La Barredora en Tabasco: Todos los caminos llevan a Adán Augusto
3 Ago. 2025 6:59 pm
Durante la gubernatura de Adán Augusto López en Tabasco, con Jaime Humberto Lastra Bastar como su fiscal general (hoy diputado de Morena), se consolidó el grupo delincuencial La Barredora, que además era liderado por Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad. ¿Cómo siguió operando por años con impunidad? Proceso desteje la red de implicados que hicieron posible que ese grupo, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación, asolara Tabasco con la connivencia del aparato gubernamental estatal y con el apoyo incondicional d e Palacio Nacional.
Mathieu Tourliere | Apro | Durante el mandato de Adan Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco el aparato de inteligencia de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador no solo tenía identificado a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como líder de la delincuencia organizada en el estado: decenas de informes confidenciales del Ejército señalan los vínculos criminales de otros altos mandos de seguridad estatal, incluyendo a quien se convertiría en su fiscal general, Nicolás Bautista Ovando.
Dos informes del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi), fechados en agosto de 2019, señalan que Bautista, entonces vicefiscal de delitos comunes en la fiscalía estatal (encabezada por Jaime Humberto Lastra Bastar, ahora diputado federal de Morena), estaba vinculado con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, también conocido como “Pelón de Playas del Rosario”, uno de los líderes de un grupo criminal proveniente de Los Zetas, qué años después se escendiría para volverse La Barredora, grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización se dedicaba al huachicol, al tráfico de migrantes, extorsión, secuestro y tráfico de drogas, entre otros delitos.
En enero de 2019 a don Augusto López Hernández había incluido a Nicolás Bautista Ovando en la terna de tres candidatos que envió al Congreso local para designar a su fiscal general; finalmente los diputados eligieron a Lastra Bastar como fiscal y Bautista asumió la vice fiscalía de delitos comunes. Un año y medio después, Lastra pidió licencia para participar en la elección intermedia de 2021 y Bautista ascendió a encargado de despacho de la fiscalía; en febrero de 2021 Adán Augusto López Hernández lo incluyó de nuevo en la terna para fiscal y el Congreso lo ratificó en el cargo.
Además de Hernán Bermúdez Requena y Nicolás Bautista Ovando, muchos otros mandos de Seguridad de Tabasco estaban identificados por sus vínculos con la organización criminal. Era el caso de Ulises Pinto Madera, número dos de Bermúdez (arrestado el 23 de julio último en Jalisco), según los informes; José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Avalos, respectivamente comisionado y director general de la Policía Estatal y Javier Reyes Palomeque, coordinador general de las Policías Municipales, pero también Carlos Tomás Díaz Rodríguez, el brazo derecho de Bermúdez, o Rubén Muñoz Rivera, comandante de la policía de Cárdenas.
Todos estos personajes estuvieron activos durante el mandato de Adán Augusto López Hernández, y muchos permanecieron en sus cargos hasta 2024, año en que Tabasco sufrió una explosión de violencia y en el que la gubernatura paso de Carlos Merino Campos un incondicional de Adán Augusto López Hernández, quien asumió el interinato en el gobierno cuando López Obrador nombró al tabasqueño en la Secretaría de Gobernación (Segob)- a Javier May Rodríguez, quien, pese a ser militante de Morena, forma parte de un grupo político antagónico al de López Hernández en Tabasco.
Hernán Bermúdez Requena y Leonardo Leyva renunciaron en enero de 2024; el primero huyó de México en febrero de 2025 y es blanco de una ficha roja de Interpol. Javier Reyes fue “congelado” ese año, Nicolás Bautista Ovando renunció el 30 de septiembre de 2024, José del Carmen Castillo renunció a su cargo de inspector en jefe de la Policía Estatal en enero de 2025, y Carlos Tomas Diaz Rodríguez- que informes de inteligencia designan como un enlace de Bermúdez con el grupo criminal-fue detenido en Puebla el 19 de enero último.
“Pudrición”
Ahora coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández se encuentra en el centro de los cuestionamientos por haber encargado la Seguridad de Tabasco a un presunto líder criminal. Cuando Proceso y otros medios revelaron el involucramiento de Bermúdez con La Barredora, en octubre de 2022, Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández apagaron el escándalo calificándolo como “chismes” o “fantasías”.
Sin embargo, los informes de inteligencia eran confidenciales y fueron elaborados por el Cenfi y el Cerfi, dos centros integrados por agentes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN). Resulta imposible atribuir a estos documentos una intención política de dañarlo.
El tema regresó a la agenda pública en noviembre último, cuando Javier May habló de La Barredora, y la atención política y mediática estalló el 12 de julio último, cuando el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 zona militar, informó en conferencia de prensa que Bermúdez es blanco de una orden de aprehensión desde el 14 de febrero último y está prófugo, probablemente es condido en Brasil.
Adán Augusto López Hernández, a quien López Obrador se refería como su “hermano”, trató de minimizar otra vez los señalamientos tachándolos de “politiquerías”. Aunque fue arropado por algunos cuadros de Morena, quienes le corearon “¡No estás solo!” durante el Consejo General del partido, el domingo 20 último, el tema del tabasqueño ha provocado un profundo malestar en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y en el ala intelectual del partido guinda.
Hermético a la mayor parte de las preguntas de la prensa, el exsecretario de Gobernación realizó una entrevista a modo con Ciro Gómez Leyva, el lunes 21 de julio, en la cual se hizo el sorprendido: “La verdad es que no sospeché, si hubiera yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo”, dijo.
“La primera vez que escuché hablar de un grupo como La Barredora fue cuando estaba yo en la Ciudad de México” agrego.
De acuerdo con los informes de inteligencia militar, La Barredora nació tras la muerte de Sergio Meza Flores el Sorullo, quien fuera líder de Los Zetas en Tabasco. Su viuda, Lucero Naranjo García, la Patrona, recupera el grupo con la protección de Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, el titular de la Agencia Estatal de Investigación, y de Amado Ortiz Jiménez su brazo derecho.
Junto con ella operaban Benjamín Mollinedo Montiel, Pantera; Andrés Rodríguez Vasconcelos, Kalimba, y José Guadalupe Castillo Ramos, Soldadín. Entre 2019 y 2021 ese grupo se fracturó al ritmo de traiciones y pugnas por el liderazgo, hasta que el Pantera, entonces cercano al CJNG, mandó asesinar al Kalimba para hacerse del control de la extracción y venta de combustible, los homicidios y la venta de drogas en la región.
Los informes señalan que Hernán Bermúdez Requena dejó que el Pantera tomara control de los municipios de Huimanguillo y Cárdenas; una intervención del teléfono de un delincuente rival señaló que el “Pantera está con el gobierno, está con el gobernador (Adán Augusto López Hernández); eso me dijo la última vez”.
Los reportes que la inteligencia militar elaboró sobre este grupo y sus principales líderes consisten en esquemas de la organización criminal, mapas sobre su ubicación y cientos de reportes de conversaciones interceptadas entre delincuentes. Estos reportes exhibieron las profundas conexiones entre el grupo y las autoridades presentes en Tabasco.
De hecho, si de algo podría defenderse Adán Augusto López Hernández es que la corrupción abarcaba sólo a sus colaboradores cercanos en el gobierno estatal: en los informes brota una galaxia de actores de seguridad federal presuntamente coludidos con los grupos criminales.
Estos incluyen a Israel Salas Romero, entonces delegado de la FCR en Tabasco, y sus subordinados Gerardo Israel Clemente Gachuz, Jesús Amaya Guerrero, Serafín Tadeo Lazcano y Ángel Arceo Sevilla -todos de la FGR-, así como directores de los puertos, de las aduanas, un hombre identificado como “el Almirante”, mandos del Instituto Nacional de Migración (INM) e incluso “posiblemente” Jose Felipe Padilla Castaneda, coordinador estatal de la GN en Tabasco, entre muchos.
El reporte de una intervención al teléfono de uno de los operadores del grupo criminal señala que “quien vende (venta de hidrocarburo ilícito) es la PGR (hoy FGR) y vuelve a reiterarle que ahí (refiriéndose a Cárdenas, Tabasco) si alguien quiere producto es la PCR quien se lo vendería y nadie más”.
Hasta el momento la mayor parte de la atención pública del caso de La Barredora se ha con centrado en Hernán Bermúdez Requena “Ahí está saliendo toda la pudrición”, comentó José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente AMLO y secretario de Gobierno de Javier May, quien prometió que la administración tabasqueña llegará “hasta donde tenga que llegar, a top”.
Notaría 27
Una relación de más de 33 años une a Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez. Empezó en 1992, en el equipo del gobernador priista Manuel Gurría Ordóñez: Bermúdez era director de Seguridad Pública-bajo las órdenes de Jaime Lastra-y López fungía como subsecretario de Asuntos Jurídicos.
Además, como titular de la Notaría 27 de Villahermosa, López Hernández -o su sustituta, Adela Ramos López-hizo el papeleo de 10 de las más de 40 empresas pertenecientes a la familia de Hernán Bermúdez que Proceso detectó en el Registro de la Propiedad y el Comercio. La primera, llamada Gravera Río Puxtacan, fue incorporada en 1997, y la más reciente, Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, se creó en 2017.
A falta de una versión clara de los interesados sobre La Barredora, la prensa hizo su trabajo y documentó la trayectoria turbia de Bermúdez en el mundo de la seguridad. Proceso recordó por ejemplo que Bermúdez fue detenido por la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006, por el papel poco claro que jugó en el asesinato de los caciques veracruzanos Ponciano y Cirilo Vázquez Lagunes.
Excélsior reveló la existencia de un informe de inteligencia fechado en 1999, en el que se señalaba que Hernán Bermúdez Requena y su hermano, Humberto, habían introducido cocaína en los bares y antros de Tabasco, de la mano con el Cártel del Golfo. Otro reporte aseveraba que cuando Bermúdez fungió como director de Seguridad Pública en Tabasco, “se dieron diversos actos de corrupción al interior de esa corporación, así como había un alto índice de delincuencia, a tal grado de que sus secretarias particulares e incluso él mismo traían autos que estaban reportados como robados”.
Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad (MCCI), por su parte, reveló que La Barredora buscó suministrar 180 mil litros de huachicol al gobierno federal para el Tren Maya.
Coincidencia o no, en ese momento Raúl Bermúdez Requena Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, fungía como delegado del Fonatur Cancún -en una época en la que la institución era dirigida por Rogelio Jiménez Pons-, y estaba a cargo de los tramos 4 y 5 del Tren Maya, que van de Mérida a Cancún y de Cancún a Tulum.
Empresario de la construcción, del sector restaurantero y dueño de una gasolinera, Raúl Bermúdez se ganó el apodo de Lord Fonatur por sus actitudes prepotentes en la entidad y sus tratos con el poderoso gremio hotelero en Quintana Roo; en agosto de 2020, Luis Ramos Hernández, secretario general del Sindicato de Transportes Públicos de Carga de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), acusó al exfuncionario de buscar colocar a subcontratistas afines para realizar las obras de los tramos a su cargo.
Raúl Bermúdez tuvo que renunciar a su cargo público después de revelarse que había puesto en renta, en plataformas digitales, la residencia Villas Chackté, una casa de descanso de presidentes y altos funcionarios que pertenece al Fonatur.
Su padre, el empresario Humberto Bermúdez Requena, es hermano de Hernán Bermúdez Requena -señalado en las fichas de inteligencia reveladas por ese diario como narcotraficante- y empezó su carrera con empresas constructoras e inmobiliarias, como Inmobiliaria Armibe, Rager y la ya mencionada Gravera Río Puxcatan. Algunas de ellas tuvieron contratos de obra pública con los gobiernos de Tabasco y de Yucatán, así como el federal, ya sea de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el sexenio de Vicente Fox, de Pemex, o de la Secretaría de Infraestructura. Comunicaciones y Transportes (SICT) en la administración actual.
En 2011 Humberto Bermúdez incursionó en el sector de los casinos y las apuestas, a través de la empresa Crown City Premium, primero, y posteriormente con empresas llamadas Con Suerte y Alegría, y Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, integrada por Adán Augusto López Hernández como notario público.
De hecho, Gerardo Bermúdez Arreola, otro de sus hijos, es sujeto a un arresto domiciliario en Paraguay, acusado de realizar apuestas deportivas clandestinas a través de Crown City.
Para operar sus negocios de apuestas en México, Humberto Bermúdez Requena se alió con el costarricense Jozsef Alexander Arguedas Troyo, así como con los empresarios casineros Moisés y Jacobo Shemaria Capuano y José Antonio Haua Maauad -dueños de la cadena Pur Umazal Tov y vinculados al priismo en Hidalgo-, a su vez socios del polémico empresario veracruzano Fidel Kuri Grajales en una empresa llamada Operadora Najad, que abrió tres casinos con Bermúdez.
Para operar otro casino en La Paz se asoció con Joaquín Riva Palacio Rodríguez, uno de los empresarios señalados en los esquemas financieros que el abogado Juan Ramón Collado Mocelo presuntamente utilizó para lavar dinero, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la FCR reveladas por Contralínea en 2022.
