Plan Mérida: se acabó el juego.

Libertas Capitur | Félix Sarracino.

La acusación de Estados Unidos por narcoterrorismo, contra líderes del Cártel de Sinaloa, es una grave advertencia. Representa un paso muy concreto dentro de la designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras o Terroristas Globales Especialmente Designados.

Implica una estrategia compleja que pone en la mira no sólo a los cárteles, sino a los propios gobiernos de sus países. El presidente Donald Trump fue muy claro en su orden ejecutiva, sobre el diagnóstico de la situación de emergencia que vive Estados Unidos por influencia del narco terrorismo mexicano:

1.- Los cárteles controlan funcionalmente, mediante una campaña de asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos.

2.- En ciertas zonas de México, funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad.

3.- Las actividades de los cárteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental.

4.- Sus actividades, su proximidad e incursiones en el territorio físico de Estados Unidos representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de ese país.

En el eje de todo ello de lo que acusa a México, la orden ejecutiva de Trump advierte una convergencia entre los cárteles, actores extra hemisféricos y gobiernos infiltrados en todo el hemisferio occidental.

La acusación por narcoterrorismo y ayuda material al terrorismo en contra del Cartel de Sinaloa no es, por lo tanto, sólo un tema judicial. Es la demostración del giro dramático que tomó la política antinarcóticos y antiterrorista de EUA en la era de Donald Trump. Ya no se trata de colaboración, se trata de persecución. Se acabó el juego.

El retiro de la visa a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, de Baja California, es una advertencia para el gobierno mexicano. Este debería de analizar con seriedad estos signos y dejar de pretender jugar con Sansón a las patadas. Pedir explicaciones a EUA por ejercer sus potestades soberanas no es la vía. Mucho menos lo es, la simulación en el combate al narcotráfico

El Gobierno de los Estados Unidos asumió una política de protección a sus fronteras, por razones muy objetivas. Desde la firma del Plan Mérida en 2008 hasta 2017, Estados Unidos había entregado a México más de 1600 millones de dólares en asistencia, incluyendo 22 aeronaves. En los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el financiamiento fue de alrededor de 480 millones de dólares.

Los objetivos de este financiamiento fueron: disuadir los flujos de migrantes no autorizados a los Estados Unidos, desarticular a las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer el Estado de Derecho, combatir el crimen organizado, proteger los Derechos Humanos y promover la transparencia gubernamental en México. Nada de eso ocurrió, al contrario.

Desde el momento que asumió la presidencia, Trump tenía todo claro. O actuaba por sí mismo, o los resultados seguirán siendo los mismos: la colaboración simulada, el financiamiento sin resultados, el envenenamiento de miles de jóvenes estadounidenses por fentanilo y drogas cada vez más baratas y letales.

Toca al gobierno de Claudia Sheinbaum asumir su parte en la responsabilidad histórica de proteger la integridad y la salud de los mexicanos. La circunstancia en la que está es una encrucijada entre el Estado de Derecho y el poder arbitrario. A sabiendas de que tenemos la mirada del policía global puesta hacia el interior de nuestras fronteras.

La sabiduría popular aconseja: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y nada mejor que curarse en salud. Leamos bien la posición de Trump: “No quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a los EE.UU.”

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