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MÉRIDA | Comunidades mayas interpusieron una nueva denuncia colectiva ante autoridades federales para exigir el cierre de mega granjas porcícolas que, aseguraron, han provocado grave contaminación del manto acuífero en la región.
Representantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya señalaron que también demandan la reparación del daño ambiental en los ecosistemas afectados.
Lourdes Medina Carrillo, representante legal de la Red, explicó que esta acción difiere de la presentada en 2020 porque ahora existe un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitido en abril de 2023, que reconoce riesgos para la salud de la población.
La abogada recordó que las granjas fueron instaladas sin consulta a las comunidades mayas, lo que vulnera su derecho a decidir sobre el uso de sus tierras. Añadió que estudios realizados entre 2022 y 2025 detectaron coliformes fecales y Escherichia coli en niveles que superan los límites permitidos para consumo humano.
Las localidades afectadas se encuentran en Kinchil, Kopomá, Chocholá, Santa María Chi (Mérida), San Fernando, Santa Teresa y Paraíso (Maxcanú), además de poblaciones en Cantamayec, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Teabo y Tetiz. Estas zonas se ubican cerca del Anillo de Cenotes, la Reserva Natural de Cuxtal y la Reserva de la Biósfera de Celestún.
La denuncia, presentada ante Profepa, Semarnat y Conagua, solicita suspender operaciones de la granja de Santa María Chi, frenar nuevas autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental y garantizar la reparación integral de los daños al agua, la salud y el ecosistema. También pide la intervención de la Fiscalía General de la República por posibles delitos ambientales.
Matilde Dzib Dzul, apicultora de Kinchil, advirtió que la contaminación ya afecta la producción de miel y la biodiversidad que permite la supervivencia de las abejas.
Por su parte, Wilberth Náhuatl, comisario de Santa María Chi, recordó que la Profepa ha impuesto 17 sanciones y una multa superior a 14 millones de pesos contra la empresa porcícola, sin que hasta ahora se hayan cumplido las resoluciones para suspender operaciones.
Con información de El Universal
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