Impuesto a cruceristas atenta contra Quintana Roo; Gino Segura no pelea, pide prórroga
1 Dic. 2024 10:09 pm
MIGUEL AVENDAÑO MURILLO
REPORTE MAYA
CANCÚN | La implementación de un nuevo derecho migratorio de 42 dólares para pasajeros de cruceros programado para enero de 2025, tendrá un impacto devastador para el sector turístico de Cozumel y Mahahual en Quintana Roo, aseguran especialistas, políticos y empresarios quienes recordaron que el turismo de cruceros aporta anualmente más de 10 millones de pasajeros y genera un gasto directo de mil millones de dólares; además, sostiene más de 20 mil empleos directos y 200 millones de dólares en salarios, beneficiando a miles de familias mexicanas, muchas de las más desprotegidas y en caso de la entidad el turismo de cruceros representa el 40% del PIB.
“El gobierno mexicano pisó una “mina marítima” que podría estallarle y provocar consecuencias económicas serias, si no la desactiva a tiempo. Con una disposición legal que parecía ser atractiva para aumentar sus ingresos, se estaría generando un efecto negativo. Paradójicamente, estaría provocando justamente el efecto contrario al que busca. En lugar de aumentar, podría mermar sus ingresos y afectaría millonarias inversiones.
“La Cámara de Diputados aprobó (26 de noviembre) la Ley de Derechos, tal y como la envió la Secretaría de Hacienda que dirige Rogelio Ramírez de la O. En ésta se dispone la eliminación del estatus de exención “en tránsito”, que ha estado vigente para los pasajeros de cruceros durante más de una década.
“Este cambio, implica un impuesto adicional de 42 dólares por persona, lo que redundaría en que el turismo de cruceros en México fuera 213% más caro que el promedio de puertos del Caribe y excluirá a los puertos mexicanos del mercado de cruceros, asegura el analista Marco Antonio Mares
En una entrega periodística asegura que las inversiones en México de la industria internacional de cruceros, están en riesgo por la eliminación del estatus de exención “en tránsito” que dispone la Ley de Derechos aprobada, advierte la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) en carta enviada a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La FCCA que agrupa a 14 líneas de cruceros y encabeza, Michele M. Paige dice que re evaluarán la viabilidad de sus inversiones en México considerando este aumento de impuestos sin precedentes, sobre el turismo de cruceros.
La misiva está firmada además por Micky Arison, presidente del comité ejecutivo de la FCCA y presidente de Carnival Corporation; Josh Weinstein, presidente y CEO y Chief Climate Officer de Carnival Corporation; Richard E. Sasso, presidente de MSC Mediterranean Shipping Company; Harry Sommer, presidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings y Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International.
Esta medida –expone la FCC–, pone en riesgo a decenas de miles de ciudadanos mexicanos, a innumerables pequeñas empresas y a las comunidades a lo largo de las costas de México que dependen de esta industria para su sustento, afectando especialmente a algunos de sus estados.
Sobre el tema, desde Cozumel el ex alcalde priista y regidor Pedro Joaquín Delbois escribió en sus redes sociales: “¡La 4T está matando a nuestro destino! Primero, en la hotelería con vuelos que le han quitado a Cozumel para dárselo a Tulum libre de impuestos. Ahora van por nuestros cruceros..
“Cozumel no es solamente uno de los puertos más importantes de México. ¡COZUMEL ES EL PUERTO MÁS IMPORTANTE DE TODO MÉXICO, Y DE TODO EL CARIBE!
“Con 1 millón de pesos diarios MÁS de presupuesto en comparación al 2021, el Gobierno Municipal tiene en el peor estado posible las calles de la isla y con aguas negras rebosando en las colonias y en nuestras zonas turísticas. ¡¡Están acabando con el destino!!”.
A nivel nacional dos senadores quintanaorrenses se enfrascaron en una discusión por la aplicación del Derecho de No Residente (DNR) a pasajeros de cruceros: Mayuli Martínez Simón (PAN) y Eugenio “Gino” Segura (Morena), quienes discrepan sobre cómo abordar esta medida que amenaza el turismo estatal.
Mayuli Martínez calificó el cobro como una “puñalada traicionera”, advirtiendo que el incremento del DNR a 860.56 pesos y la eliminación de la exención para cruceros pondrán en desventaja a puertos como Cozumel y Mahahual frente a otros destinos del Caribe, con pérdidas económicas estimadas en más de mil millones de dólares y la desaparición de 20,000 empleos directos. Exigió la cancelación definitiva del impuesto.
Eugenio ‘Gino’ Segura propuso una prórroga de 180 días para implementar el cobro de forma gradual y reducir el impacto en la economía local. Defendió su enfoque como una vía para equilibrar la recaudación fiscal y la protección del sector turístico, el senador neomorenista estaba más preocupado por salir corriendo del Senado para viajar a Mazatlán, Sinaloa, donde este fin de semana contrajo matrimonio en la clandestinidad.
En páginas de Facebook de la Isla Cozumel los mensajes se sumaron a la defensa de los turistas y en contra del nuevo impuesto: “Hacemos un llamado a los senadores #AnahíGonzález #GinoSegura #MayuliMartinez para defender y ser la voz de las y los Quintanarroenses, en especial de Cozumel. El turismo es la columna vertebral de nuestro Estado, y por lo tanto basta de tanto cargo a quienes sostienen y viven de esta actividad económica.
Recordemos que los turistas hoy por hoy pagan: Derecho de Saneamiento a turistas que se hospedan en Cozumel, 40% más a partir del 2025 dando un total del 70%; Derecho de Saneamiento a turistas en pasaje de ruta en Cozumel, 5 % más a partir del 2025 dando un total del 20%; Impuesto turístico Visitax ($11 dólares en Quintana Roo; Impuesto en Derecho de Saneamiento a cruceristas ($5 dólares a partir de 2025 en Quintana Roo); Impuesto a la federación, entre muchos otros.
“Esto no es solo una afectación a las navieras y a los turistas, como pretenden hacernos creer; este incremento afectará directamente a las familias cozumeleñas y de todos los puertos del país, que subsisten gracias a la, cada día más baja, derrama económica que dejan los turistas.
A nivel internacional en su carta, la FCCA aporta datos de las potenciales consecuencias.
1.- Las líneas de cruceros ya están considerando alterar significativamente sus itinerarios, lo que podría reducir los más de 10 millones de pasajeros y las 3,300 escalas de cruceros que se espera visiten México en 2025.
2.- Esto disminuiría las enormes aportaciones que el turismo de cruceros realiza anualmente a la economía mexicana, que incluyen:
A).- Aproximadamente 1,000 millones de dólares en gastos directos para las empresas mexicanas.
B).- Más de 20,000 empleos y más de 200 millones de dólares en salarios.
C).- En Quintana Roo, el turismo de cruceros representa el 40% del PIB.
2.- Este impuesto podría poner en peligro las inversiones de la industria de cruceros en el país, incluidos miles de millones de dólares en desarrollos planificados y otros proyectos destinados a ayudar a reconstruir Acapulco, cultivar nuevos destinos turísticos mexicanos, emplear a más marinos mexicanos y proporcionar programas sociales para apoyar a las comunidades desatendidas.
La FCCA expresa su preocupación por “la notificación e implementación de última hora de ésta nueva política, que se espera entre en vigor en menos de 45 días” y señala que deja a esa industria sin tiempo para prepararse y con incertidumbre y confusión para sus huéspedes, porque la mayoría de sus cruceros ya están vendidos para el año 2025.
Apunta la organización crucerista que notan que no hay un entendimiento claro sobre cómo se implementará el impuesto, en la práctica, a partir del 2025.
El tema es un “bombazo” para el gobierno mexicano que busca aumentar sus ingresos, pero, con los cambios a la ley de derechos está poniendo en riesgo una importante fuente de divisas.
Sobre este tema hay que recordar que el pasado 29 de agosto la gobernadora Hermelinda alias ‘Mara’ Lezama, firmó un acuerdo con líneas navieras, a través de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), para crear el Fondo de Fomento al Turismo de Cruceros, destinado a mejorar la infraestructura turística, la seguridad pública y se asignará un porcentaje a la prevención y atención de desastres naturales y emergencias sanitarias en los puertos de Cozumel y Mahahual, en el Caribe Mexicano.
Como parte del acuerdo, se estableció que en el primer semestre de 2025 se creará un fondo con aportaciones paritarias de la FCCA y del Gobierno de Quintana Roo. El esquema de aportación al fondo será de manera paritaria y constará de 5 dólares estadounidenses por pasajero aplicado en itinerarios de líneas de crucero que lleguen a Quintana Roo, sin importar si realiza más de una escala en el destino.
El acuerdo que establece el pago del impuesto de cinco dólares por pasajero de cruceros que arriben a Quintana Roo y que será efectivo a partir del 1 de enero del 2025, con recursos que supuestamente servirán para crear este Fondo de Fomento al Turismo de Cruceros.
Para ello se dijo que un Comité Técnico que trabajará de manera permanente, supervisará la transparencia y operación del Fondo de Confianza. El comité estará compuesto por cuatro representantes de líneas de cruceros; cuatro representantes del Gobierno estatal; y un voto de la gobernadora de Quintana Roo, en total, nueve miembros.
“Este es un día histórico en esta nueva era del turismo en el Caribe Mexicano. La firma de este acuerdo muestra el compromiso de mi Gobierno de seguir trabajando de manera diferente, mano a mano, con cada línea de cruceros y la FCCA para mejorar nuestros puertos, mantenernos competitivos y darle bienestar con prosperidad compartida a las personas de Quintana Roo, los que hacen posible el éxito turístico”, dijo Lezama.
Por su parte, Michele Paige, CEO de FCCA, expresó: “Estamos honrados de que el Gobierno del Estado haya depositado su confianza en nosotros a través del Nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo. A través de este acuerdo, FCCA está plenamente comprometida a cumplir iniciativas que se centran en asistir al sector privado, mejorar el empleo, fomentar la compra de bienes locales por parte de las líneas de cruceros y más, para que los locales prosperen con el impacto económico que la industria aporta”.
Del 1 de enero al 15 de mayo de este año arribaron a los puertos de Quintana Roo 556 cruceros, un incremento del 7% anual, anunció el Gobierno estatal. Esto se traduce en la llegada de un millón 960,405 pasajeros a los muelles de la entidad.
Fue el pasado 26 de noviembre cuando la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Derechos del 2025, en la que elimina la exención a los cruceristas de ese pago, el cual había sido negociado por las navieras y el gobierno para que estas siguieran programando barcos en las costas mexicanas.
Como parte de la aprobación de la Ley Federal de Derechos, del paquete económico para 2025, la Cámara de Diputados avaló algunos cambios que aplicará a los cruceros internacionales que arriben a aguas del país.
De acuerdo con la Ley de Derechos, se eliminará la exención del pago de derechos a los cruceristas, es decir, a los visitantes que llegan vía marítima a bordo de los cruceros. Esto luego de que el desembolso había sido negociado por las navieras para que éstos siguieran programando barcos que llegan a las costas del país.
“Elimina la exención del pago del derecho por la expedición del documento migratorio para los pasajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional, con fines turísticos, por vía marítima a bordo de buques de crucero”, indica lo aprobado por la Cámara Baja sobre fracción II del artículo 11 de la Ley Federal de Derechos.
De acuerdo con la información, su objetivo es garantizar el control migratorio, eficiente y mejorar la recaudación de los derechos migratorios.
La Ley Federal de Derechos 2025 ya fue aprobada por los Diputados con 22 votos a favor y 10 en contra.
El pasado martes 26 de noviembre se dio a conocer que, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, con 344 votos a favor y 114 en contra, la Ley de Ingresos de la Federación para 2025, que proyecta ingresos por 9.3 billones de pesos. Se considera un monto histórico equivalente al 15 % del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con el desglose, el documento avalado por la mayoría oficialista, estima ingresos por impuestos por 5.3 billones de pesos, así como ingresos derivados de financiamiento por un 1.24 billones de pesos.
Y el pasado 28 de noviembre las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron sin cambios el dictamen de la Ley Federal de Derechos (LFD) y ahora discuten el de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2025.
Por 25 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, las comisiones aprobaron la Ley Federal de Derechos que incrementa su cobro a algunas actividades como minería, servicios migratorios y uso y explotación de Áreas Naturales Protegidas (ANP), además de que elimina exenciones a escuelas de aviación y cruceros marítimos.
Una vez que la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) también quede aprobada en comisiones, ambos dictámenes pasarán al pleno del Senado para que a la brevedad posible puedan ser discutidos y votados.
A las protestas por el cobro del impuesto, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel, Carmen Joaquín Hernández, advirtió que este nuevo impuesto, establecido en la Ley de Ingresos, podría generar un impacto negativo en la economía local y reducir la competitividad de la isla frente a otros destinos del Caribe.
Cozumel, que recibe anualmente cerca de 5 millones de cruceristas, representa aproximadamente el 50% del total de pasajeros que llegan a México. Este flujo de visitantes genera una derrama económica estimada en 742 millones de dólares anuales, beneficiando directamente a milles de familias locales que dependen de la industria turística.
“Cargar con un impuesto de 800 pesos por persona a pasajero que permanezca solo unas horas en la isla podría desincentivar su arribo. Esto sería un golpe directo a nuestra economía, especialmente porque competimos con destinos del Caribe que ofrecen mejores condiciones sin costos adicionales”, señaló Joaquín Hernández.
La Ley Federal de Derechos para 2025 estipula que el 67% de los ingresos del DNR serán destinados a la Secretaría de Defensa Nacional (antes Sedena), y no a la promoción o infraestructura turística local.
Ante esta situación, Carmen Joaquín hizo un llamado a los senadores por Quintana Roo Mayuli Martínez, Anahí González y Eugenio Segura para reconsiderar la medida. “Es necesario que el impuesto sea justo y que los ingresos se destinen a fortalecer los destinos turísticos que lo generan, como Cozumel. Sin estos ajustes, perdemos competitividad frente a otros puertos del Caribe”, destacó.
También las 70 empresas que conforman el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) conformaron un frente contra el cobro a cruceristas que se busca implementar en México, ya que afectaría de manera drástica la economía de Quintana Roo.
“El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe manifiesta su profunda preocupación por los recientes cambios a la Ley de Derechos de 2025, la cual elimina la exención del pago del derecho por la expedición del documento migratorio para los pasajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional, con fines turísticos, por vía marítima a bordo de buques de crucero, beneficio que estuvo vigente por más de una década y hoy representa que los cruceristas extranjeros que lleguen a México tendrían que pagar 42 dólares o 860 pesos.
“Este cambio afecta directamente nuestra posición como destino turístico, especialmente en un contexto global donde la industria de cruceros es altamente sensible a las variaciones de precios. Quintana Roo capta el 57% del total de cruceros de todo el país, y como uno de los principales destinos turísticos del mundo, debemos continuar ofreciendo un balance entre valor y experiencia para los visitantes, tan solo en enero de 2024, Cozumel concentró el 49.3% de pasajeros por puerto, de los 15 que existen en el país.
“Esta medida podría tener un impacto negativo en la percepción de Quintana Roo como un destino turístico accesible. De acuerdo con las estadísticas más recientes, en el primer cuatrimestre de 2024, el gasto promedio de los excursionistas de cruceros fue de 83,9 dólares, y el impuesto representaría el 49,5% de ese monto. Este incremento podría reducir la llegada de cruceros, lo que afectaría a sectores clave como la hotelería, el comercio local y los servicios turísticos, todos los cuales dependen en gran medida del flujo constante de turistas que estos barcos traen consigo.
“Por último, en el CCE del Caribe reiteramos la importancia de mantener la competitividad de nuestros destinos turísticos y hacemos a las autoridades competentes a reconsiderar esta medida.
La prosperidad del Caribe Mexicano depende de un enfoque balanceado y sostenible. Confiamos en que, a través del diálogo, encontraremos soluciones que impulsen el desarrollo económico sin poner en riesgo nuestra posición como destino de clase mundial. Aseguró el organismo.
