282 del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana; 1,823 de la Marina y el resto, en ese entonces poco más de 4,900, de la GN (en la actualidad, de estos últimos, son más de 7 mil).
Aunque con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum aún hay incertidumbre en torno al tema, es decir no se sabe qué estrategia se implementará en contra de los grupos criminales, Pedro Faro afirma que la esperanza es que estos últimos sean desarmados.
“(Los criminales) tienen armas de muy alto poder, los carros ‘monstruo’, y todo eso con lo que mantienen asediada a la población, desde la frontera hasta la selva, como lo que ocurre incluso en la comunidad zapatista 6 de Octubre, de Ocosingo, víctima de ataques de una agrupación criminal de Nueva Palestina; y no pasa nada con el Ejército, porque no actúa”.
Triste realidad
En un comunicado emitido este 20 de noviembre, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) recuerdas que, el recrudecimiento de la violencia en el primer semestre de este año, generó el desplazamiento forzado de más de 11,170 personas de regiones como la Sierra, Fronteriza, Sierra Mariscal y Norte. De esa cifra, advierte, por lo menos 4,300 son niños, niñas y adolescentes.
Lo más lamentable de todo, dice Carlos, de Frontera Comalapa, es que en la actualidad los militares ya ni siquiera hacen labor social, como antes, como pintar árboles u otras acciones a favor de los más necesitados, “pues están bien pagados (por los ‘narcos’)”.
Al respecto, Pedro Faro, del “Frayba”, insiste en que es muy palpable la “buena relación” entre el Ejército o las fuerzas castrenses con el crimen organizado.
“Hay complicidades, y prueba de ello es que esos mismos cárteles han denunciado que altos mandos del Ejército tienen vínculos con otros grupos”.
Lo peor de todo, advierte, es que los soldados, en vez de cuidar a la población, cometen graves “errores”, como la muerte de seis migrantes ocurrida a principios de octubre de este año en un camino de extravío del municipio de Villa Comaltitlán, en la Costa de Chiapas.
Lo que debería de ocurrir, piensa, es que los militares deben quedarse en sus cuarteles, y que haya capacitación a un perfil de policía que pueda actuar en situaciones de tipo ciudadano.
De nueva cuenta, Luis Abarca González, director del Comité de Derechos Humanos de Base “Digna Ochoa” coincide en que esas corporaciones militares, en vez de garantizar la protección a la sociedad, está muy lejos de ello.
Más bien, insiste, actúa como un brazo ejecutor de un grupo delincuencial en Chiapas, lo que, por lógica, ha generado reacciones, “y la gente está sometida al control, al terror, de esos cárteles, y son obligados a movilizarse, los reclutan, o los presionan” para que participen en bloqueos carreteros o “filtros” y otras acciones.
Ejemplifica el caso de Nueva América, municipio de Chicomuselo, cuyos ejidatarios denunciaron que el Ejército fungía como una “avanzada” de la organización “Maíz”, ligada a un cártel de la droga, e incluso hubo agresiones de los soldados.
“La presencia, en sí, de militares, no inhibe la presencia del crimen organizado, sino que ahora hay un control total de territorio. Entonces, ¿para qué sirven estos soldados?”.
