La simulación de la reforma constitucional contra el nepotismo
26 Feb. 2025 9:23 am
La reforma de Claudia Sheinbaum contra el nepotismo electoral limita la sucesión directa, pero deja intactas las redes familiares en el poder. Más que una solución real, parece una medida discursiva sin impacto en la corrupción
CDMX | Marina Gómez-Robledo y Ricardo Alvarado | El pasado 5 de febrero, durante la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución en Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de una propuesta de reforma constitucional que, asegura, eliminará el nepotismo electoral. El texto de la iniciativa ignora por completo el problema del nepotismo en la administración pública y se acota a los puestos de elección popular. Sus efectos serán todavía más limitados porque aplicarían únicamente al mismo puesto, dejando de lado las dinámicas del nepotismo con otros cargos.
La iniciativa establece la prohibición de que un familiar suceda a otro hasta pasados tres años de que ocupó la titularidad del cargo de elección popular. El problema principal del nepotismo, sin embargo, no está en heredar el mismo cargo, sino en quien usa su poder e influencia para colocar a amigos y familiares en otro puesto —popular o de servicio público— sin tener mérito alguno para ello. Las redes de nepotismo se encuentran por igual dentro del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Más allá de que el foco de atención de la iniciativa no está donde debería, esta propuesta tampoco lograría resolver el fenómeno del nepotismo en los cargos de elección popular.
Como mostramos más adelante, en una revisión de todos los 193 gobernadores que ha habido en México desde el año 2000 a la fecha, identificamos que si la reforma hubiera existido y aplicado en los términos que se establece, únicamente tres gobernadores de todos los que han tenido relaciones familiares con otros no habrían llegado al cargo, dejando al resto intocados. Y aún en esos tres casos, es posible ponerlos en duda dado que la reforma tiene serios problemas de interpretación e implementación que podrían crear una puerta de salida para darle la vuelta a la ley.
Más que una solución de fondo, esta reforma se plantea como una propuesta muy efectiva en lo discursivo, pero que hará muy poco en la realidad para detener el verdadero problema del nepotismo.
¿Qué es el nepotismo y qué dice la ley?
El nepotismo representa una de las manifestaciones más claras de corrupción: consiste en utilizar un cargo público para colocar a personas cercanas, familiares o amigos, en puestos de poder, aunque no tengan la preparación adecuada.
En las definiciones mencionadas existen dos elementos relevantes: por un lado, el vínculo familiar y, por el otro, el abuso de poder para colocar a este familiar a pesar de no contar con el mérito o las cualificaciones necesarias para ejercer el cargo. Eso es lo que vulnera la eficiencia en las acciones de gobierno.
En México, el nepotismo ya está formalmente prohibido por las leyes. La Ley Federal de Austeridad Republicana, promulgada por Andrés Manuel López Obrador en 2019, prohíbe a las personas funcionarias públicas utilizar sus atribuciones o su influencia para contratar a familiares hasta el cuarto grado de parentesco en el servicio público. La Ley General de Responsabilidades Administrativas también tipifica el nepotismo como una falta administrativa grave.
Ambas leyes, sin embargo, tienen vacíos que les permiten ser esquivadas o simplemente ignoradas, como puede verse en los múltiples casos de nepotismo, influyentismo y conflicto de intereses que se han documentado a lo largo de todos los gobiernos anteriores y que no fueron prevenidos ni sancionados.
La reforma de Claudia Sheinbaum contra el nepotismo electoral
La iniciativa de reforma aplica para todos los cargos de elección popular: titulares del Poder Ejecutivo federal, estatal y municipal; legisladores federales y locales, así como las autoridades municipales. En la exposición de motivos se define al nepotismo como «una forma de corrupción […] en la que una persona aprovecha su cargo para otorgar empleos o favores a familiares y amigos sin considerar su idoneidad, sino que se limita a una cuestión emocional o una lealtad personal». Hasta aquí, recupera adecuadamente los dos elementos fundamentales del vínculo familiar y el mérito.
De acuerdo con el texto propuesto, no podrá participar en la elección «la persona que tenga o haya tenido en los tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de ese cargo».
La línea recta se refiere a la ascendencia y descendencia directa, es decir abuelas y abuelos; madres y padres; hijas e hijos, así como nietas y nietos. En este caso, la línea recta no tiene límites de grado, es decir, no importa si es un tatarabuelo o un bisnieto.
Por su parte, la línea colateral involucra al resto de la familia: los hermanos son familiares en segundo grado; los tíos o sobrinos, en tercero. El cuarto grado involucra a los hijos de los sobrinos, sobrinos-nietos, y a las hermanas de las abuelas, las tías abuelas. Finalmente, el parentesco por afinidad involucra a la familia política, es decir, a la familia de la pareja. El segundo grado cubre hasta los abuelos, hermanos y nietos de la pareja de la persona.
Para entender mejor las relaciones familiares que están involucradas en esta propuesta, es útil revisar un mapa de los grados de parentesco:
La amplitud de las relaciones consideradas en la reforma es positiva al abarcar un gran abanico de vínculos familiares directos e indirectos de un funcionario, pero al limitarse a candidaturas que busquen ocupar el mismo cargo, ignora las dinámicas de las redes de nepotismo que colocan a sus integrantes en diferentes puestos, tanto de elección como en la estructura burocrática.
Además es necesario poner atención en que el texto de la reforma plantea que la prohibición de un familiar para postularse solo aplica si tiene un vínculo con «la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo para que se postula». Una interpretación literal de esta disposición podría acarrear severos problemas de implementación, pues si el familiar del candidato ya no está ocupando la titularidad del cargo en ese momento, como podría suceder si un interino o suplente ocupa el puesto, la prohibición no aplicaría, sin importar si han pasado tres años o no. La disposición limita la herencia consecutiva del cargo, pero nada hace para considerar el caso de la herencia no consecutiva.
Cuántos gobernadores habría detenido la reforma
Para intentar saber si esta medida sería efectiva o no, decidimos aplicarla en uno de los cargos de elección popular señalados por la reforma: las gubernaturas de las entidades federativas. Entre el año 2000 y el 2025, ha habido 193 gobernadoras y gobernadores —incluyendo a las jefas y jefes de gobierno del Distrito Federal y la Ciudad de México.
De estos 193 mandatarios, identificamos a 25 que tienen algún tipo de relación familiar con alguien que estuvo en ese mismo cargo previamente. No obstante, solo tres habrían sido impedidos por la propuesta de reforma. Es decir, 88% de los posibles casos de nepotismo identificados habrían quedado intocados, por lo que la propuesta de reforma de Claudia Sheinbaum habría tenido una tasa de efectividad de apenas 12%. E inclusive algunos de estos casos podrían haberle dado la vuelta a la ley con interpretaciones legales.
E inclusive algunos de estos casos podrían haberle dado la vuelta a la ley con interpretaciones legales.
- Martha Érika Alonso, gobernadora de Puebla en 2018 por el PAN. Su esposo, Rafael Moreno Valle, fue gobernador entre 2011 y 2017. Alonso no fue gobernadora inmediatamente después de Moreno Valle, pues José Antonio Fali Fayad fue electo gobernador entre 2017 y 2018.
Este es un caso ambiguo. La propuesta dice: «con la persona que está ejerciendo la titularidad de ese cargo», por lo que una interpretación literal de la ley podría justificar que Gali Fayad era la persona en el cargo cuando Martha Érika Alonso fue candidata (dado que una reforma electoral del estado llevó a una «mini-gubernatura» de dos años) y así, podría no haber aplicado la prohibición. No obstante, entre la salida de Moreno Valle de la gubernatura en 2017 y la elección de Alonso en 2018 pasaron menos de «los tres años anteriores al día de la elección» de la reforma. En diciembre de 2018, ambos murieron cuando el helicóptero en el que viajaban se desplomó. - Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila de 2011 a 2017 por el PRI. Su hermano, Humberto Moreria Valdez, fue gobernador de 2005 a 2011. En este caso sí se trató de una elección consecutiva y no pasaron tres años entre uno y otro, sin embargo, Jorge Torres López fue gobernador interino de enero a diciembre de 2011. Similar al caso de la pareja Alonso-Moreno Valle, la interpretación podría variar por la presencia de un interinato.
Ruben Moreira es actualmente coordinador de los diputados del PRI y su esposa, Carolina Viggiano, es senadora del PRI por Hidalgo y secretaria general del mismo partido. - Narciso Agúndez Montaño, gobernador de Baja California Sur por el PRD entre 2005 y 2011. De acuerdo con múltiples medios nacionales y locales es primo de su antecesor, Leonel Cota Montaño, que gobernó el estado entre 1999 y 2005 (Reforma, 2015; Peninsular Digital, 2020). Cabe aclarar que ambos han negado tener una relación familiar (La Jornada, 2005). Lo que sí se sabe es que dos hermanos de Cota Montaño participaron en la campaña de Agúndez y ocuparon puestos en su gobierno.
Actualmente, Leonel Cota es subsecretario de la Secretaría de Agricultura. El hijo de Agúndez, Christian Agúndez Gómez, ganó la elección de presidente municipal de Los Cabos por Morena, PT y el Verde, donde trabaja la hermana de Cota, Rosa Delia Cota Montaño, como directora del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. El hijo de Cota, Manuel Cota Gómez es diputado federal por Morena.
Este caso pone de manifiesto otro problema de implementación de la iniciativa porque no contamos con información pública suficiente para asegurar si existen o no vínculos familiares de quienes ocupan un cargo de elección.
De los tres casos que encontramos, en uno no es claro que exista una relación familiar entre un gobernador y otro. En los otros dos, una interpretación literal de la ley podría haber evitado su aplicación. Por poner un ejemplo, si una persona busca que su padre la suceda en la gubernatura, bastaría con que se separe del cargo unos meses antes por cualquier pretexto y que un interino asuma el cargo antes de las elecciones.
Casos que la reforma no habría podido detener
A pesar de ser presumida como una reforma que terminará con el nepotismo electoral, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum tal como está redactada no alcanza a cubrir los casos más conocidos de relaciones familiares entre gobernadores. No habría prohibido casos de evidente nepotismo como los de la familia Del Mazo-Peña Nieto-Montiel en el Estado de México o el de la familia Monreal en Zacatecas, por no tratarse de períodos consecutivos o no contemplar otros cargos de elección cruzados, como si el nepotismo solo se ejerciera heredando el mismo cargo.
En el Estado de México, familiares del exgobernador Alfredo del Mazo Maza (2017 a 2023) gobernaron durante 23 años la entidad. Su abuelo, Alfredo del Mazo Vélez, fue mandatario entre 1945 y 1951; su padre, Alfredo del Mazo González gobernó de 1981 a 1986; y su primo, Enrique Peña Nieto, lo hizo de 2005 y 2011. Además, está Arturo Montiel Rojas, tío lejano y padrino de Peña Nieto, quien gobernó el estado de 1999 a 2005. Ningún caso sería nepotismo de acuerdo con la reforma presidencial, porque entre cada nombramiento pasaron más de tres años y en el caso de Montiel —predecesor directo de Peña Nieto— no hay consanguinidad directa y se superan los cuatro grados de separación.
En Zacatecas está la familia Monreal. El actual gobernador, David Monreal Ávila (2021-2027), es hermano del exgobernador Ricardo Monreal Ávila (1998-2004), quien hoy es diputado y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Su otro hermano, Saúl, fue presidente municipal de Fresnillo de 2018 y 2023 y actualmente es senador. Además, David fue presidente municipal de Fresnillo de 2007 y 2010, y Ricardo fue senador de 2018 a 2024. También está la hija de Ricardo, Caty Monreal, quien compitió para ser alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México y actualmente es directora del Instituto Nacional de la Economía Social en el gobierno federal.
De los 193 gobernadoras y gobernadores que revisamos, contamos al menos 25 casos en los que es posible trazar una relación familiar del gobernador con otro en la misma entidad. Existen casos de relaciones familiares directas como Antonio Echevarría García, actual gobernador de Nayarit: su padre, Antonio Echevarría Domínguez fue gobernador de 1999 a 2005. También están Manuel Velasco en Chiapas (su abuelo, Manuel Velasco Suárez, gobernó de 1970 a 1976), Alejandro Murat en Oaxaca (su padre José Murat Casab gobernó de 1998 a 2004) o Layda Sansores en Campeche (su padre Carlos Sansores gobernó de 1967 a 1973). Están, además, otros casos de relaciones familiares más lejanas, como Ivonne Ortega Pacheco, quien gobernó Yucatán entre 2007 y 2012, con su tío, Víctor Cervera Pacheco, que fue mandatario entre 1995 y 2001.
Ninguno de estos casos sería considerado como nepotismo de acuerdo con la reforma constitucional propuesta por Claudia Sheinbaum, a pesar de la evidente relación familiar entre estos personajes políticos y la persistencia de su influencia en la política local a través de otros cargos. Si únicamente 3 de 25 casos identificados con redes familiares hubieran podido ser detenidos, la efectividad de esta ley hubiera sido únicamente de 12%, dejando intocados el restante 88% de los potenciales actos de nepotismo electoral entre gobernadores.
Lo que la reforma no contempla: las relaciones familiares dentro del gabinete presidencial
La teoría sobre el nepotismo establece que no toda relación familiar entre personas que trabajan en el gobierno resulta en automático en un caso de nepotismo. Por ello, existen más consideraciones, como el mérito de la persona para ocupar el cargo o si alguien influyó en su nombramiento.
El nepotismo dentro de la administración pública es un peligro que no es atendido por esta reforma y que no puede ser ignorado, pues el riesgo de que la estructura de gobierno sea capturada y controlada con base en criterios familiares es permanente, en lo que se conoce como el sistema de botín.
En el caso del gobierno federal, de acuerdo con las últimas cifras del INEGI hay 1.5 millones de puestos. Cuántos de estos cargos han sido ocupados por familiares o amigos es un dato todavía desconocido. Pero las evidencias señalan que cada vez menos puestos son ocupados mediante concursos públicos con reglas claras y, en contraste, cada vez más personas son contratadas de manera discrecional, aparentemente siguiendo el criterio de que se busca «90% lealtad, 10% capacidad». En la administración pública federal las personas que pertenecen al servicio profesional de carrera han pasado de ocupar el 52% de las plazas en 2018 a 34% en 2024.
Como un ejemplo de la necesidad de considerar el nepotismo en el gobierno en cualquier reforma que pretenda enfrentar realmente el problema, a continuación señalamos algunos casos de integrantes del gabinete de la presidenta Sheinbaum con familiares trabajando dentro del gobierno federal.
- Rubén Ernesto Martínez Rodríguez, hijo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, es titular de la Dirección General de Integración Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Su hermano, J. Jesús Rodríguez Velázquez trabaja como enlace en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, tiene a su hermano, Felipe Delgado Carrillo, como diputado federal por Colima; su cuñado, José Luis Corona Pacheco, es vicepresidente de Tecnologías de la Información y Planeación, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; su hermana, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo es directora de administración y finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El secretario Delgado cuenta con otro diputado como familiar: su primo Mario Miguel Carrillo Cubillas es diputado federal por Baja California; además, la hermana de éste, Laura Elena Carrillo Cubillas, fue subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta septiembre de 2024.
- Las hijas de Ernestina Godoy, titular de la Consejería Jurídica, también tienen puestos públicos. Claudia Cecilia Gómez Godoy es directora general de la Comisión Nacional de Agua, encargada de la presa Zapotillo, y Mariana Gómez Godoy fue jefa de Departamento de Relaciones Interinstitucionales, en la Secretaría de Gobernación entre 2022 y 2024. Además, la hermana de la consejera, Alma Guadalupe Godoy Ramos, es titular de la Unidad de Administración y Finanzas, en la Comisión Nacional Forestal, y su yerno, Guadalupe Espinoza Sauceda es Magistrado Numerario en el Tribunal Superior Agrario.
- Adela Mora Hernández y Rocío Hernández Cervantes son tías de Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres. La primera es la directora del Área de Administración y Finanzas en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la segunda es secretaria de Apoyo en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
- Dan Jafhet Bolaños López es hermano de Marath Baruch Bolaños López, secretaria del Trabajo, tenía un puesto de subdirección técnica en la Oficina de Presidencia en el sexenio anterior.
- La hermana de Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, Julieta Anaid González Escobar, es directora de capacitación y cultura turística de la secretaría de Turismo Federal.
- Finalmente, el sobrino de Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía, Sebastián Ebrard Lestrade, se registró como sustituto del diputado federal Vidal Llerenas Morales. Este último solicitó licencia para convertirse en subsecretario de Industria y Comercio de la secretaría de Economía, al mando de Ebrard, y su sobrino es ahora diputado en funciones.
No podemos asegurar si estos casos son el resultado del uso indebido de un puesto público para que sus familiares obtengan trabajo, elemento necesario para que podamos clasificarlos como nepotismo. Pero sí es necesario señalar que todos son casos potenciales que podrían ser esclarecidos con una política clara y objetiva de ingreso, permanencia y ascenso en el servicio público.
Conclusión
Combatir el nepotismo es una de las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así está establecido en uno de sus 100 compromisos; sin embargo, la propuesta que lanzó para modificar la Constitución hará muy poco, por no decir que nada, para disminuir el problema del uso del poder público para beneficiar con puestos a amigos y familiares.
Para hacer frente al nepotismo podría recurrir a los esfuerzos que han impulsado cercanos colaboradores suyos. Por ejemplo, Arturo Záldivar, como presidente del Consejo de la Judicatura Federal promovió un plan de combate al nepotismo que proponía acciones como una política de contratación por meritocracia para definir mecanismos claros de ingreso, permanencia y ascenso de personas servidoras públicas; la creación de un padrón de relaciones familiares entre personas juzgadoras; incorporar la opinión de un comité de integridad en las contrataciones; y, la creación de un canal de denuncias. Como todos sabemos, este plan fue abandonado por su «creador» cuando él mismo apoyó el sistema de elección para la integración del Poder Judicial.
Estas medidas, ajustadas para el gobierno federal y los puestos de elección popular podrían inhibir con mayor eficiencia la captura por parte de una familia y dotar de legitimidad a funcionarios quienes, a pesar de tener vínculos familiares con otros políticos, cuenten con la independencia y capacidad para ejercer sus funciones.
La propuesta presidencial para prohibir el nepotismo electoral hará muy poco para evitar que los mismos apellidos de siempre sigan apareciendo en los altos cargos de nuestra representación política. Pareciera más una medida discursiva que una muestra de voluntad real por terminar con el nepotismo que, como el propio texto de la iniciativa señala «socava la confianza en las instituciones y promueve desigualdades».
Actualización: 25 de febrero de 2025, 16:00 horas
En el Senado de la República, durante la discusión del dictamen para prohibir el nepotismo electoral, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López presentó, a nombre propio y del senador Manuel Velasco, una reserva para postergar la aplicación de la ley de 2027 a 2030.
Esto permitiría a tres senadores, que formaron parte de la discusión, suceder a sus familiares como gobernadores de sus respectivas entidades: la senadora del Partido Verde Ruth González Silva podría ahora suceder a su esposo, José Ricardo Gallardo Cardona, como gobernadora de San Luis Potosí; el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, podría suceder a su hija, Evelyn Salgado como gobernador de Guerrero, y Saúl Monreal Ávila, senador por Morena, podría convertirse en el tercer hermano Monreal Ávila que ocupe el cargo de gobernador de Zacatecas y suceda a su hermano, David.
La presentación de esta reserva contradice el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum: «yo tengo la convicción de que no debe haber, no se debe dejar en un cargo de elección popular, no debe haber como candidato o candidata un cargo de elección un familiar directo en el periodo siguiente».
El análisis que hicimos de la iniciativa demuestra que ésta tiene un alcance limitado para atajar el problema del nepotismo; sin embargo, postergar su aplicación sólo deja de manifiesto que existen intereses creados en torno a ciertos cargos de elección popular que la reforma sí alcanza a afectar.
El dictamen tiene que ser aprobado todavía por la Cámara de Diputados, dónde puede ser modificado este artículo transitorio.
