SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | EFE | Un centenar de mujeres parteras rurales marchó por las calles de San Cristóbal de las Casas para defender la partería tradicional en medio de egulaciones que amenazan su continuidad.

Durante el recorrido, en el marco del Día Internacional de la Partera que se conmemora el 5 de mayo, visibilizaron sus demandas con leyendas como: “¡Exigimos! trato igualitario médico partera”, “¡Vivas las parteras!” y “No a la certificación de las parteras, autonomía, cuerpos, saberes y territorios”.

Las activistas señalaron que esta práctica ancestral, arraigada en comunidades indígenas, enfrenta riesgos derivados de la modernización médica y de políticas que buscan estandarizar el parto.

Rosa Hernández, mujer tzeltal de Tenejapa con 51 años de experiencia, afirmó que “ser partera es algo significativo” pues “somos guardianes de la vida de las mujeres y del bebé, somos las que ayudamos a las mujeres que traigan a los nuevos seres en este mundo”.

Las parteras exigieron respeto a su cosmovisión y fin a toda criminalización, amenazas y acoso contra ellas, así como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y garantías para elegir cómo y con quién parir.

También pidieron reconocimiento como sistema de salud propio.

“Que los estados vean la partería indígena como un sistema autónomo (…) no como algo subordinado”.

Además, solicitaron que los protocolos sean aplicados de manera respetuosa por el personal del sistema de salud hacia las mujeres, y que se cumpla el convenio general de colaboración interinstitucional para emergencias obstétricas, “sin rechazar a ninguna mujer”.

Entre sus demandas, consideraron necesaria una participación vinculante que les otorgue voto en los espacios donde se deciden políticas de salud materna y comunitaria.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chiapas hay unas 6.600 parteras, quienes atienden hasta el 70 % de los partos en zonas urbanas y el 100 % en comunidades rurales.

Juana Pérez Hernández, mujer tzotzil de San Juan Chamula, relató que empezó en esta labor a los 14 años “a los 16 años vino una casualidad de un parto (…) sí se pudo (atender el parto) con la ayuda de otra vecina”.

Sin embargo, criticó que en los sistemas de salud muchas veces “te dicen que no hay cama… no hay ginecólogo… no hay anestesiólogo”, por lo que exaltó su labor para atender partos en zonas alejadas.

Al término de la marcha, realizaron un mitin en la Plaza de la Paz, donde fijaron su postura.

Previamente, instalaron un altar con flores amarillas, moradas, guindas y blancas, así como velas que encendieron durante un rezo de aproximadamente 20 minutos, en el que pidieron permiso a la naturaleza para continuar con la misión a la que han dedicado su vida al servicio de la mujer y el bebé.

Rosalinda Pérez, de Frontera Comalapa, con 47 años de experiencia, destacó que “la confianza de las mujeres (en ellas) es lo más grande”.

La movilización evidenció la exigencia de reconocimiento y respeto a su labor.

El presidente del comisariado de Bienes Comunales de Venustiano Carranza, Jesús Vázquez Solano, dijo que mientras sus compañeros participaban en el bloqueo carretero, miembros de un grupo armado de la delincuencia organizada accionaron sus armas de alto poder. “El grupo armado nos pasó a agredir con armas de fuego”.

Fue entonces que los tzotziles reaccionaron. “Nuestra gente se molestó bastante por esa agresión; tuvo que organizarse y defenderse. Nuestra gente se defendió”.

Ese día circuló un video donde se ve que los tzotziles acribillan con disparos de fusiles de asalto a dos hombres, que estaban tirados en el suelo y con varias heridas en el cuerpo, pero después la camioneta de color blanco en la que viajaban fue incinerada junto a los cuerpos. Los tzotziles logran bajar varias maletas que llevaban los hombres en la parte de la góndola, se logra ver en el video.

A 12 días de los hechos, los tzotziles de la Casa del Pueblo han reforzado la vigilancia en varias comunidades y en la cabecera municipal de Venustiano Carranza.

”Nosotros no queremos que entre la delincuencia organizada (a Venustiano Carranza) a desaparecer a compañeros, a extorsionar a la ciudadanía”. “Ante todo esto, doy a saber que la Casa del Pueblo, como pueda, no va a permitir que entre la delincuencia organizada”.

En conferencia de prensa, con motivo del quinto aniversario de la emboscada en la comunidad Tierra Blanca, Vázquez Solano comentó que, a raíz de los hechos del 24 de abril, los habitantes de Venustiano Carranza están atentos a lo que vaya a ocurrir, pero ha dicho que “no quiere ninguna delincuencia organizada aquí dentro del pueblo”.

”Nosotros como ciudadanos, como campesinos tenemos el derecho de trabajar, vivir en paz, en tranquilidad y sacar adelante a nuestros familiares”, agregó el líder campesino.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que el 1 de mayo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos transmitió al Estado mexicano la acción urgente número 2316/2026, por la desaparición forzada de Ángel Jiménez López, tzotzil del municipio de Nicolás Ruiz, del que no se sabe de su paradero a raíz de los enfrentamientos armados del 24 de abril. “Hasta la fecha no existe información sobre su suerte o paradero”.

”El comité ha requerido al Estado mexicano que emprenda de manera inmediata acciones de búsqueda y localización, además de una serie de medidas orientadas a fortalecer la investigación y garantizar la participación de la familia y sus representantes”, dijo.

Quien tampoco aparece es Francisco Javier Nuriulu Suchiapa, de 32 años de edad, que desapareció ese día en la comunidad Vicente Guerrero, del municipio de Venustiano Carranza, ha informado su padre, Francisco Nuriulu Grajales.

La acción que emprenden las madres cubanas en Chiapas, comprende la visita de algunos lugares ubicados en municipios de la costa del Pacífico, por donde corre la carretera federal 200, que es usada por los migrantes desde hace varias décadas.

Las madres cubanas son acompañadas por integrantes de la Red Regional de Familias Migrantes, que recorren Chiapas a la Ciudad de México, entre el 2 y 16 de mayo.

El seis de mayo, las madres visitarán Tapachula, que es donde permanecieron por varios meses, en espera de que las autoridades mexicanas les concedieran permiso para su estancia legal en México y municipio donde contactaron a grupos de traficantes de humanos, que los movieron hacia otros municipios.

El 21 de diciembre del 2024, seis cubanos, un hondureño y otros 13 migrantes de varias nacionalidades desaparecieron entre Barra San José, del municipio de Mazatán, Chiapas a Juchitán, Oaxaca, cuando eran trasladados sobre las aguas del Pacífico, en un trayecto de 420 kilómetros.

Los migrantes permanecieron varios días en una casa de color verde, donde los traficantes estacionaban varias camionetas, en Barra San José.

El 21 de diciembre del 2024, fue la última vez que supieron de los migrantes, Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años, de Santiago de Cuba; Lorena Rosabal Guevara, de 28 años de edad, también de Santiago de Cuba; Ricardo Antonio Hernández Barahona, de Honduras; Elianis Caridad Morejón Pérez, de 19 años, de Cuba; Dayranis Tan Ramos, de 32 años de Cuba; Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años de Cuba y su madre Meiling Álvarez Bravo, de 41 años, de Cuba; y el ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza, de 21 años de edad

Aunque en la casa de seguridad se encontraban una veintena de migrantes de varias nacionalidades, como confirmaron algunos de ellos que al llamar a sus familiares dijeron que habían sido contemplados para integrar el grupo de 20 personas que zarparía en la lancha, hacia Juchitán, Oaxaca.

Antes de zarpar ese 21 de diciembre, los cubanos Jorge, Dayranis y Elianis llamaron por teléfono a sus familiares en Cuba, entre las 07:45 horas a las 08:21 horas, para informar que viajarían rumbo a Juchitán, Oaxaca.

Ricardo Antonio lo habían visto a las 10:00 horas de ese día, en la cabecera municipal de Mazatán, según la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía.

En total, son cinco familias las que buscan a sus familiares en México, con el apoyo de Red Regional de Familias Migrantes.

En el 2004, las Madres Buscadoras Centroamericanas llegaban a México, con el apoyo del Movimiento Mesoamericano (MMM), para buscar a sus hijos desaparecidos en su tránsito hacia los Estados Unidos.

Las madres y una abuela, que buscan a sus hijos y nietos, llevaban playeras con las fotos de sus parientes desaparecidos hace 16 meses en Chiapas, pero están acompañadas por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas.

Ana Enamorado, de la Red Regional de Familias Migrantes, aseguró que la búsqueda de los desparecidos se llevará a cabo en “sitios clave”, pero se busca obtener información y pobladores locales, pero las madres ejercen su derecho internacional de buscar y exigir al Estado mexicano que localice a sus hijos desaparecidos.

Las madres buscadoras de Cuba han conocido testimonios de pobladores locales, sobre la desaparición de personas, como ocurrió con Lourdes Lara de la Rosa, del poblado Tres Picos, del municipio de Tonalá, que aseguró que el 22 de octubre del 2022, hombres armados se llevaron a su hijo Arizandi Villareal Lara y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.

Lourdes, dijo que desde el primer día que desapareció su hijo emprendió la búsqueda y continuará, hasta encontrarlo. Fuente: El Universal

Durante una visita de inspección realizada los días 23 y 24 de abril a la empresa Oleosur, personal de la Profepa identificó descargas de aguas residuales provenientes del proceso productivo, las cuales se filtraban desde el tanque horizontal número 7 y la zona de florentinos, conduciendo, a través de un canal pluvial, hacia un afluente intermitente.

También se notó que había residuos orgánicos acumulados en un área de aproximadamente 3 hectáreas. Estos residuos estaban produciendo lixiviados que se dirigían a una laguna sin un control adecuado, aumentando así el riesgo de daño al medio ambiente.

Debido a estos hechos y siguiendo el principio precautorio, la Profepa cerró temporalmente algunas áreas relacionadas con la contaminación. También impuso medidas urgentes para detener los escurrimientos y evitar que se propaguen en el medio ambiente.

Estas acciones tienen como objetivo prevenir daños al suelo y a los cuerpos de agua, así como detener posibles incumplimientos a la normatividad ambiental vigente en materia de descargas, particularmente a los límites establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021.

La empresa deberá implementar acciones correctivas para garantizar el tratamiento adecuado de sus aguas residuales, el control de lixiviados y la eliminación de descargas hacia suelo natural y cauces cercanos. Las medidas impuestas permanecerán vigentes hasta que se acredite el cumplimiento de estas obligaciones.

La Profepa continuará con labores de inspección y vigilancia en la región Istmo–Costa para asegurar que las actividades industriales se desarrollen conforme a la legislación ambiental y sin afectar los ecosistemas.

A través de sus redes sociales, el Gabinete señaló que “con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles y refuerza las operaciones permanentes del Gabinete de Seguridad para impedir el trasiego de droga por rutas marítimas y proteger la seguridad de nuestro país”.

Asimismo, destacó que “en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la Secretaría de Marina ha asegurado más de 63 toneladas de cocaína en eventos marítimos”.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Semar, la operación se realizó aproximadamente a 65 millas náuticas (alrededor de 120 kilómetros) al noroeste de Puerto Chiapas.

Las autoridades detallaron que la acción fue encabezada por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, tras detectar una embarcación con características inusuales durante recorridos de vigilancia marítima.

“Esta acción se llevó a cabo tras realizar el seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima, donde se detectó una embarcación con tres motores fuera de borda que realizaba movimientos no propios de la navegación civil, por lo cual, de inmediato se ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptación en altamar”, se indicó en el comunicado.

Durante la inspección de la embarcación, las autoridades localizaron 18 bultos que contenían la sustancia ilícita, con un peso estimado de 904 kilogramos de cocaína precisaron las autoridades.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, este decomiso representa una afectación económica estimada en más de 349 millones de pesos para las organizaciones delictivas involucradas.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales, con el objetivo de inhibir el tráfico de drogas y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

A 48 horas de los hechos, la información ha llegado a cuentagotas de parte de comuneros de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, municipios ubicados en el centro del estado, donde por años se han registrado enfrentamientos armados entre ellos, por la disputa de tierras comunales, con saldo de decenas de fallecidos, heridos y desaparecidos.

El viernes, hacia las 15:00 horas, cinco camionetas con hombres armados llegaron a Nicolás Ruiz, ha informado la Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios de ese municipio. “Tres entraron del lado de los terrenos de San Juan y dos del lado de los predios de Santa Lucía”, explica.

Las camionetas llegaron por un camino rural que conecta Nicolás Ruiz con el ejido Nuevo León, municipio de Teopisca, en la región Altos.

Como consecuencia del enfrentamiento armado, dos tzotziles perdieron la vida: José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Ángel Gómez Ramírez, mientras que Romeo López Pérez y Raquel López Díaz, resultaron heridos, informó la Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios.

Pero los criminales se llevaron al tzotzil Ángel Jiménez López. “No sabemos dónde se lo llevaron”. “Nuestra incertidumbre ha crecido”, han dicho los comuneros de Nicolás Ruiz.

Más tarde llegaron refuerzos del grupo criminal por el camino que va de Nicolás Ruiz al ejido Nuevo León, donde otra camioneta resulta quemada, aunque se desconoce el paradero de los hombres que iban en la unidad y el punto exacto donde ocurrió este hecho.

Por el lado de Venustiano Carranza, otra camioneta con refuerzos intentó llegar a Nicolás Ruiz, donde se oyen disparos de armas de fuego, mientras los comuneros corrían, según un video que ha circulado en redes sociales.

Tres camionetas más tratan de llegar a Nicolás Ruiz, por un camino que va del balneario El Carmen, municipio de Venustiano Carranza, pero finalmente desisten en avanzar, explicaron los tzotziles en un escrito.

Otra camioneta con hombres armados choca con comuneros de Nicolás Ruiz, donde muere Mary “N”, originaria de la colonia Terán, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que viajaba en un taxi con placas 98-27 BHK y número económico 3646 y Luis Alfonso López Sánchez, de la comunidad san Francisco, municipio de Venustiano Carranza, que fue inhumado el sábado.

El cuerpo Mary quedó varias horas tirado a un lado de la carretera, denunciaron pobladores.

Dos presuntos criminales son abatidos por los indígenas tzotziles, pero ya en el suelo, son rematados a disparos de fusil, para luego ser quemados junto a la camioneta en la que viajaban.

El Fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca no ha proporcionado la identidad de los dos fallecidos, entre ellos estaría alias El Azul, pariente de un líder del Cártel de Sinaloa que opera en Chiapas, que no es Juan José Esparragoza Moreno, también conocido como El Azul.

En poder de comuneros hay dos miembros de la organización criminal, pero se desconoce la identidad y estado de salud, pero tampoco ha informado nada el Fiscal, ya que son los comuneros los que han revelado sobre la detención de los dos hombres, pero tampoco han dicho dónde se ubican.

Desde el sábado, los comuneros negocian su liberación, a cambio de la entrega de Ángel Jiménez López, que fue capturado por los criminales.

El segundo desaparecido, según la Fiscalía de Chiapas, ha sido identificado como Francisco Javier Nuriulu, de 36 años de edad, originario de Suchiapa, que el viernes a las 18:00 horas, se trasladó a Venustiano Carranza, para vender jocotes.

La Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios de Nicolás Ruiz ha dicho que desde el año pasado organizaron un grupo de autodefensa armada, que llaman “guardias comunitarias”, para enfrentar a células del Cártel de Sinaloa, que operan por esa área.

“Tomamos estos acuerdos, porque vimos que las autoridades estatales y federales han omitido su responsabilidad en la seguridad o son parte de la violencia generaliza”.

Descartan que ahora su lucha sea por la tierra, como fue desde hace más de medio siglo. “Dicen que estamos en disputa de tierras, eso fue antes, ahora hemos logrado nuestra lucha y seguimos organizados, por lo que pedimos que no confundan nuestra lucha”.

De acuerdo con la autoridad, la captura se logró diez días después de la agresión, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación. En el mismo operativo también fueron detenidas otras dos personas, identificadas como Alan Antonio “N” y Osman Kennes “N”, por su presunta participación en el delito de encubrimiento.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el avance del caso desde las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, en Palenque, Chiapas.

El funcionario explicó que “el día 13 de abril del año en curso se dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas”, donde fue reportada una mujer con lesiones.

Asimismo, detalló que “se iniciaron las indagatorias, se desahogaron las primeras diligencias y también se logró acreditar la responsabilidad de Pablo ‘N’ como ser el agresor que le provocó las lesiones a la hoy víctima”.

El fiscal indicó que, tras integrar los datos de prueba, se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, además de emitir una ficha de recompensa por 500 mil pesos para obtener información que permitiera localizar al presunto agresor.

En su mensaje, Llaven Abarca confirmó que “derivado de labores de inteligencia, lograron la ubicación y detención de Pablo ‘N’, así como también de dos cómplices por encubrimiento, de nombres Alan Antonio ‘N’ y Osman Kennes ‘N’, quienes también fueron detenidos en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas”.

El fiscal añadió que el imputado ya fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para enfrentar el proceso legal por los delitos que se le imputan.

En relación con la recompensa ofrecida previamente, el titular de la Fiscalía señaló que no hubo personas que aportaran información determinante para la captura, por lo que no será entregada a particulares.

“Fue labor de inteligencia, que logró la ubicación y detención del hoy imputado, por lo cual no hay ninguna persona que sea acreedora a esta recompensa”, explicó.

Sin embargo, informó que, tras un acuerdo con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, los recursos serán destinados a la víctima: “hemos tomado la decisión que estos quinientos mil pesos que se ofrecían de recompensa por la detención del hoy imputado sean para beneficio de la hoy víctima del delito”.

Precisó que el monto será entregado a la familia de Ana Luisa “N” para cubrir gastos médicos y necesidades familiares derivadas de la agresión.

La Fiscalía estatal indicó que continuará con las diligencias correspondientes y que solicitará la pena máxima en contra del imputado, como parte de las acciones institucionales para atender casos de violencia contra las mujeres.

El caso se mantiene en proceso ante las autoridades judiciales, mientras se desarrollan las etapas legales correspondientes conforme a la legislación vigente.

En un comunicado, el Congreso estatal señaló que, al participar en la tribuna, las diputadas ponentes destacaron la importancia de la aprobación de la iniciativa, pues el fondo “observa al feminicidio no como un delito aislado, sino como una expresión externa de un espectro continuo de violencias de género, arraigadas en desigualdades históricas entre mujeres y hombres”.

Bajo el lema “nos queremos vivas”, se resaltó que al homologar este delito con las leyes estatales, evita la fragmentación y la falta de coherencia que hay entre las entidades federativas en cuanto al tipo penal, sus agravantes y sus sanciones.

Expresaron que no se trata sólo de descentralizar, sino de establecer un piso mínimo de protección en todo el país, para que exista una definición homogénea del delito; que haya criterios claros para investigarlo, que las medidas de protección y las sanciones, no dependan del estado en el que vive una mujer, porque ninguna mujer debería tener más o menos protección dependiendo del estado en el que vive.

Los legisladores destacaron que con la reforma no acabará el delito, pero representa un paso importante para su homologación, lo cual permitirá el fortalecimiento de acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.

Con esta homologación no se modificará la pena máxima de hasta 100 años de cárcel para quien cometa este delito que se aprobó en Chiapas en 2025.

El Fiscal confirmó, que primero, elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la colonia Xamaipac, hacia las 06:00 horas, donde murieron dos hombres y uno más resultó gravemente herido, como consecuencia los disparos de armas de fuego. El estado de salud del hombre, que fue trasladado a un hospital, ha sido reportado grave, “con pronóstico reservado”.

De la vivienda, cuatro hombres lograron huir, pero primero roban una camioneta Volkswagen tipo Cross Sport, de color gris, sin placas, que abandonaron en la 5ª Poniente, en la colonia Las Granjas.
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Después, los cuatro hombres, despojaron a una mujer de su vehículo, un Volkswagen tipo Polo, para huir por varias colonias de la zona norponiente, donde elementos de la Policía realizan un operativo de búsqueda.

Fue en la colonia Condesa, donde los Policías y criminales se enfrentan y donde muere uno de ellos, mientras que los demás consiguen huir. La víctima mortal se le aseguró un fusil AK-47, explicó el Fiscal en una transmisión en vivo.

Esta célula criminal está vinculada al Cártel de Sinaloa, pero el Ministerio Público continúa con las investigaciones para dar con los demás hombres que lograron huir, confirmó el Fiscal.

En el caso del parque nacional Lagos de Montebello, del municipio de La Trinitaria, Llaven Abarca informó que por los hechos que ocurrieron el sábado entre habitantes de Tziscao y El Refugio, una mujer identificada como Margarita “N”, murió quemada en su vivienda hasta donde llegaron los agresores para prenderle fuego. La mujer tenía 50% de su cuerpo con quemaduras, por lo que horas después murió.

Un hombre identificado como Rigoberto “N”, de 49 años de edad, también perdió la vida, por impacto de arma de fuego.

Llaven Abarca aseguró que el Ministerio Público trabaja para detener a los autores materiales de este homicidio y feminicidio, por lo que podrían enfrentar penas de 60 años de prisión por homicidio calificado y 100 años por feminicidio.

Por la liberación de la carretera federal 200, en punto del municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas, el domingo por la tarde, que permanecía bloqueado desde el sábado, para pedir justicia para el estudiante del del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte) plantel 03, Óscar José González Reynoso, de 17 años de edad, que fue arrollado por un vehículo el miércoles 15 de abril, hay 22 personas detenidas.

Explicó que los habitantes de Villa Comaltitlán, mantenían cautivo a un Fiscal y funcionarios del gobierno del estado, uno de ellos que permanecía atado de pies y manos, al que habían rociado con gasolina.

Los 22 detenidos, declaran ante el Ministerio Público, en la Fiscalía de Distrito de Tapachula, para deslindar responsabilidades, pero en caso de que no hayan participado en el bloqueo, serán liberados, pero ya se busca a líderes del movimiento, para que sean llevados ante la justicia. El Universal

De acuerdo con información de la FGE, la víctima, de 27 años, fue atacada a machetazos por Pablo el pasado lunes en la colonia Los Manguitos, municipio de Cintalapa; las lesiones le provocaron la amputación de partes de los dos brazos y heridas graves en la cabeza.

La dependencia pidió a la ciudadanía “su colaboración para dar con su paradero, con la certeza de que la información proporcionada será de manera confidencial”.

Luego de que Llaven Abarca firmó el acuerdo correspondiente, la FGE difundió un cartel con la fotografía y el nombre del presunto agresor, con la leyenda: “Se busca”, y “recompensa de 500 mil pesos”. La agrupación llamada Colectiva 50+1 condenó la agresión, en el contexto de “la ola de violencia machista y feminicida” en Chiapas, al tiempo de señalar que localizar a Pablo N debe de ser una prioridad absoluta para evitar que siga lastimando a más mujeres. La Jornada