Los Zetas-Cartel del Noreste y Cártel de Sinaloa, los narco aliados de Nicolás Maduro, según la DEA
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos por presuntos nexos con cárteles mexicanos
NY | Las autoridades de Estados Unidos han presentado una acusación formal contra Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos, a quienes relacionan con algunas de las organizaciones criminales más poderosas de México, entre ellas Los Zetas (hoy convertido en el Cártel del Noreste) y el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían protegido y facilitado durante años el envío de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, en coordinación con grupos criminales de México, así como con las FARC, el ELN y el Tren de Aragua.
La acusación sostiene que los nexos entre el gobierno venezolano y bandas criminales incluyen a figuras cercanas a Maduro, entre ellas Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.
El documento judicial describe una estructura de corrupción, protección armada, logística y lavado de dinero que habría permitido el paso de droga por Venezuela hacia México, Centroamérica y Estados Unidos desde al menos 1999.
Según la acusación, funcionarios, militares y operadores logísticos del régimen venezolano participaron en un entramado en el que los beneficios del tráfico “fluían desde las bases militares y policiales hasta las cúpulas del poder”, mientras que los cargamentos eran protegidos por mandos castrenses conocidos como “los generales”.
Entre los fragmentos descritos en el expediente se detalla que, entre 2003 y 2011, mientras Diosdado Cabello ocupaba cargos de alto nivel, Los Zetas habrían trabajado con grupos colombianos para enviar cargamentos de cocaína de entre cinco y seis toneladas, y, en algunos casos, hasta 20 toneladas, desde puertos venezolanos hacia México y Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses señalan además que se habrían vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, facilitado vuelos encubiertos y brindado cobertura oficial a movimientos de dinero y estupefacientes. Parte del tráfico se habría realizado también mediante aeropuertos comerciales y pistas clandestinas con destino a México, Honduras y Guatemala.
Para 2020, las estimaciones de las autoridades señalaban que hasta 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela, una parte de ellas bajo rutas controladas por Los Zetas.
Las investigaciones incluyen grabaciones atribuidas a la DEA sobre presuntas reuniones en las que familiares de Cilia Flores y Nicolás Maduro habrían negociado envíos de droga desde el “hangar presidencial” de Caracas. En ese contexto, se describe un acceso directo a recursos y protección estatal.
La acusación formal del Distrito Sur de Nueva York plantea que estas prácticas configuraron “un sistema donde el poder político y militar venezolano se devora a sí mismo en una espiral de corrupción alimentada por el narcotráfico”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó en febrero de 2025 al Cártel del Noreste (CDN), sucesor de Los Zetas, como organización terrorista extranjera (FTO), en medio de un reforzamiento de las acciones legales y de seguridad contra organizaciones trasnacionales del narcotráfico.
En el programa de Carmen Aristegui, transmitido el 4 de enero de 2026, Manuel de Santiago detalló los cuatro cargos principales que enfrentarían Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores:
- Narcoterrorismo y conspiración para cometer narcoterrorismo
- Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos
- Posesión, uso e importación de ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados al narcotráfico
- Conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos para promover delitos de narcotráfico
Además de penas de prisión, Estados Unidos busca el decomiso de bienes presuntamente derivados de estas actividades, incluyendo “activos sustitutos” cuando los recursos no puedan localizarse.
“El objetivo de la fiscalía además de las penas de prisión, Estados Unidos busca el decomiso de cualquier propiedad o ganancia obtenida directamente o indirectamente como resultado de estos delitos. Si los bienes no pueden ser localizados por haber sido vendidos transferidos o sacados de la jurisdicción, el gobierno buscará confiscar cualquier otra propiedad de los acusados.”
Según la información difundida, 22 agencias federales participaron en la recolección de material probatorio.
Antes de los hechos recientes relacionados con la captura de Nicolás Maduro, el columnista de VANGUARDIA MX, Víctor Manuel Sánchez Valdés, advirtió en agosto de 2025 que Estados Unidos podría optar por acciones unilaterales considerando su historial en operaciones internacionales.
En su análisis, Sánchez Valdés precisó que, desde la perspectiva del derecho internacional, Estados Unidos no puede intervenir militarmente en México, pero desde la teoría realista de relaciones internacionales, dicho país tiene la capacidad material para hacerlo si lo considerara necesario para sus intereses.
La acusación estadounidense describe que la cooperación entre funcionarios venezolanos y Los Zetas no se limitó al transporte de droga, sino que abarcó intercambio de armas, protección armada y lavado de dinero, incluyendo presunta participación de entidades estatales venezolanas.
El documento resume que “el ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los narcoterroristas que operan con impunidad”.
Las investigaciones continúan su curso en tribunales federales, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados conforme a los procesos judiciales estadounidenses.
