La orden de prisión preventiva fue emitida por la jueza Adriana Carrera Ortiz. Los delitos imputados en contra del exfuncionario de Pemex son: violencia familiar y violencia vicaria.

Víctor Rodríguez Padilla alegó estar enfermo como defensa en contra de la prisión preventiva, sin embargo, la jueza no registró evidencia suficiente para que el arresto pueda ser domiciliario.

El arresto de Víctor Rodríguez Padilla fue ejecutado, después que su pareja, Felicía Jiménez, levantara una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. En redes sociales, se viralizó un video donde se muestra al acusado, presuntamente, actuando de manera violenta en contra de su pareja.

Tras la difusión del metraje, la Fiscalía de Morelos informó que se establecieron medidas de seguridad para salvaguardar a Felicía Jiménez.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la Fiscalía registra avances en la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, como la ubicación de la escena del crimen y algunas irregularidades.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la FGR detalló que, desde los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, la institución abrió siete carpetas de investigación relacionadas con el homicidio de Cuén Ojeda, la privación de la libertad de Ismael el Mayo Zambada, la desaparición de dos de sus escoltas y posibles delitos contra la procuración de justicia por la alteración de escena del crimen.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía ha realizado 153 entrevistas, recabado mil 288 informes y elaborado 124 dictámenes periciales en distintas especialidades.

La fiscal informó que los trabajos de investigación permitieron identificar el lugar donde ocurrió la privación de la libertad de Ismael Zambada y donde Héctor Melesio Cuén fue lesionado, heridas que posteriormente provocaron su muerte.

Asimismo, indicó que la FGR logró identificar el aeropuerto desde donde partió la aeronave utilizada para trasladar a Zambada a Estados Unidos, así como al piloto que realizó el vuelo y que fue deportado a México poco después del operativo, continuó cometiendo delitos en territorio nacional, fue detenido por portación de armas, y terminó nuevamente en manos de las autoridades estadounidenses, confirmó la Fiscalía.

Agregó que la pista utilizada no contaba con los permisos correspondientes y que la aeronave presentaba alteraciones en sus registros.

Sobre la captura de Ismael Zambada, Godoy señaló que la Fiscalía detectó datos falsos e imprecisos proporcionados por autoridades estadounidenses respecto a la identificación de la aeronave. Explicó que, de confirmarse la participación de autoridades de Estados Unidos en la operación, podrían configurarse posibles violaciones al derecho mexicano e internacional.

La titular de la FGR informó que la dependencia solicitó información al gobierno estadounidense y mantiene nuevas líneas de investigación para esclarecer los hechos relacionados con la captura del Mayo Zambada y el homicidio de Cuén Ojeda.

Finalmente, recordó que México mantiene 32 investigaciones y órdenes de aprehensión vigentes contra Ismael Zambada, lo que permitió solicitar su extradición; sin embargo, Estados Unidos notificó que no atendería la petición debido al proceso penal que enfrenta ante una corte federal de ese país.

De acuerdo con el funcionario, elementos de Defensamx, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, generadora de violencia en la entidad.

Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida “Texas”.

Además, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

El hecho ocurrido la tarde del 7 de julio en un operativo conjunto de los tres niveles de gobierno realizado en el sector Infonavit Humaya, en Culiacán, resultó en la detención de cuatro personas y el abatimiento de un hombre no identificado, se informaba ayer.

Las acciones, que se prolongaron hasta la medianoche y se originaron tras una denuncia anónima al 089 que reportó la presencia de civiles armados en la torre de condominios Paralela Parque Residencial.

WASHINTONG | El gobierno de Estados Unidos señala a Juan Carlos Valencia González, alias “03” o “el Pelón”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, en febrero pasado, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo de las fuerzas mexicanas.

En su actualización, con datos a junio de 2026, la Guía Antiterrorismo del Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos afirma que Valencia González es “líder del CJNG desde la muerte de ‘El Mencho’, en febrero de 2026”.

Subraya que el Departamento estadounidense de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

WASHINGTON | El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó por primera vez cargos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo contra un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, en un caso que marca un precedente en la estrategia del gobierno estadounidense contra las organizaciones criminales mexicanas.

El acusado es Carlos Páez Pereda, identificado por las autoridades como un operador de alto nivel de la facción de “Los Mayos” y señalado como líder de un grupo armado conocido como “Los Rugrats”.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la acusación incluye los delitos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material a actividades terroristas, una figura legal que hasta ahora no había sido aplicada contra un presunto integrante de un cártel mexicano.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Páez Pereda desempeñó un papel relevante dentro de la estructura de “Los Mayos”, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa, y que encabezaba a “Los Rugrats”, un brazo armado presuntamente vinculado con operaciones del grupo criminal.

La imputación se produce en el contexto de la política de Estados Unidos de ampliar el uso de herramientas legales para perseguir a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, especialmente después de que varios cárteles mexicanos fueran designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Con este caso, el Departamento de Justicia busca abrir una nueva vía para procesar a presuntos integrantes de grupos criminales bajo cargos relacionados con terrorismo, además de los delitos tradicionales asociados al narcotráfico. (Agencias)

La ficha oficial señala que la captura ocurrió a las 17:32 horas y fue realizada por elementos de la Policía Ministerial de Investigación sobre la calle Monte Albán, en la colonia Narvarte. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público y, al momento de la consulta del registro, aparecía con estatus “en traslado”.

Rodríguez Padilla encabezó Pemex desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero dejó el cargo en mayo de este año en medio de cuestionamientos sobre la situación financiera de la empresa.

Denuncia de su esposa
La detención ocurre días después de que María Felicia Jiménez Lavie, académica de la UNAM y esposa del exfuncionario, presentara una denuncia penal por violencia familiar.

La denunciante difundió videos en los que se observa una presunta agresión física ocurrida en marzo de este año y aseguró que los hechos formaban parte de un patrón de violencia que, según su testimonio, se prolongó durante varios años.

Tras hacerse pública la denuncia, la Fiscalía otorgó medidas de protección a la víctima e inició las investigaciones correspondientes. Además, una expareja de Rodríguez Padilla hizo públicas acusaciones similares y manifestó su respaldo a la denunciante.

La postura de Sheinbaum
Luego de que se difundieran las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el caso debía aplicarse “todo el peso de la ley” y dejó claro que Rodríguez Padilla no ocuparía ningún otro cargo dentro de su administración, al considerar que las denuncias debían investigarse sin privilegios.

Apenas el fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la violencia contra las mujeres y la discriminación son inadmisibles y no se deben permitir en México.

“Las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos: derecho a educarnos, el derecho a trabajar, el derecho al acceso a la salud”, mencionó. “Debemos tener todos los derechos y también derecho a una vida libre de violencia”, subrayó.

Tras su salida de Pemex, Víctor Rodríguez había sido designado titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias en octubre pasado y, aunque rindió protesta, su llegada al cargo no se oficializó.

El fin de semana pasado, en la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, en Quiroga, Michoacán, Sheinbaum recordó que su gobierno impulsa los Centros Libres, dedicados a las mujeres. Estos espacios cuentan con asesoría legal, psicológica, de salud y asesorías para encontrar un empleo.

Su función, dijo Sheinbaum, es contribuir a garantizar la libertad de las mujeres y protegerlas de discriminación y violencia. En su discurso, la presidenta pidió reconocer a las mujeres en la historia y también a las amas de casa o a las profesionistas.

“Siempre reconocer a las mujeres, porque las mujeres valemos mucho, somos el alma de la nación. Las mujeres somos el alma de la nación”.

CDMX | El millonario negocio del huachicol fiscal en México demostró no depender de un solo grupo criminal. La Fiscalía General de la República (FGR) detectó el mayor caso de contrabando de combustible de Estados Unidos a México, ocurrido a mediados de 2025.

El hallazgo confirma que este delito continuó expandiéndose con total impunidad a través de las aduanas, al mismo tiempo que ya era perseguida la red de los hermanos Farías, los marinos originalmente vinculados a estas operaciones ilícitas.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, una estructura delictiva altamente organizada logró cruzar de Estados Unidos a México más de 144 millones de litros de combustible en un lapso de solo 52 días. Esa cifra equivale a:

-Importar ilegalmente 2,7 millones de litros al día.

-Ingresar diariamente 61 pipas tipo “full” (con dos remolques).

-Llenar el tanque a 42 mil autos cada día.

La operación se concentró en la Aduana de Matamoros entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, utilizando un sofisticado esquema de falsificación documental. Para evadir los controles y el pago de impuestos, la red tramitó 291 pedimentos de importación fraudulentos. A través de ellos, hicieron pasar mil 366 ferrotanques cargados con diésel, gasolina y nafta ligera, declarados todos como si transportaran “solución de cloruro de calcio”.

La FGR señala que los hidrocarburos tenían como destinatarios finales a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group —esta última recientemente ligada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. UU. al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, empleando los servicios de la agencia Servicios Aduanales JR para el papeleo. Una vez librada la frontera, los hidrocarburos eran transportados en trenes hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.

La red criminal comenzó a desmoronarse el 21 de julio de 2025 tras una denuncia anónima ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ese mismo día, un cateo a la agencia aduanal permitió asegurar 17 ferrotanques; 15 de ellos ocultaban más de 1,6 millones de litros de diésel y dos contenían nafta ligera.

A raíz de este golpe, un juez federal liberó 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios. A la fecha, siete personas han sido detenidas y procesadas, entre ellas Armando III Riestra Fernández (dueño de la agencia aduanal), verificadores y directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México ( ANAM ), además de los socios de Jumandi Group. La captura más reciente ocurrió el pasado 12 de junio de 2026, con la deportación desde Estados Unidos de Carlos Eugenio Benítez Orta, subdirector aduanero.

La mayoría de los implicados enfrenta procesos en los penales federales del Altiplano y Morelos por delincuencia organizada y contrabando. No obstante, las autoridades siguen buscando a seis prófugos clave, incluidos los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, los dos últimos titulares de la Aduana de Matamoros, cuya gestión coincidió plenamente con el período en que el flujo masivo de combustible ilegal inundó las carreteras del país. (Reforma)

De acuerdo con información obtenida de documentos de trabajo y fuentes cercanas al proceso de análisis, la propuesta busca resolver el principal obstáculo que enfrenta el proyecto: la enorme cantidad de recursos que exige la exploración y explotación de este tipo de reservas, cuya inversión supera ampliamente la capacidad presupuestal del Estado y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La iniciativa plantea que el fideicomiso funcione como un instrumento financiero encargado de administrar recursos, estructurar proyectos, ofrecer garantías a los inversionistas y mantener separados los activos destinados a estas inversiones de la situación financiera de Pemex.

El objetivo es generar certidumbre para atraer capital sin modificar la propiedad de los hidrocarburos, que seguiría correspondiendo al Estado mexicano conforme al artículo 27 constitucional.

El proyecto surge en un contexto de creciente preocupación por la dependencia de México respecto al gas natural importado desde Estados Unidos.

Diversos análisis elaborados para sustentar la nueva estrategia energética concluyen que la producción nacional permanece rezagada frente al consumo interno, situación que ha llevado al Gobierno a considerar el aprovechamiento de los recursos no convencionales como un asunto de seguridad energética.

No obstante, el principal desafío no es únicamente técnico o geológico, sino financiero.

El desarrollo de estos yacimientos requiere inversiones de miles de millones de dólares en perforación, infraestructura, tratamiento de agua, transporte, tecnología especializada y operación, recursos que difícilmente podrían provenir exclusivamente del presupuesto público.

Ante ese escenario, dentro del Gobierno ha cobrado fuerza la idea de establecer un mecanismo que permita incorporar inversión privada bajo un esquema de control estatal.

La intención es diferenciar este modelo de los instrumentos creados durante la reforma energética de 2013, al sostener que el fideicomiso tendría únicamente funciones de administración financiera, supervisión y transparencia, sin otorgar derechos sobre los recursos naturales.

El diseño contempla reglas específicas de auditoría, rendición de cuentas y vigilancia para brindar confianza tanto a las autoridades como a los posibles inversionistas.

Además, permitiría recibir aportaciones públicas, privadas o mixtas dependiendo de las necesidades de cada proyecto.

Sin embargo, la discusión trasciende el ámbito económico. La eventual participación de capital privado representa uno de los temas más sensibles para el Gobierno y para Morena, partido que durante años cuestionó la apertura del sector energético a la inversión privada y promovió el fortalecimiento del control estatal sobre los hidrocarburos.

Aunque la administración sostiene que el nuevo esquema no implica una privatización ni modifica el marco constitucional vigente, la posibilidad de recurrir a inversionistas para desarrollar proyectos estratégicos podría generar cuestionamientos políticos tanto dentro del oficialismo como entre la oposición.

En el Congreso también se analizan distintos escenarios para respaldar la estrategia.

Legisladores consultados consideran que, por ahora, no sería necesario impulsar reformas constitucionales adicionales, debido a que la propuesta para prohibir la explotación de gas no convencional mediante modificaciones a la Carta Magna no avanzó durante la pasada Legislatura.

Entre los impulsores de la discusión destaca el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha promovido diversas alternativas para fortalecer la producción nacional de energía mediante un esquema que combine la rectoría del Estado con mecanismos de financiamiento capaces de atraer inversiones de gran escala.

Paralelamente, un comité de especialistas concluye la evaluación técnica y científica solicitada por el Ejecutivo para determinar la viabilidad ambiental, económica y energética del aprovechamiento de los yacimientos no convencionales.

La intención oficial es sustentar cualquier decisión en criterios científicos, al tiempo que se fortalece el argumento de reducir la dependencia del suministro externo de gas natural.

Especialistas coinciden en que, si el proyecto avanza, empresas internacionales con amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de recursos podrían convertirse en participantes relevantes, debido a su capacidad tecnológica y financiera.

No obstante, el Gobierno insiste en que cualquier participación se desarrollaría bajo las reglas del marco jurídico mexicano y manteniendo la propiedad de los hidrocarburos en manos del Estado.

La discusión refleja un cambio significativo en la estrategia energética nacional.

Mientras el Ejecutivo busca incrementar la producción de gas natural para reducir la vulnerabilidad frente a las importaciones, también enfrenta el reto de diseñar un esquema financiero que haga viable esa meta sin contradecir los principios que durante años definieron la política energética del movimiento gobernante.

En ese contexto, el fideicomiso aparece como el elemento central de la propuesta.

Su viabilidad podría determinar no solo el futuro del aprovechamiento del gas no convencional en México, sino también la forma en que el Estado y la iniciativa privada participen en los proyectos estratégicos del sector energético durante los próximos años.

La carta fue enviada al juez Brian M. Cogan para que sea recluido en una instalación médica de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), al argumentar que el acusado, de 76 años, presenta diversos problemas de salud asociados con su edad.

De acuerdo con medios, los abogados intentan presentarlo como una persona arrepentida por sus delitos y que ha cooperado con las autoridades antes de ser sentenciado el 20 de julio.

Además, se pide que Zambada sea designado a centros como FMC Butner, FMC Rochester, MCFP Springfield u otra instalación con capacidad médica y condiciones de seguridad adecuadas.

La defensa de Zambada dice que no buscan un trato preferencial ni una prisión de menor seguridad, sino que se garantice el acceso permanente a atención médica.

Como parte de su argumentación, la defensa comparó la actitud procesal de Zambada con la de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el documento, mientras Guzmán se declaró inocente, enfrentó un juicio y posteriormente impugnó su condena, Zambada optó por declararse culpable, renunciar a recursos legales y evitar un proceso judicial prolongado.

De acuerdo con fuentes judiciales, la FGR afirma que Gilda Lozoya habría administrado y transferido parte de los 3.5 millones de dólares que, presuntamente, Emilio Lozoya recibió como soborno de Altos Hornos de México (AHMSA) a cambio de facilitar la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex.

La investigación señala que el dinero fue depositado inicialmente en una empresa fachada en Islas Vírgenes y posteriormente transferido por Gilda Lozoya para adquirir bienes, entre ellos una residencia en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

Según la FGR, la planta fue adquirida por Pemex a un precio muy superior a su valor real, pese a encontrarse en condiciones de deterioro, lo que habría ocasionado un daño al patrimonio de la empresa productiva del Estado.