Niegan Amparo a Amílcar Olán, operador financiero de los hijos de López Obrador
27 May. 2024 2:06 pm
CANCÚN | Un juzgado de Distrito de Cancún, Quintana Roo, negó medidas cautelares al empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, para impedir judicialmente la intervención de sus comunicaciones telefónicas.
Al contratista del gobierno federal, de quien se han difundido una serie de conversaciones que indican tráfico de influencias con autoridades para obtener contratación de servicios, especialmente en la construcción del Tren Maya, le fue negada la suspensión definitiva el jueves pasado por el Juzgado Cuarto de Distrito.
Olán Aparicio tramitó el amparo contra el otorgamiento de autorización de información relacionada con la intervención de sus comunicaciones privadas, y contra su localización geográfica en tiempo real y el acceso a sus datos personales que resguardan empresas concesionarias de telecomunicaciones.
Jorge Amílcar Olán es accionista de la compañía Romedic, junto con Jorge Luis Olán Rodríguez, misma que se constituyó en Tabasco el 23 de enero de 2020, de acuerdo con el Folio Mercantil Electrónico N-2020012203 del Registro Público de Comercio de Villahermosa, y que tuvo contrato por más de 304 millones de pesos con el estado de Quintana Roo para proveeduría de medicamentos a finales del 2022.
Este mismo personaje se ha beneficiado con contratos del gobierno federal para la construcción del Tren Maya, mediante la venta de balasto, cuya piedra se coloca sobre los durmientes en los que se asientan los rieles del ferrocarril, principalmente en el estado de Quintana Roo.
En las conversaciones telefónicas que se han difundido más recientemente, este personaje reconoció supuestas reuniones con el Ejecutivo Federal, el encargado de la construcción del ferrocarril turístico y exfuncionarios, y con el anterior titular del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May.
Como parte del juicio de amparo, la jueza Gloria Luz Reyes emplazó al empresario tabasqueño a que antes de admitir la demanda hiciera la aclaración de cuatro puntos de su escrito con el cual solicitó la protección constitucional.
Se le preguntó si el reclamo estaba relacionado con la integración de alguna carpeta de investigación en su contra, en el entendido que, de ser así, procediera a señalar a las autoridades encargadas del caso.
Igualmente, que, bajo protesta de decir verdad, narrara los acontecimientos positivos y negativos ocurridos previamente al motivo de la demanda, respecto a la intervención de sus comunicaciones privadas, su localización geográfica en tiempo real y el acceso a los datos conservados por las concesionarias de telecomunicaciones.
Asimismo, que si tenía conocimiento de la existencia de algún proceso penal iniciado en su contra, y si ha interpuesto algún otro juicio contra los mismos hechos, y de ser afirmativo procediera a notificar la identificación del mismo.
La prevención judicial fue aclarada el pasado 15 de mayo, y se programó la primera audiencia incidental en la que se le negó la suspensión provisional, a los dos días siguientes.
Como parte del litigio se conoció que, mediante un par de oficios, la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cancún, rindió un informe en representación de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, el pasado día 21.
La audiencia más reciente se programó a las 10:15 horas del 23 de mayo pasado, en la cual se negó la suspensión definitiva al empresario.
El caso legal se mantiene activo y se programó la audiencia donde se dictará sentencia para el 17 de junio próximo.
El contratista señaló en su solicitud de amparo, que con la intervención a sus conversaciones privadas por teléfono se violentaron sus garantías constitucionales.
Cabe mencionar que la diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó una denuncia ante la FGR y la Auditoría Superior de la Federación, preocupada por posibles irregularidades en la adjudicación del contrato de proveeduría de medicamentos al estado de Quintana Roo.
Sin embargo, recientemente personal de la FGR negó que tenga abierta investigaciones contra el empresario que se ha hecho millonario en el presente sexenio. Servicio Informativo Cambio 22
