El Reporte

Durante 2024 se documentaron 94 agresiones contra ambientalistas en México

24 Abr. 2025 4:23 pm

Aunque cifra global bajó respecto a 2023, las agresiones letales subieron de 20 a 25

CDMX | En 2024 se documentaron 94 eventos de agresión en contra de defensores de los derechos humanos ambientales en México. Los casos se repartieron entre 20 entidades del País.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó su informe anual en la materia y advirtió que la cifra global de agresiones bajó respecto a 2023, cuando hubo 123 casos; sin embargo, las agresiones catalogadas como letales incrementaron de 20 a 25.

La mitad de los eventos de agresión se concentraron en cinco estados: Oaxaca, con 15; Chiapas, nueve; Michoacán, nueve; Puebla, nueve; y Veracruz, ocho.

Chiapas fue el estado con el mayor número de eventos de agresiones que involucraron homicidios.

El Cemda detalló que, además de homicidios, los principales tipos de agresión documentados en 2024 en México fueron intimidación, hostigamiento, criminalización y estigmatización.

El total de los defensores que fueron víctimas de eventos de agresión fue de 301, lo que representa una disminución de 115 respecto a 2023.

43 eventos de agresión estuvieron dirigidos a miembros de comunidades y 21 contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

En 62 casos, dos terceras partes de los eventos, el responsable fue algún agente del Estado, entre quienes se incluyen funcionarios federales, policías estatales y municipales y personal de las fiscalías.

Les siguieron personal de empresas privadas, con 25 eventos, e integrantes del crimen organizado, con 17.

Por sectores, los que registraron más eventos de agresión fueron el agropecuario, con 14; vías de comunicación, con 13; forestal, 12; urbano, 10; turístico, ocho; y contaminantes, biodiversidad, minería e hídrico, seis cada uno.

El informe llama a “implementar políticas públicas integrales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Escazú, en particular para garantizar que la labor de defensa de los derechos ambientales sea ejercida con libertad y seguridad por cualquier persona o comunidad”.

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