Política migratoria de Trump golpea a niños migrantes; deportaciones crecen 161%
30 Ene. 2025 1:12 pm
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
CDMX | El endurecimiento en la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos podría dejar afectaciones a otro grupo vulnerable: los menores migrantes. En los últimos seis años se ha incrementado en 161% la cantidad de niños, niñas y adolescentes mexicanos deportados por Estados Unidos, al pasar de 10,837 menores devueltos a territorio mexicano en 2018 a 28,028 los expulsados de enero a noviembre de 2024, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación.
El Gobierno de Estados Unidos alcanzó un máximo de 28,270 niños, niñas y adolescentes mexicanos de enero a noviembre de 2024, sin embargo la cantidad de menores mexicanos expulsados podría incrementarse de cara a las políticas antiinmigrantes anunciadas por Trump, advierte Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina.
“Lo que estamos viendo es una grave violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Ahora lo que vamos a ver posiblemente no son 28,000 deportaciones sino cientos de miles”, señala.
De los 11 millones de migrantes en situación irregular que viven en Estados Unidos, un 40% son originarios de México, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), en el censo realizado en 2022.
Pérez García estima que, al menos, un 20% de las personas expulsadas de Estados Unidos, podrían serán menores de edad.
En entrevista, el activista advierte que los niños, niñas y adolescentes mexicanos en Estados Unidos enfrentan un fuerte impacto psicológico ante el riesgo de ser sometidos a una deportación “en caliente”, donde no pueden preparar su salida del país, pueden ser separados de sus familias y con ello, romper los lazos tejidos en sus escuelas y sus vecindarios.
“Los niños, niñas y adolescentes están en una etapa de desarrollo no sólo biológico sino de identidad, están construyendo su personalidad, su sentido de pertenencia, sus redes escolares, familiares y demás”, dice Juan Martín Pérez García, de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina.
Al ser deportados, los menores se encuentran ante graves riesgos al llegar a un país donde posiblemente carezcan de redes de apoyo, recursos o patrimonio: “Están en una condición de alto riesgo para muchísimos temas: abandono escolar, trabajo infantil, explotación laboral, también particularmente las adolescentes mujeres en peligro de violencia sexual, embarazos tempranos. De ahí la importancia de priorizar a niños, niñas y adolescentes en sus derechos”, explica.
Tom Homan, llamado el ‘Zar Fronterizo’ del presidente Donald Trump, ha sostenido que serán deportadas familias completas, práctica que fue suspendida durante la administración de Joe Biden; incluso en el caso de menores nacidos en Estados Unidos pero sean hijos de migrantes indocumentados, serán los padres y madres quienes deberán decidir si son deportados con sus hijos o los dejan con un familiar en territorio estadounidense.
Tras tomar protesta como presidente, Trump revocó la restricción que impedía de realizar redadas en escuelas, hospitales e iglesias a autoridades migratorias.
“Esta acción faculta a los valientes hombres y mujeres de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) para para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, asesinos y violadores, que han entrado ilegalmente en nuestro país”, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), destaca la necesidad de tener protocolos específicos para atender a niños, niñas y adolescentes deportados.
El académico del Colef apunta que es necesario contar con coordinación entre instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, así como programas de apoyo psicosocial, planes de reintegración familiar, apoyo educativo y atención médica.
“En algunos casos no necesariamente existen protocolos, entonces el desafío en el contexto que viene, donde se podrían incrementar (las expulsiones), es que se pueda garantizar el bienestar de esos menores”, señala el especialista.
Ramos advierte que algunos menores salen del país debido a problemas de violencia, desintegración de sus familias o por su situación económica, por lo que enfrentan diferentes grados de vulnerabilidad, por lo que es importante llevar un seguimiento.
“Es esencial establecer un sistema de seguimiento para verificar el bienestar del menor después del retorno, lo que en la práctica, es muy complicado; primero por la inexistencia de esta política y segundo porque no necesariamente existe este elemento de coordinación (entre autoridades)”, sostiene el investigador del Colef.
El retorno de otras nacionalidades a México
A la expulsión de menores mexicanos de Estados Unidos, se le suma la deportación de menores de otras nacionalidades a México, misma que ha aumentado en un 270.6% en seis años, al pasar de 29,258 en 2018 a 108,444 en 2024.
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México no será “tercer país seguro” —y sólo se ayudará a migrantes extranjeros por razones humanitarias, para luego repatriar a su país de origen—, de enero a agosto de 2024 se registró la presencia en México de 108,444 menores migrantes en situación irregular, siendo Venezuela, Ecuador, Honduras y Colombia sus principales países de origen.
Para el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, México debería proteger y priorizar la restauración de los derechos de los menores, sin importar su estatus migratorio.
“El Estado mexicano puede asumir un liderazgo internacional no solo demostrando lo que puede hacer con niños y niñas mexicanos deportados, sino también con niños y niñas de otros países que van a ser deportados a México.
“Es urgente crear un mecanismo de protección internacional de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados que permita que sean las autoridades de esta instancia quienes se hagan cargo y no la policía migratoria y mucho menos los militares”, advierte Pérez García.
Se requiere de crear su acceso a la educación así como de apoyo emocional ante su situación, además de darles certeza jurídica y trabajar en coordinación con sus países de origen, en especial de América Latina; de lo contrario el peligro es que sean revictimizados en México.
México está obligado por el Artículo 4 constitucional a que cualquier acción que haga el Estado mexicano tenga como prioridad el interés superior de la niñez y no dice niñez mexicana, es niñez, entonces no importa si no tienen una visa, si no tienen un papel, no importa si los deportaron de Estados Unidos o llegaron atravesando una selva, señala.
“Se tienen que hacer planes de restitución de derechos, que no sean separados de su familia o reintegrarlos inmediatamente a su grupo familiar porque estamos hablando del riesgo de que los arranquen directamente de las escuelas, de los parques públicos, entonces una prioridad debe ser la reunificación familiar”.
Juan Martín Pérez García, Tejiendo Redes Infancia en América Latina
Entre el 20 y 27 de enero, el gobierno de Donald Trump deportó a México 1,371 migrantes de diversas nacionalidades.
En los primeros días de gobierno del presidente Donald Trump, fueron deportados a México 5,282 migrantes, de los cuales el 23% no son mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó qu, de los deportados, 4,438 son mexicanos, por lo que también recibieron 1,371 migrantes de otras nacionalidades.
“Del 20 al 26 de enero se han repatriado un total de 5,282 personas, de ellos 4,083 son mexicanos. El 27 de enero fueron 527, de las cuales 355 eran mexicanos y el 28 (de enero) 435”, detalló en su conferencia de prensa.
Con el arranque del gobierno de Donald Trump, México rechazó tener un acuerdo para ser un tercer país seguro, por lo que la presidenta pidió a su homólogo que solo deporte a mexicanos y a los de otras nacionalidades los envíe directamente a su país.
Sin embargo, señaló que, por humanidad, su gobierno atendería a los migrantes extranjeros que pudieran ser enviados a tierras mexicanas, aunque después serían deportados.
En los primeros días de deportaciones, explicó, hay dos casos: el de un migrante mexicano y otro de una guatemalteca.
“Tenemos de estos días dos casos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un compatriota que hablan de violación a sus derechos humanos. ¿Qué se hace en ese momento? Tanto una queja de por parte de Relaciones Exteriores a la organización CBP en Estados Unidos y una denuncia en Estados Unidos para que se revise el caso”, planteó.
Con la llegada de Trump, la presidenta explicó que se reforzó el proceso para atender a los migrantes mexicanos, aunque también dijo, se atiende a los de otras nacionalidades.
“Estamos fortaleciendo para proteger siempre por supuesto a las y los mexicanos, es la gran mayoría de los que llegan, pero también si llega alguna persona de otra nacionalidad le damos todo el apoyo en la frontera y en los centros de atención”, indicó.
El gobierno federal instaló 10 centros de atención a migrantes en la frontera para atender a los mexicanos deportados por la administración de Trump, quien anunció un plan de deportación masiva. Archivo Reporte Maya/Expansión
