De acuerdo con el reporte de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la aprehensión se realizó derivada del intercambio de información y cooperación internacional.

“El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos”, publicó García Harfuch en su cuenta oficial de X.

Además de una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Inteligencia Naval, la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de la Interpol México y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) , así como la SSPC, a través del Centro Nacional de Inteligencia.

El ahora detenido se encontraba prófugo de la justicia en México, al contar con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Su detención, según la información oficial, se llevó a cabo en Argentina con fines de extradición a México; además que Fernando Farías Laguna poseía documentos falsos.

El contraalmirante Fernando y vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna son señalados como los líderes de una red de huachicol fiscal llamada ‘Los Primos’ que operaba en varios puertos como los de Manzanillo, Tampico y Altamira.

A través de sus puestos en la Secretaría de Marina habrían facilitado las operaciones ilícitas de tráfico de combustible al desembarcar de 31 buques provenientes de Estados Unidos a México con millones de litros de huachicol fiscal en los últimos dos años.

Gracias a esa red criminal, se logró introducir al puerto de Tampico, Tamaulipas, un buque con 10 millones de litros de huachicol que fue incautado por las autoridades en marzo de 2025; caso que desencadenó una investigación por otra megared que movió 23 mil millones de pesos en huachicol fiscal, anunciada ayer miércoles por el mismo secretario de seguridad.

Cabe destacar que Fernando ‘N’ tenía programado presentarse a una audiencia ante las autoridades por el caso de huachicol fiscal en octubre de 2025, pero el contraalmirante no llegó al penal del Altiplano.

El botanero en mención, es la enésima ocasión que es blanco de agresiones por parte de grupos delincuenciales que cobran derecho de piso en esta ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados a bordo de u8na motocicleta llegaron hasta el lugar, ubicado sobre la calle 103, de la Región 219 y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Testigos señalaron que se escucharon al menos diez detonaciones antes de que los agresores huyeran con rumbo desconocido.

En medio de la confusión, familiares de la víctima lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron de urgencia al hospital de Ginecopediatría del IMSS, ubicado en el cruce de las avenidas Kabah y José López Portillo. Sin embargo, minutos después de su ingreso, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Ángel “N”, quien trabajaba en el bar realizando labores de limpieza. El ataque ocurrió en un sitio que, según antecedentes, ha sido agredido al menos en tres ocasiones en los últimos meses, lo que refuerza una línea de investigación relacionada con hechos de derecho de piso.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía inició las diligencias correspondientes. En la escena fueron asegurados casquillos percutidos, los cuales serán analizados mediante pruebas de balística y su posible relación con otros eventos delictivos.

En el municipio de Playa del Carmen, el cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Ecuador, entre avenida Xel-Há y calle Colombia, del fraccionamiento El Petén. En el lugar, las autoridades aseguraron vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, sustancia cristalina y dos motocicletas con alteraciones en sus números de serie.

En las inmediaciones del inmueble, fueron detenidas en flagrancia cinco personas, cuatro masculinos y una femenina, identificadas como: Ari Uriel “N”, Brayan Abran “N”, Jorge Alejandro “N”, Nicolás Adriano “N” y Yennyfer “N”, a quienes se les aseguraron diversas dosis de hierba verde seca con características propias de la marihuana, así como sustancia granulada con características de la droga conocida como metanfetamina.

En el municipio de Othón P. Blanco, se ejecutó un mandamiento judicial en un inmueble ubicado sobre la calle Circuito Hidalgo, en Residencial Bosque Real. Durante la diligencia, se aseguraron cámaras de videovigilancia, un equipo DVR, vegetal verde y seco, polvo de color rosado con características similares a la metanfetamina, así como diversas identificaciones oficiales y pasaportes.

Por otra parte, en el municipio de Benito Juárez, elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la Supermanzana 107, en el fraccionamiento Paraíso Maya, donde aseguraron hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

CDMX | Entre 2020 y 2025, Causa en Común registró al menos 2,976 masacres (definidas como el asesinato, en un sólo evento, de tres o más personas), las cuales fueron documentadas a partir de fuentes periodísticas. En lo que va de 2026, suman 60 casos, una por día en promedio.

Es importante subrayar que estos registros provienen de medios de comunicación locales, en contextos en los que las amenazas y agresiones contra periodistas son comunes, y en los que en ocasiones se llega al asesinato. La intimidación por parte de criminales, y por parte también de autoridades, distorsiona cada vez más los flujos informativos locales y nacionales, y de hecho ha transformado diversas entidades o regiones en “zonas de silencio”, en las que la violencia no se reporta o se reporta parcialmente.

Tomando esto en cuenta, los eventos de violencia extrema, como es el caso de las masacres, seguramente están subrepresentados en los reportes periodísticos; por la misma razón, reducciones en dichos registros no necesariamente indican una reducción real en la violencia, sino posibles vacíos de información.

Durante estos años, Guanajuato se ha mantenido como la entidad con más registros de masacres, con 535 casos entre 2020 y 2025; le sigue Guerrero, con 237 casos, Michoacán con 223 y Zacatecas con 217; destaca el caso de Sinaloa, que pasó de un promedio de 5 casos entre 2020 y 2023, a 38 y 40 casos en 2024 y 2025, respectivamente.

Estos patrones muestran territorios donde convergen disputas criminales, economías ilegales, y omisiones y debilidades institucionales, configurando entornos donde la violencia extrema se reproduce con facilidad.

Ante esta realidad, el principal riesgo es la normalización, que las masacres dejen de escandalizar; y normalizar asimismo la impunidad, pues la gran mayoría de estas masacres quedan sin castigo.

Desde Causa en Común insistimos en que documentar y visibilizar estas violencias es un paso indispensable para enfrentarlas.

Se requiere reconocer la magnitud del problema, sí, pero no es suficiente; también se requiere proteger a periodistas en riesgo, y se requiere revertir la grave omisión con nuestras instituciones pues hasta hoy no existe ningún programa ni presupuesto relevante para fortalecer a las policías y a las fiscalías del país.

La Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo informó que los agentes estatales detuvieron a al hombre en una casa de seguridad ubicada, en el tramo carretero Emiliano Zapata a Villa del Río, de Cintalapa.

Cuando los policías procedieron a realizar una revisión, al hombre identificado como Félix se le halló un fusil AK-47 con un cargador y 22 cartuchos calibre 7.62 mm, ocho bolsas con mariguana, un vehículo marca Volkswagen, tipo Gol de color blanco; un vehículo marca Hyundai, tipo Tucson de color blanco; y un vehículo marca Nissan Np300 Frontier de color blanco.
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“El detenido quien manifestó pertenecer al grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala y los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente”, dijo la Secretaría.

Félix, las armas, los cartuchos, la droga y los tres vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) aseguraron que la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará recabando datos de prueba para fortalecer la acusación.

La resolución se dio luego de que el pasado 31 de marzo el exfuncionario solicitara la ampliación del término constitucional, tras ser imputado por este delito en una nueva causa penal iniciada por la Fiscalía estatal.

En aquella diligencia, el imputado fue presentado ante un juez de Control y el Ministerio Público expuso los datos de prueba relacionados con la presunta desaparición forzada; sin embargo, la defensa pidió más tiempo para definir su situación jurídica, por lo que la audiencia se reanudó este sábado.

Bermúdez Requena, conocido como “comandante H” o “El Abuelo”, compareció por videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra recluido desde septiembre pasado.

Nombrado secretario de Seguridad de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, actual senador, el exfuncionario es señalado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora.

Pese a los graves señalamientos en su contra a partir de informes de inteligencia militar dados a conocer en la prensa, que lo ubican como líder criminal en las modalidades de narcotráfico, secuestro y robo de combustible, Bermúdez Requena no ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).

En el fuero común el ex jefe policíaco ya enfrenta otro proceso penal por los delitos de secuestro, extorsión y asociación delictuosa agravados.

Las fuentes consultadas no descartan que surjan nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena conforme avancen las investigaciones. (apro)

Familiares de Urbina Cruz bloquearon la mañana de este miércoles un tramo del libramiento sur -oriente, frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, donde atiende el titular Oscar Alberto Aparicio Avendaño, en demanda de que localicen al agraviado.

Valeria, esposa del expolicía, dijo que a más de 40 días de la desaparición de su cónyuge no se tiene ninguna respuesta, avance ni pista por parte de la Fiscalía General de Justicia ni de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.” No hay nada”, afirmó.

“No es posible, ya 41 días y no nos puedan decir nada de su paradero, se supone que tienen acceso a cámaras y equipos como lo dice el secretario de Seguridad “, reclamó.

La entrevistada durante la manifestación en el exterior del inmueble del gobierno estatal precisó que la desaparición fue cometida el pasado 19 de febrero.

“Él iba a una cita con un amigo, que forma parte de la Fuerza Pakal, se citan en carretera a Villaflores, rumbo al colegio La Paz; mi esposo me hace mención que va hacia Villaflores, esa tarde pierdo comunicación con él, y desde entonces no sabemos nada de él”

La cónyuge, agregó, que el desaparecido fue llevado en un vehículo Rino de los que usan los Pakales, y que al respecto la Secretaría de Seguridad del Pueblo no les ha referido nada.

Dijo que se plantearon los hechos a las autoridades competentes, la persona con la que se fue, los elementos que también pudieron haber participado en la desaparición. Se dijo que harían las investigaciones para localizarlo, pero no hay ninguna respuesta.

La persona con la que Urbina Cruz se entrevistó esa tarde fue porque “era su amigo, mi esposo perteneció a la Fuerza Inmediata Pakal, tres meses, ahí fue que hacen amistad, porque ya lo conocía, a él le faltaba algo administrativo, por eso se retira de esa corporación”, afirmó la denunciante.

José Luis Franco Ocaña, el otro desaparecido, se le dejó de ver el 12 de marzo cuando salió de la casa de su madre y se trasladó a su vivienda en la colonia Julio César Ruíz Ferro, ubicada al oriente de esta ciudad.

Ese día “comimos, platicamos un rato. Se fue en un colectivo a la colonia Vida Mejor para trasladarse a la Ruíz Ferro, sabíamos que vivía ahí; me dijo que volvería a la casa, pero ya no regresó, señaló la madre.

José Luis, que se ha dedicado a la albañilería, estaba desempleado y había acudido a una empresa de vigilancia Vivía con su pareja, “no sabíamos nada de ella, y quien expresó que no sabe dónde podría estar”.

La madre pidió a los captores que se “lo devuelvan”, a las autoridades que ayuden a encontrarlo; “no sé dónde buscarlo, no tengo los medios ni comunicación con él”.

Las autoridades no han dicho nada a los familiares sobre el caso, sólo expresaron que si tuvieran información que se las compartieran, pero como ciudadanos no tienen los medios para indagar, y menos que sepan quién o quiénes lo llevaron.

“Ellos (las autoridades) tienen los medios para salir y buscarlo, cuando menos darnos una esperanza en el momento que te comunicas con ellos, con eso creo que te tranquilizas, pero en cambio decirte que si sabes algo nos avisas, no sabemos ni dónde meternos, o dónde ir a tocar la puerta”, criticaron los familiares de Franco Ocaña.

CHETUMAL | En una decisión que desnuda un doble racero de la autoridad electoral, pero sienta precedente para varios políticos en la misma condición, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ordenó el borrado de bardas donde se promociona a la diputada federal Marybel Villegas Canché y al senador Eugenio Segura Vázquez en diversas ciudades del estado.

Son 22 bardas de Marybel Villegas Canché y 71 bardas de Eugenio “Gino” Segura Vázquez las que el Ieqroo ordenó borrar en un plazo de 72 horas contados desde la notificación de las medidas cautelares, que fueron dictadas dentro de sendos expedientes de queja enderezados contra ambos por propaganda ilegal con promoción personalizada, uso ilegal de recursos públicos y actos anticipados de precampaña.

La primera medida cautelar fue emitida el 20 de marzo contra la diputada federal Marybel Villegas Canché, denunciada por propaganda ilegal con promoción personalizada y difusión extemporánea de su informe de actividades.

Las 22 bardas que debe borrar están en Cancún (14), Chetumal (7) y Felipe Carrillo Puerto (1), además de que antes de la emisión de la medida cautelar la diputada federal informó al Ieqroo que había borrado otras cinco bardas.

La segunda medida cautelar fue emitida el 26 de marzo, a partir de una queja contra el senador Gino Segura por promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña.

Las 71 bardas que le ordenaron borrar al senador se encuentran en Playa del Carmen y Cancún, 15 en la primera ciudad y 56 en la segunda.

Pero el Ieqroo no fue parejo en cuanto a quién debe retirar las bardas, sino que aplicó un doble racero a favor del senador Gino Segura, pues mientras ordenó que Marybel Villegas directamente se encargue de retirar las que le señaló, en el caso de las bardas de Segura Vázquez la Comisión de Quejas y Denuncias dirigió la petición a los ayuntamientos de Playa del Carmen y de Benito Juárez.

Asi pues, el Ieqroo suavizó la medida cautelar para Gino Segura, pues no le ordena directamente a él retirar sus bardas, sino se pidió al ayuntamiento de Playa del Carmen que borre las 49 ubicadas en su cabecera municipal y al ayuntamiento de Benito Juárez que limpie las 71 localizadas en Cancún, como “apoyo y colaboración interinstitucional” y “en la medida de sus posibilidades”, así que se usarán recursos públicos para borrar las bardas del senador.

Para ayudar al senador a borrar sus bardas, la Comisión de Quejas y Denuncias del Ieqroo alegó que Eugenio Segura presentó un escrito de deslinde después de que se le notificó la queja, donde niega ser responsable de la pinta de paredes y bardas en diversos puntos del estado.

A partir del escrito, dicha comisión consideró que “no se tiene, ni de forma indiciaria, la autoría de la pinta de las bardas” y pidió la colaboración de los ayuntamientos para la tarea de borrarlas, a pesar de que también consideró que el contenido de las bardas podría resultar en “una promoción personalizada” en beneficio del senador.

De que hay doble racero en el Ieqroo lo demuestra que Marybel Villegas Canché presentó un escrito de deslinde semejante, señalando que no ha contratado ni mandado pintar bardas, pero la Comisión de Quejas y Denuncias consideró que debido al contenido y las características de las bardas recibe un beneficio de su figura pública ante la ciudadanía y le ordenó a ella encargarse directamente de su borrado.

El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, el consejero Julio Asrael González Carrillo, fue su empleado cuando fue secretario de Finanzas y Planeación, ya que desde noviembre del 2022 González Carrillo fue asesor del Oficial Mayor del gobierno del estado, José Adrián Díaz Villanueva, cargo que dejó hasta que fue nombrado consejero electoral a finales del 2025.

Además de Julio Asrael González Carrillo, integran la Comisión de Quejas y Denuncias las consejeras electorales Maisie Lorena Contreras Briceño y Patricia del Rocío Cortés Pastrana, esta también recién llegada.

Con la petición a los ayuntamientos y no al senador el Ieqroo también libró a Gino Segura de una eventual sanción por incumplir la medida cautelar, que podría ser amonestación o multa, según las medidas de apremio procedentes, además de que los ayuntamientos podrán alegar que sus posibilidades no dan para borrar todas las bardas.

En cambio, Marybel Villegas si podría ser sujeta a las sanciones previstas para el caso de no cumplir la medida cautelar, porque la orden se la dieron directamente a ella.

A pesar de esta parcialidad, el Ieqroo sentó un precedente para el proceso electoral próximo del 2027, porque así como la diputada federal y el senador otros varios políticos, principalmente de Morena y el PVEM, tienen pintadas bardas en diversas ciudades del estado, pero principalmente en Cancún.

El precedente sentado es que, de ser denunciadas sus bardas ante el Ieqroo, la autoridad electoral también tendrá que ordenar que sean borradas, aunque quiera “ayudar” a alguno de sus favoritos para que los ayuntamientos, con uso de recursos públicos, las despinten en lugar de ellos.

Lo que si no significan estas medidas cautelares es que la diputada federal, el senador o cualquier otro político que sea denunciado vayan a ser sancionados finalmente por promoción personalizada o actos anticipados de precampaña, porque la legislación es muy laxa y con sólo deslindarse de palabra de las bardas las autoridades electorales dan por cierto que no son responsables de ellas.

Así sucedió en el proceso electoral del 2024, cuando la presidenta municipal de Benito Juárez y aspirante a su reelección, Ana Patricia Peralta de la Peña, recibió la orden cautelar de retirar varias bardas que promocionaban su nombre, pero en la resolución final de la queja se dijo que ella no era responsable, porque presentó un escrito para deslindarse de haber ordenado pintarlas. Francisco Hernández/CAMBIO 22

El elector tabasqueño, que fue sustancial para la asunción al poder del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, llegará a las elecciones intermedias de 2027 frente una disyuntiva política de gran alcance: tendrá que decidir si respalda el proyecto del gobernador Javier May Rodríguez, quien se atrevió a romper el silencio y denunciar públicamente al presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, El Comandante H, o si –por el contrario– castiga en las urnas –cansado de tanta impunidad– al partido que cobija tanto a May como al senador Adán Augusto López Hernández, señalado como el principal impulsor del ex secretario de Seguridad.

Ni cómo borrar del inconsciente colectivo que a un mes y medio de asumir el poder, Javier May reventó el grano de la putrefacción al denunciar con nombre y apellido lo que todo Tabasco sabía, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta: el papel de Bermúdez Requena al frente de aquella pandilla criminal desde las mismas oficinas públicas – primero de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) – y luego de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

May hizo la imputación en un momento en que el crimen organizado tenía bajo metralla a la sociedad y, además, presionaba a la administración pidiendo la cabeza de funcionarios del área de seguridad y procuración de justicia.

El señalamiento contra la organización relacionada con el CJNG alivió un poco la losa lacerante sobre los coterráneos de López Obrador. Finalmente el propio gobierno se atrevía a revelar a qué obedecía la terrible situación de inseguridad que vivían los paisanos del poeta Carlos Pellicer Cámara.

A la distancia, la irrupción del sanguinario grupo delictivo puede entenderse en el hecho de que en las elecciones de 2024 May fue postulado por Morena, pese a la oposición del grupo del senador López.

Cuando se atravesó la política ya eran parte de la conversación tabasqueña los

relatos de extorsiones, secuestros exprés y el control territorial por parte de la organización criminal presuntamente fundada en 2019 desde las mismas instalaciones de la SSyPC.

Esta historia de terror para el edén no se puede entender sin López Hernández, en cuyo mandato (2019-2021) Hernán Bermúdez ocupó la SSyPC y luego fue ratificado por el interino Carlos Merino Campos.

Para cerrar el círculo del sospechosismo, brinca el dato de que la amistad y relación entre Adán y Hernán es de décadas; al mismo tiempo que los informes de inteligencia y las revelaciones periodísticas han ido trazando un panorama que apunta hacia la complicidad entre el poderoso legislador y el ex jefe policíaco conocido ya como El García Luna de la 4T.

Las investigaciones muestran que La Barredora no surgió de la noche a la mañana ni de la nada, sino que operó en contextos y momentos que hoy abren preguntas difíciles sobre protección, tolerancia y omisiones.

De ahí que el dilema en el electorado tabasqueño sea real y entendible, tanto para el votante morenista como para el ciudadano común. Surge en consecuencia la duda: ¿Ante las urnas, se premiará la decisión de quien resolvió enfrentar los vicios heredados, aunque eso implique respaldar al mismo partido? ¿O se castigará la continuidad de un proyecto que, en la percepción de muchos, arrastra el lastre de nombramientos polémicos como el de Hernán?

Tabasco aún sufre en carne propia el auge de esa pandilla. La gente no olvida el terror, los cobros de piso y la violencia que se desbordaron en varios municipios. Javier May ha insistido en que no habrá impunidad y que “por muy dura que sea, la verdad se tiene que conocer”. Pero Morena, el partido que hoy une al mandatario tabasqueño y al senador, carga también con una fractura interna que este caso ha profundizado.

Dicho esto, en Tabasco las intermedias de 2027 no serán nada más una elección. Más bien, se convertirán en un referéndum silencioso sobre dos maneras de ejercer el poder dentro de Morena: la que se arriesga a cortar con el pasado criminal, y la que prefiere minimizar o desviar la mirada cuando los reflectores iluminan los nombramientos del ayer.

El elector tabasqueño —aquel que ha visto de cerca cómo la delincuencia se infiltra en las instituciones— tendrá la última palabra. Votar por el proyecto de May podría interpretarse como un respaldo a la denuncia y a la ruptura, pero sufragar en contra Morena, aunque sea de manera selectiva, podría leerse como un castigo directo a los fantasmas que todavía rondan.