REPORTE MAYA | REDACCIÓN | La reciente captura en Argentina del contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna marcó la persecución de uno de los señalados dentro de una de las investigaciones más complejas contra el tráfico ilícito de hidrocarburos en la historia de México.

El caso, que ha involucrado a altos mandos navales, empresarios y funcionarios aduanales, ha expuesto los alcances del denominado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando que drenó miles de millones de pesos al erario nacional y derivó en asesinatos, fugas y un operativo internacional para desarticular la red.

Esta es una cronología de los hechos que permiten entender el entramado de corrupción y crimen organizado que sacudió a la Marina y a las instituciones de seguridad mexicanas.

Asesinatos, denuncias y el inicio del caso

Infografía que detalla la cronología del caso ‘huachicol fiscal’ en México, desde asesinatos y denuncias hasta la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En noviembre de 2021, el asesinato de Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, detonó las primeras investigaciones sobre redes de tráfico de combustibles entre Texas y Tamaulipas.

De acuerdo con declaraciones realizadas por las periodistas María Idalia Gómez y Anabel Hernández, el homicidio de Carmona y su colaboración previa con la DEA precipitaron la apertura de expedientes que, años después, derivarían en procesos judiciales contra empresarios, marinos y operadores financieros, aunque de forma oficial las autoridades no han reconocido esto.

La versión oficial iniciaría entonces en junio de 2024, cuando el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció formalmente ante el entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, la existencia de una red de huachicol fiscal encabezada por los hermanos Farías Laguna.

Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

La denuncia quedó documentada en un audio y en una carta manuscrita, y mencionaba presiones internas, sobornos y movimientos de personal para proteger la operación ilícita en las aduanas marítimas.

Sin embargo, Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, bajo un modus operandi idéntico al crimen de la funcionaria de la FGR Magaly Janet Nava Ramos, ejecutada semanas antes en la misma región.

Ambos asesinatos fueron atribuidos a sicarios en motocicleta y armas calibre 9 mm, elementos que la Fiscalía General de la República (FGR) consideró clave para vincular los casos.

El decomiso clave y el descubrimiento de la red

El 31 de marzo de 2025, la Secretaría de Marina, la FGR a través de la FEMDO, la SSPC, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que resultó en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel de contrabando, el mayor decomiso en la historia reciente de México.

Según se documentó, el buque Challenge Procyan arribó el 19 de marzo con documentación falsa, simulando transportar aditivos para aceites. En el aseguramiento se incautaron dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.

Además del buque y el hidrocarburo, se aseguraron 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas pick-up, equipos de cómputo y documentación diversa en predios de Altamira, específicamente en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón.

Este golpe permitió a las autoridades federales establecer vínculos directos entre el contrabando, la estructura de mando en la Marina y empresarios beneficiados por el esquema.

Primeras detenciones

Manuel Roberto

El 7 de septiembre de 2025, fue detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando, junto a otros 13 implicados, incluyendo tres empresarios, seis marinos (uno en retiro) y cinco funcionarios aduanales.

La investigación reveló el uso sistemático de documentos apócrifos y empresas fachada para introducir hidrocarburos al país, evadiendo impuestos y generando ganancias millonarias para la organización criminal conocida como “Los Primos”.

El entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero vinculó este caso con otro decomiso realizado en marzo de ese año, donde se aseguraron 8 millones de litros de combustible en Ensenada, Baja California, mostrando el alcance nacional de la operación.

Las pesquisas, apoyadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectaron gastos de lujo y adquisiciones incongruentes con el perfil económico de los implicados, lo que permitió robustecer la acusación por crimen organizado y corrupción.

Fugas, operativos internacionales y la caída de Fernando Farías Laguna

Tras el aseguramiento en Tampico y las detenciones de septiembre, se intensificó la búsqueda internacional de Fernando Farías Laguna, quien había salido de México en agosto de 2024 rumbo a Florida, Estados Unidos, y nunca registró su retorno.

En septiembre de 2025, obtuvo una suspensión definitiva que impedía su captura, pero el 2 de octubre la medida fue revocada y se liberó una orden de aprehensión en su contra. Para entonces, la ficha roja de Interpol ya permitía su búsqueda en 192 países.

El 1 abril de 2026, Farías Laguna ingresó a Argentina procedente de Colombia, utilizando un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos.

El documento, presentado por las autoridades argentinas, estaba registrado bajo el número 4207 74378 0208, con fecha de nacimiento 14 de octubre de 1980, nacionalidad GTM y una fotografía tipo carnet donde el contralmirante aparecía con barba abundante y cabello oscuro corto. El DPI guatemalteco, con chip electrónico dorado, fue pieza clave para identificar la identidad falsa.

Algunos de los detenidos en la trama de huachicol fiscal. (Sedena/SSPC)

De acuerdo con información de Milenio, Farías Laguna se alojó en un Airbnb lujoso en el barrio de Palermo, a solo 2.9 kilómetros de la embajada de México en Argentina.

Su localización y detención se realizó este jueves 23 de abril de 2026 en la vía pública, en la intersección de las calles Guatemala y Juan B. Justo, por la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y en coordinación con la Dirección General de Cooperación Internacional, INTERPOL, la Secretaría de Marina, la FGR, la SSPC y Interpol México.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención y la colaboración internacional para lograr el arresto con fines de extradición. En sus declaraciones, Monteoliva enfatizó: “Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga”.

La defensa legal del contralmirante, el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, informó que ni los abogados ni la familia habían recibido notificación oficial de la detención en Argentina, y exigieron que cualquier procedimiento se realice con apego irrestricto a la ley y respeto a los derechos humanos y procesales de su representado, tanto en territorio nacional como internacional. Archivo/Infobae

Audelino Macario
REPORTE MAYA

VILLAHERMOSA | El programa “Crédito Ganadero a la Palabra”, cancelado a nivel nacional tras dejar pérdidas superiores a 5 mil millones de pesos, ha sido reactivado en Tabasco bajo el gobierno de Javier May.

Entre 2019 y 2020, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el esquema buscó repoblar el hato ganadero mediante la entrega de animales a pequeños productores. Sin embargo, tras distribuir más de 47 mil cabezas de ganado, el programa fue suspendido en 2021 sin resultados verificables ni recuperación de los recursos públicos.  

Hoy, ese mismo modelo —sin ajustes sustantivos— regresa en una versión estatal que, entre 2025 y 2026, contempla una inversión superior a 417 millones de pesos.

Un “crédito” sin reglas de pago

En Tabasco, el diseño operativo mantiene la lógica original: los beneficiarios reciben 10 novillonas y un semental con el compromiso de devolver el apoyo mediante la reproducción del ganado.

No obstante, los propios lineamientos del programa omiten el elemento central de control presupuestal, pues no existe un mecanismo definido de pago.

La normativa únicamente establece que el esquema de devolución —denominado “Etapa de Retorno”— será publicado posteriormente, sin detallar plazos, condiciones ni criterios de cumplimiento.  

En los hechos, esto convierte al programa en un subsidio sin recuperación garantizada, es decir, dinero público sin retorno, a fondo perdido.

Impacto marginal, costo elevado

Durante 2025, el gobierno estatal entregó 9,600 semovientes a 873 productores, con un presupuesto de 235 millones de pesos. Para 2026, se prevé distribuir 6,908 cabezas adicionales a 628 beneficiarios.

En total, más de 16,500 animales en dos años.

La cifra contrasta con el tamaño del sector ganadero en Tabasco, que supera 1.6 millones de cabezas, lo que reduce el impacto productivo del programa a un nivel marginal, pese a lo cual, el gobernador Javier May asegura que su proyecto busca “repoblar el hato ganadero del estado”.

Asignación política de beneficiarios

A diferencia del esquema federal original, donde el énfasis fue técnico —al menos en el diseño—, en Tabasco el programa presenta un fuerte sesgo territorial y político.

Datos oficiales muestran que cerca del 60% de los apoyos en 2025 se concentraron en Macuspana, municipio con fuerte peso político dentro del grupo gobernante, donde se canalizaron aproximadamente 147 millones de pesos.

El principal beneficiario de esos apoyos es José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, no porque él reciba los créditos sino porque los apoyos se entregaron vía la lista de simpatizantes del precandidato morenista que él apoya como futuro presidente municipal de Macuspana, José Antonio Subiaur.

De hecho, fuentes locales señalan que la selección de beneficiarios del programa en los municipios donde ha aplicado, recae en estructuras vinculadas a operadores territoriales, lo que ha generado denuncias —en su mayoría anónimas— sobre el uso del programa con fines electorales.

Algunos beneficiarios incluso reconocen que no existe presión para devolver el ganado, lo que refuerza la percepción de que se trata de apoyos a fondo perdido condicionados políticamente.

Proveedores con vínculos políticos

El programa también ha sido cuestionado por la participación de actores políticos como proveedores.

Entre ellos figura el senador de Morena José Sabino Herrera Dagdug, así como familiares y colaboradores cercanos, quienes han comercializado sementales dentro del esquema.

El propio legislador reconoció su relación con el subsecretario estatal responsable del programa, Joaquín Alejandro Ligonio, lo que abre un evidente conflicto de interés en la asignación de contratos pues el funcionario autorizó comprarle a su compadre el senador, al menos 8 sementales con un valor de alrededor de 400 mil pesos. 

En la lista también aparecen otros perfiles políticos, incluido el diputado federal Jaime Lastra Bastar.

Ganado sin trazabilidad: el riesgo sanitario

Uno de los puntos más delicados del programa es el origen del ganado, el cual se encuentra bajo sospecha.

Mientras que para los sementales se exige cumplir con criterios como “fierro limpio” y certificaciones genealógicas, en el caso de las novillonas las exigencias son menos estrictas.

Productores y dirigentes ganaderos denuncian que parte del ganado distribuido podría provenir de Centroamérica, ingresado de manera irregular por la frontera sur.

La preocupación no es menor porque Tabasco se ha vuelto clave en la introducción de ganado de Centroamérica, el cual entra al país sin control fitozoosanitario, generando un alto riesgo de enfermedades como fiebre aftosa o gusano barrenador.

El problema es que esos animales que se introducen ilegalmente, son regularizados como si fueran “ganado tabasqueño” mediante el uso indebido de aretes de identificación SINIIGA

De hecho, autoridades investigan la desaparición de 300 mil aretes de identificación, un elemento clave para la trazabilidad del ganado en el país.  

Apartado: la ruta del ganado ilegal

El tema adquiere una dimensión adicional en el municipio de Tenosique, frontera natural con Guatemala.

Ahí, una de las primeras obras del actual gobierno estatal fue la rehabilitación de caminos rurales estratégicos, utilizados históricamente como rutas de tránsito ganadero.

Productores locales señalan que estos caminos coinciden con puntos de ingreso de ganado ilegal, particularmente el que va de El Palmar a El Pedregal, una zona deshabitada en donde el gobernador Javier May realizó una de las primeras obras de su sexenio, la repavimentación del camino.

Aunque no existe una confirmación oficial que vincule directamente la obra pública con actividades ilícitas, la coincidencia ha levantado sospechas en el sector ganadero, que advierte sobre la consolidación de un circuito donde el ganado ingresa sin control sanitario, se le asignan identificadores oficiales y se distribuye mediante programas públicos o se envía a cualquier estado del país.

El resultado sería un proceso de legalización indirecta de ganado de contrabando, con implicaciones ilegales, económicas y sanitarias.

Un modelo sin correcciones

El Crédito Ganadero a la Palabra en Tabasco reproduce los principales problemas que llevaron al fracaso del programa federal:

• Falta de mecanismos de recuperación
• Débil control sobre beneficiarios
• Riesgos en la trazabilidad del ganado
• Posibles conflictos de interés
• Uso político del padrón

A pesar de ese antecedente, el gobierno estatal ha decidido ampliar su alcance con recursos públicos crecientes: 417 millones de pesos en 2 años.

El llamado no es menor. Autoridades han insistido en que la prevención será clave ante lluvias intensas, posibles inundaciones y fenómenos extremos. “Anticiparse es una tarea compartida entre autoridades y población”, señalaron al presentar el informe.

Las fechas marcan el inicio de este ciclo natural: el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, ambos extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Un periodo de más de seis meses donde el clima pondrá a prueba la capacidad de respuesta en distintas regiones del país.

CUÁNTOS CICLONES SE ESPERAN EN 2026
Las cifras dibujan un panorama claro. Para este año se estiman entre 29 y 36 ciclones tropicales en ambos océanos, lo que coloca a la temporada por encima de algunos registros recientes.

Dentro de ese total, los huracanes tendrán un peso importante. Se prevén entre ocho y 11 sistemas de categorías 1 y 2, así como de cinco a siete huracanes mayores, es decir, categorías 3, 4 o 5.

• 29 a 36 ciclones en total
• 8 a 11 huracanes categoría 1 o 2
• 5 a 7 huracanes intensos

“El comportamiento no es lineal, pero sí muestra una tendencia hacia mayor actividad”, explican especialistas. Este aumento no solo implica más fenómenos, sino también mayor probabilidad de impactos en territorio mexicano.

EL PACÍFICO, PROTAGONISTA DEL AÑO
El foco principal estará en el Océano Pacífico, donde se espera una actividad superior al promedio histórico de 1991 a 2020. Mientras el promedio se sitúa en 15 ciclones, este año podrían formarse entre 18 y 21.

El desglose muestra un escenario activo: de nueve a 10 tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes moderados y de cuatro a cinco de gran intensidad. Esto se traduce en un incremento en lluvias fuertes, especialmente en estados costeros.

“El Pacífico será clave para entender el comportamiento de la temporada”, advierten expertos. La combinación de temperatura del mar y condiciones atmosféricas podría favorecer la formación de sistemas más intensos.

ATLÁNTICO: ENTRE LA ESTABILIDAD Y LA INCERTIDUMBRE
En contraste, el Océano Atlántico mantendría un comportamiento cercano al promedio. Se estiman entre 11 y 15 ciclones, una cifra que no se aleja demasiado del histórico de 14.

En esta región, el pronóstico incluye de siete a ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes de menor intensidad y entre uno y dos de categorías mayores. Aunque el número es menor que en el Pacífico, el riesgo no desaparece.

“El hecho de estar en promedio no significa ausencia de impacto”, subrayan meteorólogos. Un solo huracán puede generar consecuencias significativas dependiendo de su trayectoria y fuerza.

LOS NOMBRES QUE MARCARÁN LA TEMPORADA
Como cada año, los ciclones recibirán nombres en orden alfabético. Para el Pacífico se asignaron 24, mientras que el Atlántico contará con 21 denominaciones oficiales.

• Pacífico:

· Amanda

· Boris

· Cristina

· Douglas

· Elida

· Fausto

· Genevieve

· Hernan

· Iselle

· Julio

· Karina

· Lowell

· Marie

· Norbert

· Odalys

· Polo

· Rachel

· Simon

· Trudy

· Vance

· Winnie

· Xavier

· Yolanda

· Zeke

• Atlántico:

· Arthur

· Bertha

· Cristobal

· Dolly

· Edouard

· Fay

· Gonzalo

· Hanna

· Isaías

· Josephine

· Kyle

· Leah

· Marco

· Nana

· Omar

· Paulette

· René

· Sally

· Teddy

· Vicky

· Wilfred

Estos nombres no solo identifican a los sistemas, también forman parte de un registro histórico que permite dar seguimiento a su evolución y recordar su impacto.

EL DATO

• El promedio histórico en el Pacífico es de 15 ciclones, pero en 2026 podría superarse
• Los huracanes de categoría 3 a 5 son considerados mayores por su intensidad
• La temporada dura más de seis meses, de mayo a noviembre
• Los nombres de ciclones se reutilizan cada seis años, salvo los más destructivos
• Un solo huracán puede concentrar lluvias equivalentes a varios meses en pocos días

CDMX | FABIOLA SÁNCHEZ | Fuera de los formalismos de las reuniones protocolares, Türk percibió de primera mano la desesperación de un grupo de las llamadas “madres buscadoras” que se presentó fuera del lugar donde el funcionario sostuvo un encuentro con distintos colectivos.

La visita de Turk a México se produce en medio de las fricciones que surgieron entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) debido a un informe en el que el organismo solicitó que se llevara el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas para sopesar medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de desapariciones forzadas.

En su reporte del 2 de abril, el CED reconoció que existen “indicios fundados” de que en México se han cometido, y se siguen cometiendo, desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”.

Sheinbaum rechazó el informe y afirmó que el organismo no tomó en cuenta las acciones de su gobierno para hacer frente a la crisis, asegurando que el análisis del CED se basó en casos ocurridos en cuatro estados del país entre 2009-2017 y que los resultados “los extrapolan hasta 2025”.

La mandataria anunció que se reunirá con Türk el miércoles para darle a conocer las labores que ha emprendido su gobierno en el apoyo a víctimas y la atención a la problemática de las desapariciones.

La oficina del alto comisionado de los derechos humanos y el CED forman parte del sistema de la ONU, pero responden a mandos distintos y tienen plena independencia, por lo que no se prevé que la visita de Türk pueda influir en la postura del comité sobre la situación de México.

Madres buscadoras alzan su voz
“Si de verdad quiere entender, comprender la crisis que estamos viviendo, que se junte con las familias, con los colectivos, porque en México sí hay desaparición sistematizada y permitida, en parte y por omisiones del Estado”, afirmó la activista Vanessa Gámez quien se acercó el martes a Türk para pedir la ayuda internacional para localizar a su hija Ana Ameli, de 19 años, quien desapareció el pasado 12 de julio luego de acudir a un parque al sur de la capital mexicana.

Gámez le entregó a Türk una carta y la ficha de otras cuatro personas que desaparecieron en el último año en la Ciudad de México, donde se han acumulado casi 6.000 casos.

El gobierno mexicano ha limitado durante años los esfuerzos para dar con los desaparecidos, por lo que las “madres buscadoras” y otros voluntarios deben realizar sus propias búsquedas en fosas clandestinas de los cárteles, a menudo actuando a partir de pistas anónimas.

“Le pedí que nos escuchara. Que por favor necesitamos la ayuda del mundo porque en México no se hace investigación real, solo es burocracia”, dijo Gámez al plantear que las autoridades mexicanas necesitan apoyo internacional porque “están rebasados” y “les hace falta mucha capacitación y, sobre todo, seguir procesos y protocolos”.

Esa postura fue respaldada por la activista María Luisa Lazarín, quien busca a su hijo desde hace casi 17 años, luego de que desapareció junto a otros cinco compañeros después de ser detenidos por una patrulla municipal en el estado de Coahuila, en el norte del país.

Lazarín forma parte del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, el cual acudió el año pasado a la oficina central de la CED en Ginebra para solicitar la activación del procedimiento internacional para atender la crisis de desaparecidos en México.

“Nos estamos jugando esta carta y esperamos que, con la unión de la sociedad y todas las demás organizaciones y colectivos, sí se escuche y se tome una buena decisión”, expresó Lazarín al plantear que espera que el alto comisionado apoye el proceso de la CED, tal como le solicitaron algunos colectivos locales esta semana.

El apoyo de la ONU
Después de reunirse con colectivos y activistas, Türk se mostró solidario y admitió en un mensaje en la red social X que le resultaba “difícil comprender la profundidad de su dolor y sufrimiento” en la búsqueda de sus familiares.

“Su inquebrantable valentía, fortaleza y resiliencia me inspiran profundamente; su búsqueda de verdad y justicia debe ser atendida”, sostuvo.

La problemática de desaparecidos en México se remonta al último tercio del siglo XX, pero fue a partir del inicio de una guerra frontal contra el crimen organizado en 2006 que las cifras se dispararon, sin que se hayan logrado contener hasta la fecha.

En un intento por hacer frente a esta crisis, Sheinbaum anunció el año pasado una serie de reformas para agilizar las búsquedas, y a finales de marzo presentó una revisión del registro nacional de personas desaparecidas. Organizaciones humanitarias locales criticaron la revisión, asegurando que las deficiencias en los registros revelan la enorme impunidad que existe en el país sobre esos casos. Vanguardia

Lidia Arista | La crisis de desapariciones en México con más de 133,000 personas registradas como ausentes, puso en la mira de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al país, el cual encara una revisión de la situación.

A 17 días de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó a António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas, remitir a la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk se encuentra en México y su visita, genera grandes expectativa para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acepte la ayuda y asistencia técnica del organismo para atender la crisis, que desaparece en promedio 95 personas por día.

La visita del alto comisionado es visto de manera positiva entre integrantes de organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda para que el problema sea reconocido por el gobierno, que se respalde el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas y que el Estado mexicano acepte ayuda internacional.

“Es importante que México acepte la cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para poder avanzar porque las cifras de desapariciones que caracterizan a México son las más grandes”, plantea en entrevista Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia de Fundación para la Justicia.

Aunque en otras ocasiones el Comité se ha referido al tema, es la primera vez que se pide que el caso de desapariciones se lleve a la Asamblea General de la ONU y que sea platicado por el alto comisionado con el titular del Ejecutivo Federal.

En 2022, la entonces alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, manifestó su gran preocupación por tan “desgarradora tragedia” y llamó a las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos.

En ese momento exhortó a las autoridades a colocar a las familias de las personas desaparecidas en el centro de los esfuerzos y a asignar a las investigaciones y búsquedas los recursos necesarios. Asimismo, instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas.

El informe de la ONU señalaba que de 1964 a la fecha habían desaparecido 100,000 personas en México, de los cuales más del 97% sucedieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instauró un modelo militarizado de seguridad pública.

La crisis que llamó la atención de la ONU

Las primeras desapariciones se reportan desde 1952, sin embargo, fue a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” cuando se aceleró la desaparición de personas.

Entre 1952 y lo que va abril de 2026, un total de 397,142 personas han sido reportadas como desaparecidas, de ellas, 133,250 siguen sin conocerse su paradero.

Por gobiernos, en el de Felipe Calderón se reportaron 40,379 desapariciones, en el de Enrique Peña Nieto 100,735 en el de Andrés Manuel López Obrador 162,049 y en los primeros meses del sexenio de Claudia Sheinbaum 51,748.

En los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, encabezados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron 213,631 desapariciones, que representan el 53% del total.

Ante la gravedad de la crisis de desapariciones que enfrenta México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el Artículo 34 de la Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para pedir que se lleve el tema a la Asamblea General.

“El Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, planteó.

Aunque desde el año 2012 el Comité ha emitido informes o recomendaciones, por primera vez sugirió que el tema llegue a la Asamblea General. La base: el artículo 34.

“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, podrá, tras solicitar al Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre la situación, poner el asunto en conocimiento urgente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”, refiere el artículo de la Convención Internacional.

Colectivos en México y organizaciones de búsqueda consideran que exponer la crisis de desapariciones ante el mundo permitirá que el país reconozca la magnitud de lo que está sucediendo.

“El informe ha causado mucha incomodidad en el gobierno y respuestas muy desafortunadas, pero lo que nosotros vemos es una oportunidad de avanzar en la resolución de la problemática”, agrega Méndez.

Es necesario que el gobierno acepte la magnitud de la crisis de desapariciones para poder dar los siguientes pasos en la solución y colaboración tanto con la sociedad civil como con otros organismos”

Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia de Fundación para la Justicia.

Si el tema de las desapariciones llegara a la Asamblea General de la ONU, México tendría que comparecer para explicar la crisis de desapariciones y el organismo podría instruir el establecimiento de comisiones o grupos de expertos para asesorar e investigar esas ausencias. Sin embargo, México no está obligado a responder como acusado.

“No está obligado a responder como acusado pero tiene presentar pruebas también y responder alguna manera. Es un tema de empujar más hacia una voluntad política donde pueda haber eh respuesta para las madres y familiares de buscadores”, agrega Conrado Zepeda Miramontes, SJ, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla.

Para José Luis García Aguilar, experto en Relaciones Internacionales, el propósito del informe del Comité no es señalar a un gobierno en particular, si no auxiliar a México frente a un problema que lo está superando.

“El espíritu de ese reporte tiene que ver con la idea de ayudar a México a tratar de resolver adecuadamente ese problema. No es una acusación directa, si no es más bien una idea de ayudar al país a solucionar el problema, pero la respuesta del gobierno mexicano fue muy defensiva”, considera.

La revisión con México

Vía la Secretaría de Relaciones Exteriores y en voz de la propia presidenta de la República, México manifestó su rechazo al informe del Comité, sin embargo, ha planteado su disposición al diálogo con el alto comisionado.

“Se va a trabajar para informarle lo que hemos estado realizando para apoyar a las víctimas, y para atender el delito de desaparición. Y al mismo tiempo, recibir sus opiniones y ver de qué manera se puede colaborar para atender a las víctimas, que es lo más importante, y erradicar el delito de la desaparición vinculada con grupos delincuenciales”, dijo Sheinbaum el pasado 16 de abril.

En las primeras horas en México, el alto comisionado se reunió con integrantes de colectivos, así como con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En su encuentro con organizaciones de derechos humanos, el comisionado recibió una carta en la que le solicitan respalde el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU sobre México.

“Acompañar la determinación del CED en el entendido que es resultado de un reclamo de las familias desde hace años y considerando que otros comités ya se han pronunciado sobre la problemática”, dice la carta suscrita por 104 colectivos de víctimas de personas desaparecidas de México y Centroamérica, 315 familias de personas desaparecidas en México y 78 organizaciones más.

Marisol Méndez plantea que la visita del alto comisionado abre la oportunidad para que el gobierno de México acepte ayuda internacional en una crisis que no cede y que con el paso de cada sexenio se acentúa.

“Las víctimas no pueden esperar más, hay más de 132, 000 familias esperando una respuesta y esperando que sus seres queridos vuelvan. La presidenta no puede esperar más, tiene que mirar el sufrimiento de las víctimas y no ignorarlo. Es una gran oportunidad porque ahora viene el alto comisionado a ofrecer el apoyo a la presidenta y para ajustar políticas que se han planteado”, dice.

La presidenta asegura que su gobierno está atendiendo el fenómeno de desapariciones.

En marzo pasado, en el contexto del hallazgo del rancho Teuchitlán, la presidenta anunció seis medidas para atender la crisis de desapariciones en el país, entre ellas fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Sin embargo, los números no están a su favor. A un año de que anunciara su estrategia para atender este delito en el país se han reportado 34,423 personas desaparecidas, de las que el 36.38% se sigue sin conocer su paradero. En los últimos 13 meses las desapariciones se mantienen: 2,868 por mes, lo que se traduce en 95 por día.

Para Conrado Zepeda, parte del problema es la aplicación de leyes y el combate a la impunidad.

Tenemos buenas legislaciones. El asunto está más la voluntad política para poder seguir buscando justicia para todas estas madres buscadoras”

Conrado Zepeda, catedrático de la Ibero.

Expansión

Diana Gante | Petróleos Mexicanos (Pemex) no solo sufre el robo de sus combustibles, también es víctima del robo de su materia prima, el petróleo crudo, cuyo hurto dejó, solo en 2025, una pérdida de 1,200 millones de dólares.

En promedio, se robaron 53,200 barriles diarios durante el año pasado, cifra mayor en un 12.7% respecto a los 47,200 barriles por día que se registraron durante el 2024, explicó Francisco Banés de Castro, socio director de Cifra2 Consultores y experto en temas de energía.

“En los últimos tres años, se ha disparado el robo descarado de crudo en el sistema nacional, que por lo visto, ese crudo que se va de contrabando a Estados Unidos para ser procesado en refinerías norteamericanas, de donde sale el diésel y la gasolina que meten de contrabando al país (México)”.

“Es un negocio redondo, y el costo para Pemex es de 1,200 millones de dólares”, aseguró durante su conferencia en el foro Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Añadió que, el robo como tal del petróleo crudo, no genera un costo para las finanzas públicas porque Pemex paga los derechos de producción al estado de esos más de 50,000 barriles de crudo diario que se pierden.

En cuanto al robo de combustibles –directamente de los ductos– durante el año pasado Pemex perdió, en promedio, 58,000 barriles diarios, 43.2% más que los 40,500 barriles diarios que se hurtaron en 2024.

De ese total que la petrolera mexicana pierde, 17,600 de barriles diarios corresponden a gas LP, el 23% de su producción total nacional.

En cuanto a la gasolina, se roban 17,300 barriles diarios o el equivalente al 5% de su producción nacional.

Mientras que del diésel, se roban 23,400 barriles diarios, lo que representa el 10% de la producción.

El costo de esos combustibles robados representan pérdidas a Pemex por alrededor de 35,000 millones de pesos, monto 44% mayor al registrado en 2024. Mientras que para la Secretaría de Hacienda, el costo es de 26,000 millones de pesos por los ingresos no recaudados del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y el impuesto sobre valor agregado (IVA), monto 47% superior al 2024.

Barnés explicó que aunque el huachicol había tenido una disminución considerable entre 2020 y 2021, en los últimos 4 años se ha disparado de manera importante en los últimos años del sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De manera general, las pérdidas de ingresos estimados en 2025 por el huachicol o contrabando de combustibles –en un cálculo conservador– es de 123,000 millones de pesos, de los cuales 56,000 millones son menos recursos para Pemex y 67,000 millones para la Hacienda Pública. Expansión

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó, en una tarjeta informativa, que 13 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas a hospitales de la zona tras el ataque.

Entre los lesionados, hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

La mañana de este lunes, un hombre armado abrió fuego contra visitantes en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El ataque ocurrió en la Pirámide de la Luna y, según los primeros reportes, fue perpetrado por un solo agresor que disparó desde una zona elevada contra visitantes en un momento de alta afluencia turística.

Testimonios y reportes iniciales indican que realizó múltiples detonaciones en un lapso breve, lo que provocó escenas de pánico y una estampida entre visitantes antes de quitarse la vida en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado la identidad del atacante ni el móvil del ataque.

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de fuerzas federales y estatales mientras continúan las investigaciones.

Cuestionamientos a los protocolos de seguridad de Teotihuacán
El hecho ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la zona arqueológica, resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), particularmente sobre cómo el agresor logró ingresar con un arma a un sitio con control de acceso y mantenerse en una de las estructuras principales sin ser detectado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó que su gobierno mantiene contacto con autoridades canadienses para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a los afectados.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lamentó la muerte de la ciudadana canadiense y afirmó que su gobierno da seguimiento cercano al caso, mientras autoridades consulares, a través de Global Affairs Canada, brindan asistencia.

PLAYA DEL CARMEN | REDACCIÓN | A poco más de un año de la administración de la llegada de Estefanía Mercado a la presidencia municipal, los anunciados cambios quedaron en palabrerías. El adn verde vestido de vino tinto se impuso, hoy los gritos de un pueblo que reclama promesas de campaña se opacan con mayores impuestos, delincuencia imparable y una corrupción galopante que tiene nombre y apellido: hermanos Regalado Hendrick y su títere Hernán González de los Santos.

Fue la Auditoría Superior de la Federación la que nos recordó que administrar el dinero público no es un acto de fe, es una responsabilidad legal que se sustenta con documentos, no con dichos ni con padrinazgos políticosy el paso de Javier Regalado Hendricks como Oficial Mayor en Othón P. Blanco (OPB) no solo es preocupante, es una ofensa a los ideales de la llamada 4T.

Dejar 35 millones de pesos en el limbo de lo que la ASF llama “pendientes de aclarar” no es una “omisión administrativa” menor. Estamos hablando de expedientes de adquisiciones y obras públicas que carecen de lo más elemental: convocatorias, dictámenes técnicos, actas de fallo y garantías de cumplimiento. En el lenguaje de la fiscalización, un expediente vacío es la alfombra bajo la cual se suele esconder la corrupción disfrazada de adjudicaciones directas y el favoritismo que se están replicando en la administración de Estefanía Mercado Ascencio.

Lo más alarmante es el rubro de la obra pública. ¿Cómo es posible que durante el Ejercicio 2024 se paguen 35 millones de pesos sin pruebas de laboratorio que aseguren que las obras sirven y son seguras? Los ciudadanos de OPB pagaron por infraestructura que hoy, documentalmente, no tiene garantía de calidad.

Javier, el cerebro del Clan

Que dice la ASF: “El municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, contó con los registros contables y presupuestales de las erogaciones de los procesos seleccionados para su iscalización; sin embargo, en 2 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y/o Servicios se observó la falta de la suficiencia presupuestal, la convocatoria, invitaciones, solicitud de cotizaciones, dictamen de excepción a la licitación pública, acta de presentación de proposiciones, dictamen técnico y económico, acta de fallo, dictamen de adjudicación, acta constitutiva de empresas concursantes, acta constitutiva de empresa contratada, la propuesta económica del proveedor ganador, la constancia de inscripción al padrón, acta de nacimiento (persona física), opinión de cumplimiento positiva, garantía de anticipo y garantía de cumplimiento; así como de 5 expedientes de obra pública la acreditación de la correcta ejecución de los trabajos, específicamente, las pruebas de laboratorio a todos los conceptos requeridos para garantizar la funcionalidad y calidad de las obras, por 35,087,476.82 de pesos“

Hoy, Regalado Hendricks es el guardián de las finanzas en Playa del Carmen, impuesto por los cacicazgos del PVEM.

Si en Chetumal el desorden documental fue la norma bajo su firma como Oficial Mayor, ¿Qué se puede esperar en la Tesorería de Playa del Carmen? La gestión de los recursos en uno de los municipios más ricos de Quintana Roo no permite zonas grises ni “pendiente” de 35 millones de pesos.

La política no puede ser una puerta giratoria donde los funcionarios saltan de un cargo a otro dejando atrás un rastro de dudas sin aclarar. Los ciudadanos de Playa del Carmen merecen saber si quien hoy maneja sus impuestos tiene la capacidad —y la voluntad— de ser transparente. La rendición de cuentas no es opcional; es la única prueba de laboratorio que garantiza que un gobierno no está podrido desde sus finanzas.

Esa, es una denuncia de alerta de un organismo federal que pone el dedo en la llaga de la corrupción que no debe minimizarse, Javier Regalado Hendricks, como Tesorero Municipal de Playa del Carmen, ya tejió una red de complicidades que tocan las puertas de la Presidencia Municipal y está operada por su hermano Arturo Regalado Hendricks desde Desarrollo Urbano donde tienen a su títere de nombre Hernán González de los Santos.

Arturo, el operador…

Los sobrinos del exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, prácticamente tomaron por asalto la administración municipal; Arturo también tiene una estela de corrupción a sus espaldas, en 2022 fue sustituido como Director de Desarrollo Urbano tras acusaciones del regidor Gabriel Medicuti por presionar a empresarios a cambio de permisos o trámites; su influencia en obras públicas, en la entrega de permisos y negocios en Playa del Carmen a travé de “moches”, es un secreto a voces.

Arturo Regalado cobra como Coordinador General en Desarrollo Urbano es quien operó la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), donde claramente sus intereses personales y de sus amigos constructores están por encima de los valores ambientales y nombras de densificación.

Además, los hermanitos Regalado echaron por los suelos la promesa de ‘cero incrementos’, hoy los nuevos impuestos son una verdadera pesadilla: las anuencias de bajo riesgo de Protección Civil, que el año pasado costaban menos de 2 mil 800 pesos, hoy se dispararon hasta los 6 mil 500 pesos

En Medio Ambiente, el negocio es el doble cobro, los permisos que antes eran anuales ahora se cobran de manera semestral, los contribuyentes pagan el doble al año, y si tienen adeudos, se les aplican dobles multas.

Las licencias de construcción pueden alcanzar los 11 mil 700 pesos por metro cuadrado y nio que decir del usos de suelo comercial que son tan elevados que los ciudadanos denuncian que “parece que te están vendiendo el local de nuevo” cada vez que intentas regularizar un giro comercial.

También son los autores intelectuales que el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) cobre el Impuesto Predial en Playa del Carmen, que ya entró en vigor el convenio que firmó el ayuntamiento con ese organismo.

Hernán González, el ‘títere’

La publicación del 27 de marzo en el Periódico Oficial del Estado reveló que el gobierno municipal de Estefanía Mercado Ascencio mintió a la ciudadanía sobre los términos del convenio para que el SATQ realice el cobro de este impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, que además tiene desventajas para el municipio comparado con los convenios que firmaron los ayuntamientos de José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

Según las declaraciones de Javier Regalado, hechas el 13 de marzo, fecha en que se pidió al ayuntamiento autorización para la firma, el convenio sería para que el SATQ se encargara de cobrar al 20 % de morosos de ese impuesto y el convenio duraría solo este año.

Sin embargo, la realidad es que el convenio publicado en el Periódico Oficial del Estado indica que el SATQ cobrará el Impuesto Predial tanto de manera ordinaria como coactiva, es decir, por igual a los contribuyentes que están al corriente como a los que tienen adeudos.

Además, el convenio estará vigente hasta el final de la actual administración, no sólo en el 2026, y tiene opción de ser ratificado por la administración siguiente, dentro de los 30 días posteriores al inicio de su periodo constitucional en 2027 y con duración de toda su gestión, lo que muestra que la alcaldesa Estefanía Mercado da por hecho su reelección en ese cargo y continuar con el trato.

También dejó amarradas a las administraciones futuras encabezadas por otros alcaldes o alcaldesas, pues la misma cláusula dice que la misma situación de ratificación “acontecerá para las administraciones municipales subsecuentes”, por lo que se busca que la participación del SATQ en el cobro del predial en Playa del Carmen sea permanente.

La operatividad del ‘títere’ de los hermanos Regalado Hendricks, Hernán González de los Santos, merece una entrega especial, la influencia que mantiene su exesposa en ese departamento y de la cual ya fue titular, tiene oscuros vericuetos que los ‘brothers de los moches’ están explotando como su fuera una parcela privada. No tienen llenadera ante la pasividad de Estefanía Mercado.

Estefanía Mercado, pasividad y complacencia ante el atraco…

El fenómeno se mantuvo concentrado en el centro del País, con Hidalgo a la cabeza. En esa entidad, las tomas clandestinas pasaron de 2 mil 457 a 2 mil 785 casos, un aumento de 328 perforaciones, equivalente a 13.3 por ciento, con lo que se mantiene como el principal foco de ordeña de combustible.

En tanto, el Estado de México registró un incremento de 642 a 759 tomas, un alza de 18.2 por ciento y, en el norte, Baja California aumentó de 469 a 497 tomas clandestinas, un crecimiento de 5.9 por ciento.

A pesar de que a nivel nacional hubo una reducción: de 11 mil 774 en 2024 a 10 mil 591 en 2025, lo que implica una baja de 10 por ciento, los datos muestran que el robo de combustible no desaparece, sino que se reconfigura territorialmente, manteniendo presencia en corredores específicos y con repuntes focalizados en algunas entidades.

En cuanto al robo de gas LP en ductos de Pemex, el fenómeno no sólo persiste, sino que creció en 2025. De acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), las tomas clandestinas en este tipo de infraestructura pasaron de 953 en 2024 a mil 161 en 2025, un aumento de 21.83 por ciento, lo que equivale a una perforación cada 7 horas con 33 minutos.

El repunte se concentró en Puebla, al pasar de 426 a 453 tomas (6.34 por ciento), mientras el Edomex tuvo un incremento de 168 por ciento, al subir de 94 a 252 casos.

También destacan Hidalgo, con un aumento de mil 600 por ciento (de 7 a 119), y Guanajuato, con 337.5 por ciento (de 8 a 35), lo que evidencia una expansión acelerada del delito en ductos de gas.

Sin embargo, Igavim advierte que el comportamiento general apunta a una reconfiguración del huachicol, donde el robo en gas LP gana terreno en nuevas regiones, incluso mientras se mantienen operativos de vigilancia en la red de ductos de petrolíferos.

Entre 2010 y 2025, Pemex denunció a 2 mil 108 personas por su presunta participación en el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, pero sólo 849 fueron procesadas, lo que equivale a apenas el 40 por ciento de los casos.

El desfase exhibe un patrón de impunidad en uno de los delitos más lucrativos del crimen organizado, que continúa operando pese a la estrategia federal desplegada en los últimos años.

Ante acuerdo de paz, respiran los petroprecios: crudo mexicano baja a 84.25 dólares
En 2024 y 2025 sumaron 9 mil 922 denuncias por robo de combustible.

A pesar de ello, el sistema de justicia no logra traducir ese volumen en castigos efectivos.

La debilidad institucional también se refleja al interior de la petrolera.

En 15 años, 51 trabajadores y ex trabajadores de Pemex han sido detenidos y procesados por su probable participación en el delito.

La información proviene de las actas notariales existentes en el Registro Público del Comercio de Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México.

Las empresas que fueron fundadas por Gutiérrez Müller son Keter Energy S.A. de C.V., Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos S.A. de C.V., Quartz Team International México S.A. de C.V., Quartz Stone S.R.L. de C.V., Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V.

En conjunto, declararon un capital social mínimo de 11.4 millones de pesos, de los cuales 2.2 millones fueron aportados directamente por Gutiérrez Müller.

Por su parte, los socios del cuñado de López Obrador constituyeron cuatro empresas parecidas en nombres o giros a las suyas. Por ejemplo, Pagos del Bienestar LLC y Transfiriendo el Bienestar LLC, en Estados Unidos; Transferencias del Bienestar S.A. de C.V. y Mexus Payment S.A. de C.V., en México. El objetivo era el mismo: mover dinero entre los dos países. La estructura de empresas suma 46 personas, entre socios y fedatarios.

El 26 de marzo pasado, El Universal dio a conocer que Gutiérrez Müller fundó las firmas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar. Entre sus socios se hallan funcionarios expertos antilavado de dinero y los nombres de dos personas acusadas de blanqueo de capitales en Estados Unidos.

En un atípico comunicado conjunto, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera afirmaron que, en unos cuantos días y en fin de semana, realizaron un análisis de las empresas del cuñado del expresidente y no hallaron nada irregular.

El cuñado de López Obrador también inició dos firmas para comercializar cuarzo en conjunto con Antonio Morales Díaz, ahora alcalde de Tapalpa, Jalisco, el sitio donde se escondía y fue muerto Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Las empresas se llaman Quartz Team International México y Quartz Stone.

En esta ocasión se dan a conocer los nombres de dos empresas más de Gutiérrez Müller y se dimensiona la estructura de compañías y socios que lo han acompañado.

ENTRA A LAS GASOLINAS
Concluida la administración de su cuñado López Obrador, Rodrigo Gutiérrez Müller registró una nueva empresa. En septiembre pasado se presentó en las oficinas de Carlos Luviano Montelongo, notario en Zapopan, y solicitó el registro de Keter Energy, una firma dedicada a la adquisición, compra, venta, importación, exportación, comisión, distribución, comercialización, almacenamiento y transportación de petróleo, gasolina, gas, diesel, combustibles, aditivos para combustibles, aditivos para carburantes, lubricantes y, en general, toda clase de hidrocarburos y residuos derivados en México y el extranjero.

Junto con Gutiérrez Müller se asociaron a partes iguales Arnulfo Espinoza Tolentino, quien fue presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, entre 2022 y 2025; Mario Martínez Sánchez; Mario Alberto Valderrábano Estévez; Óscar Javier Rodríguez Rodríguez, y Jorge Ferrer López.

TAMBIÉN A LOS AGRONEGCIOS
En julio de 2020, ante el notario 46 de Guadalajara de nombre Luis Valdez Anguiano, Gutiérrez Müller junto con 14 socios más constituyeron la empresa Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos, con domicilio en la ciudad de Manzanillo, Colima. Se dedicaría a “exportar y distribuir toda clase de mercancías, en especial aquellas relacionadas con la explotación ganadera, agrícola, pecuaria o forestal”.

Los socios, que coinciden con nombres de la vida pública de la región, son Francisco Hueso Alcaraz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Colima; Rodrigo Vera Mendoza, dirigente sindical de transportistas en Colima; Juan Carlos Hueso Palacio, líder de trabajadores de la construcción en Jalisco, y J. Jesús Nolasco Rodríguez, constructor inmobiliario jalisciense. Sin embargo, en las actas no aparecen los RFC.

También está asociada una decena de personas, pero de ellas no hay mayor referencia pública.

No se encontraron registros públicos de que alguna de las empresas de esta red haya obtenido contratos con gobiernos.

A finales de marzo, la UIF y SHCP negaron que la empresa de Gutiérrez Müller que realiza envíos a EU operara con irregularidades.

SOCIOS DEL BIENESTAR

En 2021, Gutiérrez Müller formalizó Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar en México, y sus socios en Estados Unidos registraron la empresa espejo Pagos del Bienestar LLC. Los inversionistas continuaron con el mismo giro, aunque ya sin su acompañamiento, según se lee en los registros públicos.

La estructura alrededor del cuñado sumó tres empresas más dedicadas a las transferencias de dinero y a los “negocios de todo tipo” prácticamente con los mismos socios con los que Gutiérrez Müller había iniciado los emprendimientos del Bienestar.

El 30 de abril, en las oficinas del notario Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, en Jalisco, se registró MexusPayment S.A. de C.V. Fue la misma fecha y ante el mismo notario que Pagos del Bienestar. La erigieron con el objetivo de ofrecer “servicios de apoyo a los negocios (…) relacionados con el ramo de la tecnología”, así como la “consultoría en procesamiento de pagos, administración de pagos y servicios propios y de terceros; gestión en prestaciones de servicios y procesamiento de pagos”.

El cuñado incómodo/Jasmes

Los socios de constitución de MexusPayment fueron Efrén Calderón González, Antonio Ayala Ayub, Héctor de la Paz Cázares, Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva, estos últimos acusados de lavado de dinero en Estados Unidos. Además, en junio de 2022, Efrén Calderón González y Antonio Ayala Ayub constituyeron en Arizona la empresa Transfiriendo el Bienestar LLC, dedicada a las transferencias de dinero, de acuerdo con los documentos.

En septiembre de 2022, el grupo registró Transferencias del Bienestar S.A. de C.V., de nuevo ante el notario Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez; se dedicaría a la compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos.

En la sociedad aparecen Efrén Calderón González, Antonio Ayala Ayub, Alejandro Medina Custodio, José Luis López Valera y Jorge Luis Cuéllar Miramontes.

Gutiérrez Müller, Cleland y Grijalva no fueron registrados en esta compañía.

PASO A PASO

Estas son las empresas que fueron fundadas por Rodrigo Gutiérrez Müller:

1 Quartz Team International México, creada en marzo de 2020. Comercializa cuarzo.

2 Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos, constituida en junio de 2020. Se dedica a los agronegocios.

3 Envíos del Bienestar, establecida en enero de 2021. Se ocupa de transferencias de dinero.

4 Pagos del Bienestar, fundada en abril de 2021. Lleva a cabo transferencias de dinero.

5 Quartz Stone, creada en julio de 2021. Comercializa cuarzo.

6 Keter Energy, instaurada en septiembre de 2025. Realiza comercio de gasolinas.