CNDH dictamina que militares y policías de Zacatecas privaron de la vida a 14 civiles que se habían rendido
CDMX | La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP Zac), luego de acreditar el uso ilegítimo de la fuerza que derivó en la muerte de 14 personas durante un operativo realizado el 12 de octubre de 2020 en la comunidad de Nueva Alianza, municipio de Calera, Zacatecas.
De acuerdo con la investigación del organismo, existen inconsistencias entre los reportes oficiales y las pruebas recabadas, las cuales demuestran que el uso de fuerza letal no cumplió con los principios de legalidad, necesidad ni proporcionalidad. La CNDH determinó que las acciones de los elementos de ambas corporaciones constituyeron violaciones a los derechos humanos a la vida y a la integridad personal.

Las autoridades involucradas sostuvieron que los fallecidos estaban armados y habían atacado previamente a policías estatales, motivo por el cual se solicitó apoyo del Ejército. Sin embargo, el análisis pericial y los testimonios recabados por la Comisión evidenciaron que varios de los civiles fueron sometidos, golpeados y posteriormente ejecutados, mientras que otros recibieron disparos por la espalda.
En su recomendación, la CNDH pidió que las instituciones colaboren con la Carpeta de Investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) y gestionen la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, además de otorgar atención psicológica a sus familiares.

El organismo autónomo solicitó también la presentación de denuncias administrativas ante los órganos internos de control de la Sedena y la SSP Zac, con el fin de iniciar los procedimientos correspondientes contra los elementos involucrados.
Asimismo, instruyó que ambas dependencias impartan capacitaciones sobre la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en particular en torno al uso legítimo de armas de fuego, dirigidas al personal de la Policía Estatal Preventiva y del 52/o Batallón de Infantería con sede en Guadalupe, Zacatecas.

La CNDH destacó que este caso refleja la necesidad de reforzar la rendición de cuentas en operativos conjuntos, así como de garantizar que la actuación de las fuerzas armadas se apegue estrictamente a los protocolos internacionales de derechos humanos.

Con información de El Universal
