VILLAHERMOSA | Rodulfo Reyes | En medio de los recientes hechos de violencia registrados en Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez atribuyó una “responsabilidad compartida” a la construcción de la paz, y llamó a las familias a involucrarse en la prevención de las adicciones para evitar la captación de jóvenes por parte de la delincuencia.

El mandatario admitió, durante la Jornada de Atención Ciudadana realizada en Comalcalco, que la inseguridad sigue siendo un problema que “duele y lastima” a la entidad, y aseguró que su gobierno trabaja todos los días para garantizar una paz duradera.

Luego señaló: “Hay un tema que nos duele, que nos lastima: es el tema de la inseguridad. En ese estamos trabajando todos los días para garantizar una paz duradera. La paz es producto de la justicia. Y esta también es una responsabilidad compartida; nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, en dónde están metidos. Tienen mucha presión, están muy asediados por el tema que tiene que ver con las drogas”.

El morenista hizo el pronunciamiento tras una nueva escalada de violencia en la entidad con homicidios y el hallazgo de cuerpos desmembrados, en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado por el control de plazas.

May Rodríguez exhortó a los padres de familia a mantenerse atentos a cualquier cambio de conducta o actitud sospechosa en sus hijos y acudir a las instituciones para solicitar apoyo.

“Tenemos que ayudar todos a cuidar y vigilar a nuestras niñas, a nuestros niños; que estemos muy pendientes de ellos, que cualquier actitud que veamos sospechosa podamos acudir a las instituciones en busca de ayuda, en busca de poder prevenir siempre cualquier acción que dañe a nuestra juventud”, dijo.

Asimismo, sostuvo que las estrategias de seguridad continúan avanzando y reiteró que su administración mantendrá el trabajo coordinado para alcanzar una paz “firme y duradera” en Tabasco.

El sábado 15 de julio de 2006, cuando una célula de Los Zetas intentó rescatar de la cárcel municipal de Cunduacán a su jefe, el Comandante Mateo, abriéndose paso con una bazooka que hizo volar una patrulla policiaca y calcinó a su ocupante, las noticias no corrían con la inmediatez con que lo hacen hoy, incluso en tiempo real.

Si observamos con frialdad aquel episodio, ocurrido hacia el final del gobierno del priísta Manuel Andrade Díaz, caeremos en la cuenta de que se trató de un hecho incluso más grave que muchos de los que hoy estremecen a Tabasco.

Hace 20 años, la sociedad no recibía ni metabolizaba los hechos violentos con la velocidad actual: Fue hasta el lunes siguiente del cunduacanazo cuando la prensa nacional llevó el ataque a sus portadas, destacando que se trataba de un personaje surgido de las Fuerzas Armadas que había fundado el que entonces era el cártel más peligroso y sanguinario de México.

Los medios locales —que en esa época eran prácticamente la única fuente informativa tradicional— también se dieron un festín. Sin embargo, pronto quedó claro que no había experiencia para cubrir un fenómeno que apenas comenzaba a mostrar su verdadera dimensión.

Por ejemplo, un reportero del principal diario de entonces hizo una nota de color sobre la casa de seguridad que las autoridades aseguraron al Z-10 en las afueras de Villahermosa. Al descubrir que había caballerizas, se aventó la puntada de escribir que el grupo criminal tenía caballos pura sangre para escapar si les caía la ley.

La historia provocó más de una carcajada. Aquellos rechonchos delincuentes difícilmente habrían podido montar, y menos dominar, unos nerviosos cuartos de milla criados exclusivamente para correr en pistas.

Dos décadas después, el impacto de la violencia es distinto porque la información se multiplica de manera instantánea y, la mayoría de las veces, se vuelve viral. Los propios grupos criminales también utilizan la súper carretera de la información para difundir sus actos y sembrar terror.

Ayer, este reportero le preguntó a un colega especializado en temas de seguridad el porqué de los cuerpos destazados en la lucha por la plaza entre La Barredora, organización que las autoridades le endilgan a Hernán Bermúdez Requena, identificado con el alias de Comandante H en informes militares confidenciales, y el CJNG, según dijo el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador.

La respuesta parece aclarar lo que está sucediendo: los grupos criminales despedazan a sus rivales para enviar el mensaje de la saña con que operan.

Cuando decapitan a un rival y abandonan la cabeza lejos del cuerpo, le están diciendo a los narcomenudistas que si venden la droga de sus adversarios, eso mismo les puede pasar, explicó.

Como sea, 20 años después del ataque en Cunduacán, ese cáncer que alcanzó al gobierno de Manuel Andrade no solo sigue ahí, sino que ha crecido sin nadie haya sido capaz de convocar a la unidad de todos los sectores para enfrentar un mal que desde entonces no ha dejado de carcomer a Tabasco.

La detención cierra un capítulo que comenzó en julio de 2025 con un megadecomiso de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, y que puso bajo la lupa a la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la cual Ruffo Appel es socio mayoritario.

Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, Ruffo Appel irrumpió en la política mexicana en 1989 al ganar la gubernatura de Baja California por el PAN, convirtiéndose en el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país tras décadas de hegemonía priista, antes había sido presidente municipal de Ensenada, su victoria simbolizó el inicio de la transición democrática en México.

A sus 73 años, Ruffo ha mantenido actividad empresarial y política; en 2021 se incorporó como socio mayoritario de Ingemar, una firma que originalmente se dedicaba a bienes raíces y que en 2019 modificó su objeto social para incursionar en el sector energético. En 2023 obtuvo permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, volúmenes que llamaron la atención en un contexto de permisos restringidos.

Las autoridades federales vinculan a Ingemar con el aseguramiento de 129 carrotanques y ferrotanques en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, el 7 de julio de 2025, parte de la carga carecía de documentación que acreditara su legal procedencia; la investigación apunta a presuntas irregularidades en la importación de combustibles, con posible falsificación de documentos para introducir volúmenes superiores a los autorizados.

Ruffo Appel siempre defendió la legalidad de las operaciones y argumentó que el rol de Ingemar se limita al permiso de importación, mientras que la comercialización corresponde a otra empresa: Crismón Hidrocarburos y Derivados. En noviembre de 2025 se presentó voluntariamente ante la FGR como testigo y señaló que “el huachicol nace en la aduana”. Afirmó entregar toda la documentación requerida y se declaró con “la conciencia absolutamente tranquila”.

RAnte la detención el PAN reaccionó exigiendo respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y garantías constitucionales. El partido advirtió contra un “trato desigual” y pidió que la ley se aplique con imparcialidad.

Desde el oficialismo, el caso se enmarca en la lucha contra el contrabando de combustibles y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, había mencionado en 2025 que un “exgobernador del PAN” estaba bajo investigación, sin nombrarlo directamente en ese momento.

En redes sociales y opinión pública, las posturas se polarizan; unos celebran el avance contra la impunidad; otros lo ven como un posible uso político de la justicia, especialmente por el perfil histórico de Ruffo.

Actualmente Ruffo Appel permanece detenido y a disposición de un juez federal, por ello la FGR deberá presentar las pruebas para su vinculación a proceso. El caso forma parte de una investigación más amplia que, según reportes de 2025, involucraba solicitudes de órdenes contra cientos de personas relacionadas con aduanas y el sector energético.

Ernesto Ruffo Appel, el hombre que rompió el monopolio priista en una entidad fronteriza clave, ahora enfrenta un proceso que pone en entredicho su legado empresarial. Mientras sus defensores hablan de persecución política y transparencia en las operaciones, las autoridades federales insisten en que se trata de una investigación basada en evidencias de un millonario contrabando. El desarrollo de las audiencias determinará si se trata de un eslabón más en la cadena del huachicol fiscal o de un caso con implicaciones políticas mayores en Baja California y el PAN nacional.

De los primeros datos de prueba se advierte que la línea de investigación más fuerte es la disputa de la venta de drogas al menudeo entre bandas locales que operan en la región.

De manera extraoficial, también se informó que en el lugar fue localizada una “narcocartulina” con un mensaje cuyo contenido no ha sido revelado. El hallazgo habría ocurrido sobre el tramo carretero Bochil–Pueblo Nuevo, a la altura del punto conocido como Ojo de Agua, metros adelante de la gasolinera de Jitotol, cerca de una base de seguridad.

El Bosque es un municipio de la región Norte de Chiapas, igual que Pueblo Nuevo Solistahuacán, Jitotol, Rincón Chamula, Simojovel, Bochil, Pantelhó y otros, donde organizaciones criminales mantienen fuerte disputa por el control del territorio que es estratégico porque se ubica a unos cien kilómetros de Tabasco.

El sábado fue emboscado en la comunidad La Esperanza, del municipio de Chenalhó, Fernando Ruiz Hernández, alias “El Cura”, líder del grupo paramilitar El Machete, que con área de influencia en Pantelhó y Chenalhó.

La Fiscalía no ha emitido ningún comunicado donde informe sobre la identidad de los hombres sin vida.

El martes, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Aparicio Avendaño aseguró que se continúa trabajando por la seguridad de Chiapas.

“La seguridad se construye en los municipios con presencia real en territorio, con estrategia y con inteligencia, porque se actúa bajo una misma línea: proteger y cuidar el pueblo”. “Nunca más regresará el miedo y la incertidumbre”.

Entre los capturados se encuentra Salvador “N”, alias “Kilos”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en la región, quien en 2018 fue condenado en Estados Unidos a 39 meses de prisión por su participación en una conspiración para el contrabando de armas de fuego y municiones hacia México.

Esta célula presuntamente obligaba a una empresa tabasqueña a comercializar productos de procedencia ilícita y está detrás de los ataques violentos contra los establecimientos, en el contexto del cobro de “derecho de piso”.

En conferencia de prensa, el fiscal para el Combate al Secuestro y la Extorsión, Guillermo Brown Bocanegra, detalló que las investigaciones permitieron desarticular parte de esta estructura criminal.

La organización criminal utilizaba herramientas digitales y números telefónicos adquiridos en plataformas en línea para ocultar la identidad de sus integrantes e incluso simular que las llamadas de extorsión provenían del extranjero, señaló.

Añadió que, mediante técnicas de investigación autorizadas por un juez y el análisis de información especializada, se identificó al presunto líder de la célula, quien coordinaba las operaciones desde una entidad del norte del país, mientras que tres colaboradores operaban desde Villahermosa, donde realizaban labores de vigilancia, seguimiento de víctimas y recopilación de información sobre los establecimientos afectados.

Como parte del operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión en Altamira, Tamaulipas, contra Salvador “N”. De manera simultánea, autoridades estatales detuvieron en Tabasco a tres presuntos integrantes más de la organización.

Los cuatro detenidos enfrentan cargos por extorsión agravada, delito que en Tabasco puede alcanzar una pena de hasta 42 años de prisión.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación por los homicidios de tres trabajadores del sector cárnico: el 21 de abril, en la carnicería “El Jarocho” de la colonia El Espejo I, en Villahermosa (municipio de Centro), fue asesinado el gerente Giovanni Moisés, de 24 años; y el 4 de mayo, en la supercarnicería Grijalva de Jalpa de Méndez, fueron ultimados una cajera y un despachador.

Autoridades, incluido el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, han vinculado estos casos directamente a la extorsión.

Asimismo, la FGET anunció que próximamente emitirá fichas de recompensa para localizar a otros cuatro presuntos integrantes del grupo, quienes cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y permanecen prófugos.

En el operativo iniciado en Tabasco y que llegó tierras tamaulipecas participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) federal, el Centro Nacional de Información (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

A través de sus redes sociales, el jefe policial indicó que operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) permitieron el aseguramiento de 2.1 toneladas de cocaína y la detención de cinco personas en las costas guerrerenses

“Con estos resultados, en la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en mares mexicanos”, resaltó.

DECOMISOS EN TLAXCALA
Mientras que en Tlaxcala, personal de la Secretaría, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina llevaron a cabo un cateo en un inmueble donde se encontraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

“En seguimiento a líneas de investigación, se identificó un inmueble vinculado a delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos, por lo que, los efectivos acudieron a la zona a recopilar datos de prueba, mismos que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

“Tras un despliegue operativo coordinado, se dio cumplimiento al mandamiento ministerial y en el lugar se aseguraron 900 paquetes con cocaína, seis armas de fuego largas, cartuchos y equipo táctico. Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades”, indicó la dependencia.

Con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente un millón 800 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en 194 millones de pesos para la delincuencia organizada, lo que contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas.

Pasadas las 21:00 horas, un grupo de hombres disparó contra las víctimas que se encontraban en la calle Laureles, en las instalaciones de los campos deportivos.

Vecinos reportaron una balacera al Sistema de Emergencias 911 y pidieron ayuda para las personas heridas. Cuatro hombres y una mujer quedaron sin vida.

Paramédicos trasladaron a los heridos a un hospital, mientras policías municipales y del estado resguardan la escena.

Agentes investigadores y peritos criminalistas de campo trabajaron hasta la madrugada de hoy, en el procedimiento de las escena y traslado de las personas muertas al Servicio Médico Forense.

Otros oficiales realizaron un operativo por varios rumbos en busca de los responsables de la masacre.