Rebelión en Tulum: Diego Castañón pide playas libres de cuotas
22 Ago. 2025 6:57 am
El presidente municipal acude a la Cámara de Diputados Federal y proponen hacer ley el acceso gratuito a playas y áreas naturales protegidas en el país; la iniciativa de reforma es una propuesta del gobierno municipal de Tulum y hecha suya por diputados del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura federal encabezados por Ricardo Monreal Ávila.
TULUM | Ante la imposición de cuotas para acceder al parque Jaguar el municipio se ha visto afectado con la disminución del turismo cultural y ecológico ya que los visitantes y residentes no solo tienen que pagar la entrada al área natural protegida, sino que también el acceso a la zona arqueológica y a las playas, por lo que el presidente municipal Diego Castañón Trejo acudió a la Cámara de Diputados y con el apoyo los legisladores Ricardo Monreal Ávila y Enrique Vázquez Navarro, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura federal, presentaron una iniciativa con proyecto de reforma en materia de acceso libre y gratuito a playas y áreas naturales protegidas.
El escrito lleva la modificación del artículo 27, la adición del artículo 8 Bis, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales, y la modificación del artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
“A partir de la expedición del Decreto que creó esta Área Natural Protegida, el Parque del Jaguar que cuenta con una extensión de aproximadamente 2 mil 913 hectáreas y está conformado por el Parque Nacional Tulum (PNT) y el Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar (APFFJ), se transformó en una zona de playas con cuotas de acceso, un cambio drástico para unas playas que anteriormente estaban disponibles, tanto para los habitantes como para los turistas, de forma gratuita”, se lee en la exposición de motivos.
Esta situación ha provocado reclamos ciudadanos, litigios legales y una creciente tensión social al marginar a sectores de la población con menor capacidad económica, incluyendo a los propios habitantes de las comunidades indígenas cercanas.
Ante este hecho, Diego Castañón Trejo manifestó que el impacto se nota ya en Tulum, puesto que la visita a la Zona Arqueológica y sus playas de acceso público adyacentes ha sido su atractivo principal.
“Como indicador está el caso de estos vestigios prehispánicos frente al mar, que fueron reabiertos en el 2024 luego de su cierre temporal para los trabajos de rescate relacionados con el Tren Maya y las obras en el Parque del Jaguar, pero no han podido recuperar los visitantes que tuvieron en el 2023”.
Los datos recientes de la Secretaría de Turismo dicen que la Zona Arqueológica recibió 628 mil visitantes en el primer semestre del 2025, ya con el cobro de la tarifa adicional de entrada al Parque del Jaguar, y son 137 mil menos que los del primer semestre del 2023, el año previo al cierre temporal, cuando los visitantes fueron 765 mil 510, según el INAH”, menciona la justificación para liberar de pago las playas y las áreas natural protegidas.
La iniciativa busca evitar la reducción de este turismo, pues el hecho lo han resentido artesanos, guías de turistas y prestadores de servicios turísticos, quienes viven de los visitantes a los principales atractivos de Tulum, sus vestigios y sus playas adyacentes, y por eso han mostrado su malestar por haber tenido este año temporadas vacacionales de Semana Santa y verano muy por debajo de las expectativas.
También será favorable para que Tulum continúe como una opción de turismo preferida para el esparcimiento de las familias mexicanas y extranjeras, dado que tendrían opciones para no quedar supeditados al pago de altas cuotas para acceder a los tesoros arqueológicos y las playas públicas que han sido el atractivo principal del destino durante muchos años.
La iniciativa es con el fin de garantizar que todo ciudadano tenga el derecho de acceder a las playas públicas y áreas naturales protegidas sin que medie un pago, hecho que será posible con la adición del 8 Bis, para “garantizar el acceso libre, gratuito, irrestricto y permanente a las playas marítimas y a la Zona Federal Marítimo Terrestre para su uso común y sin una finalidad extractiva; señalando la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de procurar por lo menos un paso de acceso público por tramo costero; prohibiendo también la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas”.
En ese mismo tenor, los promoventes de la iniciativa proponen la reforma al artículo 127 al agregar el párrafo: “Las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas. El incumplimiento a dichos condición será causa de revocación”.
Otra propuesta es la adición de un párrafo segundo al artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: “La Secretaría garantizará al público en general el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia al menos un día a la semana, preferentemente los domingos o días festivos”.
La iniciativa, que debe ser de urgente y obvia resolución, propone corregir un error legislativo hecho por los gobiernos neoliberales, pues en el 2007 el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas propuso la implementación del cobro de cuotas para acceder a estos espacios; fue así, que “desde ese momento, surgió un disgusto social ya que se estaba limitando el acceso o cobrando por el paso de las personas que siempre habían disfrutado estos espacios”.
