Van 192 ejecuciones en un mes de narcoguerra en Sinaloa

SINALOA | Desde el pasado 9 de septiembre, cuando inició la ola de violencia en Sinaloa han asesinado a 192 personas, desaparecido a 224 y 200 familias han sido víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Ante esto solicitaron al Gobierno federal y estatal declaratoria de emergencia económica, la depuración de la Policía Municipal de Culiacán y la reparación integral del daño a víctimas durante la crisis de violencia, mediante representantes de la sociedad civil.

En rueda de prensa en la que estuvieron presentes el titular del Consejo de Seguridad Pública del Estado Miguel Calderón Quevedo, Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de Canirac nacional, y el activista Óscar Loza Ochoa expusieron las afectaciones sociales y económicas tras un mes de crisis de seguridad además de que exigieron a las autoridades la puesta en marcha de medidas para la recuperación tanto económica como de seguridad.

Las medidas son:

Declaratoria de emergencia económica, que comprenda un programa exprés de créditos blandos para pymes, sin requisitos de buró de crédito; suspensión de pago de impuestos para empresas y negocios afectados; analizar la viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable.
Prioridad en acciones de desarme de la delincuencia organizada.

Efectiva reparación del daño a víctimas de los diversos delitos cometidos en este periodo.
La pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán.

Que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas.
Aliviar el miedo que tiene semiparalizada la ciudad de Culiacán con información objetiva, útil y oportuna, complementada con una estrategia de salud pública dirigida al bienestar socioemocional de la población.

La comitiva de sinaloense expuso la compleja situación que se ha vivido en el primer mes de inestabilidad causada por la violencia en el centro y sur del estado, desde los 192 homicidios dolosos, 224 desapariciones forzadas y 200 familias desplazadas en el su de la entidad, hasta los mil 500 negocios con horarios recortados, los 180 establecimientos cerrados definitivamente y la pérdida de casi 2 mil empleos formales en septiembre.

Además de las acciones inmediatas para evitar el colapso, la comitiva también exigió al Gobierno de México que convoque a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera.