Caso Aguakan: Claudia Sheinbaum tumba negocio del agua; Gobierno de Quintana Roo no podrá concesionar el servicio a la empresa Acciona
3 Mar. 2025 9:22 am
“Nosotros no estamos de acuerdo en la privatización del agua”, dijo la Presidenta y las pretensiones del gobierno local para entregar la valiosa concesión de agua potable y alcantarillado a la empresa Acciona se vinieron abajo
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
CANCÚN | La acusación de la empresa Aguakan fue directa: “el abogado Cuitláhuac Bardán, alegando representar a Lezama (Hermelinda alias ‘Mara’) les ofreció 4 mil 500 millones de pesos para adquirir la concesión y toda la infraestructura, en un intento por evitar complicaciones federales”, ante el severo señalamiento la denuncia, que lleva un tufo de corrupción llegó a ‘la mañanera’ y la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la empresa de agua potable en Quintana Roo entregar la concesión, con el propósito de mejorar los servicios a los ciudadanos.
Respaldando a la filtración de la empresa que conlleva un contubernio entre el gobierno de Hermelinda y la empresa Acciona que opera el mismo servicio en Veracruz, Sheinbaum afirmó que está de acuerdo con el gobierno de Quintana Roo con la demanda y que “no se puede hacer negocio con el agua”, estimando que es un abuso lo que ha hecho la empresa: “Particularmente en el caso de Cancún, pues es un abuso lo que han estado haciendo esta empresa. Ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren”, acusó.
“Entonces no, nosotros estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora de que entreguen la concesión, no se puede hacer negocio con el agua.
“El agua es un derecho humano, la gente paga por el servicio de agua potable, por llevar el agua de un lugar a otro, porque tiene sus costos.
“Pero privatizarla, para que haya ganancias para un privado en el supuesto de que va a operar mejor, pues en realidad no, no ha funcionado y no tiene sentido y menos en este caso”, agregó.
Claudia Sheinbaum pidió que siga todo el litigio y lo mejor para la empresa sería entregar la concesión.
La Presidenta insistio contra la privatización del servicio de agua potable: “Nosotros no estamos de acuerdo en la privatización del agua, eso es lo primero, consideramos que no es la opción para acceder al derecho humano al agua”, dijo cuestionada sobre el tema.
“Durante un periodo se puso en algunos estados de la República de moda privatizar los servicios municipales, con la idea de que lo privado hace mejor las cosas que el público”.
En primera instancia la denuncia llevada hasta Palacio Nacional como ocurrió con Calica, salió contraproducente para el gobierno local de Morena, pues el anuncio es explícito, ‘no se debe, ni puede privatizar el agua’, la denuncia fue favorable para Aguakan de que no se entregará la concesión a la empresa Acciona, en contraparte, Aguakan aceptaría una conclusión anticipada de su concesión, pero con una indemnización justa.
La empresa dijo en un comunicado que ha invertido 8 mil 865 millones de pesos en infraestructura y ha destinado el 10% de sus ingresos brutos como contraprestación anual, sumando más de 5 mil millones de pesos en beneficio de Quintana Roo. Además que “comparte plenamente la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de que el agua es un derecho humano fundamental”.
En línea con las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum, la compañía estaría dispuesta a concluir su concesión de manera anticipada, “siempre que este proceso se realice dentro del marco legal, transparente y con una indemnización justa, basada en la valuación del mercado”, y no como pretendía, supuestamente y en versión de Aguakan, que Hermelinda Lezama pagarles 4 mil 500 millones por entregar la concesión.
En diciembre de 2014, se modificó el Título de Concesión de Aguakan, extendiendo su vigencia e incorporando al municipio de Solidaridad. Este proceso contó con la aprobación del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Estado, el cabildo cada uno de los ayuntamientos, el Congreso local y el Ejecutivo estatal. La modificación se realizó conforme a la normatividad vigente, con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera y mejorar la cobertura de los servicios.
“Cabe destacar que en el capital social de Aguakan participan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) Sura, Banamex, Principal y Pensionissste, así como el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de Banobras. Estas inversiones representan los ahorros de más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos. Transferir la concesión a otra empresa podría afectar estos ahorros y el patrimonio de los trabajadores”, advirtió la empresa.
Aguakan tambien le respondió a Sheinbaum: “Es importante aclarar que las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado no son determinadas por Aguakan. Estas son establecidas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Las tarifas son uniformes en los 11 municipios del estado, incluyendo los cuatro en los que opera Aguakan (Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres) y aquellos gestionados directamente por CAPA. Sin embargo, nos enorgullece destacar que, en los municipios donde operamos, ofrecemos un servicio de mayor calidad, atención y cobertura.
“…La empresa está dispuesta a colaborar en la conclusión anticipada de nuestra concesión, siempre que se respeten los marcos legales y se garantice un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas”, dijo en el boletín fechado el día 26 de los corrientes, un día después de las advertencia Presidencial.
Al día siguiente, en su programa populista de radio la gobernadora de Quintana Roo les respondió: “Este gobierno no se vende, este gobierno defiende al pueblo. Que no les engañen, este gobierno es diferente y defiende al pueblo”
La Gobernadora pidió que a su gobierno no se le ponga en la misma cubeta. “Este es un gobierno diferente, que quede claro, este es un gobierno que defiende a la gente. Si otros gobiernos no tuvieron los pantalones para defender al pueblo, que no nos pongan en la misma cubeta”, afirmó.
Arremetió contra la empresa subrayando que el cobro por el servicio del agua no lo hace el gobierno, hay tarifas y la empresa decide cuánto y cuántos metros cúbicos te cobra; y si realmente te cobra lo que te ponen en tu recibo.
Con la mano en el corazón y un gesto de mustia la mandataria recalcó: “Lo quiero dejar claro: que nadie les engañe. Somos un gobierno diferente, en este gobierno no mentimos, no robamos, no traicionamos; este gobierno no se vende no titubea y sí quiere defender al pueblo…
“Si en el pasado los gobiernos no tuvieron los pantalones para defender a la gente, es cosa del pasado. En este gobierno no hacemos reuniones en lo oscurito, en este gobierno trabajamos para el pueblo, somos un gobierno que le da la cara al pueblo, el agua es un derecho, no un privilegio”.
Todo este embrollo de dimes y diretes inicio con porque el gobierno de Lezama, lanzó una ofensiva jurídica contra los directivos y socios de la empresa Aguakan. Las órdenes de aprehensión parecen ser un esfuerzo por despojar a Aguakan de una, y obligar a la empresa a vender sus activos a un precio significativamente inferior a su valor real. La meta parece ser transferir el control a la compañía española Acciona.
Por eso los representantes de Aguakan revelaron que en diciembre pasado, el abogado Cuitláhuac Bardán, alegando representar a Lezama, les ofreció 4 mil 500 millones de pesos para adquirir la concesión y toda la infraestructura, en un intento por evitar complicaciones federales. Dichas complicaciones se refieren a una denuncia que el gobierno estatal había interpuesto en la FGR, resultando en órdenes de aprehensión contra dos representantes legales de Aguakan.
La noticia sacudió el mundo empresarial, ya que Aguakan, una empresa pública valorada en 17 mil millones de pesos y cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), está en la mira. El conflicto gira en torno a la concesión de 30 años, la cual Aguakan ha gestionado de manera supuestamente ilícita, según las acusaciones del gobierno estatal. Las autoridades aseguran que la ampliación anticipada de la concesión en 2014 se realizó sin las facultades adecuadas, acusando también de lavado de dinero a los accionistas.
Aguakan presta servicio a los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, y supuestamente se pretende que el negocio pase a la empresa española Acciona, que en este momento da servicios de agua potable y alcantarillado en Boca del Río, Veracruz.
En respuesta, Aguakan ha defendido su postura, destacando que todas las acciones relacionadas con la concesión cumplieron con los requisitos legales y fueron aprobadas por diversas entidades gubernamentales. La empresa confía en que el Estado de derecho prevalecerá y busca abrir canales de diálogo con la gobernadora para resolver el conflicto de manera beneficiosa para todas las partes involucradas.
El 18 de febrero de este año, Aguakan avisó a la BMV la denuncia penal en contra de sus directivos:
“DHC confía que el Estado de derecho prevalecerá y que los jueces conocerán y resolverán que no hay delito alguno que perseguir. DHC considera que la Gobernadora del estado de Quintana Roo, licenciada María Elena Lezama Espinosa, ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la denuncia penal y manifiesta y reitera su total apertura para dialogar con la mandataria estatal y su Gobierno para encontrar soluciones, en el marco del derecho y en beneficio de la población y de los inversionistas de DHC”, se lee en el documento, que ha trascendido en medios digitales.
El Gobierno estatal presentó una denuncia acusando a los directivos de Aguakan de supuestamente promover conductas ilícitas en 2014. Estos habrían solicitado a Paula Guadalupe González Cetina, entonces directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y a Juan Pablo Guillermo Molina, entonces Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno estatal, la extensión anticipada de la concesión por otros 30 años, sin tener facultades para resolver tal solicitud. La Administración de Lezama afirmó que debido a esta conducta ilícita, los derechos y recursos adquiridos tenían ese carácter, lo que llevó también a acusar a los accionistas de lavado de dinero.
Aguakan pagó 1,055 millones de pesos a la Comisión de Agua por la ampliación de la concesión, y los fondos fueron inmediatamente transferidos a la Secretaría de Finanzas.
Un ejecutivo de Aguakan afirma que no se les dio dinero a los funcionarios, pero que se les acusa de haber promovido supuestamente un acto ilícito, ya que los entonces servidores públicos no habrían tenido facultades para otorgar una ampliación, y en ese sentido el origen de la ampliación de la concesión sería ilícito y por eso “sería lavado de dinero”.
La empresa afirmó que la ampliación de la concesión cumplió con todos los requisitos legales establecidos en la ley: fue aprobada por el Consejo Directivo de la Comisión de Aguas, que incluía al Gobernador del estado y a los presidentes municipales; avalada por cada uno de los cabildos, aprobada por el Congreso del estado y publicada en el Periódico Oficial.
“DHC y su equipo de asesores legales consideran que los hechos materia de la investigación por los que se formulará la imputación no son constitutivos de delito, pues el Contrato de fecha 5 de diciembre de 2014 arriba descrito es consecuencia de los Acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la CAPA en su Sesión Extraordinaria del 12 de noviembre de 2014. Por los que se realizó la Segunda Modificación al Título de Concesión de DHC ocurrida en diciembre del 2014, la cual se llevó a cabo y formalizó en estricto apego y cumplimiento a las leyes aplicables, de forma institucional y transparente”, sostuvo la empresa en su reporte para la BMV.
Sin embargo, pese al público rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la presencia de Aguakán en Quintana Roo en privatizar el agua, un derecho humano, dijo, la gobernadora Lezama, no pretende devolverle el servicio a la Comisión de Agua Potable, sino venderle la concesión en 4 mil 500 millones de pesos a una empresa española.
Conforme a una publicación del diario capitalino Reforma, con órdenes de aprehensión giradas contra directivos y socios de Aguakán, el Gobierno de Quintana Roo intenta despojar de esa concesión de servicio de agua potable y alcantarillado a Aguakán y obligarla a vender sus activos a la empresa española Acciona, que gestiona hoy el agua en Boca del Río, Veracruz, en la cuarta parte de su valor real.
Así, a través del desapoderamiento de la concesión, con vigencia de 30 años, por la que Aguakán brinda el servicio a Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, la mandataria buscaría transferir el negocio a esa empresa, cuyo presidente es José Manuel Entrecanales, con un grupo de empresas líderes en energías renovables y soluciones sostenibles de infraestructuras en más de 60 países y más de 40 mil empleados.
Situación legal de la empresa
Actualmente Aguakan se encuentra amparada tras lograr la suspensión definitiva del decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo que había cancelado la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado que opera esta empresa desde 1990.
Con esta medida cautelar dictada por el Juzgado Octavo de Distrito, la concesionaria ha podido seguir prestando sus servicios en Benito Juárez (Cancún); Solidaridad (Playa del Carmen), Puerto Morelos e Isla Mujeres, hasta que el juicio se resuelva de fondo.
El decreto 195 que fue aprobado por el Congreso de Quintana Roo, apenas en diciembre de 2023, establece que el contrato de agua potable otorgado a Aguakan en 1990 expiró el 31 de diciembre de 2023, anulando con ello un decreto previo de 2014 , año en el que el entonces gobernador Roberto Borge —hoy preso— concedió una ampliación anticipada de la concesión hasta 2053.
La concesionaria impugnó ese decreto y logró que le fuera concedida una suspensión provisional, la cual fue ratificada como definitiva este lunes 22 de enero.
El gobierno de Quintana Roo interpuso una impugnación contra la medida provisional, argumentando que el contrato ampliado por el ex gobernador Borge en 2014 estuvo viciado de origen.
Al no prosperar esta impugnación, el gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia contra Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo la empresa habría incurrido en argumentos falsos para abonar a su causa.
Uno de esos argumentos es que la empresa acusa al Congreso de no estar facultado para derogar un contrato que fue autorizado por el gobierno del estado y los municipios, pero la contraparte asegura que eso es falso pues la ley de municipios prevé que cuando una concesión excede el tiempo en funciones de una administración municipal, el Poder Legislativo debe autorizar un nuevo permiso mediante una licitación, lo cual no sucedió, pues nunca se licitó la ampliación del servicio, aun y cuando la concesión se amplió no sólo temporalmente, sino territorialmente hacia los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos.
El decreto que anuló la concesión de Aguakán se basa también en los resultados que arrojó la consulta pública realizada el 5 de junio de 2021, en la que más de 35% del padrón electoral de los municipios involucrados votó a favor de rescindir el contrato de concesión.
Dicho ejercicio consultó a la ciudadanía:“¿Está usted de acuerdo que, la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?”.
En Benito Juárez el “Sí” obtuvo 69,893 votos, mientras que el “No” alcanzó 157,759 votos, es decir, más del doble no quiere la continuidad de la empresa. El porcentaje de participación fue de 36.79 por ciento.
En Isla Mujeres, los resultados fueron: “Sí” 3,806; “No” 5,880, con un porcentaje de participación de 44.96 por ciento.
En Puerto Morelos, el “Sí” obtuvo 3,647 votos y el “No” 5,947; con una participación de 44.96 por ciento.
En Solidaridad, los resultados fueron: Sí” con 11,269 votos, el “No” con 51,417, y una participación de 28.02 por ciento. Es el único municipio donde la votación alcanzada no permite que la consulta sea vinculante.
Antecedente
El 11 de noviembre del 2014, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente a favor de Aguakan, hasta 2053, la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.
En esa misma sesión, se incorporó al título de concesión el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para el municipio de Solidaridad. En ambos casos, la prórroga en Benito Juárez e Isla Mujeres y la incorporación de Solidaridad, se determinó la vigencia de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2053.
A propósito de esta concesión, la entonces alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, recordó que durante el mandato de Roberto Borge Angulo como gobernador de Quintana Roo y Mauricio Góngora como presidente municipal de Solidaridad se otorgó este contrato hasta el año 2053, “de espaldas a la ciudadanía y en violación a disposiciones municipales que tajantemente prohíben concesionar servicios básicos como el agua potable”, dijo.
Entre las disposiciones locales que se violaron mencionó el artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.
Además, el contrato no se licitó, sino que se le asignó de manera directa a la empresa, lo cual, dijo, constituye una ilegalidad, con base en el artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo, que obliga a licitar una concesión como la que se adjudicó de manera directa a Aguakan en 2014.
A cambio de la concesión, Aguakan pagó una contraprestación de 1,050 millones de pesos que fueron entregados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la cual entregó el dinero íntegramente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de donde desaparecieron y constituye una de las líneas de investigación contra ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, recordó Beristain Navarrete.
