Plantas huachicoleras en Veracruz: el elefante se ocultaba a la vista de todos
3 Ago. 2025 7:30 pm
Los recientes megadecomisos de hidrocarburos en dos miniplantas de Veracruz son el ejemplo perfecto de la complicidad entre autoridades, empresas y pobladores que hacen posible el saqueo a Pemex. Proceso investigó quiénes están detrás de esas instalaciones e indagó en los poblados de Moloacán y Las Vigas, donde las refinerías ilegales incautadas operaron durante años con el permiso de autoridades ambientales, y donde laboraron vecinos y los estudiantes realizaban sus prácticas profesionales, pero ahora nadie parece recordar o reconocer vínculo alguno con esas plantas.
XALAPA | Flavia Morales | Las dos plantas clandestinas en las que autoridades federales aseguraron más de un millón y medio de litros de hidrocarburos en el último mes, ubicadas en Moloacán, sur de Veracruz, y Las Vigas, a una hora de Xalapa, en realidad operaban desde hace años a la vista de todos. Acceder a ambas no tiene ninguna dificultad.
Los sitios funcionaban bajo la fachada de centros de acopio y procesamiento de residuos peligrosos y contaban con permisos ambientales vigentes. Incluso presentaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y habían sido inspeccionados por autoridades como la Procuraduría de Protección al Ambiente federal (Profepa), de Protección Civil y hasta por el Ejército, todo esto antes de ser asegurados por ser inmuebles utilizados para el tráfico de hidrocarburos.
Cuentan con instalaciones eléctricas, de agua y gas, plenamente operativas. Las empresas utilizadas como fachada para su operación, Petrosoluciones del Sureste y Energía Ecorenovable, están formalizadas legalmente en el Registro Público de Comercio, según corroboró Proceso. Sus socios tienen otras compañías del mismo giro que operan en entidades como Nuevo León, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Es el caso de la planta asegurada por la Marina y la Guardia Nacional en Las Vigas, donde el 8 de julio último fueron decomisados 933 mil litros de hidrocarburo ilegal y 64 carrotanques su ubicación estratégica: se encuentra escasos metros de la carretera federal Veracruz-Puebla, a 50 metros de la vía del ferrocarril, a tan solo 10 minutos del Palacio municipal y a 3 minutos de una gasolinera.
Pese a ello no hubo detenidos Durante los aseguramientos.
El robo de combustible en México no es obra de huachicoleros con cubetas, sino un sistema industrializado que opera durante años con complicidad institucional. Así lo sostiene el general en retiro Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien enfrenta un juicio en Canadá desde 2021, acusado de participar en el robo de combustible.
León Trauwitz, quién se dice inocente, en entrevista con proceso revela que durante su gestión elaboró un diagnóstico interno que documentaba la presencia del crimen organizado en refinerías, terminales y ductos de Pemex.
Esa misma información -más de 300 páginas- fue entregada a la gobernadora Rocío Nahle durante la transición del nuevo gobierno en 2018, cuando ella asumió la Secretaría de Energía. “Pudieron haber solucionado muchas cosas, pero no lo hicieron. Al contrario, el robo se maximizó”, denuncia. Trauwitz asegura que el saqueo del combustible opera bajo el amparo de permisos oficiales, omisiones deliberadas en la medición de ductos y complicidad dentro de Pemex.
De acuerdo con su testimonio, el sistema permitía que el robo ocurriera sin necesidad de perforar ductos: bastaba manipular las válvulas, alterar los registros y mantener una red de compradores dispuestos a llenar estaciones de servicio con gasolina robada.
Sobre la minirrefinería clandestina asegurada recientemente, el general advirtió que no se trata de una operación improvisada. “Esa refinería no la pone cualquier obrero. Necesita técnicos, ductos, logística. Y alguien que compre: los gasolineros”, apunta.
Además, cuestiona la falta de acciones legales y de transparencia sobre el robo de hidrocarburos y hace varias preguntas: “¿Quién ha denunciado? ¿Dónde están los detenidos? Antes Pemex denunciaba, ahora no. No les interesa lo que se roban”. También duda de cifras oficiales: “la disminución de tomas clandestinas no significa menos robo. El verdadero saqueo está en el control del sistema, en los permisos y en las ventas que no cuadran”, advierte.
Empresas “disfrazadas” a la vista
Aunque actualmente algunos vecinos afirman no saber a qué se dedicaba el lugar, la presencia de la minirrefinería en Las Vigas no era discreta. El predio, de más de una hectárea y rodeado por una extensa barda blanca, está ubicado en una zona habitada; hay al menos 200 viviendas en sus inmediaciones.
“solo veíamos movimiento de camiones, pero no sabemos de dónde”, comenta una vecina, antes de apresurarse a terminar la conversación durante un recorrido realizado por Proceso en el lugar.
Al intentar obtener una posición del alcalde de este municipio, José de Jesús Landa Hernández, de Morena, la respuesta fue evasiva. Sus asistentes se dijeron sorprendidos ante el tema. “Debe estar confundida, aquí no hay una planta asegurada”, dijo una secretaria en el Palacio Municipal.
Sin embargo, los antecedentes del lugar son públicos. En mayo del 2022 un incendio dentro de la planta causó la evacuación de 50 trabajadores y 200 personas que vivían en la zona.
La entonces titular de Protección Civil del estado, Guadalupe Osorno -nombrada durante el gobierno de Cuitláhuac García y ratificada por la administración de Rocío Nahle- acudió al sitio para supervisar los daños.
En las fotografías oficiales de esa vista puede observarse a la funcionaria frente a un muro donde se aprecia el nombre de la empresa: Petrosoluciones del Sureste.
De acuerdo con el boletín oficial, en el operativo por el incendio participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional -cuya base, el 111 Batallón de Infantería se ubica a unos 20 minutos- así como personal de seguridad Pública estatal.
Pese a ello, ninguna autoridad detectó entonces que el sitio operaba como centro de tráfico de combustible.
León Trauwitz, quién se dice inocente, en entrevista con proceso revela que durante su gestión elaboró un diagnóstico interno que documentaba la presencia del crimen organizado en refinerías, terminales y ductos de Pemex. Esa misma información -más de 300 páginas- fue entregada a la gobernadora Rocío Nahle durante la transición del nuevo gobierno en 2018, cuando ella asumió la Secretaría de Energía. “Pudieron haber solucionado muchas cosas, pero no lo hicieron. Al contrario, el robo se maximizó”, denuncia.
Trauwitz asegura que el saqueo del combustible opera bajo el amparo de permisos oficiales, omisiones deliberadas en la medición de ductos y complicidad dentro de Pemex.
De acuerdo con su testimonio, el sistema permitía que el robo ocurriera sin necesidad de perforar ductos: bastaba manipular las válvulas, alterar los registros y mantener una red de compradores dispuestos a llenar estaciones de servicio con gasolina robada.
Sobre la minirrefinería clandestina asegurada recientemente, el general advirtió que no se trata de una operación improvisada. “Esa refinería no la pone cualquier obrero. Necesita técnicos, ductos, logística. Y alguien que compre: los gasolineros”, apunta.
Además, cuestiona la falta de acciones legales y de transparencia sobre el robo de hidrocarburos y hace varias preguntas.
¿Quién ha denunciado?. ¿Dónde están los detenidos?
“Antes Pemex denunciaba, ahora no. No les interesa lo que se roban”. También duda de cifras oficiales: “la disminución de tomas clandestinas no significa menos robo. El verdadero saqueo está en el control del sistema, en los permisos y en las ventas que no cuadran”, advierte.
Sin embargo, algo cambió en el camino. Aunque la empresa contaba con autorización para comercialización de petrolíferos y petroquímicos, en 2023 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) declaró la caducidad de la misma, por no registrar actividad durante más de un año.
Sin embargo, en 2023 obtuvo de la Semarnat el permiso 30-132-PS-II-03D-23, cuya vigencia vence en 2033, para el almacenamiento y acopio de residuos peligrosos.
Tras el operativo del 8 de julio último, las instalaciones fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República y quedaron bajo resguardo de fuerzas federales. Afuera del predio, un camión doble remolque -aparentemente en proceso de carga- permanece estacionado, según se constató en el recorrido de Proceso.
El carro tanque lleva impresa la razón social de la empresa. Su propietario es Carlos Mantilla Servín, con domicilio en la colonia El Coyol, en el puerto de Veracruz, dueño de la empresa JM Residuales del Puerto.
Una factura disponible en internet confirma la relación: el 7 de agosto de 2024, Petrosoluciones del sureste le expidió una factura por la venta de 100 mil litros de aceite No. 4 como combustible alterno; el cobro fue de 258,620 pesos.
La planta tampoco era ajena a la comunidad. Muchos vecinos trabajaban ahí y estudiantes del Instituto Tecnológico de Perote -ubicado a pocos kilómetros- realizaban sus prácticas profesionales en esas instalaciones. No obstante, hoy nadie parece recordar o querer reconocer vínculo alguno con la empresa.
Corredor del huachicol
Un caso similar es el de la minirefinería asegurada en un operativo realizado el 18 de junio último sobre la carretera Nueva Teapa-Minatitlán al sur del Estado.
En ese lugar, el secretario de seguridad Federal, Omar García Harfuch, reveló que fueron confiscados 500,000 litros de huachicol. La instalación clandestina producida diesel artesanal, así como otros productos derivados del petróleo, como nafta ligera y aceites tratados.
No obstante, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, sostiene que no se trata de una refinería, sino de una planta mezcladora de aceites. “Toda esa zona está llena de ductos de Pemex que vienen de Campeche, del litoral de Tabasco o de los pozos, donde se recuperan condensados, aceite, gas… son muchas cosas. Por eso les digo que es una mezcladora; los que somos ingenieros no podemos decir que es una refinería”, declaró en conferencia de prensa.
La ubicación de esta planta tampoco es un secreto y, de hecho, es privilegiada.
Proceso constató que se encuentra a unos metros de la empresa química Linde, y a pocos minutos de otras seis instalaciones, incluida la estación de medición, distribución y bombeo de Pemex en Nueva Teapa.
A solo 10 minutos está elegido 5 de Mayo, en Coatzacoalcos, uno de los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico, así como los complejos petroquímicos Cangrejera y Braskem-Idesa.
Actualmente el sitio permanece resguardado por una patrulla de la Policía Estatal. En su acceso principal una puerta blanca muestra la cinta de aseguramiento de la Fiscalía General de la República. Debajo, casi imperceptible, hay un sello de la profepa, que visitó el lugar hace 3 meses e impuso una multa por violaciones a la normatividad ambiental.
A unos kilómetros de ahí está la comunidad Nueva Teapa -más conocida como zona de paso hacia la franja petrolera-, pocos pobladores sabían que esa planta había sido incautada, pese a que fue noticia en medios nacionales e internacionales.
“Nos enteramos por las noticias, pero esa planta ya tenía varios años ahí. Siempre pensamos que era una aceitera, y cómo se confunde con otras instalaciones, no le dimos importancia”, comenta Ángel Ábalos, agente municipal.
De acuerdo con Ávalos, la mayoría de los habitantes trabaja como empleado de Pemex, las petroleras o empresas contratistas.
Algunos vecinos llegaron a laborar como vigilantes en esa planta, pero hoy es imposible localizarlos. Incluso, cuentan que en algún momento se acercaron a solicitar apoyo para eventos comunitarios, pero la empresa se negó, argumentando que “no estaba en funcionamiento”. “Fuimos en 2021 o 2022. Llevamos un oficio y Los vigilantes nos dijeron que aún no funcionaba”, recuerda.
Ávalos insiste en que era como una planta fantasma. “No había contrataciones, no había movimiento. Nadie buscaba trabajo ahí. No era como otras plantas donde se forma gente. Ésta, nada”, afirma.
En efecto, la instalación no era ajena a las autoridades. En 2019 bajo la razón social Energía Ecorenovable, SA de CV -empresa constituida en Tabasco en 2012-, intentó obtener un permiso ante la Semarnat para operar, pero le fue negado.
Pese a ello, en 2024 volvió a presentar una solicitud. Dos meses antes de ser exhibida públicamente como planta huachicolera, en mayo de 2025, la Semarnat le resolvió una solicitud que llevaba un año en trámite. En ella, la empresa pedía autorización para operar durante 30 años asegurando una inversión de 100 millones de pesos y comprometiéndose incluso a crear un área de conservación ambiental.
El proyecto, según los documentos de la solicitud ante la Semarnat, consistía en el coprocesamiento de residuos peligrosos localizados, con el objetivo de transformar aceites gastados, hidrocarburos sucios, emulsiones y lodos aceitosos. La planta tendría capacidad para procesar 126 mil toneladas anuales.
Los socios de la empresa (Ramón Pérez Córdoba, Sara Luz Villegas Abad, Carlos Manuel Lejandre Alemán y Valentina Dionisio García) no son nuevos en el sector energético. En 2017 ya habían solicitado permisos para instalar una planta similar en Mérida, Yucatán, las cuales sí fueron autorizadas. Actualmente cuentan con un permiso y autorización ambiental vigente para operar en esa entidad.
Además de este proyecto, los mismos socios figuran como representantes de otras seis compañías dedicadas al transporte y procesamiento de petróleo y gas, con presencia en Estados como Quintana Roo, Monterrey y Tabasco, según se comprobó en consultas al Registro Público de Comercio.
Compañías vigentes
En Veracruz el robo de combustible ha sido una constante durante los últimos años. De acuerdo con estadísticas de Pemex logística, entre 2018 y 2025 se han detectado más de 5500 tomas clandestinas en el estado. Aunque la cifra de perforaciones ilegales ha mostrado una tendencia a la baja en los años recientes, no ocurre lo mismo con las incautaciones por robo de hidrocarburos, que se han mantenido altas.
De acuerdo con el informe FGR / utag/dg/003891 / 2023 de la Fiscalía General de la República, entre diciembre de 2018 y abril del 2023 se aseguraron en Veracruz un total de 1,876,478 litros de hidrocarburo y 324,873 litros de gas LP. En ese mismo periodo fueron localizados 2231 tomas clandestinas, además del aseguramiento de 170 vehículos, 46 pipas y la detención de 59 personas por presunta participación en este delito federal.
No obstante, en los años siguientes, las cifras se incrementaron significativamente. En diciembre de 2024 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la fiscalía catearon seis inmuebles vinculados con el robo y contrabando de hidrocarburos.
Durante el operativo en el municipio de Ignacio de la Llave -a una hora del Puerto de Veracruz- se detuvieron a 10 personas y decomisaron un millón 197,750 litros de hidrocarburo, 351 tractocamiones, 12 contenedores y dos bombas de trasvase.
En septiembre último, parte del entramado criminal detrás del robo de combustible en Veracruz quedó al descubierto gracias a un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense identificó a más de 26 empresas con sede en Veracruz que operaban como fachada del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el robo y distribución de hidrocarburos, tanto en México como en Estados Unidos. El informe, difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), señala a dos operadores claves: Iván Cazarín Molina, alias El tanque, y José Saúl Rodríguez Hernández, ambos vinculados directamente con las actividades logísticas y financieras del cártel.
Según la OFAC, El combustible robado por la red encabezada por Cazarín era almacenado en las inmediaciones del Puerto de Veracruz y distribuido mediante una red de gasolineras aparentemente legítimas, controladas por familiares y allegados, también sancionados.
Parte del producto era desviado a terceros, que lo reexportaban ilegalmente a Texas y a países de Centroamérica. Entre las empresas identificadas figuran Etanofuel y G Energy, señaladas como piezas centrales del esquema, junto con otras dedicadas a biocombustibles, transporte y energía.
Por su parte, Rodríguez Hernández fue identificado como operador financiero y presunto administrador de al menos una decena de empresas en diversos giros: desde comercio minorista y hotelería hasta combustible y alimentos. Aunque el Tanque fue detenido y sentenciado a 60 años de prisión en junio de 2024, el Departamento de Justicia de EU advierte que sigue operando desde prisión a través de intermediarios.
Pese a las sanciones y detenciones, varias de las empresas señaladas por la OFAC y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continúan en operación. En enero de 2025, cuatro meses después del informe conjunto, Máquinas EDJA, SA de CV -una de las compañías boletinadas-, obtuvo un amparo que le permitió liberar sus cuentas bancarias. La UIF continúa litigando para revertir esa resolución, según reveló una investigación del diario El Universal.
Además, este reportaje corroboró que empresas como Energéticos Maye y Maxi-Gasoil Servicios, también vinculadas a la red, aún conservan permisos vigentes otorgados desde 2018 y 2020, respectivamente, por la entonces Comisión Reguladora de Energía (hoy Comisión Nacional de Energía) para la venta de gasolina.
En 2020, la empresa Etanofuel SA de CV, ingresó, un informe preventivo ante la ASEA con el fin de regularizar una estación de almacenamiento y distribución de biocombustibles en el estado de Veracruz, con una terminal para almacenar 7066 metros cúbicos de biogasol y biodiesel B5. Además del biodiesel, se almacenarán diésel, gasolina etanol anhidro como materias primas.
La instalación se ubicaría sobre la carretera federal 180 Poza Rica-Veracruz. El trámite fue registrado bajo la clave 30VE2020X0063 y clasificado como una Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Preventiva (MIA-P/ERA), mecanismo que prevé la Semarnat para aquellos proyectos que pueden generar alteraciones significativas del entorno
