Ejidatarios quieren 300 mdp por tierras expropiadas que albergan sitios arqueológicos de Dzibanché y Kinichná
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
CHETUMAL | Agencia SIM | Integrantes del Ejido de Morocoy confían en recibir una indemnización por parte del Instituto Nacional de Antropología e Histora (INAH), luego que interpusieran una demanda por la apropiación indebida de 300 hectáreas enclavadas en las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná.
El día crucial será el próximo 26 de febrero, fecha en la que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Número 44 de Chetumal citó a las partes involucradas a una audiencia.
Sonia Méndez Lile, presidenta del Comisariado Ejidal de Morocoy, destacó la disposición para que las zonas arqueológicas se conviertan en mayor atractivo turístico.
Recordó que fue el 21 de septiembre de 1970 cuando se constituyó el Ejido Morocoy, ubicado a 54 kilómetros de Chetumal, con la integración de 271 agremiados y cinco mil 950 hectáreas de terreno, delimitadas formalmente en 1981.
En ese entonces, dijo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) expropió terrenos para las tres zonas arqueológicas ubicadas en el núcleo ejidal.
Para la operación de Dzibanché al Ejido Morocoy se le expropiaron 286 hectáreas; dos para Kinichná; mientras que para Grupo Lamay, cinco.
La presidenta del Comisariado Ejidal consideró que dicha apropiación fue ilegal, ya que nunca hubo un fedatario público y tampoco se promovió juicio de nulidad.
Acusó que, desde hace 55 años el INAH ha incumplido con la liquidación, y por ello los ejidatarios están inconformes y por ende exigen un millón de pesos por cada hectárea.
Resaltó que para el 24 de septiembre y 27 de noviembre del año pasado, se habían programado audiencias, con el fin de concretar la indemnización, pero fueron suspendidas.
Se programó finalmente la audiencia para el 26 de febrero, en donde los ejidatarios de Morocoy confían en lograr el resarcimiento de la expropiación.
La presidenta del Comisariado Ejidal resaltó la apertura y disposición que ha mostrado el magistrado Rafael Gómez Medina, encargado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) Número 44 de Chetumal.
“Hemos visto que resuelve rápido, tuvimos las audiencias, escuchó a cada una de las partes, entonces queremos pensar que tenemos una buena oportunidad que actúe con legalidad y justicia”, sostuvo.
La representante ejidal prevé que el proceso se desarrollará con celeridad, pues así lo ha dejado entrever el magistrado.
Puntualizó que el ejido no tiene nada en contra del INAH u otra dependencia del gobierno federal, pues solo intentan defender el patrimonio de Morocoy, luego del atropello realizado hace décadas.
