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Fitch y Moody’s mejoraron la calificación de Pemex tras el apoyo financiero del gobierno, un alivio temporal que profundiza la dependencia fiscal y no resuelve los problemas de rentabilidad

CDMX | La reciente mejora en las calificaciones crediticias de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido leída en los mercados como una señal de alivio. Sin embargo, más allá de un voto de confianza en su gestión, lo que reflejan las agencias es la profundización del vínculo financiero entre la petrolera y el gobierno federal, una relación que garantiza liquidez en el corto plazo, pero que también acentúa la dependencia estructural de la empresa productiva del Estado.

Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex de BB a BB+ con perspectiva estable, mientras que Moody’s la mejoró de B3 a B1. Ambas señalaron explícitamente que el ajuste obedece al mayor respaldo gubernamental, no a un cambio sustantivo en la rentabilidad o eficiencia de la petrolera.

Según Fitch, la mejora se produce tras la exitosa ejecución por parte de Pemex de una oferta pública de adquisición por 9,900 millones de dólares en ocho series de valores, financiada con fondos del gobierno mexicano. En otras palabras, el ascenso en la nota refleja la intervención directa de Hacienda, no la capacidad de Pemex de generar flujo propio.

Una mejora que acerca a Pemex al soberano, no al mercado
La calificadora añadió que el apoyo oficial incrementó su evaluación de Supervisión, Vinculación y Apoyo (OLS), por lo que Pemex ahora está solo un nivel por debajo de la calificación soberana de México. En términos prácticos, el riesgo de Pemex se percibe casi idéntico al del propio país, un hecho que concentra la atención en la solidez fiscal del Estado más que en la gestión de la petrolera.

Para el investigador César Augusto Rivera, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la mejora responde a una decisión política sostenida. “Pemex ahora tiene un menor impuesto con la reducción del DUC (y cambio al derecho petrolero para el bienestar), apoyo de Hacienda para financiamiento de vencimientos de deuda; eso se traduce en la posibilidad de tener mejor financiamiento, menores tasas de interés con menores tiempos y resultados”, explicó.

Rivera subrayó que, si bien la medida mejora las condiciones financieras inmediatas, también traslada más carga al erario. La reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) implica menos ingresos para Hacienda y una mayor exposición a los riesgos operativos de la empresa.

En paralelo, la Secretaría de Hacienda ha reforzado su papel como garante de última instancia. El pasado 28 de julio, la dependencia realizó una colocación de notas estructuradas dentro de la Estrategia de Capitalización y Financiamiento 2025-2030, que permite compartir un techo de deuda entre la petrolera y el Estado. En los hechos, la frontera entre la deuda de Pemex y la deuda soberana se vuelve cada vez más difusa.

Esa interdependencia es precisamente lo que las calificadoras reconocen. Fitch, al reducir la distancia entre la nota soberana y la de Pemex, envía la señal de que el gobierno mexicano no permitirá un incumplimiento, aun a costa de su propio balance fiscal.

Moody’s también destacó el componente político de la mejora. “La mejora en la calificación incorpora una revisión en la evaluación del apoyo gubernamental, que pasa de alto a muy alto, y considera una correlación de incumplimiento también muy alta entre Pemex y el gobierno de México”, señaló la agencia.


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