El encuentro reunió a autoridades federales, estatales y especialistas con el objetivo de ampliar la coordinación interinstitucional y avanzar hacia una política ambiental basada en la gobernanza territorial, la equidad, la sostenibilidad y la participación de las comunidades locales.

Durante la inauguración, la titular de la SDS, Neyra Silva Rosado; el presidente de Red Mocaf, Gustavo Sánchez Valle, y la gerente del programa Iniciativa de Comunidades y Gobernanza Territorial de Forest Trends, Debora Batista, signaron un convenio de colaboración para impulsar acciones técnicas y financieras orientadas a la conservación de los ecosistemas forestales y al desarrollo de las comunidades.

En el taller se expuso que cerca del 75% del territorio de Yucatán está conformado por tierras forestales, de acuerdo con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de la Conafor, por lo que la estrategia REDD+ Jurisdiccional representa una herramienta clave para reducir emisiones por deforestación y degradación forestal, conservar los ecosistemas y promover un desarrollo sostenible.

Las sesiones abordaron temas como financiamiento climático, el estándar internacional Trees para mercados de carbono jurisdiccionales, salvaguardas socioambientales, gobernanza, Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas, Personas Afrodescendientes y Comunidades Locales, así como mecanismos para garantizar una distribución justa y transparente de beneficios hacia comunidades y núcleos agrarios.

En la jornada participaron representantes del Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, la Conafor, la Semarnat, la Sader, el INPI, la Seder, Semujeres, Bienestar Yucatán, Indemaya, Sejuvey, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc y personal de la SDS.

Esta capacitación representa la primera etapa de un proceso de fortalecimiento institucional que continuará mediante sesiones técnicas virtuales, con el fin de consolidar la implementación de la Estrategia REDD+ en Yucatán bajo el estándar internacional Trees y contribuir a la conservación de los recursos forestales, la acción climática y el bienestar de las comunidades.

“Un museo como este le devuelve al pueblo lo que le pertenece: el conocimiento de su propia historia, contado a partir de piezas que revelan cómo vivían los ancestros de los pueblos mayas, cuál era su economía, su religión y su cultura”, consideró la secretaria Curiel de Icaza.

En el evento de apertura, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por el impulso que su administración da a la cultura maya, que se manifiesta en el nuevo espacio “dedicado a la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico”.

A su vez, el director general del INAH, Omar Vázquez Herrera, celebró la suma de esfuerzos que concretaron el recinto, con una muestra permanente de más de 300 piezas, y con el cual “son ya cinco los museos federales en Yucatán, y 165 espacios en total, dentro de la red museal del INAH”.

Con la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Marina Núñez Bespalova; el director del Centro INAH Yucatán, Víctor Martínez Rojas; la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, y la titular de la Zona Arqueológica de Dzibilchaltún (ZAD), Federica Sodi Miranda, se destacó que el nuevo espacio es resultado del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), derivado del Tren Maya.

Un viaje a la ancestralidad yucateca

El recorrido cronológico por Ichkaantijoo pone en valor el trabajo arqueológico realizado en el sitio patrimonial los últimos 25 años. Condensado en siete ejes temáticos, distribuidos en un perímetro de 1,973 metros cuadrados, que comienza con un diorama que representa el antiguo territorio denominado Ho, en el que más tarde se fundó la ciudad de Mérida.

Continúa con la exploración de la arqueoastronomía en el enclave y su relación con la cosmovisión de sus habitantes. Luego, en el apartado El Gran Salón, se describen las rutas marítimas, terrestres y de comercio, así como los diferentes materiales que servían para el trueque.

Asimismo, se exponen aspectos de la dinámica social en la urbe precolombina, como sus ritos funerarios y su escritura, misma que se aprecia en dos estelas, entre las que destaca la dedicada a Kalonché Uk´uuw Chan Chaahk, rey de Ichkaantijoo, a quien se conoce a través de una figura en tercera dimensión que lo muestra detalle.

Enseguida, el guion brinda información sobre el cenote Xlacah, “pueblo viejo”, estanque natural sacralizado, ubicado dentro de la zona, en el que perviven vestigios de los primeros asentamientos del lugar y es hogar del pez poecilia velifera, endémico de la región.

La siguiente sección explica la presencia del estilo Puuc y la influencia de Chichén Itzá y Mayapán en las etapas anteriores a la llegada de los franciscanos, cuyo devenir también se revisa en el recorrido. El último eje narra el surgimiento de la actual ciudad de Mérida y el destino de las haciendas coloniales.

El cedulario está disponible en español e inglés, para hablantes mayas se dispone un código QR con información escrita y audio, que rescata, fortalece y difunde su lengua. Cabe señalar que la señalética de toda la ZAD se renovó para ofrecer una mejor experiencia.

Investigación antropológica

Aunado a la edificación del nuevo museo, el Promeza derivó en la rehabilitación del antiguo Museo del Pueblo Maya, hoy sede del Área de Investigación de la ZAD, dedicada al registro, estudio y restauración de cerámica, lítica y otros objetos arqueológicos que impulsan el conocimiento sobre Dzibilchaltún y sus alrededores, puntualizó Sodi Miranda.

Desde su inicio de operaciones, en enero de 2025, hasta ahora, dijo, el acervo asciende a 302 vasijas completas, 250 elementos pétreos y 180 de malacología, entre los que se incluyen puntas de flecha, esculturas, tepalcates y utensilios de uso diverso, por mencionar algunos.

Otra obra de infraestructura importante es el Centro de Atención a Visitantes (Catvi), que estuvo a cargo de Azvindi Ferroviario SC de CV. Desde su apertura, en diciembre de 2024, ha recibido más de nueve mil asistentes. Cuenta con baños exclusivos para personas con discapacidad y un amplio estacionamiento para bicicletas, motos y autos, además de un área especial para autobuses.

El complejo ocupa una superficie de 6.86 hectáreas y contempla que la operación de su estacionamiento sea administrada por el Ejido de Dzibilchaltún, como organismo coadyuvante del INAH.

La entrada al Museo de Sitio de Ichkaantijoo es con boleto de acceso a la zona arqueológica, de martes a domingo, de 8 a 17 h.

El espacio fue inaugurado por la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza; la titular de Cultura y las Artes en Yucatán, Patricia Martín Briceño; los directores del INAH a nivel federal y en Yucatán, Omar Vázquez Herrera y Víctor Martínez Rojas, respectivamente, y los responsables de las zonas arqueológicas de Kabah y Uxmal, Lourdes Toscano Hernández y José Huchim Herrera.

La encargada de la política cultural del país afirmó que con este museo “abrimos una nueva puerta para conocer, comprender y sentir una de las regiones más extraordinarias de la cultura maya”.

Cada pieza que muestra, agregó Curiel de Icaza, “es testimonio de las sociedades que habitaron nuestro territorio, patrimonio arqueológico que permite reconstruir historias, formular nuevas preguntas y acercarnos a las personas que, siglos atrás, levantaron estas ciudades, recorrieron estos caminos y dieron forma a un horizonte cultural que continúa asombrándonos y, al mismo tiempo, nos recuerda que la cultura maya no pertenece solo al pasado, sino que permanece viva en las lenguas, saberes, prácticas comunitarias y las formas de comprender el territorio de los pueblos mayas, que siguen dando identidad y fuerza a Yucatán”.

En nombre del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, la secretaria de la Cultura y las Artes en la entidad, Patricia Martín, celebró la suma de esfuerzos entre los órdenes de gobierno, así como el diálogo con la comunidad de Santa Elena, que permitieron materializar este proyecto.

Por su parte, el titular del INAH, Omar Vázquez, destacó la valía que el inmueble tendrá para el cuidado, análisis y divulgación del patrimonio arqueológico y etnográfico. “Abrir sus puertas es acercar un legado ancestral al turismo, pero también a las y los habitantes de las comunidades aledañas, quienes, justamente, lo mantienen vivo”.

Una historia construida por generaciones

El recinto alberga 189 bienes arqueológicos procedentes de diversos proyectos de investigación desarrollados en las últimas dos décadas, así como una colección de 62 piezas históricas y artísticas que enriquece el discurso museal. En conjunto, los más de 250 elementos en exhibición son muestra de la configuración social, política, económica y religiosa de las antiguas ciudades de la región Puuc.

La propuesta museográfica incorpora recursos interactivos y una experiencia inmersiva que favorece el conocimiento de la civilización maya, así como de los resultados de las investigaciones arqueológicas realizadas por el INAH.

Construido sobre una superficie de 2,739 metros cuadrados, el Museo Arqueológico del Puuc retoma la disposición arquitectónica del Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal, uno de los conjuntos más representativos de la arquitectura regional. Su diseño recrea la concepción maya del universo mediante un recorrido organizado a partir de un espacio central –representado por la casa maya vernácula– del que parten los cuatro puntos cardinales, lo que permite al público comprender la estrecha relación entre arquitectura, cosmovisión y territorio.

Como parte del proyecto también fue construida la unidad de servicios de la Zona Arqueológica de Kabah, con una superficie de 196 metros cuadrados, infraestructura que mejora la experiencia de visita en el sitio.

La inversión fue de 211 millones 683 mil 703 pesos para la construcción del museo, y de 15 millones 959 mil 698 pesos para la Unidad de Servicios.

Con la apertura del nuevo recinto, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INAH fortalecen la infraestructura cultural del país y amplían las oportunidades para que la sociedad conozca, valore y preserve el patrimonio de la región Puuc, al consolidar a Kabah como un referente para la investigación, la conservación y la difusión del legado histórico de México.

Con esta investigación el IMCO midió las condiciones laborales que enfrentan las mujeres a nivel estatal en las distintas etapas de su trayectoria profesional, mediante tres áreas llamadas Pilares: Entrada de las mujeres al mercado laboral; Permanencia de las mujeres en el mercado laboral, y la Autonomía económica.

Yucatán destaca por sus avances en reducir la desigualdad de género en el trabajo no remunerado y aumentó la proporción de mujeres con bachillerato, dos indicadores clave para la entrada de las mujeres al mercado laboral.

Ocupa el primer lugar en seguridad para mujeres en el transporte público y se ubica entre las entidades con la menor tasa de homicidios dolosos.

Sin embargo, uno de sus principales desafíos está relacionado con la permanencia laboral pues registra una alta informalidad laboral entre mujeres (62.7 por ciento), y también presenta retos en autonomía económica, particularmente en emprendimiento formal.

En contraste, Campeche perdió ocho posiciones respecto a 2025 y se explica principalmente por una caída en el pilar de entrada al mercado laboral, donde registra un rezago en indicadores como desigualdad en el trabajo no remunerado, homicidios dolosos de mujeres y brecha laboral de mujeres.

A pesar de ello, Campeche mantiene fortalezas en autonomía económica. La entidad ocupa el primer lugar nacional en propiedad de la vivienda entre mujeres y avanzó cuatro
posiciones en emprendimiento formal.

Quintana Roo tiene su mejor ranking en el Pilar de Entrada al mercado laboral al ubicarse en el sexto lugar, en Autonomía económica es 13 y en Permanencia es el 21; así se mantiene en el lugar 15 general.

La Entrada de las mujeres al mercado laboral mide las barreras que enfrentan las
mujeres en la preparación, tiempo disponible, la oferta laboral y la violencia de género para entrar a la economía remunerada.

La Permanencia de las mujeres en el mercado laboral analiza la calidad del empleo
que enfrentan las mujeres, la infraestructura de cuidados, así como los delitos sexuales,
condiciones clave que determinan la permanencia de las mujeres en los centros de trabajo.

La Autonomía económica mide factores como la pobreza laboral, la propiedad de la
vivienda y la dependencia de ingresos que permiten dimensionar la capacidad de las mujeres para acceder y generar ingresos y recursos productivos propios.

Los primeros lugares son Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán y Colima; mientras que Chiapas, Veracruz y Oaxaca son los últimos.

Ninguna entidad alcanza un desempeño muy alto, lo que confirma la persistencia de retos para garantizar trayectorias laborales en igualdad de condiciones en el país, concluye el IMCO. La Jornada Maya

Con este acto, la organización adquiere plenamente los derechos y obligaciones que la ley establece para los institutos políticos en el ámbito estatal.

El acto se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del IEPAC y fue encabezado por el consejero presidente, Moisés Bates Aguilar, quien hizo entregó la certificación correspondiente y destacó el compromiso permanente del Instituto con la legalidad, la certeza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del Estado.

Durante la ceremonia protocolaria, el presidente de “Compromiso Social”, Armando Cabrera Cantú, y la secretaria estatal, Cecilia Dzul Maas, recibieron el documento que oficializa el registro de la organización, con lo que inicia formalmente su participación en la vida democrática de Yucatán.

Como testigos de este acto estuvieron presentes las consejeras y los consejeros electorales del IEPAC e integrantes del nuevo partido político local.

Las agrupaciones presentaron un Amicus Curiae dentro de la revisión del amparo 47/2025, promovido por ejidatarios de la zona que han manifestado su preocupación por los posibles impactos de la granja sobre el agua y los ecosistemas del sur de Yucatán.

El documento retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Acuerdo de Escazú, los cuales establecen que, cuando existe la posibilidad de un daño ambiental, corresponde a las autoridades y a las empresas acreditar que sus proyectos no generarán afectaciones.

Las organizaciones señalaron que este criterio resulta especialmente relevante en la Península de Yucatán debido a la fragilidad de su suelo kárstico, donde los contaminantes pueden filtrarse con facilidad hacia cenotes, acuíferos y cuerpos de agua.

Por ello, consideraron que no debe recaer en las comunidades la obligación de demostrar daños antes de acceder a la justicia ambiental.

“Las autoridades y quienes promueven proyectos potencialmente contaminantes deben acreditar que dichos proyectos no generan riesgos para el medio ambiente, el agua ni los derechos de las comunidades”, señalaron en el documento entregado al Tribunal.

El pronunciamiento ocurre luego de que el pasado 12 de junio los magistrados aplazaran la discusión de una resolución que podría desechar el amparo promovido por los ejidos del Sistema Lagunar de Chichankanab.

Las organizaciones advirtieron que una decisión que cierre el caso sin estudiar el fondo del asunto podría dificultar que otras comunidades defiendan de manera preventiva sus territorios y fuentes de agua frente a proyectos agroindustriales.

Asimismo, alertaron que México podría incumplir compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos si no se aplican los principios de prevención y precaución reconocidos en tratados suscritos por el país.

“La decisión que adopte el Tribunal tendrá implicaciones más allá de este caso, pues puede fortalecer el derecho de las comunidades a prevenir daños ambientales o, por el contrario, consolidar criterios que dificulten la defensa temprana de territorios, acuíferos y ecosistemas”, advirtieron.

Las organizaciones llamaron al Tribunal Colegiado a cambiar el sentido de su proyecto de resolución, y reconocer el interés legítimo de los ejidos, garantizar su acceso efectivo a la justicia ambiental y ordenar atender el caso conforme a los principios de prevención, precaución, in dubio pro natura y los más altos estándares de derechos humanos. Jornada Maya

La sanción fue impuesta después de que las y los legisladores no realizaran en su totalidad las modificaciones legales ordenadas por la Corte, particularmente en lo relacionado con el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que mantenía una disposición que reconocía y protegía la vida desde el momento de la fecundación.

Ante el riesgo de mayores consecuencias legales, el Congreso aprobó este lunes una reforma constitucional para modificar dicho artículo y atender el mandato judicial.

De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, la sanción económica deberá ser cubierta por los 35 diputados integrantes del Congreso local, así como por el director jurídico del recinto legislativo, Miguel Ceballos Quintal.

La autoridad judicial determinó que cada uno de ellos deberá pagar 26 mil 981.3 pesos, lo que representa una multa global cercana al millón de pesos.

La resolución señala que el cumplimiento posterior de la sentencia no elimina la obligación de cubrir la sanción impuesta por el desacato.

El Congreso de Yucatán había aprobado en abril de 2025 la despenalización del aborto mediante modificaciones al Código Penal estatal. Sin embargo, organizaciones promoventes del amparo señalaron que la reforma quedó incompleta debido a que permanecía vigente el Artículo 1 de la Constitución local.

Ese artículo establecía que el Estado reconocía, protegía y garantizaba el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural.

La permanencia de dicha disposición fue considerada incompatible con el fallo emitido por la Suprema Corte en el amparo 274/2024, promovido por Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, A.C., con acompañamiento jurídico de Abortistas MX y la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE).

Tras la resolución judicial y la imposición de la multa, el Congreso aprobó las modificaciones pendientes al texto constitucional.

Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de UNASSE, señaló que la reforma aprobada permite concluir el proceso legislativo relacionado con la despenalización del aborto en Yucatán.

“Con la aprobación de hoy se concluye este proceso para la despenalización del aborto en Yucatán, tanto en el Código Penal como en el ámbito social, a partir del mensaje que se enviaba con la redacción del Artículo 1”, expresó.

La especialista indicó que la Suprema Corte ha establecido criterios sobre la imposibilidad de que los congresos estatales determinen jurídicamente el momento en que inicia la vida o asignen al embrión o al feto la condición de sujeto de derechos.

Antes de la reforma, el Artículo 1 de la Constitución Política de Yucatán establecía que:

”El estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán”.

La disposición fue incorporada en 2009 mediante una reforma constitucional impulsada por el Congreso local.

En aquel momento, diversas organizaciones civiles solicitaron a la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, ejercer su facultad de veto para impedir la entrada en vigor de la modificación. Sin embargo, la medida fue promulgada.

El 2025 marcó un cambio importante en la legislación estatal sobre derechos reproductivos.

En abril, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto con 23 votos a favor y 13 en contra, convirtiendo a la entidad en la número 23 del país en eliminar las sanciones penales para quienes deciden interrumpir voluntariamente un embarazo.

Las reformas fueron impulsadas por las diputadas Clara Rosales y Larissa Acosta.

Entre los cambios aprobados se incluyó la derogación del Artículo 392 del Código Penal del Estado, que establecía sanciones relacionadas con el aborto voluntario.

Asimismo, fue modificado el Artículo 389 para redefinir el delito como “aborto forzado”, estableciendo sanciones específicas para quienes obliguen o presionen a una persona a interrumpir un embarazo sin su consentimiento.

Con la entrada en vigor de las reformas, la regulación de la interrupción legal del embarazo quedó bajo el marco de la Ley de Salud Pública del Estado de Yucatán.

Esto implica que las instituciones públicas de salud deberán garantizar el acceso al procedimiento conforme a los lineamientos y protocolos sanitarios establecidos.

La modificación legislativa se suma a los cambios impulsados en distintas entidades federativas durante los últimos años en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Actualmente, los estados que aún mantienen pendiente la despenalización del aborto son Guanajuato, Morelos, Querétaro, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Tlaxcala y Aguascalientes.

Los datos publicados por el Sesnsp confirman que Yucatán mantiene indicadores favorables en materia de seguridad pública, lo que contribuye a preservar condiciones de paz, estabilidad y confianza para las familias yucatecas.

La seguridad continúa siendo una prioridad para el Gobierno del Estado, por lo que se mantienen acciones coordinadas con autoridades federales, estatales y municipales para prevenir delitos, atender reportes ciudadanos y fortalecer la presencia institucional en colonias, comunidades y municipios.

Estos resultados también reconocen la participación de la ciudadanía, cuya confianza en las autoridades, cultura de la denuncia y compromiso con la legalidad contribuyen a mantener a Yucatán como una de las entidades más seguras del país y con mejores condiciones de convivencia.

La seguridad se construye desde la prevención. Bajo ese principio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó esta semana la atención ciudadana y la coordinación con empresas, escuelas y comités vecinales en distintos municipios del estado.

Las acciones responden al eje de atención a las causas y prevención social de la violencia que articula el Gobierno de México, y a la coordinación permanente entre la Federación y Yucatán para reducir los delitos de alto impacto.

A través de la estrategia Aliados por la Vida, la dependencia realizó mesas de trabajo, pláticas preventivas y recorridos de proximidad con vecinos, comercios, organismos empresariales y planteles educativos. Con PepsiCo, Bepensa, AYAMSA y AMPI se reforzaron protocolos contra el engaño telefónico, el secuestro virtual y otros riesgos, con respaldo del C5i para una respuesta inmediata.

En escuelas de Xcumpich, Santa Gertrudis Copó, Xcanatún y Pacabtún, estudiantes participaron en talleres de prevención de adicciones, seguridad vial, acoso escolar y sana convivencia. Con estudiantes universitarias se abordó la prevención de la violencia de género, para fortalecer entornos seguros desde las comunidades educativas.

En materia de emergencias, bomberos de la SSP sofocaron el incendio de dos vehículos en un predio abandonado de Mulchechén, Kanasín, en coordinación con la Policía de ese municipio, y otro en la bodega de un restaurante al norte de Mérida. No se reportaron personas lesionadas.

Esta coordinación entre órdenes de gobierno da resultados: en Yucatán los homicidios cayeron 25% y el robo de vehículos 46% en 2025, conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La seguridad también se construye con la participación de la ciudadanía, las empresas, las escuelas y las autoridades, cada una desde su responsabilidad.

Ante la temporada deportiva, la SSP llamó a disfrutar con responsabilidad: si bebe, no maneje; desplácese con precaución y, ante cualquier emergencia, comuníquese al 9-1-1.