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PLAYA DEL CARMEN | Periodistas de esta ciudad se sumamaron a la marcha nacional por el Día del Periodista y alzamos la voz en defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio libre del periodismo.

Los asistentes reprobaron de manera categórica cualquier forma de censura, agresión, intimidación o abuso de poder por parte de la autoridad contra periodistas, comunicadores y ciudadanos críticos.

Manifestamos su solidaridad con las y los periodistas que han sido acosados, perseguidos, sancionados, detenidos o criminalizados por realizar su trabajo, y exigimos mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

En México, el año 2025 ha estado marcado por una escalada alarmante de censura jurídica contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación. Lejos de tratarse de hechos aislados, estas acciones configuran un patrón sistemático de persecución legal cuyo objetivo es inhibir la crítica, silenciar voces incómodas y debilitar el derecho de la sociedad a estar informada.

De acuerdo con Artículo 19, se han documentado 51 casos de acoso judicial contra periodistas, lo que equivale a un nuevo proceso legal cada cuatro días, una cifra incompatible con cualquier Estado democrático.

Casos recientes lo demuestran:
• Rafael León Segovia, detenido en Veracruz bajo acusaciones de “terrorismo” por cubrir hechos violentos de interés público.
• Héctor de Mauleón, obligado a retirar contenido crítico por orden del Tribunal Electoral de Tamaulipas, estableciendo un precedente de censura previa.
• Karla Estrella, sancionada por el INE y el TEPJF tras cuestionar en redes sociales un posible caso de nepotismo.
• Laisha Wilkins, denunciada por violencia política en razón de género por compartir un mensaje crítico, evidenciando el uso distorsionado de esta figura legal.


Estos hechos revelan tendencias profundamente preocupantes:
• El uso indebido de figuras jurídicas para criminalizar la opinión, el periodismo y la participación ciudadana.
• El incremento de la censura judicial y legislativa en entidades como Campeche, Puebla y Veracruz.
• Presiones administrativas, sanciones económicas y amenazas legales como mecanismos de intimidación contra periodistas y medios.


Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han encendido las alertas. Artículo 19 ha advertido que estas prácticas ponen en riesgo directo la libertad de expresión y el derecho a la información.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su preocupación por el avance de la censura judicial y legislativa en México, señalando un retroceso institucional que no puede normalizarse.

Exigimos:
• El fin inmediato del acoso judicial contra periodistas, comunicadores y ciudadanos críticos.
• Garantías reales para el ejercicio libre, seguro y ético del periodismo.
• Que ninguna ley sea utilizada como instrumento de censura o represalia política.
• El respeto pleno a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Ser periodista no es un delito.

Informar no es terrorismo.

Callar a la prensa es callar a la sociedad.

¡No somos terroristas, somos periodistas!

¡No a la censura!

¡Sí a la libertad de expresión!


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