Con Layda Sansores reina el Crimen Organizado en Campeche
11 May. 2024 12:35 pm
REDACCIÓN
REPORTE MAYA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | Desde el 15 de septiembre de 2021 que Layda Elena Sansores San Román rindió protesta como gobernadora de campeche todos los delitos se dispararon y los homicidios dolosos van de la mano con la presencia del Crimen Organizado que este año acumula 31 ejecuciones de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En la Tierra del Pregonero se tiene detectada la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Los Zetas Vieja Escuela y el Cártel de Caborca que de octubre a diciembre del 2021 acabaron con la vida de 23 personas lo que detonó las voz de alerta de las fuerzas federales.
En el 2022 la ejecuciones llegaron a 110, en el 2023 116; fue el 13 enero de ese año que se conoció el hallazgo de una fosa clandestina con cuatro cadáveres, armas de grueso calibre y equipo táctico descubierto en el rancho El Estribo, del ejido Alfredo V. Bonfil; a la par, se trascendió una balaceras en el ejido José López Portillo de Champotón, un saldo violento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como la Fiscalía General del Estado de Campeche minimizaron.
El fiscal general del estado, Renato Sales Heredia, dijo: “es probable que se trate de grupos de la llamada delincuencia organizada…Estamos trabajando en las pesquisas del caso”.
Por su parte la titular de la SSPC, Marcela Muñoz Martínez, señaló que “solo se trató de reportes de detonaciones de armas de fuego en el ejido Alfredo V. Bonfil” y no habló de los cuatro muertos, cuatro heridos, y el hallazgo de una fosa con cuatro cadáveres.
Los índices criminales y la violencia ya no se puede ocultar en el estado que después de Yucatán era seguro para vivir en el sureste mexicano, ahora, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, la percepción de inseguridad por parte de la población en Campeche se ha incrementado de manera preocupante durante el gobierno de Layda Sansores.
La medición del INEGI reveló que tan sólo a 30 días de haber asumido el cargo de gobernadora en octubre del 2021, la percepción de inseguridad se ubicó en 38.2 por ciento, en una escala del uno al 100. Dos años más tarde, el mismo indicador alcanzó al 55.9 por ciento de la población del estado.
En cuanto al desempeño gubernamental y la resolución de conflictos, la ENSU detectó que en el 2021, el 33.5 por ciento de la gente estimó efectiva la gestión de la gobernadora al resolver los retos de la entidad; sin embargo, para 2023 el porcentaje de aprobación en el mismo rubro descendió al 22.8 por ciento.
Ambas disminuciones revelan una percepción negativa sobre la capacidad del gobierno estatal para afrontar y resolver las problemáticas más apremiantes en Campeche; por lo que los datos de la ENSU hacen evidente una necesaria una revisión de las estrategias de seguridad desplegadas en dicho estado, así como de las políticas públicas vigentes.
Los criminales también pegan a los cuerpos de seguridad que han agravado la crisis de seguridad, pues policías estatales y municipales exigen mejores condiciones laborales, así como la renuncia de la titular, Marcela Muñoz Martínez.
La protesta inició luego de que resultaron heridos varios elementos durante un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, reclamaron que los enviaron sin equipo necesario y armamento viejo. También denunciaron que la situación se complicó y puso en riesgo la vida de varios elementos porque al frente del operativo mandaron a por lo menos 30 mujeres policías que, acusan, no fueron informadas debidamente sobre la situación.
Todos los índices muestran que la seguridad pública en Campeche se desplomó en los últimos tres años, y un estudio registra el crecimiento de varios delitos que coincide con la llegada del partido Morena y la gestión de Marcela Muñoz Martínez como jefa de la Policía, sin experiencia en el tema, pero muy cercana a la gobernadora morenista Layda Sansores, quien la impuso en el puesto, pese a no haber vivido nunca en el estado.
A partir de entonces, lo niveles de inseguridad se desplomaron peligrosamente. Así lo demuestra un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, que identificó a Campeche como una de las entidades que tuvieron la mayor Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) en varios delitos durante los períodos enero-octubre de 2018-2023, a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según ese estudio, Campeche ocupa el primer lugar en el país con la mayor TMCA en delitos como robo de negocios con violencia, robo de vehículos de cuatro ruedas, con violencia y robo a casas habitación sin violencia y segundo lugar cuando se hace con violencia.
Ninguno de estos delitos había crecido tanto en Campeche como hasta ahora. En los cinco años que abarca el estudio, la mayor alza de la TMCA en éstos y otros delitos se observó en 2022 y 2023, cuando Muñoz Martínez ya estaba en pleno control de la policía campechana.
De acuerdo con un estudio intitulado Ranking de entidades federativas a partir de su tendencia en una selección de delitos durante los períodos enero-octubre de 2018-2023, elaborado por Jaime Arturo Del Río Monges, investigador del Instituto Belisario Domínguez, Campeche tiene la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) más alta del país en el delito de robo a negocio con violencia, con una tasa de aumento del 59.37%, en el periodo de 2018 a 2023.
El estudio explica que en 2018, el vecino estado registró 89 delitos de ese tipo, en 2022, 231 y en 2023, 226. Asimismo, Campeche ocupa el segundo lugar nacional con la mayor TMCA en el delito de robo a negocio, pero sin violencia, con un incremento en esa tasa de 193.77%.
En 2018, por ejemplo, el estado registró 73 denuncias por este tipo de delito y en 2023, !630!. En 2018, se anotaron 341 casos; en 2019, 448; 2020, 81; 2021, 49; 2022, 672 y 2023, 68 casos. Campeche también ocupa el primer lugar nacional con la mayor TMCA del delito de robo de vehículo automotor de 4 ruedas con violencia, con un tasa de 116.02%. En 2018, las denuncias presentadas por este delito fueron 3; en 2019, 4; 2020, 3; 2021, 4 y en 2022 y 2023, 8 y 14 respectivamente, justo en el periodo de Muñoz Martínez. Igualmente tiene el primer lugar con mayor crecimiento de la Tasa Media de Crecimiento Anual del delito de robo a casa habitación sin violencia, con 200.16%.
El crecimiento de la TMCA del homicidio doloso en Campeche es la cuarta más alta en el país y la octava en homicidio culposo. El delito de extorsión creció entre 2018 y 2023, un 161.41%, para ubicar a Campeche como el sexto estado con mayor crecimiento promedio de esa tasa. El estudio señala que entre 2018 y 2012 el número promedio de extorsiones en Campeche fue de 17, pero en 2022 y 2023 las cifras se dispararon a 75 y 82 casos, respectivamente
Ante la ola delictiva que azota la entidad, la semana pasada la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Virginia Leticia Lizama Centurión, solicitó mediante escrito girado a diversas autoridades estatales, la intervención de la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, para garantizar la seguridad de los ciudadanos debido al descontento policial con sus superiores.
En el oficio marcado con el folio 2719/CJCAM/SEJEC-P/23-2024, dirigido a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSJ), Fiscalía General del Estado de Campeche y a los tres organismos federales mencionados, Lizama Centurión justifica su petición debido a diversos motivos que actualmente ponen en riesgo el derecho de los campechanos a un acceso a la justicia y seguridad adecuados.
La primera solicitud es motivada para las fuerzas federales apoyen en la guardia y custodia, así como la seguridad de los campechanos ante los hechos que mantienen a los ciudadanos en incertidumbre, pues no saben si los agentes de la Policía que se encuentran en paro están dando los servicios de recorrido y a su vez, la presentación de los detenidos durante sus labores en las instancias correctas.La violencia también llegó al ámbito electoral y en lo va del actual proceso, al menos seis candidatos han solicitado protección, según confirmó Clara Concepción Castro Gómez, consejera del Instituto Electoral del Estado (IEEC).
De acuerdo con los datos, las solicitudes de protección son para garantizar la seguridad de los candidatos y de sus equipos de trabajo durante las caminatas o reuniones que realizan en colonias y comunidades.
“Como autoridad electoral, lo que nos toca es hacer un trámite ante la autoridad que se encarga de la seguridad; es decir, nosotros no tenemos la atribución de garantizar la protección, pero si de ser intermediarios”.
