El ecocidio de Calica lo superó el Ejército para construir el Tren Maya
23 Dic. 2024 1:21 pm
PLAYA DEL CARMEN | JORGE CISNEROS | El gobierno de México tuvo un roce diplomático con Estados Unidos cuando ordenó la paralización de actividades de la empresa Calica, propiedad de la norteamericana Vulcan Materials, bajo el argumento de que no tenía los permisos ambientales para operar en el predio La Rosita, en Quintana Roo.
En 2022, la administración de Andrés Manuel López Obrador acusó que la empresa, que tenía una concesión para obtener material de construcción de la piedra caliza, de usar explosivos para producir materiales de construcción.
Luego, publicó un decreto para declarar área nacional protegida al predio ubicado el sur de Playa del Carmen, lo que provocó protestas de congresistas estadounidenses y un extrañamiento por parte del secretario de Estado, Anthony Blinken.
El responsable de la política exterior dijo que su gobierno estaba preocupado por el caso y advirtió que podría tener “un impacto muy negativo en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones de Estados Unidos”.
Desde entonces la empresa mantiene una demanda contra el gobierno por la indemnización que reclama; en tribunales también se dirimió otra por la prohibición para que la empresa usara explosivos para obtener material de construcción.
En enero de 2024 Calica demandó a la Secretaría de la Defensa Nacional por la negativa para usar explosivos, paradójicamente, en esos momentos el ejército usaba el mismo método para obtener materiales necesarios para la construcción del Tren Maya.
Ambientalistas documentan uso de explosivos
Integrantes del colectivo Sélvame del Tren, que se oponían a la construcción del tren debido a los daños que ocasionaría al medio ambiente, mostraron que desde 2023, en los trabajos para el Tramo 5 de la obra se empleaban explosivos; en esa sólo el ejército y sus contratistas tenían acceso.
Los ambientalistas descubrieron el hecho cuando se encontraban en una caverna submarina; pero meses después, en una zona en construcción pudieron grabar cómo una explosión destruía la piedra caliza para obtener material. El mismo método que el gobierno reprochaba a Calica.
“Tuvimos una temporada en que incluso en Playa del Carmen, se escuchaban (los estallidos). Se sentía el tremor de la tierra. En algunos casos compañeros que estaban en el tramo llegaron incluso a fotografiar y videograbar”, dice el biólogo Guillermo de Christy, quien ha registrado en foto y video cómo la maquinaria ha derribado paredes milenarias de grutas y la forma en que las pilas de concreto colocadas por los constructores dejan residuos de óxido y aceite en los cenotes.
Esas minas a cielo abierto no eran de fácil acceso, añade. “La mayoría de ellas están del trazo hacia el centro de la península, o sea, todavía más selva adentro”.
Para abrir esas minas el gobierno no contaba con permisos, una agencia del propio gobierno, se los concedió cuando ya habían pasado alrededor de 10 meses de que comenzaron a usar los explosivos.
En ese caso se repitió lo ocurrido con la construcción del tren: el gobierno no presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la que lo obligaba la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se usaron los explosivos sin saber qué daño causarían al entorno.
Hace unos días, un hecho fortuito dejó en evidencia la falta de control sobre los explosivos.
Autoridades acudieron a la casa de un trabajador que se suicidó en el fraccionamiento Puerto Maya, en la comunidad de Puerto Aventuras, a unos kilómetros de Playa del Carmen.
Ahí encontraron 300 kilos de explosivos que estaban en resguardo del trabajador y se almacenaban en un tambo, sin ninguna medida de seguridad.
“Como traían las trae traían las prisas para la inauguración, aunque no han terminado, pues sí se dieron una gran cantidad de explosiones en su momento para sacar esos materiales”, relata De Christy.
Construcción sin permisos ni estudios
El 16 de diciembre de 2023 se llevó a cabo el primer recorrido del Tren Maya de Mérida a Cancún; el invitado era el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viajó acompañado de su gabinete.
La obra había tardado poco menos de cinco años y cuando empezó el gobierno pasó por alto su obligación de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental. Ese fue el motivo para que diversos jueces dieran suspensiones provisionales porque los opositores al tren presentaron demandas de amparo ante el incumplimiento de la obligación del presentar la MIA.
Al día de hoy, no hay una sola MIA para todo el proyecto, sino que hay siete, una por cada tramo, que se entregaron cuando los trabajos ya estaban avanzados.
La manifestación del tramo cinco, que va de Cancún a Tulum, establece que durante las obras se causarían afectaciones al suelo, la fauna, el paisaje y la hidrología de la región.
Ya en el periodo de operación, el Instituto Nacional de Ecología advirtió de posibles daños en “las formaciones kársticas (calizas) en zonas de riesgo por las vibraciones generadas por la operación de la vía férrea, riesgo de afectación a cenotes, afectación a las características físico-químicas de cuerpos temporales de agua subterránea por generación almacenamiento de residuos sólidos, líquidos, de manejo especial y peligrosos”, entre muchos otros.
En la MIA en ningún momento se habla del uso de explosivos para obtener material o desmontar.
No obstante, el INE consideró que los daños al medio ambiente, el paisaje, la fauna en peligro de extinción, no eran suficientes para declarar inviable la obra.
El discurso del gobierno
Ya en la administración de Claudia Sheinbaum, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, retomó las críticas de sus antecesores contra Calica.
Se acusó a la empresa de mentir en sus demandas y Bárcena dijo que a la compañía estadounidense no se le han quitado sus terrenos.
“Esto no es una expropiación, porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando, su terreno sigue siendo de ellos. Lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza”.
Del método de extracción de material usado por el ejército, ninguno de los gobiernos ha hecho comentario alguno. Fuente: La Silla Rota
