Chiapanecos viven entre conflictos agrarios y disputa de cárteles

MARITZA PÉREZ | El reciente desplazamiento de más de 4,000 habitantes de la comunidad de Tila, ubicada en la zona norte de Chiapas, es un signo más de la violencia generalizada que ha sufrido desde hace más de una década el Pueblo conocido como Ch’ol de Tila.

En días pasados, la Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que el sábado 8 de junio 4,187 personas, incluidas menores de edad y familias completas, abandonaron sus hogares ubicados en el municipio de Tila, debido a la violencia generadas por grupos armados que se disputan el control de ese territorio.

De acuerdo con la información local, estos pobladores se encontraban escondidas en sus domicilios desde hace días por los enfrentamientos a lo largo de toda la comunidad, por lo que luego de pedir auxilio, elementos militares y de seguridad acudieron a la zona para trasladarnos de emergencia en camiones, y camionetas pick up a diversos albergues de comunidades como Petalcingo y Yajalón.

Tras los operativos en lo que se dijo, únicamente participaron unos 500 elementos de la Guardia Nacional y locales, las autoridades hallaron 17 inmuebles dañados por los enfrentamientos, incluso algunos incendiados, además de que se encontraron, al menos, dos personas muertas, incluido un joven de 16 años.

De acuerdo con organizaciones sociales, desde hace 15 días pobladores denunciaron que un grupo armado conocido como “Los Autónomos” bloquearon las entradas y salidas del municipio y todo empeoró cuando un lunes por la tarde decidieron incendiar varias casas.

Se sabe que este grupo denominado “Los Autónomos”, está en conflicto con otro grupo armado conocido como “Los Karma”, derivado de una lucha ejidal del pasado y que busca desplazar a los pobladores de Tila.

Según informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, desde 2010 se ha expresado preocupación por la violación al derecho al territorio del pueblo Ch’ol, reconocido bajo la figura agraria de ejido, ubicado en la zona Norte del estado de Chiapas; así como por la falta de garantías para tener acceso a una justicia independiente que permita la restitución de las 130 hectáreas de su territorio, ocupadas de manera inconstitucional por el Ayuntamiento Municipal de Tila.

Ello derivado de que el 30 de julio de 1934, mediante resolución presidencial se benefició a 836 ejidatarios del ejido Tila con la dotación de una superficie de tierras de 5,405 hectáreas, sin embargo, luego de un juicio de éstas, 130 hectáreas les fueron quitadas.

En ese entonces, el pueblo Ch’ol de Tila sostuvo que no pretendía desalojar las personas que ahora habitan esta porción de su territorio, sino, más bien, que se reconozca que no es propiedad privada sino tierras ejidal y que por lo tanto no se rige por el derecho privado, sino por el derecho agrario y a su vez por el reglamento interior del ejido así como por las prácticas, usos y costumbre del pueblo Ch’ol de Tila.

Desde entonces, este conflicto ha ido escalando, pues este municipio se han registrado actos violentos como asesinatos de líderes locales, de pobladores, así como enfrentamientos, incendios de casas, aunado a que no se ha podido establecer un gobierno local, lo que también afecta a los servicios básicos de los habitantes.

Incluso, el año pasado fueron cerradas más de 20 escuelas por la ola de violencia, mientras que a inicios de 2024 fue asesinado el comisario ejidal.

Sobre este y varios municipios de Chiapas que viven un contexto de violencia generalizada, que se ha incrementado dramáticamente en diversas regiones de la entidad, como Chenalhó y Aldama, así como Pantelhó, Oxchuc, Chalchihuitán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, El Bosque, Frontera Comalapa, Chicomuselo, entre otros.

Organizaciones sociales advierten que los episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, crece día con día, evidenciando que no se trata sólo de conflictos agrarios intra e intercomunitarios, que por sí mismos merecerían una estrategia de intervención inmediata por parte de las autoridades correspondientes, sino de una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo.

Muestra de lo anterior se puede observar en el número de víctimas por homicidio doloso en el primer trimestre del 2024, durante dicho lapso suman 299 casos, este dato es el más alto desde al menos 2015 para un periodo similar.

Si se compara con los 156 homicidios que se registraron en el primer cuatrimestre del 2023, existe una variación de 91.6 por ciento. El Economista