‘Mafia Policiaca’ opera con total impunidad al interior de la SSC-QROO
REPORTE MAYA
SANTIAGO RODAS
CANCÚN, QRoo, 6 de diciembre de 2025.- Fuentes internas, víctimas y documentos apuntan a un posible esquema de extorsión, manipulación de detenciones y reventa ilícita de vehículos operado desde la propia policía estatal, con mandos señalados por tolerar —e incluso encabezar— estas prácticas.
Este tipo de incidencia delictiva de las autoridades del estado “Ya no se puede ocultar” es un modus operandi de los cuerpos policiales: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo enfrenta uno de los señalamientos más graves de los últimos años.
Testimonios, filtraciones internas y videos en manos de esta redacción exhiben lo que diversas víctimas describen como un aparato de extorsión institucionalizado, donde la corporación estatal no combate el delito: lo fabrica, lo manipula y lo monetiza.
El caso más reciente, la detención irregular del ciudadano chino ZHONG Weixiong, no es un hecho aislado.
Es, según múltiples víctimas, uno más dentro de un patrón repetido, meticuloso y aparentemente tolerado desde las altas esferas de la institución.
El delito agravado, es la detención que evidencia el mecanismo de la corporación policial desde Cancún: ZHONG Weixiong fue sacado de un restaurante en Plaza Las Américas por policías estatales que, según testigos, ya conocían su ubicación exacta y lo interceptaron sin orden judicial, sin flagrancia y sin pruebas visibles en su contra.
La acusación: “robo con violencia”: La realidad, según su familia: el ciudadano buscaba resolver un problema con la documentación de un vehículo adquirido de buena fe.
La detención, la demora intencional de cinco horas para llevarlo ante la Fiscalía y la retención de sus tarjetas bancarias, teléfonos, joyería y documentos migratorios revelan un patrón que ya han denunciado otras víctimas:
primero lo detienen; luego fabrican el delito; después negocian la libertad.
Este es una de las esferas del presunto modus operandi que está bajo sospecha: Testimonios de policías activos, exagentes y ciudadanos afectados coinciden en la misma narrativa: Aseguran vehículos. Alteran números de serie y documentos. Revenden las unidades en plataformas digitales o tianguis. Los nuevos compradores caen en detenciones “armadas”.
Policías les exigen dinero para evitar cargos falsos o liberar pertenencias.
Un esquema que, de confirmarse, convertiría a la Policía Estatal en una maquinaria que combina extorsión, fraude, abuso de autoridad y manipulación del sistema penal.
Nuevamente son los mismos nombres que se repiten en las denuncia anónima o directa por los afectados: Las fuentes consultadas señalan que los altos mandos habrían tenido conocimiento de las prácticas irregulares dentro de la corporación.
Aunque no existe resolución judicial alguna que confirme su participación directa, su silencio, según afectados, mantiene funcionando la estructura que permite estas operaciones.
El nombre que más se repite es el de José Ángel Hodgkin Cuevas, conocido como “El Perro” o “Husky”. Policías y víctimas lo describen como el operador de los grupos que realizan detenciones manipuladas, cateos sin orden y presuntos cobros por liberar personas o vehículos.
Estos señalamientos hasta ahora son denuncias ciudadanas y testimonios filtrados; sin embargo, su recurrencia hace difícil ignorarlos.
UN SISTEMA QUE APUNTA MÁS AL NEGOCIO QUE A LA SEGURIDAD
Fuentes internas afirman que parte del dinero presuntamente generado con extorsiones, venta de vehículos y manipulación de detenciones podría estar siendo usado para operaciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.
Aunque esto no está corroborado oficialmente, el flujo económico señalado —y la impunidad con la que se describe que actúan los grupos involucrados— alimentan la sospecha de una estructura mucho más profunda y compleja.
Incluso se menciona que parte de los recursos van a manos de un hombre que es el blanco sin ser funcionario identificado como O.T.G., presuntamente vinculado al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, estaría conectado a parte de estos movimientos, según varias fuentes que pidieron anonimato.
UNA CORPORACIÓN QUE MUESTRA PATRONES, NO ACCIDENTES
Los testimonios recopilados por esta redacción durante meses describen exactamente el mismo guion: Detención sin flagrancia. Retención de pertenencias. Demora ilegal en el IPH.
Intentos de “negociación” y al grado de amenazas.
Reventa de vehículos asegurados.
Falta total de respuesta institucional.
No se trata de casos aislados. Las víctimas aseguran que se trata de una red operando dentro del propio aparato estatal.
EL SILENCIO QUE INCRIMINA
Hasta este momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y los funcionarios señalados no han ofrecido una posición oficial, pese a que las denuncias, documentos y videos circulan ya entre la ciudadanía.
Para las familias afectadas, el silencio no solo es grave:
es una señal de que nadie está dispuesto a detener el sistema.
LO QUE SIGUE
Esta redacción continuará publicando cada avance, cada testimonio y cada documento que salga a la luz. Y exigirá las respuestas que las autoridades hasta hoy no han querido dar.
Porque lo que se está describiendo no es un problema de policías corruptos:
es la posible existencia de un aparato criminal dentro del Estado.
