El regreso de los terratenientes: políticos y empresarios concentran 222 mil hectáreas en México
21 Mar. 2025 3:45 pm
En el país de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, 400 políticos y empresarios concentran 222 mil hectáreas arrebatadas a ejidos y comunidades indígenas. Es la nueva concentración de la tierra, resultado de las reformas neoliberales y la corrupción
CDMX | ZÓSIMO CAMACHO | En todo el país, 411 políticos y empresarios poseen más de 222 mil 722 hectáreas, una superficie mayor que la entidad capital de la República y cercana a la de estados como Tlaxcala y Morelos. Del total, más de 39 mil hectáreas son concentradas sólo por 36 personas.
Destacan los casos de Antonino Almazán Arteaga, exfuncionario del Registro Agrario Nacional (RAN), con 2 mil 087 hectáreas en 5 mil 145 parcelas; Carlos Alberto Génova Gamboa, sobrino del otrora poderoso político priísta Emilio Gamboa Patrón, con 356 hectáreas en 4 mil 214 parcelas, y Eduardo Antonio Tricio Sierra, integrante de la familia que es dueña de la trasnacional Lala, con 1 mil 308 hectáreas en 558 parcelas.
Una investigación confidencial llevada a cabo por el propio RAN durante cinco años, y de la cual Diario Red posee copia, revela que esas posesiones son contrarias a la ley.
El informe de 160 páginas, titulado Acaparamiento de Tierras de Propiedad Social en México, concluye que la concentración de tierras es resultado no sólo de la contrarreforma salinista de 1992; también, de la falsificación de documentos, compra de voluntades en asambleas ejidales, cohecho de autoridades de los tres niveles de gobierno y otras formas de corrupción.
Fechado en junio de 2024 como, “Documento Preliminar”, el informe advierte: “[…] en el patrón de actuación de los acaparadores existieron actores institucionales que en su momento participaron y/o permitieron y/u operaron favoreciéndolos”.
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Señala que el acopio de las tierras tiene como finalidad, casi en todos los casos, la venta a desarrolladores inmobiliarios o la incorporación a proyectos mineros o industriales. Los acaparadores se hacen tanto de parcelas, es decir, terrenos con vocación agropecuaria o forestal, como de solares, aquellos destinados construcción de vivienda y urbanización.
El estudio ejemplifica con la Minera Penmont, SA de CV, ubicada en Caborca, Sonora, y Leche Lala, en la zona de La Laguna.
La Minera Penmont es parte de Industrias Peñoles que, a su vez, es subsidiaria de Grupo Bal. Este conglomerado es encabezado por uno de los hombres más ricos del país: Alejandro Baillères Gual. Opera las minas La Herradura y La Campana donde, en alianza con al estadunidense Newmont Gold Corp, explota oro.
Leche Lala es una de las marcas propiedad de Grupo Lala. Lo dirige Eduardo Tricio Haro. El emporio cuenta con plantas en México, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Brasil. Realiza operaciones en los cinco continentes.
Estragos del neoliberalismo
La investigación del RAN inició desde 2019, en los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La institución asumió ser el “Guardián de la Propiedad Social”. Este organismo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se propuso confirmar los estragos de las políticas neoliberales implantadas en el campo por más de 40 años. Entre ellos, el regreso de los terratenientes, o acaparadores de tierra.
Además de identificar a los terratenientes y su modus operandi, pudo saber con detalle “la dimensión de la problemática”. Es decir, la cantidad de tierra acaparada, su ubicación exacta y el tipo de terreno, sea parcela o solar sujeto a urbanización.
Con respecto de la concentración de tierras en el área rural o forestal, la investigación del RAN arrojó que 202 personas concentran 208 mil seis hectáreas en 51 mil 41 parcelas.
De ellas, 18 personas poseen 31 mil 473.8 hectáreas en 21 mil 695 parcelas. Otras 53 acumulan 27 mil 952.6 hectáreas en 15 mil 128 parcelas. Y 131 concentran 148 mil 580 en 18 mil 218 parcelas.
Mientras, las tierras con fines de urbanización son acaparadas por 209 personas, que poseen 14 mil 716.3 hectáreas en 38 mil 606 solares.
En el grupo con mayor cantidad de solares, 18 personas concentran 7 mil 529.9 hectáreas en 17 mil 36 solares. Otras 78 acumulan 3 mil 620.2 hectáreas en 13 mil 230 solares. Y 113 se apropiaron de 3 mil 566 hectáreas en 8 mil 340 solares.
Los terratenientes han acaparado, individualmente, tierras hasta de 16 núcleos agrarios distintos ubicados en varios estados de la República. De hecho, ninguna entidad federativa está a salvo de la concentración de tierras en pocas manos.
El documento establece como “perfil de los acaparadores” tres características. La primera, acumulan tierras de manera inconsistente con el común de los sujetos agrarios y las utilizan para proyectos empresariales. La segunda, acaparan en varios lugares a la vez, incluso en estados del país distintos. Y la tercera, fueron autoridades del sector agrario o se vincularon con ellas.
Hay nuevos terratenientes que, desde el sector privado, realizan actividades en el sector inmobiliario.
“Sin embargo, lo que subyace en prácticamente todos los casos es que cuentan con una red de financiadores con un gran poder económico o en una minoría de casos, ellos mismos cuentan con ese poder. Es decir, inversionistas/especuladores.”
Los acaparadores de parcelas
El mayor acaparador de tierra en el país, identificado por la investigación del RAN, es Antonino Almazán Arteaga. Posee 4 mil 642 parcelas de 16 núcleos agrarios, ubicados en 10 municipios de cuatro estados de la República: Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Campeche. Acumula 2 mil 87.4 hectáreas. El valor de estas tierras en el mercado, según la investigación, supera los mil 200 millones de pesos.
Almazán fue funcionario del propio RAN durante la década de 1990 y hasta 2006. Se le conocen buenas relaciones con políticos de todos los partidos políticos. Durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto fue beneficiado por la condonación de una deuda fiscal que superaba los 27 millones de pesos.
Además de las tierras que posee a nombre propio, también es cotitular de otras 442 hectáreas junto con quien aparece como el segundo acaparador de tierras en el país: el pintor y artista plástico Carlos Alberto Génova Gamboa.
Por su parte, Génova Gamboa posee 3 mil 422 parcelas, ubicadas en tres núcleos agrarios de tres municipios de Yucatán y Quintana Roo. Suma 356.7 hectáreas. También fue beneficiario de la concesión de una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Es sobrino de quien fuera director del IMSS y, entre otros puestos, líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política de ese recinto del Poder Legislativo, Emilio Gamboa Patrón.
En efecto, Carlos Alberto es hijo de María Elena Gamboa Patrón y Carlos Génova Laurreaga. Está emparentado también con el político Patricio Patrón Laviada, quien en su momento encabezó una de las corrientes más influyentes al interior del Partido Acción Nacional (PAN).
Otro terrateniente identificado en la investigación del RAN es Moisés Rafael Mizrachi Nizri. Posee 2 mil 050 parcelas, ubicadas en dos municipios de dos núcleos agrarios de Yucatán. Acumula 207.3 hectáreas. El documento lo presenta como “relacionado con los Panama Papers”, es decir, como una de las personas poderosas que ocultaban su riqueza en paraísos fiscales.
Mientras, Elsy Lilibeth Zurita Ojeda posee 2 mil 203 parcelas, ubicadas en dos núcleos agrarios de dos municipios también de Yucatán. Suma 224 hectáreas. De esta persona, el RAN aún investiga sus relaciones políticas.
Una más es María de Lourdes Zentella González. Cuenta con 1 mil 111 parcelas, ubicadas en tres núcleos agrarios de dos municipios yucatecos. Concentra 252.1 hectáreas.
En el documento se le relaciona con “operaciones irregulares” para el acaparamiento de tierras en los que aparecen otros terratenientes y exfuncionarios. Entre ellos, el ya citado Carlos Alberto Génova Gamboa y otros como Carlos Enrique Abraham Mafud, Juan Pastor Almanza Arteaga (hermano de Antonino Almanza Arteaga), Vicente de Jesús Matus Castañeda y Fernando Sahagún Pérez.
Otro caso es el de Olga Ana María Martha Salcedo Aspuru, con 876 parcelas ubicadas en dos núcleos agrarios de dos municipios de Yucatán. Concentra 100.5 hectáreas. El RAN aún investiga sus relaciones políticas y empresariales.
También aparece como terrateniente Fernando Francisco Javier Ponce García. Acumula 724 parcelas, con 223.2 hectáreas ubicadas en sólo un núcleo agrario, ubicado en Quintana Roo. Es cabeza del grupo empresarial Bepensa, un conglomerado de 40 empresas, entre las que destaca la embotelladora de Coca Cola en el sureste mexicano. El consorcio también cuenta con divisiones automotriz, industrial, financiera y de bebidas alcohólicas de baja graduación. El personaje también figura como “ganadero”.
Un caso más es el de Eduardo Antonio Tricio Sierra, con 29 parcelas en un núcleo agrario que concentran mil 408.8 hectáreas, en tres núcleos agrarios de tres municipios de Coahuila y Durango. La familia Tricio es la dueña del consorcio empresarial Grupo Lala.
Mientras, Helio Alejandro Monforte Jaimes concentra 524 parcelas en dos núcleos agrarios, ubicados en dos municipios de Quintana Roo y Yucatán. Parte de las tierras que ocupa son parte de una Reserva de Biósfera.
En las investigaciones del RAN también destaca el caso de Miguel Velázquez Nieva, identificado en el documento como uno de los prestanombres del priísta Javier Duarte de Ochoa, quien fuera gobernador de Veracruz y que está preso desde 2017. Fue condenado por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y asociación delictuosa. Cuenta con proceso abiertos por otros delitos, entre los que se encuentra el de desaparición forzada de personas.
Velázquez Nieva acumula 490 parcelas de 13 núcleos agrarios en 12 municipios de Campeche, Michoacán, Durango, Yucatán y Quintana Roo. Concentra mil 642.4 hectáreas.
La lista de los 18 mayores acaparadores de parcelas se cierra con: José Eduardo Flores Garrido, con 498 parcelas (Michoacán); Carlos Villarreal Maíz, con 470 (Coahuila); Mauricio Millet Reyes, 447; Antonino Cascio González, 443; Mauricio Montalvo Vales, 436; Carlos Alberto Palma Rodríguez, 398; Arturo Millet Reyes, 398, y Gabriel Guzmán Millet, con 222 parcelas.
“El fenómeno del acaparamiento de parcelas y la acumulación de grandes superficies en ejidos del país es el principal factor de afectación y disminución de la propiedad social”, advierte la investigación del RAN.
Agrega que es resultado de un “proceso de cooptación de los órganos de representación del Núcleo Agrario y de los propios ejidatarios, generando además, divisiones y conflictos a su interior”.
En la muestra de los resultados de la investigación, el RAN deplora que “los autores de estas actividades pueden realizarlas individualmente o en grupo” y que “es tal la sofisticación con la que actúan y el grado de cinismo, que han llegado a presentar quejas por las vías oficiales y oficiosas e incluso ampararse”.
Los acaparadores de solares
Ausencio Dávila López es el mayor acaparador de solares en el país, según la investigación del RAN. De manera preliminar se establece que posee 5 mil 186 solares en Quintana Roo que suman 4 mil 502.7 hectáreas. Sin embargo, reconoce que todavía es necesario consolidar los datos sobre esta persona.
También aparece Rafael Acosta Solís, con 3 mil 867 solares en cinco núcleos agrarios de cinco municipios de Yucatán. Acumula 995.08 hectáreas, cuyo valor se estima en 114 millones 039 mil 862 pesos. Se desempeña como abogado agrario y fue asesor de un ejido que terminó despidiéndolo bajo acusaciones de fraude.
Otro caso es el de Juan Diego García Betancourt, quien en sólo un núcleo agrario posee 4 mil 665 solares que suman 566.2 hectáreas. Participa en política en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, donde posee las tierras. El RAN sigue investigando sus relaciones políticas y empresariales.
Mientras, Alfonso Ismael Gallegos Ramírez pose 3 mil 327 solares en sólo un núcleo agrario. Suma 209.3 hectáreas. En 2018 participó como candidato a una regiduría en el municipio Puerto Morelos, Quintana Roo, por la entonces coalición integrada por el PAN, el partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.
Un caso más es el de Antonino Cascio González. Esta persona, que ya aparece entre los principales acaparadores de parcelas, también figura entre los principales posesionaros de solares, con 2 mil 951 en cinco núcleos agrarios de cuatro municipios de Yucatán. Concentra 168.05 hectáreas.
Por su parte, Evangelina Cabral Cordero posee 3 mil 112 solares en un núcleo agrario de Baja California con 99.09 hectáreas. El RAN continúa reuniendo información de sus relaciones políticas y empresariales.
Lorenzo Adalberto Rodríguez Carlos, por su parte, acumula 2 mil 995 solares, con 638.2 hectáreas en sólo un núcleo agrario ubicado en Yucatán. Se le vincula con el actual senador panista Mauricio Vila Dosal, exgobernador de la entidad.
Tomasita Cetina se encuentra en la lista del RAN con 2 mil 159 solares, que suman 145.9 hectáreas en un núcleo agrario de Quintana Roo. Se investigan aún sus relaciones políticas y empresariales. Un caso similar es el de Adriana Cecilia Burgos Chacón. Cuenta con 2 mil 16 solares que representan 82.08 hectáreas en sólo un núcleo agrario de Yucatán y cuyo valor en el mercado se cifra en 311 millones 911 mil 630 millones de pesos.
Miguel Adrián Marcos Nader acapara 2 mil 15 solares, con 466.04 hectáreas en un núcleo agrario de Yucatán, con valor estimado en mil 771 millones 939 mil 354 pesos. Aparece como representante legal de la empresa Levane Desarrollos, SA de CV.
La lista de los 18 más acaparadores de solares se cierra con Miryan Santiago Martínez, con 2 mil 016 en 82.3 hectáreas, con valor estimado en 312 millones 937 mil 790 pesos; Mauro Reyes Lucero, mil 919 solares; Gilberto López Peraza, mil 674; Blanca Leticia Sucedo Puente, mil 490; Raúl Medina Pot, mil 355; Juliana Gómez Carrasco, mil 299 (Chihuahua), y María Luisa Chávez Hernández, con mil 39 solares (Durango).
El documento destaca que los acaparadores de solares concentran menos tierras que los de parcelas. Sin embargo, gozan de mayores ventajas y pueden obtener mayores y más rápidos beneficios económicos porque los solares están destinados a la lotificación y urbanización.
Modus operandi y privatización de las tierras
La investigación concluye que el regreso de los terratenientes en México es resultado de las acciones políticas de los gobiernos neoliberales. Primero, con la reforma salinista de 1992, que hizo posible la disolución de los ejidos y comunidades y, con ello, la propiedad social de la tierra.
Sin embargo, el acaparamiento de parcelas y solares también es resultado de hechos de corrupción cometidos masivamente y de impunidad garantizada a los perpetradores en, al menos, cinco sexenios neoliberales: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El RAN señala que los nuevos latifundistas han generado un modus operandi para hacerse de la mayor cantidad de tierras, incluso de núcleos agrarios de varios estados de la República.
Una primera fase consiste en cambiar el destino de uso de tierras. Logran que el estatus de los terrenos que les interesan pase de uso común a parcela o solar, aun y cuando estén ubicados en selvas y bosques, lo que está prohibido por la ley. Luego consiguen que esas tierras sean asignadas directamente a los acaparadores o a ejidatarios y comuneros que fungen como prestanombres. Finalmente, obtienen de la asamblea ejidal el “dominio pleno” y, con ello, la desincorporación de la tierra del núcleo agrario.
La segunda fase no necesariamente se realiza de manera posterior a la primera. Generalmente ambas ocurren de manera simultánea. Consiste en lograr el reconocimiento de derechos por parte del núcleo agrario. Los acaparadores pueden ser reconocidos como ejidatarios, en caso de que compren algún título; “posesionarios”, en caso de ser reconocidos parte de la comunidad, y como “avecindados”, lo que se logran luego de un año residencia continua en el ejido.
Cada fase sólo puede ser concluida con la compra de voluntades, la falsificación de documentos y la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Por ello, la investigación señala que el acaparamiento de tierras afecta “no sólo la justicia y la legalidad que debe imperar en el quehacer institucional del Registro Agrario Nacional sino que es una afrenta a principios éticos y morales”.
Redacción/Radio Red
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