Alarmantes los índices de violencia política en México
14 Jul. 2024 2:20 pm
CDMX.- La elección del 2 de junio fue la más grande de México y pasará a la a la historia como la más violenta, con al menos 30 aspirantes asesinados y más de 200 homicidios políticos; mientras que la oposición denunció que el crimen organizado controló la elección en casi 56% del territorio, en los últimos años las elecciones se han asociado con aumentos de la violencia, la tasa de homicidios más alta registrada en México se produjo en julio de 2018, el mes siguiente a las últimas elecciones generales, cuando a nivel nacional hubo 2.5 asesinatos por cada 100,000 personas, lo que equivale a más de 3,150 muertes, esto según el último informe del Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), es decir el índice de Violencia Política en México señala cifras de terror que van a la alza.
El IPM proporciona una medición integral de la paz en México, que incluye tendencias, análisis y estimaciones del impacto económico de la violencia y se basa en el Índice de Paz Global, la medición más importante de la paz a nivel mundial, elaborado anualmente por el IEP desde 2007.
Aunque la violencia contra figuras políticas fue un fenómeno generalizado en las últimas elecciones, algunos estados presentaron características particulares; en Jalisco y Sinaloa, a pesar de ser bastiones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa, respectivamente, no se encontraron entre los estados con más incidentes de violencia política.
Esto podría deberse a la fuerte hegemonía y control que estos grupos ya ejercen en la región, eliminando la necesidad de recurrir a la violencia para consolidar su influencia política. En estos estados, la violencia generalmente provenía de tácticas de control territorial o disputas con grupos menores, como en el caso del Cártel Nueva Plaza en la zona de Tlajomulco, por eso los partidos políticos advertían que el Crimen Organizado “tenía mano” en más del 50% del territorio nacional.
En contraste se observó que en Nuevo León, un estado con altos niveles de violencia del crimen organizado, pero con una baja incidencia de violencia contra figuras políticas. Nuevo León es el segundo estado más rico de México y estaba dominado por un reducido número de familias que concentran tanto la riqueza como el poder político. Esta estructura oligárquica permitió una cierta estabilidad que, aunque marcada por acusaciones de vínculos con organizaciones criminales, evitó altos niveles de violencia política, según el informe.
El año de las últimas elecciones importantes, 2018, tuvo un alto nivel de violencia política en todo México con 167 incidentes registrados, 92 de los cuales fueron homicidios. Durante los dos años siguientes, el número registrado de actos de violencia disminuyó, alcanzando en 2020 el nivel más bajo en seis años, con 71 eventos. Sin embargo, en los últimos tres años el número de eventos ha ido aumentando constantemente. El año pasado se registró la cifra más alta, con 275 eventos de violencia política, de los cuales 171 fueron homicidios, según la investigación de IPM.
Entre 2018 y 2023, la violencia política se ha dirigido principalmente al personal político o gubernamental que opera a nivel municipal. De los más de 1,000 incidentes registrados, más de las tres cuartas partes han sido ataques a nivel municipal. Los ataques contra funcionarios, candidatos y personal estatales y sus familiares, en ese orden de frecuencia, representan casi una quinta parte de todos los ataques. Los ataques contra personas a nivel federal han sido los menos comunes y representan menos del 6% del total, subraya el informe dado a conocer a mediados de mayo de este año.
Los analistas han citado una variedad de factores que impulsan los niveles desproporcionados de violencia política asociados con las elecciones municipales y los funcionarios gubernamentales. Estos incluyen la importancia sustancial que el poder local tiene para los grupos delictivos organizados, quienes tienden a considerar el control a nivel municipal como central para sus operaciones.
Se sospecha que tales motivaciones estuvieron en juego, por ejemplo, en el asesinato de dos aspirantes a alcalde con pocas horas de diferencia entre sí en la ciudad de Maravatío, Michoacán, en febrero de 2024.
Además de utilizar la violencia con fines políticos, se sabe que los grupos delictivos organizados financian las campañas de candidatos cercanos a ellos o incluso presentan a sus propios candidatos.
Además, los políticos y candidatos municipales, que son mucho más numerosos que los de los niveles estatal y federal, también pueden encontrarse en posiciones más vulnerables porque las fuerzas de seguridad locales a menudo están menos equipadas para brindar protección contra grupos delictivos fuertemente armados que las estatales o federales.
El IPM indica que ciertos estados también experimentan más violencia política que otros. Guerrero ha registrado la mayor cantidad de incidentes, con 128 entre 2018 y 2023, seguido de Veracruz con 122 y Oaxaca con 99. Estos tres estados también tuvieron el mayor número de asesinatos políticos: Guerrero tuvo 77, mientras que Veracruz y Oaxaca tuvieron 76 cada uno.
Los homicidios fueron el tipo de ataque más registrado, representando el 57.2% de todos los incidentes, seguidos de los ataques armados no letales, que representaron el 17.3%. Otro 10.3% de los incidentes fueron amenazas, mientras que los secuestros representaron el 8.5%, otros ataques el 5.6% y las desapariciones el 1.2%.
Los funcionarios actuales y anteriores en puestos ejecutivos, como alcaldes, gobernadores y miembros del gabinete, junto con sus familiares, han sido el blanco de la mayor parte de la violencia y representan más de la mitad de las víctimas entre 2018 y 2023.
Los candidatos y su personal de campaña también fueron objetivos importantes, representando casi un tercio de las víctimas. Por el contrario, los individuos afiliados a los poderes judicial y legislativo del gobierno, así como los funcionarios económicos y financieros, fueron atacados con menos frecuencia y en conjunto representaron alrededor de una sexta parte de las víctimas, detalla IPM.
Se asegura que los alcaldes, gobernadores y miembros de gabinete fueron blanco de más de la mitad de todos los incidentes de violencia por motivos políticos, seguidos por los candidatos y el personal de campaña con casi un tercio; subraya que el aumento de la violencia política en México ha coincidido con una creciente polarización política.
Como ocurre con muchos países, ha habido una creciente división en el panorama político del país a lo largo de las líneas partidistas, hay factores históricos que alimentan la polarización, sin embargo, en los últimos años la polarización también se ha intensificado por ciclos electorales polémicos, así como por relaciones cada vez más conflictivas entre las voces dentro del gobierno, por un lado, y los medios de comunicación, por el otro.
Recalca que por ello, esta última tendencia ha llevado a un entorno mediático más polarizado, lo que a su vez alimenta la polarización entre la ciudadanía en general, dice IPM que los resultados de las encuestas de opinión de las últimas dos décadas, revelan que las perspectivas sobre el gobierno se han vuelto mucho más polarizadas en ese tiempo.
Destaca el informe que en 2002, la brecha en los índices de aprobación del gobierno federal entre los ciudadanos que se identificaban como de izquierda y los que se identificaban como de derecha era de solo 21 puntos. Sin embargo, esa brecha ha aumentado constantemente; en 2020, había alcanzado 83 puntos porcentuales, un número que se ha casi cuadruplicado. Esto indica que las personas que se consideran conservadoras o progresistas se han vuelto mucho menos propensas a mostrar opiniones divergentes que hace 20 años. Esto tiene implicaciones importantes para el afianzamiento de opiniones y la voluntad de ciudadanos y funcionarios de colaborar con quienes tienen diferentes perspectivas políticas para el bien común.
El informe recalca que las tasas de aprobación del gobierno federal por parte de ciudadanos que se identifican como de izquierda y de derecha se han polarizado mucho más en las últimas dos décadas. Las investigaciones también han demostrado que la polarización y la fragmentación políticas pueden exacerbar la violencia y socavar los esfuerzos por consolidar la paz.
Ante ello se ha descubierto que los grupos delictivos organizados explotan eficazmente las fisuras en el gobierno a nivel local, estatal y federal para aumentar su influencia. Un estudio sobre la violencia en México entre 2006 y 2012, por ejemplo, reveló que los municipios donde tanto el gobierno municipal como estatal pertenecían al mismo partido político que el gobierno nacional experimentaron un 105%
menos violencia que los municipios alineados con la oposición ideológica.12 Los estados más polarizados, donde existen marcadas divisiones entre ideologías políticas rivales, tienden a tener instituciones más débiles y una menor cohesión social.
En cambio, las sociedades que pueden mantener un mayor grado de cohesión social y política están mejor equipadas para contener la violencia y fomentar la paz. Este ha sido en gran medida el caso de Yucatán, que consistentemente se ubica como el estado más pacífico del país. Las investigaciones han atribuido el éxito del estado a la capacidad de sus instituciones políticas y de seguridad para mantener relaciones intergubernamentales de cooperación durante las últimas décadas, incluso cuando los partidos en el poder a nivel estatal y federal diferían. La continuidad resultante en el liderazgo de sus fuerzas de seguridad ha contribuido a la permanencia y la cohesión dentro y entre las agencias.
El informe del IPM no deja dudas de lo que vivimos recientemente en México que registró 330 ataques contra figuras políticas en la última campaña electoral, que inició oficialmente el 1 de marzo y terminó, oficiosamente, el día de la elección, el 2 junio.
En contexto y según The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), una organización sin ánimo de lucro, con sede en Estados Unidos. En 95 de esos ataques hubo al menos un muerto. Estos datos convierten la última campaña electoral en la más violenta de los últimos años en el país, más que las de 2021 y 2018, que registraron 257 y 254 ataques respectivamente. ACLED cuenta también los ataques de todo el ciclo electoral, que abre la horquilla temporal del 7 septiembre de 2023 al 15 de junio de este año. En total fueron 540 ataques.
Los datos de la organización constatan las de otras, como la consultora mexicana Integralia o el think tank Laboratorio Electoral, que han consignado un alto nivel de violencia estos meses. A finales de mayo, Integralia contaba, por ejemplo, 560 víctimas de violencia política desde septiembre de 2023. Integralia y Laboratorio de Ideas sumaban alrededor de 30 candidatos o aspirantes asesinados desde septiembre de 2023, con una diferencia mínima entre ambas. Pese a ello, el Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, informó hace unos días que la cifra real era de 12.
Como sea, ACLED interpreta las cifras y da cinco claves de la violencia durante el proceso electoral. Por un lado, explica, “los ataques violentos se cometen principalmente a nivel local, [ya que] de los 216 eventos contra candidatos, sus seguidores, o familiares, más del 80% involucraron a candidaturas para puestos locales”. En su último reporte de una serie de cuatro, la organización señala además que “los perpetradores tratan de ejercer presión sobre las autoridades locales: los funcionarios actuales y anteriores que no se postularon para nuevos cargos también fueron blanco en más del 40 % de los eventos”.
ACLED vincula la violencia a pugnas entre grupos criminales, pero también a “agentes de poder a nivel local”. Dice el reporte que “seis de los diez estados que registraron más eventos de violencia contra figuras políticas también están entre los diez más afectados por la violencia del crimen organizado. Esto es particularmente cierto para Guerrero, que ocupa el segundo lugar por la cantidad de incidentes violentos contra figuras políticas, pero el primero por la cantidad de fallecidos en estos ataques. En Chiapas, el estado con los niveles más altos de violencia contra figuras políticas durante este proceso electoral, el aumento de la violencia vinculada a la rivalidad entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa contribuyó a un aumento de más del 90 % en la violencia contra figuras políticas en comparación con el ciclo electoral de 2021”, señala.
Ese informe también detalla que la competencia entre los grupos del crimen organizado, principalmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, resultó ser un factor determinante en la violencia electoral que afectó a México durante las elecciones de 2024.
Este fenómeno se observó claramente en estados como Guanajuato y Michoacán, que, además de estar entre los más afectados por la violencia del crimen organizado, también registraron altos niveles de violencia contra políticos.
En Guanajuato, la violencia alcanzó niveles alarmantes, con varios candidatos enfrentando amenazas directas de grupos criminales. Los ataques se dirigieron no sólo contra los candidatos, sino también contra sus familiares y simpatizantes, creando un clima de miedo e intimidación. Este estado fue escenario de batallas entre el CJNG y otros grupos locales, resultando en un notable aumento de la violencia política.
Michoacán, históricamente conocido por la actividad del crimen organizado, también reflejó esta tendencia. La competencia entre diferentes facciones delictivas provocó una espiral de violencia que impactó directamente en el proceso electoral.
Chiapas lideró en nivel de violencia contra figuras políticas durante el ciclo electoral de 2024, experimentando un aumento del 90% en estos incidentes en comparación con las elecciones de 2021. En varios casos, la violencia fue tan intensa que se optó por cancelar las votaciones en ciertas áreas, como Chicomuselo y Pantelhó, , donde la seguridad de los votantes y de las figuras políticas no pudo ser garantizada.
