En este encuentro, que reunió a los coordinadores territoriales y delegados de todo el país, se informó formalmente el relevo en la titularidad de la dependencia federal.

Durante la sesión, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que Ariadna Montiel dejará la Secretaría de Bienestar para emprender nuevas tareas dentro del movimiento de transformación nacional.

Ante la presencia de Marín Mollinedo y el resto de los delegados estatales, la mandataria destacó la labor de quienes garantizan que los apoyos sociales, como la pensión para adultos mayores y las becas para personas con discapacidad, lleguen directamente a la población.

Para ocupar la vacante, la presidenta designó a Leticia Ramírez, quien cuenta con una sólida trayectoria en el servicio público y recientemente colaboraba estrechamente en la oficina presidencial.

Claudia Sheinbaum subrayó que, con este cambio, se mantiene el firme compromiso de asegurar que los programas sociales sigan siendo derechos conquistados por el pueblo de México y protegidos por la Constitución.

Tras el anuncio, la nueva secretaria, Leticia Ramírez, reiteró su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de los ciudadanos.

Por su parte, la presidenta agradeció el trabajo realizado por Ariadna Montiel y confió en que la estructura de la secretaría seguirá operando con eficacia bajo el liderazgo de los delegados en cada entidad federativa.

Esta exclusión vulneraba el interés superior de la niñez y su derecho a la salud.

La decisión derivó de un amparo resuelto por la entonces Segunda Sala, que ordenó al IMSS brindar tratamiento integral a un niño derechohabiente con discapacidad auditiva, a quien se le había negado dicha cobertura, así como de la omisión del Congreso de la Unión de adecuar la legislación dentro del plazo constitucional.

A partir de ahora, todas las autoridades deberán garantizar esta protección reforzada del derecho a la salud para niñas, niños y adolescentes.

La Declaratoria General de Inconstitucionalidad es la 13/2025.

Según expedientes de la Fiscalía a los que tuvo acceso El Universal, la estructura delictiva no solo se limitaba al “huachicol fiscal”, sino que utilizaba áreas estratégicas de la administración pública para el trasiego de drogas.

El contralmirante Fernando Farías Laguna, recientemente detenido en Argentina, y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto (recluido en el penal del Altiplano), son acusados de consolidar un control sistemático sobre las aduanas del país.

Los documentos oficiales refieren que los hermanos crearon una estructura para cometer delitos de delincuencia organizada, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Operaciones “fantasma” en aduanas de Sonora y Tabasco
Uno de los hallazgos más relevantes de la FGR es que, entre 2023 y 2025, el contralmirante Fernando Farías se desplazaba libremente por las aduanas de Guaymas, Sonora, y Dos Bocas, Tabasco, a pesar de que oficialmente no contaba con ninguna adscripción, cargo o comisión en dichos puntos.

El análisis de georreferencia de su número telefónico confirmó su presencia constante en estas zonas estratégicas en periodos donde legalmente debía encontrarse en la Ciudad de México o en Colima.

La fiscalía infiere que estas visitas irregulares tenían como fin coordinar actividades delictivas:

“Se tiene el conocimiento de que los hermanos Farías Laguna crearon una estructura donde consolidaron un control sistemático y sostenido sobre áreas estratégicas… donde se cometieron delitos en temas relacionados a hidrocarburos y tráfico de drogas”, citan los documentos revelados.

La investigación también expone un esquema de enriquecimiento ilícito a través de inconsistencias en los ingresos de Fernando Farías ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con los reportes:

Entre 2020 y 2024, el contribuyente manifestó haber percibido un total de 9.4 millones de pesos por todas sus actividades.

Sin embargo, los recibos oficiales (CFDI) emitidos por la Semar demuestran que, únicamente por concepto de sueldos, recibió 11.7 millones de pesos.

Esta diferencia surge porque Farías solo declaró ante el fisco haber ganado 6.9 millones por salarios; al comparar esa cifra con los 11.7 millones que realmente le pagó la Marina, aparecen los 4.8 millones de pesos ocultos.

Además, el SAT identificó un comportamiento financiero calificado como inusual: en ciertos días, el contralmirante recibía desde tres hasta más de 20 CFDI de nómina emitidos en una misma fecha, alcanzando montos superiores a 1.3 millones de pesos en un solo día, lo cual rompe con los protocolos estándar de pagos quincenales o mensuales de la administración pública.

Los expedientes detallan que Fernando Farías mantuvo reuniones clave en la Ciudad de México durante la primera mitad de 2025.

Entre los contactos identificados se encuentran el capitán de navío Clímaco Aldape Utrera (cuyo juicio fue frenado temporalmente en octubre) y el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, quien actualmente permanece prófugo.

Estos encuentros, registrados en zonas como Tlalpan Centro, refuerzan la hipótesis de la FGR sobre una red de mando que operaba desde el interior de la Armada de México para facilitar el ingreso de mercancía ilícita y estupefacientes al territorio nacional.

La gobernadora a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna una operación con agentes norteamericano en campo”, refirió Harfuch respecto de la reunión que sostuvo en días pasados con la mandataria estatal.

En conferencia de prensa, el titular de la SSPC indicó que sigue en investigación la muerte de los dos oficiales instructores de EE.UU. y el motivo de su estancia en Chihuahua, así como las actividades que llevaron acabo.

No tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo, pero eso ya lo determinará la Fiscalía General de la República”, apuntó.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, precisó que la Fiscalía de Chihuahua solicitó apoyo a la 42 Zona Militar para localizar el narcolaboratorio en la Sierra.

Se aprovechó que hay un amplio despliegue por parte del 66 Batallón en Delicias y del 75 en Parral, y se coordinó que en Guachochi llegara el personal de la Fiscalía.

No ingresaron a ninguna instalación militar, y hablando de los agentes (de EE.UU.), tampoco tuvieron ningún contacto con personal militar.

“Se localizó el laboratorio y se resguarda”, expuso.

Cuestionado sobre si la Defensa Nacional advirtió la presencia de agentes de EE.UU. en el aseguramiento del narcolaboratorio, el general secretario sostuvo que “el personal militar no detectó” su posible participación.

Con información de López-Dóriga Digital

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención. De acuerdo con la información oficial, el detenido contaba con una orden de aprehensión en México y también era requerido por autoridades de Estados Unidos, que han solicitado su extradición.

Antes de su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su localización.

Audias Flores Silva había sido recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual lo identificó como presunto líder de una red de fraude vinculada con la venta de tiempos compartidos en Nayarit.

Las autoridades estadounidenses lo consideraban además como una figura relevante dentro de la estructura del CJNG, incluso señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de dicha organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos, Flores Silva operaba mediante una red que incluía lugartenientes encargados de recaudar recursos obtenidos a través de centros de llamadas fraudulentas. Entre los nombres identificados se encuentran Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolin”.

El esquema consistía en contactar principalmente a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría personas adultas mayores, para ofrecer servicios relacionados con tiempos compartidos en destinos turísticos como Puerto Vallarta, en Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit.

Según los reportes, la organización obtenía datos personales de potenciales víctimas mediante colaboradores en complejos turísticos. Con esta información, realizaban llamadas telefónicas o enviaban correos electrónicos haciéndose pasar por agentes de ventas, abogados o representantes de empresas del sector turístico, inmobiliario o financiero.

Las autoridades detallaron que las personas involucradas en el esquema contaban con dominio del idioma inglés y simulaban operar desde Estados Unidos, lo que facilitaba generar confianza en las víctimas.

El fraude se desarrollaba mediante diversas etapas:

1. Se ofrecía a las víctimas la venta o recuperación de tiempos compartidos.
2. Se solicitaba el pago anticipado de tarifas, impuestos o comisiones.
3. Una vez realizado el depósito, no se concretaba ninguna transacción.
4. Posteriormente, se exigían pagos adicionales bajo distintos pretextos.

Los recursos eran transferidos a cuentas bancarias y casas de bolsa en México. En algunos casos, la estafa continuaba con nuevas modalidades, en las que integrantes de la red se hacían pasar por despachos legales que ofrecían recuperar el dinero perdido, o incluso por supuestos funcionarios gubernamentales que solicitaban pagos por multas relacionadas con transacciones detectadas.

Como parte de las indagatorias, el Departamento del Tesoro vinculó a diversas empresas presuntamente utilizadas dentro de esta red, entre ellas Kovay Gardens, Administradora y Comercializadora del Mar, Punto 54, High Land Park, Colinas Proyectos, Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria, VG Desarrollos de la Bahía, Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR y Reef Administración Avanzada.

Tras su detención en territorio nacional, Audias Flores Silva quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a los procesos en curso en México. Paralelamente, se prevé que continúen los procedimientos relacionados con la solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas no han informado hasta el momento sobre nuevas detenciones vinculadas directamente con este caso, aunque indicaron que las investigaciones continúan para desarticular completamente la red señalada.

CDMX | Un juez federal revirtió el “carpetazo” de la Fiscalía General de la República (FGR) y ordenó reabrir la investigación contra Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo.

La resolución se emitió en Jalisco, durante una audiencia que inició pública y continuó a puerta cerrada en Puente Grande.

Con esta decisión, la FGR deberá retomar las indagatorias por presuntos delitos que no han sido judicializados en México.

Según la presunta víctima y su equipo legal, la Fiscalía defendió su decisión de cerrar el caso, pero la impugnación de las víctimas fue validada por el juez.

La FGR había solicitado que el juez avalara el cierre de la carpeta de investigación. Sin embargo, el juez Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, resolvió lo contrario y ordenó reabrir el expediente.

El juzgador consideró que existían elementos suficientes para continuar con la indagatoria, por lo que instruyó a la Fiscalía a retomar las diligencias correspondientes, lo que abre nuevamente la posibilidad de que los hechos sean investigados y, en su caso, judicializados.

La reapertura ocurre luego de que el caso generara cuestionamientos públicos, ya que, tras el cierre inicial, autoridades federales habían manifestado su compromiso de revisar la decisión. No obstante, en la audiencia, la Fiscalía sostuvo su postura original.

Las víctimas, acompañadas por sus asesores jurídicos, señalaron que la resolución representa un paso relevante para acceder a la justicia en México.

Asimismo, el juez advirtió la necesidad de fortalecer la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para el intercambio de información en este tipo de investigaciones, elemento que fue señalado como insuficiente durante el proceso.

Con esta resolución, la FGR deberá reactivar las investigaciones y continuar con la integración del caso, mientras que las víctimas podrán dar seguimiento al proceso en busca de que los hechos denunciados sean esclarecidos.

Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos a más de 16 años de prisión tras declararse culpable de delitos relacionados con abuso sexual de menores. A partir de ese proceso, diversas víctimas señalaron que las conductas denunciadas no eran hechos aislados, sino parte de una estructura organizada al interior de la iglesia, lo que motivó investigaciones tanto en ese país como en México.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por posibles delitos de delincuencia organizada; sin embargo, en diciembre de 2025 determinó no ejercer acción penal, decisión que fue cuestionada por las víctimas y sus representantes legales.

La mandataria federal indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá ofrecer información sobre la indagatoria que está llevando a cabo sobre el operativo en Chihuahua y el accidente en el que murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

“Ayer viene una renuncia y, pues, se tiene que seguir investigando, tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando. Ese es, no solamente un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República como una investigación”.

“Lo que sí creo es que tiene que aclararse todo. No es menor, no es menor, tanto en nuestra relación con Estados Unidos, como en el cumplimiento de la ley de cualquier autoridad. Entonces, no es que haya renunciado ya a un servidor público y ahí se termina todo”, dijo en conferencia.

La presidenta descartó que, por el momento, pudiera haber expulsiones de agentes estadounidenses que se encuentran en territorio nacional, sin embargo, dijo que se le hizo saber al gobierno de Estados Unidos que este operativo estuvo fuera de la ley.

Recordó que se envió una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos en México “pidiendo una explicación sobre este caso”, del que el gobierno federal no estaba informado, y “también diciendo que esto no puede ocurrir”.

La caída del fiscal
La renuncia de César Jáuregui como fiscal general ocurrió después de varios días de cuestionamientos sobre el operativo en la sierra de Chihuahua en el que murieron en un accidente carretero dos ciudadanos estadounidenses y dos elementos mexicanos, tras participar en la destrucción de laboratorios clandestinos.

“Es mi deber reconocer que, respecto a los hechos que han trascendido en torno de la presencia de personas extranjeras que se identificaron como presuntos funcionarios, la información con la que contamos inicialmente y que compartí con la opinión pública era inconsistente”, afirmó el exfuncionario.

Jáuregui Moreno aseguró que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas.

“Estas omisiones vulneraron los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la fiscalía, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz”, comentó.

En tanto, Wendy Chávez, encargada de la unidad especializada del gobierno de Chihuahua para el caso, informó que la presencia de agentes estadounidenses no fue reportada a mandos de la fiscalía y existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial.

“Aprovecho para hacer de su conocimiento que la Unidad Especializada ya ha enviado información a la Fiscalía General de la República, derivado de los requerimientos formalmente presentados a este gobierno”, informó la gobernadora estatal.

“Por todo lo anterior, a fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la seguridad nacional, así como la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, cita el escrito de fecha 27 de abril de 2026 dirigido a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

La gobernadora está citada este martes 28 de abril a las once de la mañana.

Según informó mediante el escrito remitido, la actuación de la mandataria chihuahuense “se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública…”

Desde el inicio del caso referido, explicó, “solicité los informes correspondientes y, posteriormente, instruí la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio en “El Pinal”, en el municipio de Morelos, Chihuahua, la cual actualmente se encuentra realizando las investigaciones de los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril del presente año”.

“En ejercicio del deber de responsabilidad y con pleno respeto a la transparencia, presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal del Estado”, informó en conferencia de prensa.

La Fiscalía General de Chihuahua, a través de su nueva unidad creada para indagar el operativo en la Sierra Tarahumara cuestionado por posible participación de agentes extranjeros, reconoció este lunes que existen elementos que sugieren que elementos de Estados Unidos pudieron colaborar extraoficialmente en la zona.

Wendy Chávez Villanueva, titular de esa unidad creada el pasado 24 de abril , relató que según testimonios Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), viajó con los agentes extranjeros sin avisar a sus superiores.

Asimismo, que estos agentes no portaban armas, tenían la mayoría del tiempo el rostro cubierto y no fueron vistos en reuniones con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizadas previo al aseguramiento de narcolaboratorios en el Municipio de Morelos.

“Existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”, concluyó Chávez Villanueva en un mensaje oficial.

“El Güero Conta” es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila, dijo el jefe policiaco.

“Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantenemos acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”. aseguró Harfuch.