La belleza escénica y la diversidad biológica de la Laguna Nichupté son un imán para visitantes nacionales e internacionales, quienes contribuyen significativamente a la economía local.

Ubicada entre la zona hotelera y la ciudad de Cancún, la Laguna Nichupté ha sido durante décadas un atractivo fundamental para los turistas que buscan experiencias naturales y actividades acuáticas. Sin embargo, su fragilidad se ve cada vez más comprometida por el crecimiento desmedido de infraestructuras hoteleras, residenciales y comerciales.

Un claro ejemplo de la saturación de construcciones y del fuerte rechazo de la sociedad organizada es la postura de grupos de residentes al que se sumó la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres por el proyecto Península Cancún, que contempla la construcción de 1,300 viviendas de lujo y 850 cuartos de hotel sobre lo que actualmente es el campo de golf Pok Ta Pok, en la primera etapa de la zona hotelera.

Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, considera que no se debe permitir la construcción de este mega desarrollo en el corazón de la zona turística, un área que enfrenta problemas de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras.

Agrupaciones como Asociados Náuticos de Quintana Roo, lidereada por Francisco Fernández, han advertido en diferentes foros sobre el deterioro evidente del sistema lagunar y los riesgos que enfrenta por la saturación de construcciones, que avanzan a un ritmo muy acelerado sin que se hagan inversiones para hacer un “proceso de purificación”.

De acuerdo con datos de la asociación, buscan apoyos económicos a través de varias instancias ambientales, de gobierno y ONGs, para poner en marcha un programa de retiro de casi 80 embarcaciones que por diversos motivos se hundieron en diversas zonas y los canales que conectan el Sistema Lagunar Nichupté.

Prácticamente desde la planeación de Cancún, a principios de la década de los 70s, se designó una Zona de Preservación Ecológica que ahora es el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté la cual abarca 4 mil 257 hectáreas, donde hay principalmente manglares y humedales.

La falta de vigilancia por parte de las autoridades federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es otro de los factores que contribuyen al deterioro ambiental, pues cada vez son más las embarcaciones que ofrecen recorridos por la laguna Nichupté, una zona que ambientalmente es considerada como la incubadora de cientos de especies marinas y aves migratorias.

Por lo general se trata de embarcaciones de menor calado, motos acuáticas y lanchas rápidas, muchas circulan a exceso de velocidad y sin las precauciones necesarias para evitar afectaciones en la zona de manglares.

La protección de la Laguna Nichupté no solo es una responsabilidad ambiental, sino también un imperativo económico y social para el futuro de Cancún. De no tomarse medidas para preservar este ecosistema tarde o temprano la calidad de la experiencia turística se verá comprometida, una situación que afectará negativa y directamente a la industria turística.

Francisco Hernández, presidente de Asociados Náuticos de Cancún, denunció que la laguna Nichupté «ya no aguanta más», pues no sólo sufre la presión de un desarrollo masivo en su litoral.

“(El) cemento se solidificó en las áreas secas y cayó en el cuerpo de agua presente en las cavernas afectadas”, indica un extracto del reporte.

La Profepa también corroboró un proceso de oxidación en el recubrimiento de los pilotes, el colapso de la bóveda de un cenote sin nombre y la modificación de cuevas por la perforación para la instalación de pilares.

Asimismo, extracción de agua sin la autorización debida, relleno y sepultamiento con material pétreo de cavernas sin nombre y presencia de restos de material derivado de perforaciones en el manto acuífero de otra caverna.

El informe de la Profepa fue entregado al Juzgado Primero de Distrito radicado en Mérida, Yucatán, como parte del requerimiento hecho por el juez Adrián Fernando Novelo dentro de la demanda de amparo promovida por habitantes de Playa del Carmen.

“Se advierte con certeza suficiente que se están cometiendo daños al medioambiente que podrían ser de difícil o imposible reparación, lo que obliga a este juzgador a mantener la medida precautoria (suspensión) que hasta este momento sigue surtiendo efectos y, en ese sentido, no es posible ordenar su revocación como pretenden las autoridades responsables”, indicó el juez.

Ahora, nuevamente el juez Adrián Fernando Novelo determinó que se deberán mantener suspendidas las labores en el Tramo 5 del Tren Maya después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregara un informe en el que confirma el derrame de cemento en cuevas para la construcción de pilotes de la obra.

En enero de este año, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de Yucatán, con sede en Mérida, determinó frenar las obras en esta zona hasta que las autoridades federales informaran sobre los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos que han realizado.

Sin embargo, activistas han denunciado que estas continúan a pesar de las determinaciones judiciales.

El informe de la Profepa se entregó al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán el pasado 29 de abril, según registros judiciales.

El documento compartido por Sélvame del Tren señala que estos derrames de cemento se han registrado en cuatro cavernas, conocidas como Garra de Jaguar, X’tun, Manitas y Ocho Balas.

“Con motivo de la construcción de pilotes que soportan el viaducto elevado donde correrá el tren en el Tramo 5 sur, cemento que se solidificó en las áreas secas y cayó en el cuerpo del agua presente en las cavernas afectadas”, agrega el escrito de la dependencia federal.

Ante esto, el juez determinó que no se puede revocar la determinación para que continúen estas obras.

En el informe también se incluye el colapso del techo de un cenote que no tiene nombre, el lavado de la olla de revolvedoras en sitios no autorizados, extracción de agua sin autorización y las modificaciones en las cavernas por las perforaciones para la construcción de pilotes. A pesar de las advertencias judiciales, no hay culpables, todos se preguntan quién pagará por este ecocidio.