El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.

Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, informó a los medios desde el lugar de los hechos que además de los 27 muertos había 18 heridos, de los cuales ocho estaban «graves», recogió Thai PBS.

La investigación sobre las causas del incendio
Este medio señaló que las autoridades están investigando y recopilando información para identificar a las víctimas .

El gobernador de Bangkok dijo además que las autoridades están inspeccionando el lugar del accidente, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que según un análisis preliminar estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.

En agosto de 2022, el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.

WASHINTONG | El gobierno de Estados Unidos señala a Juan Carlos Valencia González, alias “03” o “el Pelón”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, en febrero pasado, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo de las fuerzas mexicanas.

En su actualización, con datos a junio de 2026, la Guía Antiterrorismo del Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos afirma que Valencia González es “líder del CJNG desde la muerte de ‘El Mencho’, en febrero de 2026”.

Subraya que el Departamento estadounidense de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

WASHINGTON | El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó por primera vez cargos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo contra un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, en un caso que marca un precedente en la estrategia del gobierno estadounidense contra las organizaciones criminales mexicanas.

El acusado es Carlos Páez Pereda, identificado por las autoridades como un operador de alto nivel de la facción de “Los Mayos” y señalado como líder de un grupo armado conocido como “Los Rugrats”.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la acusación incluye los delitos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material a actividades terroristas, una figura legal que hasta ahora no había sido aplicada contra un presunto integrante de un cártel mexicano.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Páez Pereda desempeñó un papel relevante dentro de la estructura de “Los Mayos”, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa, y que encabezaba a “Los Rugrats”, un brazo armado presuntamente vinculado con operaciones del grupo criminal.

La imputación se produce en el contexto de la política de Estados Unidos de ampliar el uso de herramientas legales para perseguir a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, especialmente después de que varios cárteles mexicanos fueran designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Con este caso, el Departamento de Justicia busca abrir una nueva vía para procesar a presuntos integrantes de grupos criminales bajo cargos relacionados con terrorismo, además de los delitos tradicionales asociados al narcotráfico. (Agencias)

La carta fue enviada al juez Brian M. Cogan para que sea recluido en una instalación médica de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), al argumentar que el acusado, de 76 años, presenta diversos problemas de salud asociados con su edad.

De acuerdo con medios, los abogados intentan presentarlo como una persona arrepentida por sus delitos y que ha cooperado con las autoridades antes de ser sentenciado el 20 de julio.

Además, se pide que Zambada sea designado a centros como FMC Butner, FMC Rochester, MCFP Springfield u otra instalación con capacidad médica y condiciones de seguridad adecuadas.

La defensa de Zambada dice que no buscan un trato preferencial ni una prisión de menor seguridad, sino que se garantice el acceso permanente a atención médica.

Como parte de su argumentación, la defensa comparó la actitud procesal de Zambada con la de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el documento, mientras Guzmán se declaró inocente, enfrentó un juicio y posteriormente impugnó su condena, Zambada optó por declararse culpable, renunciar a recursos legales y evitar un proceso judicial prolongado.

El Departamento de Estado sancionó a Oscar Guillermo Juraidini Silva, al que identificó como un hombre de negocios “clave” en las actividades de huachicol del CJNG, pues operaría una red de compañías de papel y se encargaría de falsificar documentos para importar combustible a México de manera ilegal, evadiendo el pago de impuestos. “La mayor parte de los clientes de Juraindini son empresas gasolineras”, indicó la dependencia, según la cual el empresario y sus seis compañías registradas en México generaron “decenas de millones de dólares” de beneficios para el grupo criminal.

El gobierno de Donald Trump también apuntó a Refugio Ruiz Villagomez, al que imputa el contrabando de gasolina de Estados Unidos a México a través de sus empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solutions, S.A. de C.V., dos empresas que ya se encontraban en la mira de las autoridades de Estados Unidos desde hace por lo menos seis años, entre otros por sus relaciones comerciales con el gobierno venezolano entonces encabezado por Nicolás Maduro.

El FinCEN, por su parte, emitió nuevos lineamientos para informar a las entidades del sector financiero de Estados Unidos sobre 22 “banderas rojas” que podrían indicar que una empresa está realizando actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de hidrocarburos, como por ejemplo el hecho de que la empresa clienta esté basada en Estados Unidos y reciba transferencias de México por parte de empresas que no tienen permisos de la Secretaría de Energía (Sener).

Con motivo del Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, el organismo señaló que esta práctica constituye una grave violación a los derechos humanos y requiere respuestas coordinadas entre gobiernos, sistemas de justicia y políticas de protección social.

La CIDH advirtió que el reclutamiento de menores se presenta con mayor frecuencia en contextos de pobreza, desigualdad y exclusión social, y subrayó que su alcance podría ser mayor al registrado oficialmente debido al subregistro y al temor a represalias en zonas controladas por grupos criminales.

En este contexto, la CIDH reiteró que los menores reclutados deben ser reconocidos como víctimas y recibir protección integral conforme al derecho internacional. Asimismo, exhortó a los Estados a tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado infantil y a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción.

Finalmente, la Comisión subrayó la necesidad de robustecer los sistemas de protección y garantizar procesos efectivos de recuperación y reintegración, al considerar este fenómeno

Las tensiones tácticas y tecnológicas en la frontera entre México y Estados Unidos han entrado en una fase crítica. Según una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times, agrupaciones del crimen organizado lograron hackear los teléfonos celulares de soldados estadounidenses desplegados en la zona fronteriza, comenzando a enviarles mensajes de texto con contenido intimidatorio.

De acuerdo con funcionarios del Congreso de Estados Unidos citados por el rotativo, este repunte de agresiones digitales e intentos de interferencia se desató de manera posterior al fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue abatido durante el mes de febrero en una operación que contó con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El despliegue de la operación “Ardent Vanguard”
La vulneración a las comunicaciones del personal militar ocurre en el marco de la operación denominada Ardent Vanguard, una iniciativa del Pentágono que mantiene a aproximadamente 9 mil soldados en servicio activo desplegados a lo largo de más de 3 mil 200 kilómetros de la frontera suroeste. Aunque los cruces irregulares disminuyeron considerablemente hace meses, las tropas permanecen estacionadas en cinco franjas de terreno asignadas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

A pesar de las amenazas cibernéticas recibidas y del repliegue de los cárteles hacia zonas montañosas de difícil acceso para evadir los controles, los mandos militares consultados aclararon que no se han registrado bajas de personal ni ataques directos con aeronaves no tripuladas (drones) contra las posiciones norteamericanas.

Tecnología militar y patrullajes conjuntos con México
Para contrarrestar el monitoreo y las actividades de las organizaciones delictivas, las Fuerzas Armadas estadounidenses han incrementado exponencialmente el uso de recursos tecnológicos de última generación en la región:

• Vigilancia aérea: Se han realizado más de 800 misiones de reconocimiento utilizando aviones U-2, RC-135 y drones RQ-4 Global Hawk.
  
• Cooperación binacional: Por primera vez se han implementado patrullas conjuntas con el Ejército Mexicano, empleando sistemas de radiocomunicación encriptada y láseres de alta energía diseñados para neutralizar los drones de vigilancia de los cárteles.

Debate presupuestario y político en el Congreso
La permanencia indefinida de las tropas ha generado severos cuestionamientos en el Poder Legislativo de Estados Unidos. Financieramente, la operación representa un gasto de decenas de millones de dólares a la semana; tan solo en los primeros cuatro meses se reportó un costo de 525 millones de dólares.

El senador demócrata Jack Reed advirtió que la misión debilita el adiestramiento esencial del Ejército, el cual enfrenta un déficit cercano a los 2 mil millones de dólares debido a que el Departamento de Seguridad Nacional no ha reembolsado dichos recursos. Asimismo, la representante demócrata Sara Jacobs criticó la estrategia, señalando que las labores de control migratorio y fronterizo desvían a los soldados de sus funciones principales y elevan innecesariamente los niveles de riesgo para sus vidas.

El hackeo de dispositivos a personal del ejército estadounidense evidencia una sofisticación en las capacidades de respuesta tecnológica por parte de los cárteles mexicanos tras la pérdida de sus liderazgos. Mientras la operación Ardent Vanguard recibe a su tercer comandante, el general de división Curtis D. Taylor, la falta de una fecha de retiro definitiva para las tropas perpetúa un debate abierto sobre el costo financiero, la seguridad nacional y los límites operativos de las fuerzas militares en tareas de control fronterizo.

El video es un fragmento del mensaje de Cole que ayer dio a conocer la DEA en sus redes sociales.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA.

“Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, dice el funcionario estadounidense.

En el video original además hace referencia a que durante la actual administración estadounidense han sido aseguradas por la DEA 14 toneladas de fentanilo y 62 millones de pastillas, equivalentes a 478 millones de dosis.

“Gracias al presidente Trump y al Fiscal General interino, Todd Blanche, la DEA puede atacar esta crisis desde todos los ángulos posibles. Estamos persiguiendo una América libre de fentanilo. Eso no es un lema. No es un eslogan. Esta es nuestra promesa al pueblo estadounidense de que estamos respondiendo con urgencia, con determinación y con la misma voluntad inquebrantable que ha definido a esta agencia por más de cinco décadas”, sostuvo.

La misiva, fechada el 23 de junio y compartida por el periodista Arturo Ángel, expone diversas inconformidades relacionadas con las condiciones en las que cumple su condena dentro del sistema penitenciario estadounidense.

En el documento, el exlíder del Cártel de Sinaloa menciona directamente a la presidenta mexicana y asegura: “Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento, donde se atiende mi salud, ya que los Estados Unidos me están tratando de manera desigual en el centro penitenciario”.

La nueva petición forma parte de una estrategia legal que Guzmán Loera ha impulsado en distintas ocasiones desde que fue condenado por la justicia estadounidense.

Según el contenido de la carta, considera que las autoridades de ese país no le están brindando un trato justo y que existen mecanismos legales para revisar su situación actual dentro del sistema penitenciario.

“Los tribunales federales tienen la facultad, en virtud de las Políticas Judiciales, de aceptar la solicitud del Sr. Guzmán, conforme a las normas de política exterior de los Estados Unidos, para garantizarle un trato justo”, señala el documento.

La reciente carta no es el único intento del narcotraficante para lograr un cambio en su situación jurídica. Apenas unos días antes, el pasado 18 de junio, presentó otra solicitud ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Dicha petición fue ingresada directamente ante la Oficina Pro Se del tribunal, lo que significa que fue promovida personalmente por Guzmán, sin la intervención directa de un abogado.

En aquella ocasión, el exlíder criminal manifestó preocupaciones relacionadas con su proceso judicial y cuestionó la forma en que se desarrolló el juicio que derivó en su condena. “Esta es una carta de preocupación para solicitar al juez que utilice la Constitución de Poderes en mi próximo caso de apelación judicial. También la Carta de Derechos por la violación en el tribunal federal por falta de pruebas de mi sentencia, ya que fue un veredicto judicial erróneo en mi juicio”.

Desde 2019, El Chapo Guzmán cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión tras ser declarado culpable de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

Actualmente permanece recluido en la prisión federal ADX Florence, ubicada en Colorado, considerada una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas del mundo.

El centro penitenciario es conocido popularmente como la “Alcatraz de las Rocosas”, debido a las severas condiciones de aislamiento bajo las que permanecen los internos catalogados como de alta peligrosidad.

Además de insistir en la revisión de su condena, Guzmán Loera sostiene que la extradición representa una vía legal para concretar su regreso a territorio mexicano.

Dentro de sus escritos enviados a las autoridades estadounidenses, el exlíder del Cártel de Sinaloa argumenta que solicitar su traslado forma parte de los derechos contemplados dentro de los procedimientos judiciales.

“La solicitud sobre la política de extradición es un derecho de la ley al pedirlo en los Tribunales de Distrito para mi remoción. Agradezco al juez por seguir las leyes y tomar en serio mi solicitud de regresar a México para obtener mi libertad”, concluye el documento. Vanguardia

«Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra», dijo Trump en su red social Truth.

«Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen», añadió.

El ‘Niño Guerrero’ fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.

El Gobierno estadounidense acusa a Guerrero de convertir una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance en el continente.

Organización terrorista
Perseguido como uno de los criminales más buscados de Suramérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades de Venezuela llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y hoy se vanaglorió de «deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los cárteles —que durante mucho tiempo han estado en guerra contra nuestros ciudadanos-, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva».

El mandatario estadounidense vinculó el suceso, sin aclarar dónde había sido «ejecutado, con las políticas migratorias y cargó contra su predecesor, Joe Biden, al considerar que este había abierto las fronteras del sur «a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad».