Nuevas adscripciones en el Poder Judicial: ¿Un cambio de nombres o un cambio de sistema?

15 Sep. 2025 8:23 am
Pablo Andrei Zamudio Díaz
ABOGADO CONSTITUCIONALISTA
Por fin se han dado a conocer las nuevas adscripciones en el Poder Judicial de la Federación. Para algunos, puede parecer un trámite más dentro de la vida administrativa de la judicatura. Para otros, apenas un relevo de nombres que poco o nada transformará la realidad. Sin embargo, este movimiento debe inspirarnos a reflexionar con seriedad: ¿estamos ante un mero ajuste burocrático o frente a la posibilidad de cimentar un verdadero cambio de sistema?
La esperanza debe depositarse en que estas adscripciones encarnen un dinamismo constitucional. No un dinamismo de rutina, sino uno que verdaderamente proteja a las personas de las injusticias, de los atropellos, del abuso y de la arbitrariedad de cualquier autoridad. Un dinamismo que rescate al Poder Judicial de la parálisis y de la complicidad, para volverlo un contrapeso firme frente a los excesos del poder y un refugio confiable para quienes acuden en busca de justicia.
Sería un error quedarnos únicamente en la superficie y pensar que el cambio de adscripciones se reduce a nuevos nombres en viejos cargos. Lo que necesitamos es mucho más: que se adscriba un sistema capaz de vencer la complicidad política, de resistir los intereses de unos cuantos y de rechazar, con toda firmeza, cualquier intromisión en la función jurisdiccional.
Porque si algo está en juego en estas decisiones, es la independencia judicial. Sin ella, la justicia deja de ser justicia para convertirse en instrumento de conveniencia. Con ella, en cambio, se abre la posibilidad de que jueces y magistrados se erijan como auténticos garantes de la dignidad humana, capaces de proteger los derechos fundamentales aun frente a las mayores presiones políticas o económicas.
No basta esperar que los cambios administrativos, por sí solos, se traduzcan en transformaciones profundas. Es indispensable que quienes asuman estas adscripciones comprendan la magnitud de su responsabilidad: la de construir un Poder Judicial que sirva a las personas, no a los intereses de turno. La de ejercer la función con independencia, imparcialidad y valentía. La de recordarnos que la Constitución no es papel muerto, sino un pacto vivo que debe defenderse todos los días en los tribunales.
Por eso, este momento debe leerse con lupa crítica. No podemos conformarnos con un simple relevo burocrático. El riesgo de la simulación siempre está presente: que se cambien los nombres, pero no las prácticas; que se muevan las sillas, pero no se sacudan las inercias; que se proclame independencia, pero se mantengan los amarres invisibles del poder político.
La exigencia, hoy más que nunca, es clara: necesitamos un Poder Judicial renovado, dinámico y verdaderamente independiente. Uno que no se doblegue, que no tema y que no olvide que su razón de ser es defender a las personas frente a la injusticia.
Las nuevas adscripciones son, sin duda, una oportunidad. Pero dependerá de quienes hoy asumen estas responsabilidades demostrar si estamos ante un cambio real o, simplemente, ante un cambio de nombres.