Censura en Campeche: cierra diario ‘Tribuna’ tras denuncia de Layda Sansores
22 Jun. 2025 4:52 pm
Una juez dió la razón a Layda Sansores, quien interpuso una denuncia en contra del medio y dos de sus integrantes por “discurso de odio” e “incitación al odio y a la violencia” por criticar su gobierno
El diario Tribuna de Campeche, fundado en 1975 y que operó durante 50 años, ha sido cerrado en su versión digital el pasado 13 de junio de 2025, tras un resolutivo judicial por supuestas difamaciones en contra de la gobernadora Layda Sansores.
Esta medida se suma a la vinculación a proceso del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del medio, y de Isidro Yerbes, representante de Organización Editorial del Sureste, la empresa editora de Tribuna. El caso ha generado una fuerte controversia y preocupación por la libertad de expresión en el estado de Campeche y a nivel nacional.
Acusaciones contra los periodistas y el diario
El proceso judicial contra Jorge Luis González Valdez y Tribuna se originó a raíz de denuncias presentadas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y otros funcionarios de su administración.
La gobernadora Layda Sansores interpuso una denuncia en enero de 2025 ante la Fiscalía General del Estado de Campeche por “calumnias, difamación, delitos de odio y lo que resulte”. Los cargos específicos que llevaron a la vinculación a proceso son “discurso de odio” e “incitación al odio y a la violencia”.
La secretaria estatal de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, también secundó la querella con los mismos cargos. Además, Walther Patrón Bacab, vocero del Gobierno del Estado y director estatal de Comunicación Social, demandó a Tribuna y a González Valdez por daño moral, alegando que el periódico publicó información que afectó su honor, como acusaciones de ser prestanombres del sobrino de la gobernadora, Gerardo Sánchez Sansores, y de recibir contratos durante la administración de Sansores como alcaldesa de Álvaro Obregón.
La gobernadora también presentó demandas por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral del Estado.
La defensa de Jorge Luis González Valdez
Jorge Luis González Valdez ha argumentado que desde 2016 o 2017 obtuvo su jubilación y ya no tenía relación ni funciones directivas con el diario Tribuna de Campeche. El periodista declaró que la denuncia de la gobernadora lo acusa como director, no en lo personal, y que si demanda al director, debe dirigirse al actual director de Tribuna.
Esta no es la primera vez que González Valdez enfrenta este tipo de casos; en 2022, fue demandado por el sobrino de Layda Sansores, Gerardo Sánchez Sansores, y por Patrón Bacab.
Las denuncias e intimidación por parte de funcionarios del gobierno de Campeche comenzaron desde 2022. El 9 de abril de 2025, González Valdez fue detenido violentamente por policías estatales por presuntas “faltas a la autoridad” y lesiones a un agente, después de intentar asesorar a un joven motociclista.
El periodista, de 71 años y con problemas cardíacos, fue sometido, golpeado y sangró de una oreja, permaneciendo arrestado por 36 o 48 horas antes de ser liberado sin cargos.
Críticas a la “Ley Mordaza”
González Valdez ha calificado las acciones como una “Ley Mordaza”, indicando que los gobernantes “utilizan la ley como garrote”.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han condenado el caso, instando a la gobernadora a suspender las prácticas de desprestigio y respetar el trabajo periodístico. Se ha señalado que estas acciones marcan un “ominoso futuro para los periodistas independientes”.
Sin embargo, Layda Sansores ha negado que se trate de censura o un ataque a la libertad de expresión, acusando al periodista de atacarla “de manera sistemática con insultos y ofensas”, incluyendo calificativos como “gorda, anciana, fea, ‘mamá de Chucky'”, lo que ella considera “libertad de agresión” y no de expresión.
Un presunto detonante de la disputa fue la solicitud del periodista a la gobernadora de rendir cuentas sobre señalamientos de corrupción en el DIF estatal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a lo que Sansores respondió con adjetivos descalificativos como “Don Piraña”.
La orden judicial y sus consecuencias
El pasado 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada dictó varias medidas judiciales en contra del periodista y el medio, en una decisión que se tomó tras una audiencia de más de 12 horas.
Medidas judiciales:
- Vinculación a Proceso: Jorge Luis González Valdez fue vinculado a proceso por presuntas notas y críticas que “incitaban al odio en el medio de Tribuna de Campeche”. La jueza lo consideró “culpable de haber ordenado la publicación de las supuestas ofensas contra la gobernadora”, a pesar de que González Valdez se jubiló en 2017. Isidro Yerbes, representante de Organización Editorial del Sureste, también fue vinculado a proceso.
- Cierre de Tribuna: La jueza ordenó el cierre de la plataforma digital de Tribuna Campeche por un lapso de dos años, medio que dejó de circular en papel en enero de 2024.
- Prohibición de Ejercer el Periodismo: Se le prohibió a Jorge Luis González Valdez ejercer el periodismo por espacio de dos años, una actividad a la que se ha dedicado por más de 50 años.
- Indemnización por Daño Moral: Se le condenó a pagar dos millones de pesos como indemnización a Walther Patrón Bacab por presunto daño moral. Para garantizar este pago, una jueza civil ordenó el embargo de un predio propiedad de González Valdez y solicitó información sobre sus vehículos para aplicar la misma sanción.
- Orden de Protección y Censura: La Fiscalía General del Campeche emitió una orden de protección que prohíbe a González Valdez emitir opiniones negativas o mencionar a la gobernadora Layda Sansores y a la secretaria de Seguridad, lo que ha sido interpretado como una forma de censura.
Situación legal actual de González Valdez
Se encuentra vinculado a proceso, lo que permite al Ministerio Público continuar la investigación para reunir más pruebas y presentar una acusación formal. Aunque no se ha dictado prisión preventiva debido a su edad, él ha permanecido “recluido” en su casa por temor a una orden de arresto.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Manuel Enrique Minet Marrero, señaló que las medidas cautelares impuestas son por un tiempo determinado y no son definitivas, indicando que la fase inicial del proceso se cerrará en dos meses (aproximadamente en agosto), cuando se tomará la decisión final.
Las partes tienen el derecho a medios de defensa como la apelación o el amparo. Minet Marrero subrayó que existe una “línea muy delgada entre la expresión del periodismo y los ataques personales”.
Contexto Nacional
Este caso se enmarca en un debate más amplio sobre el “ciberasedio” y las leyes de difamación y calumnia en México, las cuales han sido derogadas como delitos penales en la mayoría de las entidades, incluyendo Puebla, aunque aún persisten en algunos estados como Campeche.
Organizaciones como Artículo 19 advierten que estas leyes son peligrosas porque permiten la persecución penal de periodistas bajo términos amplios y ambiguos, generando un efecto de autocensura y defendiendo la opacidad y la corrupción, lo que perciben como una “criminalización por la vía legislativa” y el “mal uso de la ley en temas de violencia de género para censurar”, configurando un “autoritarismo y censura”. La Silla Rota
