Jueces mexicanos y su obligación de aplicar el control difuso de convencionalidad como exigencia para hacer cumplir la Constitución
2 Oct. 2024 8:25 am
El Fénix del Derecho | Pablo Andrei Zamudio Díaz | En el sistema jurídico mexicano, los jueces tienen la responsabilidad de aplicar no solo la Constitución y las leyes nacionales, sino también de actuar como jueces del sistema interamericano. Esto implica la obligación de aplicar el control difuso de convencionalidad, que consiste en evaluar y, en su caso, dejar de aplicar cualquier disposición interna que contravenga los tratados internacionales suscritos por México, especialmente en materia de derechos humanos.
Control difuso de convencionalidad: Es un mecanismo que permite a los jueces examinar las leyes internas a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha ratificado. Si una norma interna es contraria a un tratado internacional, el juez tiene la facultad de dejar de aplicarla, garantizando que prevalezca la disposición que proteja mejor los derechos humanos.
Este control reconoce el principio de corrección de los tratados internacionales de derechos humanos sobre las normas internas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la contradicción de tesis 293/2011, determinó que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional, aplicando siempre la que otorgue mayor protección a los derechos humanos.
Principio de corrección: Este principio hace referencia a la idea de que los tratados internacionales de derechos humanos complementan y enriquecen la Constitución y las leyes nacionales, corrigiendo o mejorando cualquier deficiencia en la protección de los derechos fundamentales.
La jurisprudencia es el conjunto de criterios y decisiones emanados de los tribunales, que de manera vinculante orientan la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. En este caso, la SCJN ha indicado que, cuando existe una contradicción entre la jurisprudencia nacional y la interamericana, debe prevalecer la que ofrezca la mayor protección a los derechos humanos.
Este mecanismo no menoscaba la Constitución; al contrario, garantiza su respeto y prevalencia, reforzando su esencia de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.
La SCJN ha establecido que los jueces mexicanos deben aplicar los tratados internacionales de derechos humanos en sus interpretaciones, asegurando la máxima protección de las personas. Si surge una contradicción entre la Constitución y un tratado internacional, los jueces deben optar por la disposición que ofrezca la mayor protección.
El control difuso de convencionalidad protege la dignidad humana, que es el valor fundamental de toda persona por el simple hecho de serlo. Al ejercer esta facultad, los jueces se convierten en garantes de los principios democráticos de nuestro Estado de derecho, asegurando que los derechos humanos sean respetados.
Al aplicar tratados internacionales conforme al control difuso de convencionalidad, los jueces no actúan en contra de la Constitución; la hacen compatible con su núcleo esencial, especialmente con el artículo 1, que obliga a proteger los derechos humanos conforme al bloque de constitucionalidad.
Bloque de constitucionalidad: Es un concepto que engloba tanto a la Constitución como a los tratados internacionales ratificados por México. Esto implica que, para garantizar la mayor protección de los derechos humanos, jueces y autoridades deben considerar ambos marcos normativos como una unidad indisoluble, eligiendo siempre la norma que brinde la mejor protección.
La aplicación del control difuso de convencionalidad enriquece la Constitución y asegura su coherencia con los compromisos internacionales de México, garantizando que los derechos humanos sean el eje central de la actuación judicial.
La esencia de la Constitución radica en la protección de los derechos humanos y en los principios democráticos que la sostienen. Este núcleo duro o núcleo esencial de la Constitución exige que las normas internas se ajusten a los estándares internacionales. Por tanto, el control difuso de convencionalidad es indispensable para que los jueces actúen como defensores de los derechos fundamentales.
Aplicar los tratados internacionales no significa contravenir la Constitución; es hacerla dinámica, integrando los compromisos de México con un sistema jurídico que priorice los derechos humanos. Este proceso es un acto de lealtad constitucional que reafirma los valores democráticos de nuestra nación.
El control difuso de convencionalidad se ha convertido en un tema central en el ámbito jurídico mexicano. Los jueces, como parte del sistema interamericano, deben aplicar los tratados internacionales sobre cualquier norma nacional que contravenga los derechos humanos. Esto no implica ignorar la Constitución, sino reforzar su esencia y asegurar su compatibilidad con el núcleo duro que define el artículo 1, que obliga a garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
La interpretación del bloque de constitucionalidad como una unidad indisoluble entre las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales permite entender que, al aplicar estos instrumentos, no se atenta contra la Constitución, sino que se enriquece su alcance y se refuerza su compromiso con los derechos humanos. Los tratados internacionales son una extensión del propio texto constitucional y deben ser tratados como normas de igual jerarquía.
En este contexto, el bloque de constitucionalidad justifica el ejercicio del control judicial efectivo no solo frente al proceso de reforma constitucional, sino que también permite a los jueces analizar y, en su caso, repudiar reformas o adiciones constitucionales incompatibles con el núcleo irreductible de principios y derechos que constituyen la esencia de nuestra Constitución.
El control difuso de convencionalidad, por tanto, no solo protege a las personas de actos legislativos que contravengan los tratados internacionales, sino que también se erige como una barrera frente a posibles retrocesos en materia de derechos humanos dentro de la propia Constitución. Asegura que cualquier cambio o reforma, incluso en la Carta Magna, se ajuste al estándar más alto de protección de los derechos fundamentales, garantizando la prevalencia de los principios democráticos que nuestra nación ha adoptado como parte de su compromiso con el derecho internacional, tal como lo ordena el artículo 1 constitucional.
En resumen, el control difuso de convencionalidad no es solo una herramienta para salvaguardar los derechos de las personas, sino un medio para garantizar que la Constitución se mantenga fiel a su propósito fundamental: proteger la dignidad humana y promover un sistema de justicia acorde con los más altos estándares de derechos humanos a nivel internacional.
