La independencia judicial no se elige: se exige y se respeta

Pablo Andrei Zamudio Díaz

En tiempos de profundas turbulencias políticas y reformas apresuradas, es indispensable recordar que la justicia no puede ser rehén de intereses ni sometida al vaivén de la opinión mayoritaria. La justicia auténtica no se construye para agradar, ni para complacer a quienes detentan el poder o a quienes claman soluciones inmediatas sin comprender las consecuencias de fondo. La justicia merece voces valientes, aunque resulten incómodas o impopulares para los oídos de algunos.

Defender la independencia judicial no es un acto de privilegio, es un deber democrático. Porque sin jueces independientes no hay derechos garantizados, ni división de poderes, ni ciudadanía libre. La independencia judicial no se negocia ni se pone a consulta: se exige y se respeta. No es una concesión del Estado, sino una condición irrenunciable del orden constitucional.

No puede hablarse de una verdadera transformación si lo que se sacrifica en el camino es la posibilidad de que existan tribunales que resistan los abusos del poder. Cuando el juez pierde su libertad, el pueblo pierde su defensa. Por eso, no es casual que las voces que hoy se alzan en defensa de la justicia independiente sean también aquellas que incomodan, cuestionan y señalan lo que otros quisieran callar.

Quienes creemos en la justicia como un principio, y no como un instrumento, no podemos permitir que se desdibujen sus cimientos. Porque cuando todo se vuelve político, lo justo deja de serlo. Y cuando todo se somete al aplauso, la razón se disuelve en la demagogia.

En momentos como estos, levantar la voz no es solo un derecho: es una obligación moral y constitucional.