Raciel López Salazar y su Fiscalía de la extorsión

REPORTE MAYA
REDACCIÓN

CANCÚN | La Fiscalía General del Estado (FGE), desde la llegada de Raciel López Salazar se convirtió en una institución cuestionada, primero por su pasado de corrupción en Chiapas y Puebla, luego por su ratificación en el Congreso local que le permitirá desempeñar el cargo hasta el 2036, de acuerdo con las reformas hechas a la Constitución Política del Estado así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Hoy el llamado “Cartel de los Chiapanecos” controlan el corredor turístico conocido como Cancún-Tulum; Raciel López ya tiene el control de la Seguridad Ciudadana en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen y Tulum, por medio de sus alfiles a los que el fallecido Miguel Barboza bautizó como “Los Chiapanecos”, una mafia de policías que fueron corridos por el gobernante poblano.

El “El Cártel de los Chiapanecos” han replicado el mismo esquema en Quintana Roo, son el terror de todos los sectores sociales y productivos, son un fábrica de delitos y extorsiones:

¿A que le atribuye esta persecución?

“Extorsión, desde el principio nos pidieron dinero”

¿Cuánto le pidieron señor?

“500”

¿Quinientos mil pesos?

“Si”

¿Directamente el Fiscal?

“No, fue por terceras personas”

¿Cuantas veces se lo han pedido?

“Primero pidieron 500, luego 300 y al final 200, la verdad no accedimos nunca a sus pretensiones, por la Carpeta de investigación”

Aseguró en rueda de prensa José Isidro Santamaría Casanova, líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al tiempo que exigió la destitución de Raciel López Salazar como titular de la Fiscalía General del Estado, a quien acusó de haberlo extorsionado a través de terceros y fabricarle pruebas para imputarlo por un homicidio que no cometió.

El delito por el que se le acusa a Santamaría Casanova surgió a partir de una supuesta denuncia hecha por una una mujer, quien presuntamente acudió el 27 de junio pasado a la Fiscalía, para denunciar que hace siete años, desde el baño de las oficinas de la CTM, escuchó a este líder sindical dar órdenes para localizar al trabajador Luis Fernando Peón Cardín y exigirle la devolución de joyas y dinero robado, y, en caso de negarse, matarlo. Santamaría Casanova sostuvo que la denuncia de la mujer es, a todas luces, “una fabricación de testimonio” que tiene como objetivo vincularlo al delito de homicidio calificado.

Santamaría acusó al fiscal de operar esta “fabricación” y, además, actuar en desacato al fallo de un juez federal que, en respuesta a un amparo promovido por su abogado, le ordenaba la suspensión provisional del acto y entregar a la defensa una copia de la carpeta de investigación de este caso. El líder sindical señaló que el fiscal está enterado de esa orden desde el 10 de junio, y a pesar de ello, ha hecho caso omiso.

“Está en desacto del amparo que yo metí desde el 10 de junio y donde le dicen que debe entregarle a mis abogados una copia de la carpeta de investigación. Se le ha notificado legalmente a él. Él no puede decir que no sabía. Y no puede haber secrecía, como dicen algunos medios que dijo. Yo tengo el derecho de tener la carpeta y debo saber quién me demanda y por qué me demanda”, sostuvo.

“Él no es de aquí, no tiene cariño por Quintana Roo. No tiene ningún arraigo. A lo mejor eso hace que tome las cosas a la ligera. Por eso hago un llamado al Congreso para que tome cartas en el asunto y llame a la cordura”, declaró.

Además, el líder sindical aclaró que el fuerte operativo de la Marina que ocurrió el lunes pasado a las afueras de la sede de la CTM fue dirigido a detener a presuntos agentes de la Fiscalía, que se encontraban merodeando el lugar, para capturarlo. Agregó que los agentes de la Fiscalía, quienes no quisieron identificarse, estuvieron a punto de irrumpir en la sede de la CTM para detenerlo, pero fueron reportados por vecinos de la zona. “Los vecinos de aquí están acostumbrados a ver en el parque a gente jugando, pero no a gente armada. Por eso los reportaron”, añadió.

Como el caso del líder cetemista, al ‘Cártel de los Chiapanecos’ se les acusa de extorsionar principalmente a los propietarios de bares y giros negros en todo el estado, quienes no acceden a sus pretensiones de extorsiones y a pagar una cuota semanal, les cayena el negocio, detienen a las prostitutas y las obligan a declarar contra los propietarios y son procesados por trata de blancas.
Ante el atropello a través de un comunicado en sus redes sociales la CTM hizo pública su enérgica denuncia contra la Fiscalía del Estado por lo que califica como un abuso de autoridad y aprovechamiento ilícito del poder en el proceso contra su Secretario General.

“El Sindicato señala graves violaciones al debido proceso, incluyendo la negativa sistemática a entregar la Carpeta de Investigación a la defensa (Amparo 725/2025), la inasistencia reiterada de la Fiscalía a audiencias, y la denuncia de un testigo reservado que afirma haber sido coaccionado y obligado a firmar una declaración falsa. La CTM exige al Congreso local y a la Gobernadora el inicio de un Juicio de Procedencia y Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos contra los funcionarios involucrados para detener la impunidad”, acusa la confederación en su comunicado.

El lunes Isidro Santamaría, denunció a la Fiscalía General del Estado de fabricar pruebas en su contra para imputarlo por el asesinato de un trabajador sindical, ocurrido en junio de 2018; en rueda de prensa, el líder sindical anunció que tramitó un amparo para evitar ser detenido por este caso.

“La Federación de Trabajadores del Estado de Quintana Roo, CTM; Convoco a Rueda de Prensa para hacer de conocimiento público la grave situación legal y persecución política que prevalece en torno al Líder Sindical y Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado de Quintana Roo, Lic. José Isidro Santamaría Casanova.

“El Abuso de Autoridad, aprovechamiento ilícito del poder son palabras que en estos últimos años han buscado nuevamente; delinquir, someter y vulnerar con malas prácticas.

“El Secretario General de la CTM, vive casos y acusaciones de más de 7 años sin resolver y que hoy se retoman con una orden de aprensión sin haber llevado acabo las dirigencias pertinentes así como la negativa absoluta del expediente; Carpeta de Investigación para la defensa.

“16 de Julio del 2018 caso con expediente 07375/2018, Se derivó de un robo a mano armada al sindicato en la madrugada, donde un día posterior pierde la vida un joven el cual trabajaba en las instalaciones y se imputan al Líder Sindical como inductor.

“El pasado 27 de junio 2025 se lleva a cabo una audiencia cerrada con un testigo reservado, la fiscalía solicita a la juez de la causa la Lic. Gina Dianela Canul Solís, emitiera una orden de aprensión en contra del Líder Sindical por el delito de homicidio calificado en modalidad de inducción.

“El 10 de Julio 2025, el bufete de abogados del Sindicato promueve con el Juez Federal Lic. Mario Fernando Gallegos León un amparo indirecto quedando registrado con el número 725/2025.

“El Bufete de Abogados de la CTM por medio del desarrollo propio del juicio de amparo declaran los siguientes incidentes;

“21 de Julio, Incumplimiento en la entrega de la Carpeta de Investigación.
“28 de Julio, Defecto de Incumplimiento
“17 de Septiembre, Se cumple el término, se vence el plazo para la entrega de la Carpeta.
“27 de Octubre, La audiencia de Imputación ante el juzgado local no se tuvo la presencia y comparecencia de la fiscalía.
“6 de Noviembre, No se tuvo la presencia y comparecencia de la fiscalía nuevamente.
“4 de Diciembre, En espera e la Audiencia.
“Siendo el Fiscal de la causa es el Lic. Pedro Luis Hernández Herrera, subordinado del Fiscal del Estado Lic. Raciel López Salazar,

“Hoy día, en entrevista con el testigo reservado expone haber sido citada para declarar y de no hacerlo sería detenida, en el acto fue privada de sus derechos en la procuraduría habiendo sido obligada a firmar y dejar su huella en una declaración que en su momento no recibió una copia, calificando este acto como una “Simulación de la declaración”, “Testimonio falso con un testigo de identidad reservada”.



“El Abogado Moisés Méndez López recalca ser y manejarse respetuosos de la autoridad pretendiendo el proceso sea llevado en orden, legalidad y justicia.
“Sin embargo hacemos un atento llamado a los Regidores, Senadores y nuestra Gobernadora a razón de las omisiones para llevar el caso al congreso y tener un Juicio de procedencia y ley de responsabilidad de los servidores públicos de ser necesario”, detalla el comunicado a la opinión publica ante el intento de extorsión contra Isidro Santamaría.

Ante la denuncia y las pruebas de un proceso viciados con pruebas prefabricadas contra Isidro Santamaría, queda en evidencia la Fiscalía General demostrando que se ha convertido en una “fábrica de delitos” para perseguir y extorsionar a empresarios y líderes sindicales, El lunes 27, la Fiscalía no se presentó a la audiencia convocada por un juez de control donde debería aportar sus pruebas y la carpeta mediante la cual acusa al líder cetemista de ser autor intelectual de un homicidio.

La Fiscalía de Quintana Roo fabricó una carpeta, con testigos falsos, mediante la cual acusa a Isidro Santamaria de ser autor intelectual de un homicidio cometido en el 2018 y con base en ella logró obtener de un juez una orden de aprehensión en contra del dirigente cetemista.

Abogados del imputado señalan que la inasistencia de la Fiscalía es porque no tiene pruebas y quieren mantener la vigencia de la orden de aprehensión, “porque el propósito es no es hacer justicia de algún delito, sino “atorarlo”, de manera arbitraria y llevarlo a la cárcel sin pruebas”.

Cabe destacar que el Fiscal no tiene detenido, ni persigue al supuesto autor material de dicho homicidio, de una persona que apareció muerta en un paraje en el 2018, pero sospechosamente se aferra encarcelar al líder cetemista.

A pesar de que Isidro Santamaría ha obtenido un amparo federal para que se le entregue dicha carpeta y conocer quien o quienes lo acusan, de dicho delito, y defenderse conforme a derecho, la Fiscalía se ha negado rotundamente a entregar la carpeta.

Santamaría Casanova, afirma que se trata de un caso extremo de abuso de poder del fiscal, utilizado en su contra para encarcelarlo injustamente por un delito que no cometió.

El miércoles 12, la FGEQRoo, accedió a entregar una copia de la carpeta de investigación tras una manifestación de simpatizantes del líder sindical en las afueras de ese organismo.

En 2009, el chiapaneco Raciel López incursionó en la administración pública cuando fue Procurador General de Justicia del estado de Chiapas, institución en la cual desempeñó cargos como Subdelegado de Averiguaciones Previas, Encargado de Delegaciones Federales, Encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual; y Director de Estudios y Divulgación del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

López Salazar inició su vida en la política en 2012 como precandidato a diputado local en Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En 2015, fue electo diputado federal por la vía plurinominal bajo los colores del el PVEM, cargo donde sólo fungió por un mes puesto que solicitó licencia para regresar a su cargo como Fiscal de Chiapas, donde previamente había pedido un permiso.

Tres años después, fue nuevamente candidato a diputado federal por Morena, aunque ésta vez por la vía uninominal. En 2019, fue nombrado delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México.

En febrero del 2020, Raciel López Salazar fue designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla (SSP) por órdenes del exgobernador (+) Miguel Barbosa Huerta, y llegó en medio de fuertes señalamientos por muertes, desapariciones y presuntas relaciones con el crimen organizado en su natal Chiapas, cuando fue Procurador General de Justicia del estado del 2007 al 2015.

El 28 de febrero de 2020, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, lo nombró como nuevo secretario de Seguridad Pública en la entidad. Catorce meses después de haber asumido las riendas, Barbosa Huerta pidió a López Sálazar su renuncia al cargo como consecuencia de presuntos abusos y excesos cometidos por personal a su mando.

Por ello, junto con su salida se gestó también la su círculo más cercano conformado por Pedro León Toro, subsecretario de Coordinación y Operación Policial; Jaime Padilla Barrientos, director General de Grupos Especiales y Karina Sauceda, directora de Vialidad Estatal, quienes durante su gestion de catorce meses acumularon quejas por presunto abuso de autoridad, exceso en sus funciones y corrupción.

Barbosa Huerta lo acusó de operar un grupo conocido como “Los Chiapanecos“, para cometer diversas irregularidades durante la función pública.

En más de una ocasión, Barbosa señaló al ex secretario de construir una “mafia” a través de la cual incurría en actos de corrupción en los centros penitenciarios del estado de Puebla. Del mismo modo, el fallecido exgobernador afirmó que López Salazar encabezaba un grupo conocido como “Los Chiapanecos”, quienes eran sus “hombres de confianza” encargados de cometer múltiples irregularidades.

En 2023 la gobernadora de Morena Mara Lezama lo nombró fiscal interino de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quintana Roo, después los integrantes de la Décimo Octava Legislatura aprobaron reformas constitucionales para ampliar hasta 12 años la duración del cargo de López Salazar.

Por si fuera poco, en un reciente tweet, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez apareció en una fotografía con Raciel López y le reconoció su labor a favor de la seguridad, incluso escribió “No hay que perder de vista , ya que desde todos los espacios en donde ha ejercido su labor, ha puesto en alto el nombre de Chiapas”.