Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, lideran desapariciones en el sureste mexicano; la mayoría relacionadas con las disputas del Crimen Organizado
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
CDMX | El primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum ha marcado un nuevo récord en el número de desapariciones en México: cada día, 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora. Hasta el 1 de octubre, desaparecieron 15,575 personas en el país, 16% más que en el último año de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 12,695 víctimas. México enfrenta, además, el escrutinio de la ONU, por considerar que en México la desaparición forzada ocurre de manera generalizada y sistemática.
En el caso del sureste, Chiapas y Quintana Roo lideran los estados con mayores desapariciones acumulando 426 cada uno durante este primer año de Sheinbaum, le siguen Tabasco con 293, Campeche con 44 y Yucatán con 20.
Según los datos oficiales, reportados por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, durante el año que lleva Claudia Sheinbaum en el gobierno, las personas desaparecidas han aumentado 56% en comparación con el sexenio anterior. Son 14,860 desaparecidos más que cuando tomó posesión, los datos contrastan con el monitoreo diario de la agrupación civil TResearch
INTERNATIONAL quien indica que van 15 mil 575 personas desaparecidas en el sexenio actual, refiriendo que Estado de México, Ciudad de Méxicdo, Sinaloa, Guanajuato y Baja California Norte son las entidades con más desapariciones este sexenio; Edomex y CDMA encabezan la lista con más de 2 mil desapariciones sin localizar.
Aunque se ha tratado de ignorar la problemática desde la Presidencia, evitando hablar sobre las desapariciones, casos como el del rancho Izaguirre, en Jalisco, han develado este año el alcance del reclutamiento forzado que llevan a cabo los grupos criminales, mediante la oferta falsa de puestos de trabajo, a través de redes sociales o incluso utilizando videojuegos incrementando el número de desaparecidos a nivel nacional.
Sobre el tema, y pese a que llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional para solicitárselo, Claudia Sheinbaum no se ha reunido con colectivos de madres buscadoras. Únicamente tuvo un encuentro, el 30 de agosto, con integrantes del Comité ¡Eureka! —fundado por Rosario Ibarra de Piedra en 1977 para exigir la presentación con vida de los desaparecidos durante la “guerra sucia”—, y reuniones con familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que no se han traducido, a pesar de sus promesas, en avances en las investigaciones.
El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que faculta al CED —un órgano integrado por expertos independientes— a llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, que podría determinar que las desapariciones forzadas en el país constituyen un crimen de lesa humanidad.
El Gobierno mexicano envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está enfrentando un drama que supera las 133,000 víctimas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial, publicó Proceso.
Familiares y colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil enviaron en agosto un informe al CED, difundido el 1 de octubre, en el que subrayaron que las desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, cuando declaró la “guerra contra el narcotráfico”, no pueden considerarse hechos aislados.
“Encontramos que en México se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones [criminales] como por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno”, concluye el informe.
Los firmantes recomiendan la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico para identificar los patrones de las desapariciones y establecer acciones para detenerlas, y piden comunicar a la Corte Penal Internacional la información que presentan para que se inicie una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documenta un total de 426 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Chiapas. De acuerdo con cifras de la Alerta de Violencia de Género, del primero de enero al 30 de septiembre de este año, han sido reportadas como desaparecidas 282 mujeres. Cuatro de ellas, han sido localizadas sin vida. Y 73 siguen sin ser localizadas.
De estas niñas desaparecidas en 2025, una de ellas es menor de un año de edad. Cinco de ellas tienen de uno a cinco años de edad. Cuatro de seis a siete años. Cuatro de ocho a 11 años. 14 de 12 a 14 años, y 21 niñas son de edades de 15 a 17 años.
Organizaciones de derechos humanos reconocieron la labor de la Colectiva de Madres en Resistencia por su lucha en favor de la verdad y la justicia en Chiapas, y exigieron al gobierno estatal compromisos concretos para la búsqueda de personas desaparecidas, así como protección para las integrantes del colectivo.
En un comunicado conjunto, Servicios Internacionales para la Paz (SIPAZ), Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) destacaron que las buscadoras enfrentan “angustia, dolor, desesperación constante” y de defensa de derechos humanos.
A través del texto mencionado, se recordó que el pasado 12 de septiembre las integrantes del colectivo se reunieron con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, con el fin de establecer un espacio de diálogo y compromisos para la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad. Sin embargo, denunciaron que durante el encuentro fueron revictimizadas y sus familiares criminalizados.
Debido a esto, las organizaciones acompañantes hicieron un llamado al gobierno estatal para impulsar acciones inmediatas que fortalezcan la búsqueda de desaparecidos mediante análisis de contexto, planes de búsqueda con enfoque diferencial y especializado, así como garantizar la integridad física y la seguridad de las integrantes del colectivo.
También, adoptar las medidas que pongan fin a las constantes y continuadas violaciones a los derechos humanos que ellas sufren al realizar su labor; además, que se implementen acciones de protección para garantizar la vida, integridad física y seguridad de las integrantes del colectivo de madres en resistencia.
A partir de mediados de 2021, cuando escaló el conflicto por el control del territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el número de personas desaparecidas en el estado incrementó exponencialmente: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), entre 2019 y 2024 la cifra cuadriplicó y actualmente los casos son mil 563. En estos años, las fichas de búsqueda empezaron a llenar las redes sociales y una macabra sospecha se insinuó entre la población: en Chiapas también debe de haber fosas clandestinas.
De acuerdo con datos que la FGE entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en la entidad se encontraron 12 fosas clandestinas: una en Emiliano Zapata, Soyaló, Palenque y Suchiate, dos en Tapachula y seis en La Concordia. En algunos entierros se hallaron cadáveres, 25 en total, y en otros restos óseos u osamentas.
Uno de estos ranchos del crimen organizado se encuentra muy cerca del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez. En marzo, las autoridades y el colectivo de buscadoras chiapanecas Madres en Resistencia peinaron el rancho Aurora Buenavista, que se encuentra a sólo diez kilómetros del aeropuerto de la capital chiapaneca, en el municipio de Chiapa de Corzo. En un refugio subterráneo hallaron chalecos tácticos, cascos, droga, armas, cartuchos y cocaína. A pocos kilómetros de allí, se encuentra el rancho Las Pitayas.
Al lado de esta zona árida del centro del estado, que las abundantes lluvias del último mes están reverdeciendo, pasa uno de los tres corredores que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ubica como ruta de trasiego en su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”. El corredor empieza en Ciudad Cuauhtémoc, un poblado en la frontera con Guatemala que recientemente fue escenario de un enfrentamiento armado protagonizado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que pasa por Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, desembocando en Veracruz.
Hasta el momento, las autoridades peinaron poco más de la mitad de las 16 hectáreas del rancho Las Pitayas. De acuerdo con Isabel Torres, integrante y fundadora de Madres en Resistencia, durante una revisión del rancho en la que participó, fue evidente que los peritos de la Fiscalía no están bien capacitados en el levantamiento de las evidencias. “Además, la Fiscalía solo llega y ve lo que está a la vista. Nosotras escarbamos absolutamente cada rincón de la casa, cualquier prenda que se encuentre, revisamos las paredes por si alguna persona estuvo ahí y escribió algo”, dice Isabel Torres.
La activista también critica a la FGE por no avanzar con la investigación de los casos que se van acumulando en los estantes de sus oficinas, y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) por no brindar apoyo adecuado a las buscadoras chiapanecas. Al mismo tiempo, señala unas mejoras en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), que está auxiliando a su colectivo con personal y herramientas tecnológicas. Señala también un logro importante que Madres en Resistencia alcanzó tras años de lucha: a mediados de mayo, el Congreso de Chiapas creó una comisión para avanzar en la conformación del Consejo Ciudadano, órgano que, de acuerdo a la ley, hubiera tenido que crearse en 2019.
“El Consejo Ciudadano permitirá la participación de las familias en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas”, explica Isabel, cuya hija Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, fue desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Se la llevaron de un salón de fiestas durante la boda de Isabel unos hombres armados que llevaban en el pecho las siglas de la FGE. Sucesivamente, el celular de Cassandra fue geolocalizado en el rancho Aurora Buenavista mientras que el de Isabel, que los secuestradores también se llevaron, fue geolocalizado en el rancho Las Pitayas.
Los restos óseos calcinados, que han sido hallados en diciembre de 2024 en una fosa séptica del rancho Las Pitayas, están en tan mal estado que podría ser difícil sacar su perfil genético e identificarlos. Sin embargo, en un primer momento, las autoridades dijeron que se trataba de tres osamentas, de tres personas distintas y los medios afirmaron que pertenecían a los integrantes del grupo de siete personas que desaparecieron el 23 de noviembre de 2024, mientras viajaban en una Urvan que fue encontrada a pocos kilómetros del rancho. En realidad, la Colectiva Cereza tiene dudas de que los restos óseos les pertenezcan, pues la geolocalización de sus celulares no lleva al rancho Las Pitayas, aunque sí estuvieron en la colonia 20 de noviembre, que está cerca de allí.
Las cifras son contrastantes, pero de enero a septiembre de 2025, en Quintana Roo se reportaron 888 personas desaparecidas, cifra que ya superó las 881 registradas durante todo 2024. En promedio, este año se han activado casi 98 reportes por mes, mientras que el año pasado fueron alrededor de 73, lo que representa un incremento alarmante en la frecuencia de desapariciones atribuidas principalmente a la lucha de los cárteles que se disputan la codiciada plaza que es un lugar de lavado de dinero, tráfico y venta de estufacientes,
De este total, 325 personas permanecen sin ser localizadas, lo que equivale al 36.6 por ciento, mientras que 562 fueron encontradas, es decir, un 63.3 por ciento. De estas últimas, 24 fueron localizadas sin vida, lo que representa un 2.7 por ciento de los casos reportados en lo que va del año; el colectivo TResearch INTERNATIONAL, documenta que en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, permanecen desaparecidas y no localizadas 426 personas.
Los grupos de edad con más reportes son las mujeres de 15 a 19 años, con 127 casos, seguidas por hombres de 15 a 19 años y de 25 a 29 años, con 81 casos cada uno. Otro grupo con cifras altas es el de mujeres de 10 a 14 años, con 74 registros. En conjunto, los menores de edad suman 282 reportes, lo que equivale al 31.8 por ciento del total de desapariciones en el estado. En otras palabras, casi uno de cada tres casos corresponde a personas menores de 18 años.
Por municipio, Benito Juárez encabeza la lista con 534 desapariciones, de las cuales 315 corresponden a hombres y 219 a mujeres, lo que equivale al 60.1 por ciento del total en la entidad. En segundo lugar está Playa del Carmen con 204 casos (110 hombres y 94 mujeres), que representan el 23 por ciento.
En tercer sitio se encuentra Othón P. Blanco con 59 desapariciones (47 hombres y 12 mujeres), lo que corresponde al 6.6 por ciento. Los demás municipios en conjunto suman 91 reportes, que equivalen al 10.3 por ciento.
El comparativo entre años muestra que la cifra de 2025 ya rebasó la del 2024, con un incremento del 0.8 por ciento en el total anual, aunque en el promedio mensual la diferencia es mucho mayor: 98.7 reportes por mes en este año frente a 73.4 del año anterior, lo que significa un aumento del 34.4 por ciento en la frecuencia de desapariciones.
En cuanto a la distribución por sexo, 543 reportes corresponden a hombres (61.1%), 343 a mujeres (38.6%) y dos casos fueron clasificados como sexo indeterminado (0.2%). Los números muestran un predominio en las desapariciones de hombres, aunque el número de mujeres también es significativo y en algunos rangos de edad incluso más alto.
Los registros mensuales señalan que en enero hubo 117 desapariciones, en febrero 101, en marzo 120, en abril 133, en mayo 149, en junio 89, en julio 89, en agosto 49 y en septiembre 44. El mes más alto fue mayo, que representó el 16.8 por ciento del total de casos. Abril y marzo también estuvieron entre los periodos con más reportes, con 15.0 y 13.5 por ciento respectivamente.
En contexto, la FGE, a través del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Quintana Roo, informó que las 191 personas no reclamadas que se encuentran en sus gavetas, han sido plenamente identificadas mediante técnicas científicas forenses, pero hasta el momento, no han sido reclamadas por sus familiares.
Se encuentran personas fallecidas de Quintana Roo y de estados como Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz, entre otros.
La página, que se encuentra disponible en la dirección noodentificados.fgeqroo.gob.mx/noreclamados, forma parte de una estrategia que incluye el uso de tecnología de escáner e información del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de los esfuerzos por dignificar la búsqueda de personas desaparecidas y brindar respuestas a las familias.
El lanzamiento de la plataforma digital forma parte de la estrategia “Búsqueda Desaparecidos de Quintana Roo”, una nueva herramienta que representa un paso firme hacia la justicia y el reconocimiento de las personas desaparecidas, así lo destacó la gobernadora Mara Lezama.
De esta manera, el sitio facilitará el acceso a familiares y colectivos de búsqueda, brindando información clara, accesible y oportuna para ayudar en el proceso de localización, reconocimiento y entrega digna de restos humanos a sus seres queridos.
Las autoridades destacaron que de no presentarse algún familiar a realizar el reconocimento de los cuerpos serán enviados a una fosa común, conforme lo establece la normatividad vigente mexicana.
En contraparte los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Quintana Roo aseguraron que faltan por identificar más de 500 cuerpos en la morgue de la Fiscalía General del Estado (FGE).
María Patrón Pat, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, dijo que se han identificado 191 cuerpos con una herramienta tecnológica recién adquirida por la Fiscalía.
“Estos 191 son de los 700 cuerpos que ya nos aclaró la Fiscalía que se encontraban en calidad de desconocidos en el Semefo (Servicio Médico Forense), entonces nos quedan más de 500 cuerpos sin identificar”, dijo.
En septiembre pasado, ante el incremento en los casos de desapariciones en Tabasco, el diputado local del PRI, Fabián Granier, presentó una iniciativa de reforma para reconocer el derecho humano a ser buscado y crear una Fiscalía Especializada en Desapariciones.
En su exposición, el priista reportó que, entre 2022 y 2025, los casos de desaparición en la entidad pasaron de 220 a 3 mil 952, siendo el municipio de Centro el más afectado. Además, en lo que va de este año, 421 menores han desaparecido, el 72% de ellas niñas.
“Detrás de cada cifra hay un rostro, una familia, una historia interrumpida y lamentablemente el final de estos casos siempre es la impunidad, así lo confirma el que hasta julio de 2024 apenas nueve personas habían sido detenidas por desaparición forzada y ninguna había recibido sentencia.
“El diagnóstico es clarísimo, Tabasco carece de protocolos efectivos de prevención, no cuenta con panteón forense ni centros de identificación especializados para desaparecidos, apenas los están construyendo”, aseveró.
La iniciativa plantea reconocer en la Constitución local el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada, incluir la desaparición forzada en el catálogo de violaciones graves a los derechos humanos y crear una Fiscalía Especializada en Desapariciones, con autonomía y revisión de nombramientos por parte del Congreso.
Las cifras de desapariciones en Tabasco indican que este 2025, 421 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, según documento la RED LUPA en su página, donde se puede ver un comparativo del 2022 a mayo del presente año.
Las cifras en cuestión muestran que 220 personas fueron privadas de su libertad en 2022, para el año siguiente, 252; doce meses después, 464 y hasta mayo del 2025, 3 mil 622. Lo que muestra un aumento de casos en los últimos años.
Los datos al comparar desapariciones por sexo, muestran lo siguiente: 2022: Hombres 123, 56%; Mujeres: 97; 44%; 2023: Hombre 153, 60.24%; Mujeres: 99, 38.98%; 2024: Hombres: 227, 49%; Mujeres: 237, 51%; 2025: Hombres: 1,861, 51%; Mujeres: 1761, 49%
El comparativo muestra un incremento en los casos durante los últimos años, los cuales según el sitio consultado comenzaron a incrementar de “forma drástica” en 2018. La violencia en Tabasco se incremento con la disputa que mantienen los integrantes de “La Barredora” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con ello las ejecuciones y las desapariciones.
Según TResearch INTERNATIONAL en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentran desaparecidas 426 personas, el mismo organismo refiere que Campeche y Yucatan consideras de los estados más seguros, tienen 44 y 20 personas desparecidas en este mismo periodo.
En el caso de ambos estados, el incremento de las luchas de Cárteles por las dos plazas es lo que ha llevado a que el 90% de las desapariciones se adjudiquen al crimen organizado
