Controversia en el Caso Vallarta: Cuestionan veracidad de fuentes en defensa de periodista Guadalupe Lizárraga
14 Ago. 2025 4:13 pm
CDMX | En medio del debate público sobre la reciente liberación de Israel Vallarta, acusado durante casi dos décadas de secuestro sin sentencia firme, surge un escrutinio creciente hacia las investigaciones de la periodista Guadalupe Lizárraga, quien ha defendido públicamente su inocencia. Críticos, incluyendo colegas periodistas y reseñas de su trabajo, señalan inconsistencias, sesgos y falta de pruebas sólidas en sus reportajes y libros, cuestionando si su narrativa se basa más en conjeturas que en evidencias verificables.
Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, ha sido una voz prominente en la denuncia de supuestas fabricaciones judiciales en casos como el de Vallarta y el emblemático “Caso Wallace”. En su libro El Falso Caso Wallace (2018), argumenta que Vallarta fue víctima de tortura y montajes orquestados por autoridades como Genaro García Luna, basándose en protocolos de Estambul y testimonios de familiares.
Sin embargo, reseñas independientes destacan que el texto “falla en argumentar y demostrar la principal cuestión” de la falsedad del caso, optando por un enfoque “demasiado tendencioso” que prioriza la victimización personal de la autora sobre datos objetivos. Esto genera dudas sobre la robustez de sus fuentes, especialmente cuando se aplican al defensa de Vallarta, donde alega irregularidades similares sin presentar, según detractores, pruebas irrefutables que desmonten las acusaciones originales de secuestro.
Una de las críticas más directas proviene de Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, quien en un video de 2020 acusó a Lizárraga de “mentir” y publicar notas sin verificar información ni otorgar derecho de réplica. Serrano la señaló por difamarlo al afirmar, sin evidencia, que cobraba por entrevistas, calificando su periodismo como carente de rigor ético. Aunque este incidente no se relaciona directamente con Vallarta, ilustra un patrón alegado de acusaciones infundadas que podría extenderse a sus coberturas de alto perfil, como la defensa de Vallarta contra cargos de delincuencia organizada.
En redes sociales, usuarios han amplificado estas dudas. Por ejemplo, la abogada Carla Erika Ureña describió a una figura similar a Lizárraga como “peleada con la verdad” y “obsesionada e ignorante”, argumentando que sus afirmaciones no ayudan a Vallarta y solo despiertan sospechas adicionales. Otros posts en X cuestionan si la absolución de Vallarta implica inocencia absoluta o solo fallas procesales, sugiriendo que defensas como las de Lizárraga ignoran testimonios de víctimas y evidencias iniciales de secuestros vinculados a la banda “Los Zodiaco”.
Isabel Miranda de Wallace, figura central en el caso homónimo y crítica acérrima de Lizárraga, ha acusado repetidamente a la periodista de difamación y fabricación de narrativas para desacreditar víctimas reales. Miranda, quien falleció en marzo de 2025, sostuvo en entrevistas que las investigaciones de Lizárraga carecen de base factual y sirven intereses políticos, aunque ella misma enfrentó señalamientos por irregularidades en su activismo.
Guadalupe Lizárraga siempre se hace la víctima y se dice perseguida, hay que recordar Isabel Miranda de Wallace solicitó una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacer uso de su derecho de réplica ante los dichos deGuadalupe Lizárraga, quien afirmó haber recibido amenazas por parte de la presidenta de Alto al Secuestro por su investigación ‘El falso caso Wallace’.
Durante una conferencia matutina la periodista dijo “mi trabajo se ha enfocado en revelar la falsedad del caso Wallace, por el que siete personas están en prisión; estas personas fueron torturadas y fueron víctimas de violencia sexual dentro de penales federales desde 2006, tres de ellas aún se encuentran sin sentencia.”
Y por esta investigación yo he recibido agresiones, dos intentos de secuestro, amenazas, intimidaciones por parte de Isabel Miranda y por parte de una diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, que me exigía que no mencionara el nombre de Miranda en el Foro sobre Fabricación de Culpables que realizamos en la Cámara de Diputados.”, agregó.
Ante las declaraciones de la periodista, Isabel Miranda de Wallace le solicitó una audiencia al mandatario. “Hoy me acerco a usted en mi calidad de madre para pedirle que se haga justicia y no se permita que quien daña a la sociedad, quede impune. Mi lucha es la misma que la de usted: tener un México pacífico y próspero”, subrayaba la misiva de la presidenta de Alto al Secuestro.
“…Durante su conferencia matutina, escuchó graves acusaciones en mi contra de una persona que se dice periodista y se ha dedicado a defender a los secuestradores, entre ellos a los de mi hijo, esta no fue la primer ocasión en que su Gobierno la ha escuchado, anexo al presente una foto de una reunión que sostuvo esta persona, así como la madre de una de las secuestradoras de mi hijo, Brenda Quevedo Cruz, con miembros de su gobierno, en la que también fueron escuchados.”, escribió De Wallace.
En su misiva la presidenta de Alto al Secuestro indicó “hago de su conocimiento que esta persona (Guadalupe Lizárraga) que se ha dedicado a defender a criminales, perdió una demanda civil en mi contra porque mintió ante un juez, la sentencia ya quedó firme y está condenada a un pago considerable de gastos y costos”.
Después del secuestro y muerte de mi hijo, de padecer la incompetencia de las autoridades, de sufrir dos atentados y vivir casi catorce largos años de proceso, el colmo sería que la política interfiera con la justicia, para beneficiar a secuestradores.”, puntualizó De Wallace.
Pero no es el único caso donde se hace la víctima, el 11 de noviembre de 2016, mientras se encontraba en un viaje de trabajo en la ciudad de Mexicali, Baja California, se dijo víctima de acoso por parte de elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR)
Guadalupe Lizárraga dijo que estaba en la ciudad de Mexicali en un encuentro de activistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos con el objetivo de impulsar la creación de una Comisión Internacional de Justicia y Verdad en México. Tras su presentación, se aproximaron a ella dos agentes de la PGR que portaban identificaciones oficiales, le pidieron que los acompañara al ministerio público “para hacerle unas preguntas por sus versiones publicadas sobre el caso Wallace”, que desde el 31 de mayo de 2014, Lizárraga publicó en una serie de ocho reportajes. A partir de entonces y de acuerdo con la reportera, fue que comenzó a ser acosada y denostada en redes sociales por usuarios desconocidos (los cuales le mandaban imágenes pornográficas) y por la misma Miranda de Wallace.
Al momento de ser intervenida por los agentes de la PGR, la periodista se negó a acompañarlos. Los funcionarios intentaron entregarle una notificación para declarar, y que también la periodista se negó a recibir ya que su domicilio se encuentra en California, Estados Unidos, y su nombre estaba mal escrito.
Guadalupe Lizárraga, también se dijo amenazada en 2011 por una “investigación” que publicó sobre feminicidios en Ciudad Juárez. En es momento entró en contacto con la Embajada de España y con la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, la cual le recomendó no cruzar a México en 5 años.
Lízarraga dice que al día de hoy, no tiene claro el delito que le imputan, pues sigue sin recibir de manera formal notificaciones sobre dicha investigación. Sin embargo, se ha probado que se ha negado a recibir cualquier documento para evadir la justicia que la busca por falsear declaraciones e informaciónes en casos relevantes con el Wallace.
Guadalupe Lizárraga, fue acusada por periodistas y colectivos de Quintana Roo ya que se ha alejado de las reglas éticas más básicas del periodismo al atacar en su portal web a periodistas víctimas de amenazas y extorsión, así como al negar al blanco de estos ataques su derecho de réplica consagrado en la Constitución.
“Triste es ver cómo periodistas pierden el camino, sea por necesidades económicas o por la necesidad de “atraer vistas” tan propia de estos tiempos de redes sociales, y que dan espacio a la calumnia e incluso a los ataques a la prensa, sin hacer su trabajo de investigación o siquiera querer contactar al blanco de sus ataques. Más trágico todavía es cuando quien incurre en esta conducta fue a su vez víctima de acoso por su labor periodística, como es el caso de Guadalupe Lizárraga.
…Todo ello, en defensa de Carlos Mimenza Novelo, un empresario millonario con nexos políticos y quien ambiciona la presidencia municipal de Solidaridad, pero quien se ha caracterizado por su carácter belicoso, lanzando advertencias o amenazas en contra no solo de figuras públicas, sino también de medios de comunicación que no publican lo que él desea”, relata el portal Quinta Fuerza de ese estado.
El portal refiere que ya con denuncias penales en contra, y sin credibilidad alguna en el estado de Quintana Roo, Mimenza Novelo viajó a Ciudad de México para dar una conferencia de prensa en la que presentaría “pruebas irrefutables” de corrupción gubernamental, pero en la que únicamente lanzó acusaciones sin respaldo alguno. Casi todos los medios convocados optaron por ignorar a este personaje (no se pueden publicar calumnias sin sustento), pero entre las pocas excepciones, está el portal Los Ángeles Press, de Guadalupe Lizárraga, dijo el portal digital.
También relata que Mimenza sobornó a Ramsés Ancira, el reportero de Lizárraga,que publicó “tal cual todas las descabelladas acusaciones de Mimenza Novelo, pero no sólo eso, sino que fue más allá y además calumnió a Ariel Urtaza, periodista quintanarroense, quien fue amenazado y extorsionado por Mimenza y por ello está ingresado al mecanismo de protección a periodistas”.
Lo anterior, sin que tuviera relación alguna con la nota publicada; únicamente fue añadido para dañar la imagen pública de este periodista, supuesto “enemigo” (en realidad víctima) de Mimenza.
De forma privada, Ariel Urtaza contactó a Lizárraga para expresarle su consternación al verse calumniado en su medio, sin que lo hayan contactado previamente, y todo en defensa de una persona grabada en audios y en videos lanzando amenazas en su contra y en contra de terceros. Incluso, Artículo 19, la misma asociación que en su momento ayudó a Lizárraga cuando era víctima de acoso, intervino en favor de este periodista quintanarroense, consignó Quinta Fuerza.
Lizárraga, sin embargo, se negó a cambiar la versión publicada en su portal, e incluso acusó a Urtaza sin sustento alguno a estar detrás de una campaña mediática y de tener presencia en la conferencia mañanera del presidente, algo que no es verdad. Para entonces, ella ya estaba volcada totalmente a favor de Mimenza Novelo, replicando en sus redes sociales las acusaciones de este empresario.
Por ello, de manera formal se solicitó el Derecho de Réplica, tal como está consagrado en la constitución y las leyes mexicanas, pero también esto fue ignorado por Lizárraga y ahora enfrenta consecuencias legales para ella y su medio.
Expertos en periodismo ético, como aquellos citados en reseñas de Amazon, advierten que el enfoque de Lizárraga podría debilitar causas legítimas de derechos humanos al mezclar hechos con interpretaciones subjetivas. Mientras Vallarta busca reparación por sus años en prisión, el debate sobre la veracidad de sus defensores como Lizárraga resalta la necesidad de fuentes imparciales en temas judiciales sensibles.
Lizárraga no ha respondido públicamente a estas críticas recientes, pero en pasadas declaraciones ha defendido su trabajo como un esfuerzo por exponer corrupción sistémica. Sin embargo, con la liberación de Vallarta bajo escrutinio, analistas urgen a una revisión independiente de las pruebas presentadas por la periodista para esclarecer si su defensa se sostiene o si, como alegan sus detractores, se basa en fuentes de dudosa credibilidad. Fuente: NotiRiviera
