Arturo Ávila, diputado y vocero de Morena negoció equipo de espionaje para Sedena
27 Jun. 2025 12:02 pm
“Share y Asociados”, empresa en la que ha participado como socio Arturo Ávila fungió como intermediaria de la compañía italiana Hacking Team para vender a la Secretaría de la Defensa Nacional 600 licencias de Galileo, un sistema de intervención telefónica similar a Pegasus, por un monto de 2.8 millones de euros.
CDMX | Raúl Olmos y Eduardo Buendía | Una empresa en la que ha participado como socio y apoderado el actual vocero de Morena en el Congreso, Arturo Ávila Anaya, negoció con la Sedena la venta de 600 licencias del sistema de espionaje “Galileo” (que es similar a “Pegasus”) a un costo de aproximadamente 2.8 millones de euros.
En una serie de correos electrónicos intercambiados con ejecutivos de la compañía italiana Hacking Team (fabricante de Galileo) consta que la empresa “Share y Asociados SA de CV”, propiedad de la familia del diputado morenista, sirvió como intermediaria ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la venta del sistema de espionaje.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) constató que Ávila Anaya ha participado desde 2002 en “Share y Asociados”. De hecho, en un litigio promovido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incumplimiento de contrato se menciona al actual diputado morenista como accionista de la empresa.
Acta en la que consta que el hoy diputado por Morena, Arturo Ávila Anaya, se incorporó desde diciembre de 2002 como socio de “Share y Asociados”, la empresa que negoció la venta del malware espía Galileo a la Sedena.
La empresa fue creada el 17 de junio de 1997, y Ávila Anaya se incorporó como socio en una asamblea realizada el 13 de diciembre de 2002, según quedó asentado en un acta formalizada ante el notario Salomón Vargas García e inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México. Ese día, se acordó el aumento de capital de “Share y Asociados” para integrar como socio a Arturo Ávila Anaya, quien además fue nombrado apoderado de la empresa.
El hoy vocero de los diputados de Morena venía participando en “Share y Asociados” al menos desde el año 2000, cuando representó a esa empresa como subconcesionaria del Registro Nacional de Vehículos (Renave).
En 2014, cuando se empezó a negociar la venta de Galileo a la Sedena, Ávila Anaya seguía participando en la empresa, según consta en documentos notariales. Por ejemplo, el 19 de mayo de ese año otorgó a su hermana Karla un poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración, además de darle facultades para representar a la empresa en contratos y licitaciones públicas.
El pasado 26 de mayo, MCCI publicó que Ávila Anaya había comprado una casa valuada en 4.8 millones de dólares en Rancho Santa Fe, la zona residencial más cara en California, en donde han residido celebridades como Schwarzenegger y Bill Gates.
Las negociaciones para la venta de Galileo
La cadena de correos en la que “Share y Asociados” aparece como intermediaria para la venta del sistema de espionaje Galileo a la Sedena fue hecha pública en la plataforma de la organización Wikileaks, fundada por Julian Assange, a quien López Obrador ofreció asilo político en enero de 2022, al considerar que era un periodista perseguido.
Wikileaks difundió una relación de al menos 17 correos electrónicos fechados entre 2014 y 2015, en los que se menciona la participación de “Share y Asociados” en la negociación para vender el sistema Galileo a la Sedena, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Correo electrónico en el que un ejecutivo comparte a directivos de Hacking Team la propuesta que presentó “Share y Asociados” para vender el sistema de espionaje Galileo a la Sedena.
El primer correo titulado “Socio SEDENA” está fechado el 6 de febrero de 2014 y fue enviado por el agente de cuenta Alex Velasco a sus jefes Giancarlo Russo y Marco Bettini, director de operaciones y gerente de ventas de Hacking Team, para presentarles a Arturo Ávila Rosas (papá del diputado morenista) como el responsable de negociar el contrato con la Sedena. El mensaje dice textual lo siguiente:
“Hola a todos: Nuestras reuniones con la Sedena resultaron bien. Me explicaron claramente su solicitud y pude resolver los obstáculos que teníamos. Les presento a Arturo Ávila de ‘Share y Asociados’, quien se encargará del contrato con la Sedena. Tengan en cuenta que HT (Hacking Team) emitirá la propuesta directamente, pero Share se encargará de todo el trabajo localmente”.
Al correo se adjuntó la propuesta que “Share y Asociados” presentó a la Sedena, en la que se contemplaba que Hacking Team compartiera el costo del equipo, los impuestos y otros gastos.
En el mismo correo, Velasco le pidió a su jefe Giancarlo que contactara a Ávila Rosas “para revisar los contratos necesarios”. Así lo hizo al día siguiente, según consta en un segundo correo en el que el director de operaciones de Hacking Team le pide a Ávila aclarar cuál sería el rol de “Share y Asociados” en la venta, instalación y puesta en marcha del sistema Galileo en la Sedena.
“Supongo que el usuario final (la Sedena) también agradecerá tener un único punto de contacto y podremos intentar negociar unas condiciones financieras satisfactorias tanto para nosotros como para Share. Si no es así, como indicó Alex, necesito comprender mejor la distribución de roles y responsabilidades. Arturo, ¿podrías proporcionarme un esquema de todas las operaciones con acciones y plazos?”, pidió Giancarlo Russo.
Mensaje de Arturo Ávila Rosas, director de “Share y Asociados”, a los directivos de Hacking Team, en el que explica su propuesta para vender el sistema Galileo a la Sedena.
El 10 de febrero, el directivo de “Share y Asociados” le respondió: “Estimado Giancarlo: Contestando todas tus inquietudes, en primer lugar estamos trabajando en Sedena como un representante ante ustedes, ya que nosotros nos haríamos carga de gastos administrativos, fianzas de entrega y vicios ocultos, así como servicio de internet que es necesario para poder ofrecer el servicio completo”.
En ese correo, Ávila Rosas explicó que “Share y Asociados” le ofreció a la Sedena una solución “llave en mano”, que implica la venta del software de Hacking Team y su instalación, listo para ser utilizado.
“La solución propuesta es el sistema de control remoto Galileo. El usuario final (Sedena) cuenta con pantallas y monitores que se incorporarán a la solución. Share incluiría la parte de servicios (red de internet, asistencia en sitio siempre apoyados y siguiendo lineamientos de Hacking Team). Tanto Share y el usuario final estamos dispuestos a negociar las condiciones financieras”, escribió Ávila Rosas.
En su mensaje, anotó que el precio propuesto del sistema era de 1 millón 750 mil euros, más costos de importación, seguros, fianzas y gastos administrativos por un año.
La propuesta generó confusión entre los ejecutivos de Hacking Team, que consideraron que “Share y Asociados” haría un cobro doble por comisión y por la instalación.
Mensaje de Arturo Ávila Rosas, director de “Share y Asociados”, a los directivos de Hacking Team, en el que explica su propuesta para vender el sistema Galileo a la Sedena.
“Estoy confundido. No logro conectar todos los puntos”, le escribió el 12 de febrero Giancarlo Russo al ejecutivo Velasco, y éste le respondió con una detallada explicación, en la que refería que el costo propuesto sumaría alrededor de 2.8 millones de euros.
“Giancarlo, según tengo entendido, ellos suministrarán todo el hardware, incluyendo las conexiones a internet, las conexiones del anonymizer (utilizado para ocultar la identidad) y creo que el APN (un identificador de acceso). Y quieren el 25% del precio total del contrato, no solo el precio del RCS (Sistema Remoto de Control, en referencia a Galileo)”, explicó Velasco, y a continuación desglosó el costo previsto de la transacción:
“El precio estaba en dólares estadounidenses y ahora está en euros. Por lo tanto, tendremos que facturar al cliente el precio total de aproximadamente 2.8 millones de euros. Esto es clave. Share tiene la gran tarea de configurar una sala de monitoreo completa para 600 licencias. También dicen que serán la primera línea de contacto para cualquier problema”.
En la última parte del extenso mensaje, el ejecutivo de Hacking Team expresó sus dudas sobre un posible doble cobro de Share: “No estoy seguro de si cobran un porcentaje por el equipo y lo vuelven a cobrar en el precio final. Aquí es donde se complica si lo están haciendo doble”.
Un siguiente correo del director de operaciones de Hacking Team evidenció que el papel de “Share y Asociados” era de intermediario entre el fabricante de Galileo y la Sedena: “Share vende directamente a Sedena, pero ¿nos piden un 25% de comisión? ¿Es correcto? En este caso, no entiendo por qué deberíamos reconocerles el 25%”
El intercambio de correos continuó hasta abril de 2015, cuando Karla Ávila (hermana del diputado morenista) se sumó a las negociaciones para que “Share y Asociados” continuara como representante de Hacking Team.
En la cadena de correos disponibles en Wikileaks no se precisa el monto al que se habría concretado la venta del sistema Galileo a la Sedena.
En los archivos extraídos a la Sedena por el colectivo de hacktivistas Guacamaya hay documentos en los que consta que “Share y Asociados” continuó negociando en los años siguientes con la Sedena.
Por ejemplo, el 11 de junio de 2016 -todavía con el gobierno de Peña- el Oficial Mayor de la Sedena, General Gilberto Hernández Andreu, envió al correo de Share un escrito dirigido a Arturo Ávila Rosas en el que le notificó la aceptación a una invitación para acudir a una demostración “de la solución táctica de intercepción WIFI y troyanos” que realizaría “Share y Asociados”.
“Troyanos”, en el lenguaje tecnológico, es un tipo de malware que se disfraza de un software legítimo para obtener acceso no autorizado a sistemas de usuarios.
Mensaje del Oficial Mayor de la Sedena en el que informa su asistencia a una prueba que realizaría Share y Asociados de un sistema “de intercepción WIFI y troyanos”.
Share no fue la única empresa que ofrecía en venta el sistema de espionaje de Hacking Team. El 5 de febrero de 2015, un directivo de la empresa Seguridad en la Nube contactó a los capitanes Jaime Mendoza Soto y Luis Alberto Cruz López, del área de tecnología de la Sedena, para ofrecerles el malware Galileo, el cual describe como “una solución de intervención que apoya labores de inteligencia e investigación en materia de Ciber Seguridad”.
MCCI publicó en febrero de 2019 que el militar Eduardo León Trawitz, acusado por el gobierno de López Obrador de tolerar el huachicol, había negociado en 2016 con Grupo Kabat y SYM Servicios (representantes de Hacking Team) la compra para PEMEX del malware Da Vinci por 1.1 millones de dólares.
¿Qué es Galileo?
Galileo y DaVinci son algunos de los nombres comerciales con que se conoce a Remote Control System (RCS), un programa de monitoreo de comunicaciones desarrollado por Hacking Team.
La traducción literal de RCS (Sistema de Control Remoto) revela el funcionamiento del programa: una vez que los dispositivos telefónicos o de cómputo han sido inoculados o intervenidos con Galileo, pueden ser controlados a distancia, según describe el informe “Hacking Team: malware para la vigilancia en América Latina”, realizado por la organización Derechos Digitales.
“Lo que distingue a RCS con el resto de formas de vigilancia tradicionales (como las escuchas telefónicas) es que no sólo tiene acceso a conversaciones y comunicaciones, sino que puede capturar todo tipo de información, imágenes y datos que se encuentren en las computadoras o celulares afectados, sin que sea necesario que los mismos viajen por internet”, detalla el informe elaborado por Gisela Pérez de Acha.
“Es decir, Galileo no interviene comunicaciones únicamente, tiene acceso a datos estáticos en los dispositivos. RCS incluso permite tener acceso a correos y comunicaciones cifradas, además de poder copiar información del disco duro de un dispositivo, grabar llamadas de Skype, mensajes instantáneos y saber qué contraseñas se escriben en cada sitio y en cada momento. Por si fuera poco, puede activar cámaras y micrófonos”.
En los archivos de GuacamayaLeaks hay un documento enviado por una empresa proveedora de Galileo en el que detalla los alcances del sistema de intervención y espionaje:
“Galileo RCS cuenta con las capacidades de automatizar las labores de inyección remota de código que permite intervenir equipos de cómputo, laptops, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes (…) Con Galileo RCS se pueden administrar casos de investigación que apoyen en las labores de inteligencia, automatizando las labores de búsqueda, recolección y correlación en tiempo real de evidencia electrónica como Passwords, sitios web visitados, mensajes SMS, mensajes instantáneos (Whatsapp), correos electrónicos, agenda, calendario, llamadas telefónicas, fotografías, videos, geolocalización, en fin puede recolectar lo que desee; así como también se puede supervisar y monitorear aplicaciones como Facebook, Twitter, Gmail, Live, Dropbox, Google Drive”.
Incumplió contrato con la Suprema Corte
“Share y Asociados”, la empresa involucrada en la venta del malware Galileo, enfrentó una rescisión de contrato con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se le impuso una condena para devolver alrededor de 770 mil pesos.
En información consultada del juicio del caso se lee que la SCJN celebró un contrato con la empresa el 26 de diciembre de 2012 para la adquisición de un vehículo blindado y que la entrega ocurriría a mediados de febrero de 2013.
“Es el caso que ‘Share y Asociados, SA de CV’, no entregó el vehículo mencionado en el plazo de cuarenta y seis días naturales posteriores a la adjudicación del contrato, de acuerdo con lo señalado en la cláusula décima del referido contrato”, se lee en los documentos del juicio.
Después de varios intentos por parte de la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte, fue hasta el 31 de mayo de 2013 que la compañía presentó un vehículo marca Jeep tipo Grand Cherokee con el que pretendía dar cumplimiento al contrato. Sin embargo, tras desperfectos encontrados por el personal de la SCJN, el vehículo se devolvió a la empresa.
Documento legal en el que se detalla el incumplimiento en el que incurrió “Share y Asociados” en un contrato con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La resolución judicial en la que se condenó a “Share y Asociados”por incumplimiento de contrato fue anotada en el folio mercantil de la empresa el 5 de diciembre de 2022.
Unas semanas más tarde, el 28 de junio de ese año, se inició el procedimiento de recisión del contrato.
“Share y Asociados”, por su parte, determinó promover un juicio ordinario un año después para anular o revocar la rescisión. El caso continuó y fue hasta el 8 de septiembre de 2021 que la Primera Sala de la Corte resolvió que la empresa no demostró su pretensión por lo que la condenó a pagar 152 mil 315 pesos como una pena convencional y a restituirle un adelanto de 618 mil 401 pesos.
En el juicio que se siguió del caso se menciona a Francisco Arturo Federico Ávila Anaya (que es el nombre completo del diputado morenista) como socio de “Share y Asociados” y codemandado por incumplimiento de contrato.
Documentos judiciales en los que se menciona al hoy diputado morenista como codemandado en su condición de socio de “Share y Asociados”.
Ávila se escondió de juicio ante la Corte
En el recurso de apelación 3/2017, derivado de un juicio federal en el cual estaba involucrada “Share y Asociados”, se describió que Karla Ávila Anaya, hermana de Arturo Ávila, demandó por la vía civil a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para anular o revocar la rescisión de un contrato celebrado con la Corte el 11 de diciembre de 2013, absolverla de una pena convencional, reintegrar un anticipo y ordenar el cumplimiento de dicho contrato.
En el expediente del caso se indica que el 14 de julio de 2014, la SCJN como parte demandada, dio respuesta oponiéndose a todas las prestaciones reclamadas por “Share y Asociados”. El escrito de respuesta se tuvo como presentado en tiempo por un acuerdo con fecha del 28 de agosto del mismo año y se menciona que el incidente fue resuelto por el propio Pleno de la Corte, que dictó otro acuerdo el 26 de noviembre.
“Trámite del juicio. Sucintamente, en lo que interesa para resolver el presente recurso de apelación, debemos mencionar que Karla Ávila Anaya -apoderada de “Share y Asociados”- y Jorge Ernesto Vollrath Almada, informaron a esta Suprema Corte que este último y Ricardo Demetrio Roldán Montiel dejaron de ser socios, siendo que Jorge Ernesto vendió sus acciones a favor de Francisco Arturo Federico Ávila Anaya y Karla Ávila Anaya”, se lee en el recurso.
Lo anterior derivó en que Arturo Ávila y su hermana Karla fueran señalados como codemandados por la Corte al ser accionistas de “Share y Asociados”, y por ello se buscó notificar al hoy legislador. Sin embargo, la Corte no tuvo éxito en emplazar a Arturo Ávila, pues se negó en varias ocasiones, aún cuando el domicilio otorgado por la propia empresa coincidía con el domicilio en Aguascalientes de IBN Industrias Militares, empresa de la que claramente se promovía como administrador y presidente.
En el recurso de apelación se menciona que incluso Karla Ávila dijo desconocer el domicilio de Arturo Ávila.
A través de “Share y Asociados” fue que se otorgó un domicilio en el que podía ser emplazado Ávila Anaya, que correspondía a la sede de IBN Industrias Militares, pero al llegar el personal de la SCJN, Ana Laura Gómez Villagrán, quien hoy es diputada local plurinominal de Aguascalientes por Morena y en ese momento se desempeñaba como gerente general de la citada compañía, indicó que no lo conocía.
Currículum de Ana Gómez Calzada, hoy diputada local de Aguascalientes por Morena que colaboró con IBN Industrias Militares.
“El actuario judicial adscrito al juzgado de Distrito se constituyó en el domicilio indicado, tal como consta en la razón actuarial de fecha uno de febrero de 2017, y previo cercioramiento de la identidad del domicilio y del inmueble, fue atendido por una persona que expresó ser Ana Gómez y ser la gerente general de la empresa IBN Industrial Militares, la cual indicó que no conocía a Francisco Arturo Federico Ávila Anaya”, se lee en las páginas 14 y 15 del recurso.
Al final, la Corte dijo estar imposibilitada para notificar a Arturo Ávila. En el documento se enlistaron varios de los actos que hizo el personal que acudió a emplazarlo.
Fragmentos del Recurso de Apelación 3/2017
