Veracruz, Tabasco y Chiapas: Narcoviolencia los recomienda
9 Sep. 2024 12:28 pm
REPORTE MAYA
ESPECIAL
VILLAHERMOSA | Sangre y corrupción es lo que suma la presidenta electa Claudia Sheinbaum, al anunciar que los gobernadores salientes de Morena serían integrados a su gabinete destacando a Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco; Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, y Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, los tres involucrados en actos de corrupción, acusados de permitir y proteger al crimen organizado en sus entidades.
“Todos los compañeros que están dejando sus gobiernos estatales van a participar en el Gobierno federal, los he invitado”, dijo Sheinbaum en la conferencia en la que presentó a Emilia Esther Calleja como nueva directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sheinbaum aclaró que quien no se integrará a su equipo de trabajo será Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, pero esto porque el exfutbolista estará en el Congreso de la Unión en la próxima legislatura como diputado de Morena: “Les vamos a informar pronto” qué harán en el gabinete, agregó la ex jefa de Gobierno en su conferencia de prensa.
Al anuncio, Cuitláhuac García adelantó que pedirá licencia en Veracruz para separarse del cargo antes de terminar el sexenio para poder unirse al gabinete y aceptar la invitación de Claudia Sheinbaum: “No tengo fecha (…) sí voy a pedir licencia, lo que yo he pedido es tiempo, necesito avanzar, hay obras importantes que quiero supervisar personalmente sobre esto, estar sobre esto, dejarlas encaminadísimas”, señaló.
Veracruz: tierra de todos los cárteles
Veracruz se ha convertido en un estado disfuncional donde la narcoviolencia, la impunidad, el abuso de poder, el nepotismo, la corrupción, la persecución a los opositores del gobierno morenista y el débil estado de Derecho mantienen en jaque a los veracruzanos.
El discurso oficial del gobierno de Veracruz de que en tres años acabaría con la grave inseguridad pública que ha ensombrecido a la mayoría de los 212 municipios del Estado, ha desnudado la incapacidad, ineficiencia, corrupción y oídos sordos del titular del Poder Ejecutivo.
Las organizaciones no gubernamentales del país -las que no tolera el gobierno morenista de AMLO-, encabezadas por Artículo 19 y Causa Común, denuncian que Veracruz cayó en el tobogán social como la mayoría de los estados de la república agobiados por gobernadores “ineptos” y por una “fallida” estrategia anticrimen.
Expertos en seguridad nacional advierten que, ante el fracaso de la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de AMLO optó por expiar sus culpas echándole la “culpa a los gobiernos que los antecedieron”, al igual asumieron la misma postura los gobernadores morenistas.
Se asegura que el gobierno de Cuitláhuac García no ha podido sostener su palabra que vendió en su campaña electoral de que acabaría con la hidra de la inseguridad pública, la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias y los poderes fácticos, ahora se lava las manos a costa de sus antecesores.
No han podido revertir los principales problemas sociales y políticos que aquejan a Veracruz. A cinco años por cumplir de su sombría gestión ha quedado patente su incapacidad para gobernar, su ineficiencia y tortuguismo para sacar del ‘buey de la barranca’ a Veracruz.
Diversos sectores acusan que es absurdo que a cinco años del gobierno de Cuitláhuac García no tenga un estudio minucioso donde se focalice a los principales municipios de la entidad que han sido invadidos y convertidos en un nicho por el crimen organizado.
Los aparatos de Seguridad Pública deben, deben canalizarse a todos los municipios que han sido puestos en jaque por las células de los cárteles de la droga, colocar cinturones de seguridad, intensificar la vigilancia en los negocios de giro negro, utilizar la tecnología de punta, para inhibirlos.
Los delitos de alto impacto social que se registran desde hace cinco años en Veracruz deben prevenirse y no esperar que sucedan barbaries, ajuste de cuentas entre las células criminales, extorsiones, cobros de piso y secuestros exprés, plantea.
Las ONG’s lamentan que el discurso oficial de los gobiernos de Morena sean triunfalistas con las principales endemias sociales que arrastra Veracruz. La narcoviolencia no se ha reducido en los municipios con foco rojo; las barbaries son el sello de la impunidad de los narcos, que violentan el estado de Derecho sistemáticamente.
Las mafias de los siete cárteles que se disputan las principales plazas de la entidad desde el Pánuco hasta el Tonalá actúan con la complicidad de los mandos medios de los cuerpos policiacos y con el respaldo de algunos alcaldes de los partidos políticos, principalmente de Morena.
Condenaron que el gobierno de Veracruz haya desatado una campaña de terror y represión contra periodistas críticos, opositores, líderes sindicales y clérigos por criticar la corrupción y nepotismo de los servidores públicos de Morena y la tolerancia del gobierno estatal con el crimen organizado.
“La estrategia anticrimen del gobierno morenista de ‘Abrazos, no balazos’, ha sido un verdadero fracaso. El crimen una y otra vez ha demostrado su poder ante la ineficiencia vergonzosa de los ‘abrazos’ en el Estado”.
Unos de los hechos sangrientos que conmocionaron a Veracruz ocurrió en el puerto de Tuxpan el pasado 28 de enero cuando criminales abandonaros los restos desmembrados de ocho personas en dos camionetas. Se trata de uno de los eventos más violentos registrados en dicha entidad en lo que va del año, pues, además, fue atribuido a una de las organizaciones criminales más peligrosas de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El caso fue de gran interés a nivel estatal debido que junto a los restos humanos fueron localizados dos “narcomensajes” presuntamente firmados por el también conocido ‘cártel de las cuatro letras’.
“Guatemaltecos dejen de creer en el Grupo Sombra y quédense en sus lugares de origen, gente que me mandes así te la vos a regresar perro”, se leía en parte del mensaje.
De acuerdo con la investigación Presencia del Crimen Organizado en México de AC Consultores, hasta enero de 2023 se había identificado la existencia de siete grupos criminales en Veracruz.
El reporte refiere que la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, es la de mayor presencia en la entidad, pues hace 12 meses operaba en 72 de los 212 municipios veracruzanos; cifra que se presume incrementó.
Al CJNG le sigue el Cártel de Sinaloa, cuyas operaciones fueron rastreadas en 27 municipios.
En tercer lugar, según datos de la consultoría de inteligencia estratégica, táctica y operativa en materia de seguridad, se encuentran los Zetas Vieja Escuela, una organización criminal escindida de Los Zetas que tiene presencia en 12 municipios ―además de otros estados, como Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas―.
De este grupo destaca que sus actividades principales son el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el asesinato y el robo de hidrocarburo. Fue fundada por José Guízar Valencia, alias ‘Z-43′, junto con otros disidentes de la organización original.
AC Consultores también identificó la presencia del Cártel del Noreste y la célula criminal independiente “35-Z” en Veracruz. Ésta última, comenzó a operar en 2016 en Xalapa y otras zonas del norte de la entidad en el delito de secuestro, robo, cobro de piso y extorsión.
El análisis también refiere la presencia del Cártel del Golfo en Veracruz mediante el grupo criminal Fuerza Especial Grupo Sombra (FEGS), una de sus escisiones más reconocidas. En enero de 2023 se reveló que operaba en un aproximado de seis municipios, aunque se presume que durante el último año lograron expandir sus actividades.
Cabe destacar que Grupo Sombra mantiene sus operaciones en Tuxpan, Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán, y ha logrado ganar cierta popularidad debido a que en épocas festivas entrega cenas y bebidas, así como despensas.
Finalmente, uno de los más recientes grupos criminales identificados en el estado es Nuevo Veracruz, una agrupación vinculada al CJNG.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en los 5 años del gobierno de Cuitláhuac García se han cometido 4 mil 596 homicidios dolosos.
Tabasco: del edén al infierno
El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador trajo consigo cambios significativos en el mapa criminal de México. Entre los más importantes se encuentra la evidente fractura interna del Cártel de Sinaloa, así como el crecimiento del CJNG; una de las organizaciones más violentas en la historia del país y que ya conquistó Tabasco su tierra natal por encima de cualquier otro grupo criminal
Aunque su crecimiento ha sido constante desde 2009 ―año en el que fue fundado―, algunos hechos suscitados durante la actual administración, próxima a concluir el 1 de octubre de 2024, han provocado que el camino para el cártel de las cuatro letras sea más fácil.
Entre estos acontecimientos se encuentran las detenciones de Ovidio Guzmán López (2019 y 2023) y Néstor Isidro Pérez (2023); líder y presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, respectivamente.
También la incesante ‘cacería’ del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del Cártel de Sinaloa por la producción y tráfico de fentanilo, por la que incluso los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán intentaron deslindarse.
No obstante, múltiples expertos aseguran que la reciente captura de Joaquín Guzmán López e Ismael ‘El Mayo’ Zambada en El Paso, Texas, ha sido el acontecimiento más importantes desde 2018.
En su más reciente columna, titulada Adiós a Sinaloa. CJNG, el cártel del nuevo sexenio, el periodista Ricardo Ravelo señala que, con la caída de ambos narcotraficantes, el también conocido Cártel del Pacífico ha caído en una crisis interna que representa una oportunidad para Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, de posicionarse como el capo más poderoso de México.
Ahora, “el CJNG está al acecho de rutas, clientes y negocios” todavía dominados por el Cártel de Sinaloa, apuntó.
De acuerdo con reportes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el CJNG trafica fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Éste último, según refiere un reporte del Congreso de Estados Unidos, es el principal estupefaciente que producen.
Ravelo también destaca que la organización criminal domina el mercado del robo de combustible, mejor conocido como ‘huachicol’, además de tener presencia en gran parte del mundo.
“El grupo criminal ya domina el negocio del tráfico de drogas en América Latina y ahora se proyecta para apoderarse de otros territorios en distintos continentes (sic)”, señaló.
En cuanto al país de las barras y estrellas, la DEA apunta que el CJNG tiene presencia en todos y cada uno de sus estados.
“Operan extensas cadenas de suministro globales, desde precursores químicos a instalaciones de producción y dirigir una compleja red de conspiradores que incluye transportistas internacionales, transportistas transfronterizos, funcionarios corruptos, constructores de túneles, empresas, lavadores de dinero y otros”, se lee en la Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2024.
Por otra parte, el comunicador apuntó que su alianza durante los primeros años de vida del cártel con Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, fue de gran ayuda.
“El poder que acumuló el CJNG y ‘El Mencho’ se debió, en buena medida, a la capacidad que mostró a partir del año 2008 y hasta el 2015 el cártel de Los Cuinis, pues para el gobierno de Estados Unidos este grupo criminal tuvo en ese momento más poder que el propio Cartel de Sinaloa”, agregó.
El pasado 22 de diciembre el CJNG irrumpió violentamente en Villahermosa, un enfrentamiento a las afueras de la casa de Hernán Bermúdez Requena, quien fungía como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con sus aliados “La Barredora” desató una ola violenta que persiste hasta nuestros días dejando hasta el domingo 8 de septiembre 607 ejecutados y con la insistencia del gobierno que encabeza el sustituto Carlos Manuel Merino Campos de que “No hay cárteles en Tabasco”.
Esa noche se activó el Código Rojo en todo el estado ya que la capital que fue bloqueada en sus diversos accesos por incendios y balaceras que se agudizaron durante 48 horas convirtiéndola en una zona de narco bloqueos
Los reportes disponibles sugieren que el estado de Tabasco vive bajo el asedio del CJNG y del grupo criminal conocido como La Barredora, el cual opera en los municipios de Comalcalco, Cárdenas y Paraíso, según recientes declaraciones de Víctor Hugo Chávez, secretario de Seguridad estatal.
Anteriormente, “La Barredora” se consideraba como una célula delictiva vinculada con el CJNG y, según exponen documentos militares extraídos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estaría ligada a Hernán Bermúdez Requena.
Los informes castrenses apuntan que para noviembre de 2019 ya había sido identificada la supuesta relación entre Requena y un jefe criminal de la región: Trinidad Alberto De la Cruz Miranda, alias ‘El Pelón de Playas’, capturado el 30 de diciembre de 2019. Asimismo, ubicaron al exsecretario como el responsable de negociar la liberación de tres presuntos criminales a cambio de 500 mil pesos. Los tres hombres eran cercanos a Benjamín Mollinedo Montiel, alias ‘Pantera’, quien para ese año ya era ubicado como líder de La Barredora y fue detenido en 2021.
En septiembre, a tres semanas de la elección interna del candidato presidencial de Morena, explotó el escándalo de un hackeo de seis terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales fueron filtrados por el colectivo de piratas informáticos Guacamaya.
Dicho caso fue conocido como “Sedena Leaks”. Pese a que en ese momento se habló del general Luis Cresencio Sandoval, el extitular de Gobernación, Adán Augusto López, también recibió una parte de la atención cuando se revelaron los presuntos nexos del narcotráfico de quien había designado como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco cuando fue gobernador.
Era Bermúdez Requena, quien en dichos documentos fue señalado de operar para una organización criminal llamada “La Barredora”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Nada comprobado hasta ahora, pero el mismo personaje que hace una semana fue destituido en medio de nuevos rumores por su responsabilidad en el inusitado aumento de la violencia en Tabasco.
En plena época navideña, ardieron Villahermosa y Paraíso con bloqueos, motines en cárceles, muertos, secuestros express y una fehaciente pérdida del estado de derecho por algunas horas. En medio del caos y la confusión, el todavía secretario Hernán Bermúdez tuvo que desmentir que fuese objeto de un atentado contra su persona.
Adán Augusto, nombró a Bermúdez secretario de Seguridad y Protección Ciudadana el 12 de diciembre de 2019. Se trató del tercer titular en el cargo antes de que esa administración cumpliera un año de gestión, pues por el puesto habían pasado ya Jorge Alberto Aguirre Carbajal (cinco meses) y Mario Balcázar Martínez (seis meses). López Hernández dejó la gubernatura en agosto de 2021, pero el sucesor interino, Manuel Merino, uno de sus operadores más cercanos, ratificó al mismo responsable de la seguridad.
Bermúdez, de origen yucateco, habita los pasillos policiacos tabasqueños desde los años 90, y apareció en las áreas de seguridad estatales en el gabinete del gobernador sustituto Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994), para ascender en jerarquía bajo la administración de Roberto Madrazo (1994-1999).
En octubre de 2006, bajo la gubernatura del priísta Manuel Andrade –cuya campaña, en 2022, fue coordinada por López Hernández–, se informó que Bermúdez, entonces subsecretario de Seguridad estatal, había sido detenido por agentes federales bajo acusaciones de estar relacionado con el secuestro y asesinato de varias personas originarias del sur de Veracruz ligadas con un controvertido cacique regional, Cirilo Vázquez Lagunes, entre ellas su hermano Ponciano. Cirilo señaló directamente a Bermúdez por la autoría de la matanza, que oficialmente fue atribuida a la mafia de “Los Zetas”.
Antes de arribar a Seguridad y Protección Ciudadana, Bermúdez Requena se desempeñó como director de la Policía de Investigación de la procuraduría de Tabasco. Precisamente en ese cargo apareció en reportes del Centro Regional de Fusión e Inteligencia (Cerfise), que recopila informes de diversas instancias federales de seguridad, entre ellas la Defensa, Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con los expedientes filtrados por “Guacamaya” publicados a partir de la primera semana de octubre por la revista “Proceso” y por “La Silla Rota”, desde 2018, en su posición de director de la Policía de Investigación de la procuraduría de Tabasco, Bermúdez Requena y un grupo de colaboradores alentaron un reacomodo de bandas criminales, con el reclutamiento inicial de Benjamín Mollinedo, “Pantera”. Tras un ciclo de ejecuciones contra integrantes de otros grupos, surgieron “Los Pantera”, que presumiblemente se hallan conectados con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
A nivel local el grupo acabó asumiendo el nombre de “La Barredora”, cuyo predominio en el estado ha evitado confrontaciones con otras mafias criminales. Ello atrajo una disminución aparente de la delincuencia común, aunque prevalecen el tráfico de drogas, la trata de personas y el huachicoleo o robo de combustible en el estado.
Reportes adicionales dan cuenta de que un grupo de policías federales que investigaban extorsiones a migrantes informaron sobre los nexos de aquéllas con actividades de “La Barredora”, en el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche, pero sus pesquisas fueron súbitamente frenadas por órdenes superiores desde la ciudad de México y al equipo de investigadores se le resignaron tareas en otra región del país.
Adán Augusto negó que durante sus tres años al frente de Tabasco se haya permitido el ingreso del narco al estado; sin embargo, los datos oficiales refieren que fue durante ese periodo que la violencia se recrudeció en el estado, presuntamente por una disputa entre el CJNG y “La Barredora”.
En su primer año como gobernador, Adán Augusto entregó las siguientes cifras en comparación con su predecesor Antonio Núñez Jiménez, emanado de las filas del PRD:
565 homicidios dolosos (508 en 2018)
27 feminicidios (40) en 2018)
40 secuestros (103 en 2018)
Abuso sexual 178 (162 en 2018)
Robo total 20 mil 167 (25 mil 59 en 2018)
Extorsión 232 (331 en 2018)
Corrupción de menores 49 (49 en 2018)
Narcomenudeo 123 (131)
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dan cuenta de una reducción durante los dos años siguientes de la administración de Adán Augusto en Tabasco, pues los homicidios dolosos de 2020 fueron 509 pero para 2021 cayeron hasta 390 casos.
Los feminicidios que ya habían descendido en 2019, bajaron más en los dos años próximos al contabilizarse 15 carpetas de investigación en cada año, según datos oficiales; los secuestros pasaron de 103 en 2018 a sólo 16 casos en 2021; y el narcomenudeo también tuvo una caída paulatina de 131 delitos a 123, 87 y finalmente 48 casos durante la transición y administración de Adán Augusto López.
Después de la partida de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, su cargo al frente del estado de Tabasco lo ocupó Carlos Manuel Merino Campos, quien mantuvo la tendencia a la baja durante 2022 y 2023 respecto a los delitos de alto impacto en la entidad:
Homicidios dolosos 291 y 234
Feminicidios 17 y 18
Secuestros 12 y 12
Abuso sexual 256 y 250
Robos totales 10 mil 637 y 9 mil 375
Extorsión 134 y 104
Narcomenudeo 38 y 30
A pesar de las cifras positivas en materia de inseguridad y violencia durante la primera administración morenista en Tabasco, en el año de las elecciones para nuevo gobernador, se desataron los asesinatos en diversas partes de la entidad, por la disputa de territorios entre el CJNG y “La Barredora”.
En los ocho meses del 2024 ya se contabilizan 607 homicidios dolosos en todo el estado. Carlos Manuel Merino dejará el día ultimo de septiembre, un narco estado, donde el CJNG es quien tiene la batuta y el control policiaco de la entidad.
Chiapas: CJNG y CDS tienen sitiado la entidad
En los primeros días de este septiembre, el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la Arquidiócesis de Tuxtla, Miguel Cardona Valdivia, lanzó fuertes críticas a la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos”,
El religioso, en su eucaristía, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, por minimizar la violencia en la entidad, que ha dejado el desplazamiento forzado de familias. Les reprochó que señalen que la difusión de los casos de violencia se trate de una propaganda en contra de su gobierno.
“Yo quiero que en esta oración del Padre Nuestro pidamos por nuestras autoridades de los tres niveles. Se manifiesta esta necesidad (violencia) allá a nivel federal con el presidente de la República y dice que él tiene otros datos, que no es cierto, se va con el gobernador de aquí y dice que es propaganda de los medios de comunicación que le traen mala voluntad”, comentó con los fieles.
“Si no pueden gobernar, pues que digan, pero que por lo menos acepten que no pudieron, salgan con un poco más de dignidad”, increpó.
Aseguró que son los sacerdotes que trabajan en las comunidades azotadas por la violencia, donde se registran los enfrentamientos armados entre las dos organizaciones criminales, los que sufren la violencia.
“Si no ve un montón de muertos que están cayendo por donde quiera, ¿cuál propaganda Rutilio? No inventes, nosotros vivimos en las comunidades, nuestros sacerdotes están en las comunidades rurales y ellos están viviendo y sufriendo esto”.
Señaló que, ante la guerra que mantienen organizaciones criminales, el Ejército parece estar de “manos cruzadas”, sin que intervenga para detener la ola de violencia. “Va a venir ahora el 16 y son vedettes desfilando con sus metralletas. ¿Para qué?, ¿Para qué les sirve sus metralletas y sus riflitos?, Para decirle si el pueblo se levanta: miren lo que les va pasar”.
El sacerdote Cardona también cuestionó a la Guardia Nacional. “Guardia Nacional: ¿qué guardas?, ¿qué proteges?; es que son las órdenes… ¿Órdenes de quién?, De veras preocupa y nosotros (la iglesia) no estamos de acuerdo con esa situación”, dijo.
Sin temor, dijo a los feligreses que asistieron a la misa que, si querían una copia de lo que había dicho, que lo pidieran. “No hijos. Vamos a pedir por ellos. Que se hable con un poco más de dignidad”.
Desde hace tres años, Chiapas vive una crisis de seguridad provocada por la confrontación de cárteles de la droga que se disputan el territorio, lo que ha dejado ejecuciones, miles de desaparecidos, secuestros, bloqueos, enfrentamientos, extorsiones y miles de familias que han abandonado sus hogares, sobre todo de las regiones fronteriza, sierra y frailesca.
Ante la violencia, la iglesia católica, a través de sus tres diócesis, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ha invitado a los fieles a una movilización por la paz en la capital chiapaneca para el próximo 13 de septiembre
El encargado de la Arquidiócesis, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, ha venido denunciando en conferencias de prensa “el silencio, el disimulo o el contubernio de las autoridades que no se han expresado frente a este sufrimiento de miles de personas que han tenido que desplazarse por la violencia, además que los varones son secuestrados para obligarlos a ponerse al servicio de los grupos criminales.
La irrupción violenta de grupos del crimen organizado se extiende con velocidad desde los poblados de la región Fronteriza y Sierra Madre a otros municipios del estado, frente a la negación de los gobiernos federal y del estado por reconocer el terror que viven las localidades y mientras activistas, defensores y jerarcas católicos alertan sobre esta expansión y sus efectos.
La irrupción CJNG en un territorio que antes de 2021 era controlado por el Cártel de Sinaloa Cártel de Sinaloa (CDS), ha derivado en enfrentamientos que ya dejaron una estela de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas en diversas regiones el estado.
La pugna por el control del territorio que empezó en La Trinitaria y Frontera Comalapa se ha extendido en esa región Frontera y Sierra, hacia Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Motozintla y Chicomuselo.
Sin embargo, la narcoviolencia brincó y avanzó también hacia otra región de Chiapas que abarca los municipios de La Concordia, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Villaflores, una zona de alta producción agrícola y ganadera.
Estos municipios conforman un corredor central en Chiapas que se completa con los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas, para salir por Oaxaca y el estado de Veracruz rumbo al centro y norte del país, ruta usada principalmente para el tráfico de armas, drogas o migrantes.
Pero eso ha llevado a que el corredor de la Costa-Soconusco, que va desde Suchiate, Tapachula y todo el litoral chiapaneco, empiece también a presentar hechos violentos, lo mismo que en la región de la carretera fronteriza del sur, desde Marqués de Comillas, Ocosingo y Palenque, para salir al vecino Tabasco.
De más de un millón 100 mil 463 delitos cometidos de enero a junio de 2023, en Chiapas se registraron ocho mil 160. Los datos del gobierno federal, no obstante, ubican a Chiapas en el sitio 26 en cuanto a los homicidios dolosos, al menos hasta junio, según un informe presentado por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, el 23 de julio pasado. Pero hasta este 8 de septiembre acumulaba 658 homicidios dolosos.
El pasado 12 de julio, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en Chiapas se ha sobredimensionado la violencia, que “se exagera”.
“Los datos que tenemos, que consideramos son datos ciertos, indican que no existe una situación de descontrol de la violencia en Chiapas… Se ha exagerado lo que sucede en Chiapas en los últimos tiempos. En general en el país, el tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia”, dijo el mandatario.
Pero Gustavo Castro, activista y defensor de derechos humanos, miembro de la organización Otros Mundos, A.C. (colectivo interdisciplinario para la defensa del territorio), señala que la violencia en la entidad refleja el grave error del presidente en el sentido de negar el fenómeno terrible en el estado, tal como lo hace el gobernador chiapaneco Rutilio Escandón Cadenas.
“Si bien es cierto que la violencia en el estado todavía está lejos de los indicadores que se viven en otras entidades desde hace años y que no reciben el mismo eco de gravedad”, en solo tres años la presencia del narco en el estado es más evidente y avanza a ritmo acelerado, afirma Castro.
El sacerdote Miguel Ángel Montoya Moreno, miembro de la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, refiere que las zonas con mayores índices de violencia hasta ahora son la región fronteriza y la zona de los Altos de Chiapas.
Ante los señalamientos del presidente López Obrador, de que los medios sobredimensionan la violencia en Chiapas, Montoya se dice preocupado por el hecho de que las autoridades nieguen el fenómeno que “para todos es visible y palpable”.
“No entendemos por qué la política del gobierno pretende ocultar o hacer como que no pasa nada, como que no está ocurriendo nada. Nos preocupa porque en el papel de hacer una labor desde la pastoral en favor de los pueblos indígenas, se minimice esta situación de violencia de la que estamos siendo testigos”.
Y considera que las políticas para contrarrestar la inseguridad y la violencia, tanto en México como específicamente en esta entidad, “no están funcionando”.
A la diócesis de San Cristóbal le preocupa lo que pasa en la frontera, sobre todo en los municipios “con mayor tensión”, como Chicomuselo y Frontera Comalapa, pero también fuera de esa región, como en Las Margaritas, La Trinitaria, Ocosingo y otros de los Altos.
Actualmente en Chiapas se extiende el tráfico, consumo y siembra de droga. Cada vez se observa más a niños y adolescentes ebrios y drogados. Los conflictos entre comercializadores de droga por ganar clientela y control territorial llegan ya hasta los enfrentamientos armados y asesinatos, detalla Gustavo Castro.
Señala el activista que la reciente irrupción de los desplazados y desaparecidos, así como la violencia desatada, no permite calcular adecuadamente la magnitud del flagelo social. Pero resalta que “ya inicia la conformación de los colectivos de víctimas en búsqueda de sus familiares desaparecidos y los negocios que se niegan a pagar el cobro de piso son asaltados con violencia o quemados”.
Así, agrega, Chiapas pasó de ser un territorio de tráfico de droga a un territorio de consumo, luego de siembra y por último a un territorio de narco negocios, donde la droga ya no es solo el principal ingreso, sino que se alimenta de la extorsión, cobro de pisos, lavado de dinero, secuestros, robo de tierras, ranchos y viviendas; venta de armas y municiones; control de las ganancias del café, del transporte, de los bares, de los prostíbulos, de las remesas, entre otros muchos rubros.
Uno de los negocios más lucrativos es el tráfico de indocumentados. Y para lograr todo esto, las bandas delictivas recurren al reclutamiento forzado. El narco controla el territorio, los caminos, las veredas, comunidades y regiones enteras por medio del reclutamiento de los llamados “halcones” y de retenes propios, incluso instalados como si fueran oficiales.
El narco, puntualiza Castro, domina “también el territorio social, ya que determina el toque de queda, controla con el miedo, controla a las familias y las comunidades imponiendo el silencio. Y así se impone y controla también los sectores sociales: periodistas, maestros, iglesias, campesinos, comunidades y población urbana a base de miedo y coerción.
“Su operatividad no es posible sin el vínculo con los diversos niveles de elementos policíacos, e incluso personal militar. Controlan el territorio del corazón, y niños y jóvenes quieren ser como el paradigma del narco: poderoso, rico y con ganancias fáciles”.
Explica que los grupos criminales “reconfiguran la conciencia, hacen que se les quiera y admire. Regalan despensas y a veces comparte con la comunidad migajas a cambio de su incondicional alianza. Controlan también el territorio político, ya no solo sobornan o presionan al presidente municipal, sino que ellos mismos ganan las elecciones y así desde el municipio logran todo el control territorial. Tienen vínculos con políticos de todos los niveles”.
Víctor Hugo López, de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (RedTDT), coincide en ver con alarma el incremento de esta violencia generalizada en Chiapas.
Los secuestros, asesinatos, ataques armados y otras acciones violentas que han sido documentadas reflejan la crisis de la entidad, donde la violencia se vive tanto en zonas urbanas como rurales.
Todo esto, aclara, “no es una maquinaria para arruinar la imagen” del gobierno estatal o del federal. Y agrega que al desestimar el presidente López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón la violencia y las denuncias, desconocen también el papel y la labor de periodistas y defensores de los derechos humanos, que es documentar la realidad.
“Nos preocupa que el gobierno estatal y federal reduzcan las denuncias hacia una estrategia de ataque hacia ellos. La lectura que realizan las autoridades estatales y las federales es una lectura errónea: consideran la difusión de esa información como un ataque al gobierno de la Cuarta Transformación”, indica.
Sin embargo, reitera que no hay una posición en ese sentido, sino una demanda para que actúe un Estado omiso ante una realidad que afecta diversas regiones del país. “En Chiapas –enfatiza– vemos una situación de ingobernabilidad, dado que no se está atendiendo desde la responsabilidad del Ejecutivo”.
Por ello, Víctor Hugo López hace un llamado: “Es urgente que tanto el presidente como el gobernador se sitúen en su papel como jefes de Estado, de responsables del Poder Ejecutivo, y no de un proyecto de tipo político con objetivos fuera de la gobernanza”.
Con información de INFOBAE/Proceso/AP/Reuters/Archivo
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