Colectivos feministas exigen investigar a juez señalado por violencia de género en Playa del Carmen
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN | Colectivos feministas y de acompañamiento a víctimas exigieron al Poder Judicial de Quintana Roo la apertura inmediata de una investigación de oficio contra José Luis Jonathan Yong Mendoza, juez de Control en materia penal, tras la difusión de videos y audios en los que se le señala por presunta violencia contra su pareja y por portar un arma de fuego en el fraccionamiento Palmaris.
La exigencia se enmarca en la aplicación de la Ley 3 de 3, bajo el principio de “ningún agresor en el poder”, al advertir que una persona con conductas violentas no puede impartir justicia, menos aún en cargos que conocen asuntos de violencia familiar, de género o adolescentes.
En un posicionamiento público, Ariadne Song Anguas, integrante del colectivo Ixtabay Quintana Roo y de la Red de Víctimas Quintana Roo, subrayó que no puede condicionarse la actuación institucional a que la víctima presente una denuncia formal, debido a las barreras estructurales que enfrentan muchas mujeres en contextos de violencia.
“Muchas mujeres no tienen a dónde ir, no pueden iniciar una queja o acudir a un refugio sin ser revictimizadas. El Tribunal Disciplinario tiene la facultad de abrir una investigación de oficio”, señaló.
Los colectivos advirtieron que normalizar la violencia desde el poder judicial abre la puerta a la impunidad, especialmente cuando el presunto agresor concentra poder jurisdiccional y acceso a armas. Recordaron que, con la reforma judicial, se creó un Tribunal Disciplinario precisamente para investigar y sancionar conductas indebidas de jueces y magistrados, garantizando solvencia moral y respeto a la ley.
Asimismo, hicieron un llamado a víctimas que consideren haber sido afectadas por decisiones judiciales irregulares, como autos de no vinculación, cambios o imposición de medidas cautelares, a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en las áreas competentes de servidores públicos, para que se revisen las determinaciones adoptadas.
Los colectivos también solicitaron a la gobernadora Mara Lezama garantizar que los órganos internos actúen con debida diligencia reforzada, aun sin denuncia directa, recabando testimonios vecinales y reportes previos al 911, pues aseguran que no sería la primera vez que se atribuyen conductas problemáticas al juez, quien además se desempeñó como director de Seguridad Pública en Benito Juárez.
Finalmente, advirtieron que el juez tomó protesta en septiembre y que su entrada plena en funciones está prevista entre finales de diciembre y enero de 2026, por lo que insistieron:
“No podemos iniciar un nuevo año con personas generadoras de violencia impartiendo justicia”.
