Violencia en Chiapas no es aislada: 30 años de guerra e impunidad contra pueblos indígenas
TUXTLA GUTIÉRREZ | AVISPA MIDIA | A través del “Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas” que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre del 2025 en Palenque, Chiapas, se entabló una conversación en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos, en un periodo de tres décadas, contra comunidades indígenas en defensa de su autonomía. Del foro se derivó una alarmante verdad: a tres décadas de haber iniciado esta guerra interna, tornada en un “Conflicto Armado Interno aún no resuleto”, sólo el silencio oficial persiste.
Las organizaciones presentes afirmaron conjuntamente que “en ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente con la línea de los autores intelectuales y las respectivas cadenas de mando”. Sin embargo, frente a esta atmosfera de impunidad, afirman que a 30 años de contrainsurgencia en el estado sureño, como familiares y víctimas continuarán su lucha por la Verdad, Justicia y Dignidad, desde una resistencia pacífica en pos de abrirse caminos hacia la justicia.
Esta guerra ya referida, comienza después del levantamiento oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en enero de 1994, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México diseñó una estrategia de contrainsurgencia para neutralizar a la guerrilla y retomar el control gubernamental en la región chiapaneca, bajo el nombre de Plan de Campaña Chipas 94, el cual tuvo como objetivo eliminar militarmente a la estructura política-militar del EZLN.
Dicho plan fue emitido desde la VII Región militar ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y consistió en la creación de grupos militares y paramilitares, estos últimos, formados principalmente por grupos caciquiles indígenas locales conformados -a su vez- por ganaderos, presidentes municipales militantes del Partido Institucional Revolucionario (PRI) y otros, pequeños propietarios y civiles bajo las órdenes de la Sedena, orientados a violentar al EZLN, bases de apoyo y comunidades simpatizantes con la causa insurgente.
El Plan es la herramienta fundacional de la estrategia de contrainsurgencia del Estado mexicano que durante años se ha aplicado en Chiapas. Los ataques derivados de este Plan han incluido secuestros, asesinatos, robos y desplazamientos forzados, durante tres décadas.
El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” ha documentado que frente a lo alarmante de la violencia desatada por el Plan, a nivel nacional se extendió una exigencia de paz, frente a la que el Estado mexicano cambió su estrategia impulsando una guerra integral de desgaste atacando a la población civil, ocasionando al menos “cinco asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4500 personas desplazadas en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua”, en la región norte de Chiapas.
En mayo del año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado mexicano en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente Plan de Campaña Chiapas 94.
La Grandeza
Como parte de los estragos del Plan de Campaña, en febrero de 1995, en el Ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, miembros del Ejército Mexicano e integrantes de grupos paramilitares participaron en la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, maya tseltal de 43 años integrante del EZLN. A 30 años de que este caso de violación de derechos humanos fuera cometido, aún se mantiene impune, de acuerdo con el Frayba.
Los hechos iniciaron el 19 de febrero de 1995 con el desplazamiento forzado de alrededor de 200 personas habitantes de La Grandeza, quienes se vieron forzadas a abandonar el ejido luego de recibir la alarma de la intromisión del Ejército. Al día siguiente, una patrulla militar compuesta por 65 soldados inició un tiroteo contra quienes se refugiaban en la montaña desde la noche anterior. Las víctimas se desplazaron por los alrededores logrando esconderse, a excepción de Jiménez, debido a que cargaba en sus espaldas a su hija de 2 meses de edad. Uno de los militares le disparó, causándole muerte instantánea.
Tres personas más fueron detenidas: Manuel Jiménez Gómez, hijo de Jiménez, Sebastián Mena López y Ramiro Alfonso Hernández -acusado de tener vínculos con el EZLN-. Dos días después de la masacre, los detenidos fueron liberados, el cuerpo de Gilberto fue entregado a su familia y los militares abandoran La Grandeza.
Antonio González Méndez
El 18 de enero de 1999, el indígena maya, defensor comunitario e integrante del EZLN, Antonio González Méndez fue víctima de desaparición forzada en la cabecera municipal de Sabanilla, Chiapas. Los hechos fueron cometidos por integrantes del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia, de acuerdo con el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas presentado por el Frayba en mayo de 2022.
En agosto del 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano en la desaparición de González Mendéz, en un contexto de persecución política contra la disidencia política y el EZLN.
Masacre de Acteal
En diciembre de 1997, una incursión militar en la localidad de Acteal en el municipio de Chenalhó ubicado en la región de Los Altos de Chiapas, desató un ataqué armado por parte de un grupo paramilitar local contra indígenas tzotziles, miembros de la organización pacifista “Las Abejas”, mientras realizaban una jornada de ayuno y oración en una ermita, dejando 45 personas asesinadas, entre las que se contaron 18 infancias, 19 mujeres -4 embarazadas- y 8 hombres.
A 28 años de esta masacre, la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal continúa denunciando la impunidad en torno al caso, pues los autores intelectuales y funcionarios de alto nivel que pudieron estar implicados, no han recibido sentencia alguna.
En noviembre del 2006, cuatro personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y cuatro más fueron víctimas de desaparición forzada en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, en la región Selva de Lacandona. Los hechos ocurrieron -de acuerdo con el Frayba- cuando personas vestidas de civil entraron a la comunidad junto a 300 personas vestidas con botas y uniformes negros y azules, con armas de grueso calibre con las que agredieron a los comuneros.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Organización Xinich’ y la Misión Santísima Trinidad -en conjunto con múltiples organizaciones-, el motivo de este ataque fue el sembrar terror en los habitantes del municipio para obligarlos a desalojar sus tierras, enmarcado en el conflicto agrario presente la Selva Lacandona desde hace décadas, un conflicto que busca reubicar y desalojar forzosamente a “más de treinta poblados indígenas tseltales, tsotsiles, ch’oles y tojolabales, ubicados en la zona, para realizar negocios verdes con nuestra Madre Tierra”, menciona la Organización.
Nada ha cambiado
En el pronunciamiento correspondiente al Foro de Memoria Histórica, quienes suscriben reafirman que a 30 años de que la ofensiva contrainsurgente se desatara, sólo persiste un aire de impunidad al que se le suman casos actuales de violaciones a derechos humanos, tales como: “la ejecución extrajudicial de Simón Pedro Pérez, la Masacre de Nueva Morelia y la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez”.
Se suman también la constante violencia contra “ la autonomía y El Común de los pueblos zapatistas, como en el poblado Autónomo Zapatista Belén, Región Campesina, perteneciente al Caracol 8 La Luz que Resplandece al Mundo, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, con el fin de convertir el territorio recuperado en tierra privada y seguir con el despojo hacia los pueblos”, sostienen mediante pronunciamiento.
