• Desarticulamos la red nacional de corrupción cancelando las patentes de 30 agentes aduanales implicados. Abrimos más de 818 carpetas de investigación que hoy mantienen a 326 personas vinculadas a proceso y a casi 80 sentenciados.

• Blindamos las aduanas con el Centro Electrónico de Procesamiento de Datos y una red de 14,000 cámaras, cerrando definitivamente la puerta al fraude documentario con el que burlaban la ley.

• Al frenar el contrabando, incrementamos los ingresos fiscales en más de 250 mil millones de pesos; cifras récord que hoy se traducen en programas sociales y obras para el pueblo, y no en ganancias para la delincuencia.

Es claro que estos ataques provienen de quienes perdieron sus privilegios ilícitos y que hoy, ante los tiempos de definición política que vive Morena, intentan desesperadamente frenar el avance de nuestro movimiento. Al intentar acuñarme apodos difamatorios, la inmadura clase corrupta solo evidencia su frustración frente a quienes hemos dado resultados comprobables en la Cuarta Transformación.

“A las y los quintanarroenses les digo fuerte y claro: reafirmo mi compromiso inquebrantable con la honestidad, la transparencia y los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, que siempre han sido mis principales rectores en mi trayectoria y desempeño en la vida publica. No aceptamos ninguna campaña negra pagada por los adversarios del progreso que frene la transformación en Quintana Roo”: Rafa Marín

TULUM | Para reactivar la economía y brindar un respiro a los emprendedores el Fideicomiso de Promoción Turística de Tulum acordó con la aerolínea Mexicana aumentar la frecuencia de vuelos a 8 en el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto/Tulum.

Asimismo, el director del fideicomiso, Mario Cruz Rodríguez indicó que 85 empresas-hoteles, restaurantes y cenotes- ya integraron paquetes económicos para atraer turismo nacional.

Dichos paquetes serán promovidos por agencias de viajes del interior del país.

Los precios de Tulum hacían prácticamente imposible acceder al mercado nacional, con estos paquetes esperamos lograr el cometido de atraer turismo nacional.

El empresario ,Jorge Portilla Mánica, afirmó que “Tulum está pasando por un mal momento y vemos con esperanza esta iniciativa”.

Dijo que la critica situación de Tulum logró unir a la sociedad civil y calificó este hecho de positivo porque solo con el esfuerzo colectivo se reactivará la economía de Tulum.

A su vez, Luis Mariano Mendieta, subdirector de Ventas y Comercialización de la empresa Mexicana de Aviación, explicó que la ampliación de la frecuencia serán en días específicos de Julio y Agosto.

Que actualmente mantienen conectividad con Chetumal, Cancún y Tulum ,y que el aumento de frecuencia para este destino turísticos es para sumar capacidades mediante tarifas de promoción.

Cabe destacar, que la conferencia de prensa estuvieron representantes de turismo de los tres órdenes de gobierno.

En aquel estado se impuso la tesis de que solo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede fiscalizar los recursos federales.

Esto ha despertado el interés de algunos exalcaldes que buscarían que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), que depende del Congreso local, quede fuera de procedimiento de revisión.

Sin embargo, hay un antecedente clave que marca la diferencia. En Tabasco la colaboración entre la ASF y el OSFE viene de 2017, cuando se suscribió un convenio formal de colaboración.

Además, el actual titular del OSFE, Juan José Peralta Fócil, en ese entonces despachaba precisamente en Asuntos Jurídicos, por lo que este marco de trabajo conjunto ha estado vigente todo este tiempo.

El tema es de alcance nacional porque en la mayoría de los municipios buena parte del presupuesto viene de participaciones y aportaciones federales. Si este criterio de Acapulco se extiende, el margen de acción del OSFE se reduciría de golpe.

Lo paradójico del caso es que apenas el 29 de junio pasado la ASF y el OSFE firmaron un nuevo convenio de coordinación para fortalecer la fiscalización, el intercambio de información y las mejores prácticas. Lo suscribieron el auditor especial Aureliano Hernández Palacios y el propio Peralta Fócil, con el discurso de cerrar espacios a la opacidad y mejorar la rendición de cuentas.

O sea, mientras las dos instituciones que deben vigilar el uso del dinero público se dan la mano, en otros frentes ya se anda buscando la forma judicial de que uno de ellos no los pueda tocar.

El solo hecho de que la estrategia acapulqueña ya se esté mencionando en Tabasco dice mucho de quienes administraron recursos públicos y ahora enfrentan la revisión de sus cuentas.

El argumento jurídico puede ser defendible. El problema es que a la gente común le va a costar trabajo entender que un servidor público ponga más energía en esquivar una auditoría que en demostrar que usó bien el dinero de los contribuyentes.

Si el precedente de Acapulco se multiplica, el Congreso tabasqueño y el propio OSFE van a tener uno de los retos más serios de los últimos años en materia de fiscalización, pues una cosa es discutir quién tiene competencia para revisar el gasto federal, y otra muy distinta es pugnar porque haya menos vigilancia sobre el dinero de todos.

En palabras simples: lo que pasó en Acapulco ocurrió porque Guerrero no tenía convenio con la ASF. De ahí que la SCJN concediera el amparo. Además, la legislación de Guerrero exige expresamente ese convenio.

En Tabasco, empero, sí existe la coordinación legal para que el órgano local audite recursos federales. Punto.

El ahora detenido es identificado como Yadriel “N”, quien era pareja sentimental de la víctima, reportada como desaparecida el 22 de junio del año en curso y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una vivienda ubicada en la calle Bacalar y avenida Kohunlich, de la Supermanzana 45.

La localización del cuerpo de la víctima, sepultado en una construcción reciente en la parte trasera de su casa, se deriva del operativo de búsqueda realizado por esta Representación Social.

La necropsia realizada por el Servicio Médico Forense arrojó que la mujer, madre de dos menores, perdió la vida a consecuencia de asfixia por estrangulamiento.

Los trabajos de investigación de campo, inteligencia y gabinete, por parte de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Feminicidio, dieron como resultado la ubicación de Yadriel “N”, señalado como probable responsable, en el estado de Chiapas, a donde habría viajado vía aérea desde el municipio de Benito Juárez, haciendo escala en la Ciudad de México.

El sujeto fue capturado en un retén, en el municipio de Tapachula, para luego de los trámites correspondientes, ponerlo a disposición de las autoridades de Quintana Roo, a fin de entregarlo a la autoridad que lo requirió; en el tiempo previsto constitucionalmente, definirán su situación jurídica.

Tulum está en una recesión turística y de inversión como nunca antes en su historia, la contracción no solo es debido al fenómeno de arribazón del sargazo, sino a la falta de promoción turística por parte de los tres niveles de gobierno, el cobro excesivo en los servicios de transporte de la cabecera municipal a la zona hotelera, al cobro en el Parque del Jaguar, así como el abuso de algunos prestadores de servicios turísticos y de los precios en los platillos de los restaurantes.

¿Quién pagó la campaña contra el destino turístico wellness de Quintana Roo? No lo sabemos ni lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Tulum fue dejado solo en su lucha contra todas las adversidades y, en el afán de búsqueda de un convenio, muchos medios de comunicación se dedicaron a mostrar las peores imágenes del destino, no solo de los fenómenos naturales como el sargazo, sino también de los fenómenos androgénicos; les valió madres hacer daño con publicaciones negativas, no pensaron en lo pobladores, solo en el negocio.

Pero bueno, el objetivo de este análisis es presentarles a las y los aspirantes a la presidencia municipal para el 2027, porque a pesar de todo, mantienen la esperanza de gobernar el Municipio que tiene un presupuesto superior de 1 mil 100 millones de pesos en el año.

La disputa en Tulum será de dos proyectos, los mismos de siempre y la gran alianza empresarial y ciudadana que encabeza el empresario Jorge Alberto Portilla Mánica, quienes no solo piensan en conformar un gobierno, sino van a más allá, el rescate de la imagen de Tulum, así como la reactivación económica de sus habitantes.

De manera natural, el primer proyecto lo encabeza la diputada local Silvia Dzul Sánchez, quien cobijada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cree que la presidencia municipal es una herencia y por hablar la lengua de la Gran Cultura Maya, es su derecho de sangre; pero aquí la pregunta es, ¿qué ha hecho a favor del destino desde las dos Legislaturas en la que ha y participa?; ¿cómo ha beneficiado a los generadores de empleos en Tulum?, es decir, a los empresarios; ¿cuál es su proyecto y su propuesta para rescatar el nivel de turismo wellness de Tulum? Son preguntas que los mismos tulumnenses pueden responder.

Del otro lado, está Jorge A. Portilla Mánica, a quien ya le empezaron a hacer la “guerra sucia” aduciendo a su lugar de nacimiento, sin tomar en cuenta los 35 años que lleva en Tulum y, desde que inició como empresario de la construcción, no ha dejado de trabajar por los tulumnenses. No es porque yo lo diga, sino es el propio empresariado el que lo señala.

Por ejemplo, al inicio de semana encabezados por la empresaria Patricia de la Torre, Jorge Portilla acudió a la conformación del Consejo Coordinador Empresarial de Tulum (CCET), al lograr convocar a poco más de 200 empresarios a la reunión “El Futuro de Tulum”; eso es pensar en el rescate del destino, buscar alternativas para mover la economía estancada en estos momentos.

Siempre positivo, busca la unidad de todos los sectores del municipio, desde la zona maya, hasta quienes están todavía en el gobierno, porque dice que dentro de todo lo malo que está pasando “lo bueno es que hoy estamos todos aquí, se está dando un gran paso con esta convocatoria a la sociedad civil y a los empresarios”. Además, por el amor que le profesa a Tulum, propone la creación de la contraloría social, para acabar con la corrupción de los gobiernos en turno.

Lo que sí es perceptible en Tulum, es que, por cualquier vía que vaya Jorge Portilla o por cualquier partido político que lo postule o la alianza que lo invite a ser candidato para el 2027, el fenómeno es que los verdaderos tulumnenses, ya decidieron por él.

Tengo que aclarar, que hay otros que aspiran a la Presidencia Municipal, pero como la de Édgar Enrique Velázquez González, mejor conocido como “Quique” Vázquez, son una vacilada. Ahí se las dejo…

SASCAB
Por cierto, por si andaban con pendiente de dónde se encuentra el exdirector de Desarrollo Urbano de Tulum, Lorenzo Bernabé Miranda, continuará su proceso legal dentro del Centro de Reinserción de Playa del Carmen, a pesar de haber promovido un amparo contra la violencia familiar, que surtió efecto; pero luego fue retenido por tener una denuncia por “intento de feminicidio”, lo que lo mantendrá interno. Al tiempo…

VILLAHERMOSA | Rodulfo Reyes | El primer Operativo Enjambre realizado en Tabasco dejó este jueves seis elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detenidos por orden judicial, informó la Fiscalía General del Estado (FGET). 

La acción fue ejecutada de manera coordinada por la FGET, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca. 

De acuerdo con la autoridad, el Operativo Enjambre busca combatir la corrupción, la impunidad y los presuntos vínculos de servidores públicos con estructuras criminales, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Los detenidos fueron identificados como Carmen “N”, Rubén “N”, Carlos “N”, Edi “N”, Francisco “N” y Joan “N”, todos servidores públicos de la SSPC estatal. 

La Fiscalía precisó que a los seis se les presume inocentes y serán tratados como tales mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional.

La FGET señaló que el Operativo Enjambre forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad, y sostuvo que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales para combatir la corrupción y cualquier conducta delictiva en la que presuntamente participen servidores públicos. 

La política también se mide por los silencios… y en Cancún el silencio más ruidoso es el que existe entre funcionarios que aparecen todos los días en la fotografías oficiales y un activista que lleva años caminando las colonias sin necesitar un boletín de prensa para demostrar que existe.

Por ejemplo ahí está la diferencia entre Pablo Gutiérrez Fernández y Rodrigo Vázquez Coutiño, “El Patriota”.

Uno parece convencido, como la mayoría de de sus compañeros de alianza partidista, que la popularidad se fabrica con eventos, sonrisas institucionales y una agenda pública inagotable.

El otro entendió hace mucho que la confianza no nace del reflector, sino de la cercanía con la gente.

No hace falta ser adivino para entender lo que ocurre, porque aunque todavía falta un largo trecho para que inicie formalmente el calendario electoral de 2027, la realidad política va por otro camino.

Y es que el posicionamiento de quienes aspiran a competir comenzó desde hace mucho tiempo, mediante recorridos, apariciones públicas, difusión constante de su imagen y una presencia permanente en la agenda mediática y gubernamental; la competencia, en los hechos, ya empezó, aunque jurídicamente todavía no.

Lo que también llama la atención es el silencio de las autoridades electorales porque mientras la promoción personalizada y el evidente posicionamiento de diversos actores políticos son tema cotidiano en la conversación pública, pareciera que ningún árbitro electoral considera necesario, al menos hasta ahora, voltear a observar un fenómeno que para muchos ciudadanos resulta cada vez más descarado.

En Cancún es vox populi que muchos son los nombres que se mencionan pero, al menos estos dos personajes, rumbo a la sucesión municipal de 2027, uno aparece como una figura impulsada desde la coalición gobernante mientras el otro es visto por muchos como la posibilidad de una candidatura ciudadana e independiente. No son candidaturas formalizadas, pero la conversación política ya los coloca en esa ruta.

En este caso Pablo Gutiérrez representa, para muchos ciudadanos, esa política que Morena prometió jubilar: la del funcionario que nunca desperdicia una cámara, que convierte cualquier acto oficial en una oportunidad para fortalecer su presencia pública y que parece creer que gobernar consiste en estar siempre donde haya un fotógrafo.

Y si, hay políticos que resuelven problemas pero este no es el caso de Pablo Gutiérrez como actual secretario del gobierno municipal, ya que parece más preocupado sólo por salir bien encuadrado en la foto.

La diferencia es enorme porque mientras Pablo acumula presencia institucional, Rodrigo Vázquez Coutiño ha acumulado algo mucho más difícil de conseguir: años de trabajo social que no dependieron de un cargo público ni del presupuesto gubernamental para existir.

Uno necesita el escenario y el otro ha construido su historia en la calle; uno parece confiar en la exposición permanente mientras que el otro ha apostado por la constancia.

Y los ciudadanos, aunque algunos estrategas lo olviden, saben distinguir entre una imagen cuidadosamente producida y una trayectoria construida con el paso de los años.

La elección de 2027, podría ser mucho más que una competencia entre dos o más nombres.

Sería más bien un choque entre dos maneras de entender el poder: La política del reflector contra la política del trabajo silencioso; la del protagonismo institucional contra la del liderazgo ciudadano.

Porque los cargos se heredan dentro de los grupos políticos pero la autoridad moral, no.

Y es que los reflectores iluminan unos minutos pero la credibilidad tarda años en construirse… y cuando llegue el momento de votar, Cancún tendrá que decidir si quiere otro político que viva pendiente de la siguiente fotografía o un ciudadano cuya mejor propaganda haya sido, precisamente, no vivir de ella.

Ahí está la verdadera diferencia: uno necesita que lo vean y el otro ha procurado que la gente lo recuerde por lo que ha hecho… al tiempo.

Lo que debió ser una investigación científica y rigurosa para dar respuestas a la familia de la víctima se ha transformado, según los datos del expediente 060/225, en un catálogo de violaciones sistemáticas al debido proceso, abuso de poder y, lo más grave, acusaciones de tortura institucional.

La verdad en el banquillo: el colapso del testimonio clave
El eje central sobre el que la Fiscalía General del Estado construyó la imputación contra Santamaría Casanova se desmoronó en el lugar más sagrado del proceso penal: frente a un juez de control.

El 27 de julio de 2025, siete años después del crimen, el Ministerio Público incorporó de última hora el testimonio de una ex empleada de limpieza de la CTM, identificada con las iniciales AGKD. Según la narrativa oficial, ella era la pieza faltante, la testigo que supuestamente había escuchado al líder sindical ordenar el asesinato del joven Peón Cardín.

Sin embargo, durante la audiencia de vinculación a proceso, la realidad dio un vuelco demoledor. En el banquillo de los acusados no estuvo solo el imputado; estuvo la credibilidad del aparato de justicia. Frente al juzgador, la propia testigo de la Fiscalía negó rotundamente haber realizado las afirmaciones plasmadas en la carpeta de investigación.

AGKD denunció bajo juramento que nunca escuchó orden alguna, que jamás estuvo en la oficina descrita por los fiscales y que la narrativa del documento no correspondía a sus palabras. Más grave aún: reveló que fue incomunicada durante horas, privada de agua y alimentos, y coaccionada por el fiscal encargado para firmar un documento que ni siquiera le permitieron leer bajo la consigna de que se necesitaba su ayuda para “cerrar el caso”. Hoy, el fiscal encargado enfrenta una denuncia formal por tortura y coacción.

Desobediencia judicial y un expediente “rasurado”
Las anomalías no terminan en la fabricación de la testigo. La defensa del dirigente cetemista ha denunciado la entrega de una carpeta de investigación incompleta, carente de foliado continuo y visiblemente “rasurada”, lo que impidió el ejercicio de una defensa adecuada.

A esto se suma el abierto desacato del fiscal del caso, quien desobedeció la orden federal de un juez de amparo que lo obligaba a entregar el expediente completo al imputado. Además, el funcionario faltó a dos audiencias clave programadas por el Poder Judicial; citas a las que el propio Isidro Santamaría acudió de manera voluntaria antes de ser detenido, mostrando una disposición procesal que contrasta con el cinismo y la burla institucional de la autoridad investigadora.

A pesar de este escenario, donde la prueba reina de la acusación se declaró autoinculpatoria de coerción, el juez resolvió vincular a proceso a Santamaría e imponerle prisión preventiva.

Interrogantes que incomodan al poder
Este caso trasciende la figura de Isidro Santamaría. Lo que está en juego es la seguridad jurídica de cualquier ciudadano en el estado. Si una investigación con contradicciones de este calibre es suficiente para privar a alguien de su libertad, la presunción de inocencia pasa a ser un mito de papel.

El análisis de los hechos obliga a plantear preguntas que las altas esferas de la justicia en Quintana Roo no han querido responder:

¿Buscar un culpable o buscar la verdad? ¿La investigación se concentró durante años en descubrir quién mató realmente a Luis Fernando Peón Cardín o se desvió el aparato estatal para sostener, a como diera lugar, una teoría de responsabilidad contra una persona específica?

Al enfocarse la narrativa oficial exclusivamente en un presunto “inductor” mediante pruebas cuestionadas, ¿quién protege la identidad del autor material que hoy sigue libre en las calles?

¿Qué mecanismos de control real existen para frenar a las fiscalías cuando estas se convierten en las principales violadoras de los derechos humanos y el debido proceso?

Este texto no pretende absolver ni condenar anticipadamente a nadie. Esa es tarea de tribunales limpios y transparentes. Lo que este espacio cuestiona es la alarmante podredumbre de los métodos.

Cuando la verdad de un expediente se sostiene con alfileres de tortura y desacatos judiciales, la sociedad entera pierde. La familia de Luis Fernando Peón Cardín cumple casi una década esperando justicia real, no un montaje de oficina diseñado para simular efectividad. El problema ya no es solo el destino jurídico de un dirigente; el problema es el miedo latente de saber qué pasa cuando el poder se equivoca y decide que es más fácil fabricar un culpable que resolver un crimen.

La ley de la gravedad no perdona. Cuanta más altura, más energía potencial se acumula. Cuando viene la caída, esa energía se convierte casi toda en velocidad y fuerza. El golpe es más fuerte.

Los tabasqueños más encumbrados de la historia reciente son Andrés Manuel López Obrador y su principal operador, Adán Augusto López Hernández.

El de Macuspana ocupó Palacio Nacional de 2018 a 2024. Pero ya desde un año antes, como presidente electo, le pasó por encima a Enrique Peña Nieto y mandó cancelar el aeropuerto de Texcoco. Llegó tan arriba que, dos años después de entregarle el bastón a Claudia Sheinbaum, todavía guarda en Palenque los botones que mueven ese garrote.

Adán Augusto no se quedó atrás. Del sexenio de su “hermano” brincó al actual. Perdió la coordinación de Morena en el Senado porque sus cercanías con La Barredora —que encabezaba su ex jefe policíaco Hernán Bermúdez Requena— lo metieron en el centro del huracán. Peor todavía: los señalamientos por presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado y el huachicol fiscal, especialmente los que vienen de Estados Unidos, lo dejaron convertido en fusible quemado.

Hoy, más allá de si terminan o no sus días en una cárcel gringa, los dos ya tocaron fondo: el basurero de la historia.

PARA SU INFORMACIÓN…

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Emiliano Zapata, Armín Marín, está metido en un buen lío por el canal que habría mandado a construir entre sus ranchos, uno en Chiapas y otro en Tabasco. Según el colega Jacinto López Cruz, Conagua nunca autorizó esa obra. Pero lo más grave es el señalamiento que hace Ojo Visor: el gobierno federal lo investiga presuntamente por nexos con el crimen organizado…. EN OTRO FRENTE, el reciente fallo de la Suprema Corte en el caso de la alcaldesa de Acapulco tiene las mismas características que los expedientes de los exalcaldes de Cunduacán, Jalpa de Méndez, Paraíso y Jonuta, quienes argumentan, como la acapulqueña, que solo la Auditoría Superior de la Federación puede revisar los recursos federales… SEGÚN FUENTES DE la capital del país, el diputado federal priista Erubiel Alonso ya no tiene segura la candidatura de MC a la alcaldía de Centro. Actores tabasqueños de ese partido le advirtieron a la dirigencia nacional que con el hombre de Alejandro Moreno, “Alito”, se llevarían un rechazo garantizado en la capital del estado.

La orden de prisión preventiva fue emitida por la jueza Adriana Carrera Ortiz. Los delitos imputados en contra del exfuncionario de Pemex son: violencia familiar y violencia vicaria.

Víctor Rodríguez Padilla alegó estar enfermo como defensa en contra de la prisión preventiva, sin embargo, la jueza no registró evidencia suficiente para que el arresto pueda ser domiciliario.

El arresto de Víctor Rodríguez Padilla fue ejecutado, después que su pareja, Felicía Jiménez, levantara una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. En redes sociales, se viralizó un video donde se muestra al acusado, presuntamente, actuando de manera violenta en contra de su pareja.

Tras la difusión del metraje, la Fiscalía de Morelos informó que se establecieron medidas de seguridad para salvaguardar a Felicía Jiménez.