Tribunal Electoral declarará legítima la elección de Claudia Sheinbaum
12 Ago. 2024 9:58 pm
CDMX | El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó el análisis de las impugnaciones de la oposición a los comicios, desestimó todos los agravios reclamados por Xóchitl Gálvez, PAN, PRI y PRD, y despejó cualquier duda sobre la legalidad de la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.
Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó todos los puntos del proyecto de resolución elaborado por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, en el que se proponía declarar infundados los agravios y desechar la petición de nulidad hecha en dos juicios de inconformidad, uno promovido por el PRI, y otro de manera conjunta por las dirigencias del PAN y PRD.
Asimismo, se desechó el Juicio de Protección de los Derechos Políticos de la Ciudadanía promovido por la excandidata Xóchitl Gálvez, quien denunció una serie de agravios cometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra.
Con esta resolución, la Sala Superior allanó el camino para que el miércoles se apruebe la declaración de validez de las elecciones presidenciales con el cómputo final de los votos, y para que el jueves se entregue a Claudia Sheinbaum la constancia de presidenta electa.
En sus tres denuncias, la oposición acusó diez agravios:
Violencia generalizada e intervención del crimen organizado.
Intervención de sindicatos.
Intervención indebida de servidores públicos (conferencias mañaneras, publicación del libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador, entrevistas y acciones de gobernadores de Morena y otros funcionarios del gobierno federal).
Uso indebido de programas sociales.
Coacción y compra de votos.
Actuar indebido de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
Intervención de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para favorecer a Morena.
Indebida integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que desde noviembre opera sólo con cinco de siete integrantes.
Adquisición de tiempo en radio y televisión.
Irregularidades ocurridas en las casillas.
Felipe de la Mata, uno de los autores del proyecto de sentencia, explicó que el 2 de junio participaron más de 60 millones de personas en la elección presidencial (61.04 por ciento del padrón electoral), de las cuales 35 millones 924 mil 519 votaron por Claudia Sheinbaum (es decir, el 59.75 por ciento).
“Anular una elección sin una base probatoria sólida no solo sería un gran error jurídico, sino un acto contrario a la voluntad de la ciudadanía. En ese sentido, la elección presidencial no solo fue conforme a derecho, sino que es totalmente legítima, y ese es el proyecto que se les presenta. Los comicios están legitimados por la propia ciudadanía y por primera vez en la historia política de este país, una mujer ha ganado la elección, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, enfatizó el magistrado.
Felipe Fuentes también defendió su proyecto de resolución, y aseguró que la oposición fue ineficiente al tratar de probar las irregularidades denunciadas, e hizo una defensa del voto mayoritario de la ciudadanía.
“Para anular una elección, las irregularidades deben ser graves y, sobre todo, determinantes, algo que no se demostró en las impugnaciones presentadas. Debemos disipar cualquier prejuicio que sugiera que el voto de los ciudadanos fue manipulado. Los votantes son individuos informados, capaces de tomar decisiones basadas en su propio juicio y criterios. En una democracia madura como la nuestra, es esencial reconocer que el electorado no es un grupo pasivo que puede ser fácilmente manipulado”, señaló.
En el mismo sentido se pronunciaron la presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, y la magistrada Claudia Valle, quien fue habilitada como sexta integrante de la Sala, pues es un requisito constitucional que el Tribunal tenga seis integrantes, y desde octubre de 2023 sólo hay cinco magistraturas.
Votos discordantes
La magistrada Janine Otálora se manifestó en contra de desechar el juicio promovido por Xóchitl Gálvez, pues los magistrados le negaron interés jurídico en ello. Además, consideró que el proyecto no estudia a fondo los agravios expuestos por los partidos que impugnaron.
“El proyecto desestima los agravios al considerar que no se aportaron elementos de prueba suficientes para acreditarlos, por lo que, en cada temática de estudio el proyecto concluye que no hay elementos para analizar temas como la intervención del presidente de la República, la incidencia de hechos violentos, el uso de programas sociales, así como el supuesto actuar irregular de las autoridades electorales. No comparto la aproximación al estudio de las demandas, porque sí considero que existen elementos suficientes para poder realizar un pronunciamiento sustancial respecto de los planteamientos”, expuso Otálora, quien anunció un voto concurrente en el que desarrolla sus argumentos en contra de algunos de los resolutivos de la sentencia.
La magistrada coincidió en que las irregularidades no fueron determinantes como para generar una medida extrema, como lo es la nulidad del proceso; sin embargo, dijo que sería obligación del Tribunal analizar a fondo los problemas del proceso electoral y algunas condiciones anómalas en las que se desarrollaron los comicios.
“Lo que nos corresponde como autoridades calificadoras del proceso electoral es poner en evidencia los pendientes, los problemas en el diseño de nuestro sistema electoral, las amenazas a nuestra democracia, que este sigue siendo un país en el que la voluntad expresada, a través del voto sea lo que determine, lo único que determine quién habrá de ejercer el poder público. Este Tribunal tiene la obligación de garantizar que cada voto sea respetado y que el proceso electoral sea llevado a cabo en un marco de legalidad, equidad e integridad”, dijo.
El magistrado Reyes Rodríguez también expuso sus diferencias con el proyecto de De la Mata y Fuentes porque se queda muy lejos de un ideal de justicia electoral.
“La ciudadanía, las fuerzas políticas y las candidaturas a la Presidencia de la República merecen una sentencia que juzgue con perspectiva de integridad electoral y alcance el más alto rigor constitucional. En mi opinión el proyecto de sentencia aterriza lejos de ese estándar”, señaló.
Aunque se pronunció a favor de no declarar la nulidad de la elección, Reyes también anunció un voto concurrente en el que expone sus preocupaciones por los agravios de la oposición: el uso y manipulación de los programas sociales para beneficiar a Morena, la intervención del crimen organizado, el quiebre de las condiciones de equidad con las conferencias mañaneras y la intervención del presidente de la República, los gobernadores y sindicatos.
“La elección presidencial 2023-2024, fue un proceso de claros-oscuros que nos invita, como sociedad a repensar el tipo de democracia electoral que queremos para el futuro. Esta reflexión sobre el paradigma político-electoral al que aspiramos como país, no es una retórica ociosa. Se trata de un ejercicio social imperativo para devolverle vigencia a los arreglos institucionales”, añadió.
