Javier May y Gabinete de Seguridad mienten y manipulan cifras de homicidios dolosos; tortura y violación a los Derecho Humanos lo acompañan
La Red por el Derecho a Saber hace un llamado firme a las autoridades del estado de Tabasco a cesar el uso propagandístico de las cifras de seguridad pública y a asumir una comunicación responsable, técnica y verificable por organismos ciudadanos, de la información sobre la incidencia delictiva que perturba la paz y amenaza el patrimonio y la vida de los ciudadanos.
VILLAHERMOSA | El análisis comparativo de los delitos registrados en Tabasco durante los años 2024 y 2025, elaborado con base en datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, muestra un panorama complejo, contradictorio y distante del discurso triunfalista que se ha difundido recientemente desde instancias gubernamentales.
Uno de los ejemplos más claros de distorsión en la comunicación pública es el relativo al homicidio doloso.
De acuerdo con los registros oficiales, este delito disminuyó 17.1% entre 2024 y 2025, una reducción que, si bien es relevante, no respalda de ninguna manera afirmaciones oficiales que hablan de reducciones cercanas al 80%.
El dato oficial es que en los 12 meses del 2024 se reportaron 884 ejecuciones o asesinatos, y en el mismo período del 2025 este delito reportó 733 casos. La reducción real entre un año y otro es de 151 homicidios dolosos menos.
Exagerar o descontextualizar esta cifra no solo desinforma, sino que debilita la credibilidad de las instituciones y afecta el derecho de la ciudadanía a conocer la dimensión real del problema de violencia que enfrenta el estado.
El reporte, coordinado por el periodista de investigación Audelino Macario al frente de un equipo en el que participaron además el politólogo Luis Trinidad Baños y el sociólogo Bonifacio Zamacona, muestra que:
• El total de delitos registrados pasó de 47,178 en 2024 a 50,680 en 2025, lo que representa un incremento del 7.4%.
• Sin embargo, un grupo de 17 delitos presenta una reducción agregada de 4.9%, pero dicha disminución no puede interpretarse de forma aislada, ya que coincide con un incremento significativo en la categoría “Resto de delitos” (+16%), una clasificación amplia y que a juicio de los analistas, resulta poco transparente.
Lo anterior, porque este comportamiento sugiere posibles problemas de reclasificación, subregistro o concentración estadística, lo que obliga a una lectura cautelosa y técnicamente responsable de los datos.
Delitos de alto impacto social van al alza
En la revisión de las cifras oficiales se enfatizan selectivamente algunas reducciones, aunque el análisis evidencia incrementos alarmantes en delitos que afectan directamente la vida cotidiana y la economía de las comunidades, entre ellos:
• Narcomenudeo, con un aumento de 201.8%
• Extorsión, que creció 36.8%, considerando además que este delito presenta una cifra negra cercana al 95%
• Robo a comercio, abigeato y otros ilícitos que reflejan control territorial y economías criminales en expansión
Para el equipo de investigación, estos incrementos contradicen la narrativa de una mejora generalizada en las condiciones de seguridad.
Opacidad y límites de la información oficial
La Red por el Derecho a Saber advierte que persisten deficiencias graves de transparencia, particularmente en:
• La falta de desagregación de la categoría “Resto de delitos”
• La ausencia de información pública sobre el seguimiento de personas lesionadas en hechos violentos y su posible incorporación posterior a las cifras de homicidio
• Las discrepancias documentadas entre víctimas reportadas en fuentes públicas y las cifras oficiales finales
Estas omisiones impiden el escrutinio ciudadano, dificultan el análisis independiente y abren la puerta a interpretaciones discrecionales de los datos.
Llamado a una comunicación responsable
Desde la perspectiva del derecho a saber, la seguridad pública no puede evaluarse ni comunicarse con fines propagandísticos. La ciudadanía tiene derecho a información:
• Clara
• Completa
• Metodológicamente explicada
• Verificable
La Red por el Derecho a Saber exhorta a las autoridades estatales a abandonar el triunfalismo, fortalecer la transparencia de los registros delictivos y reconocer la complejidad real del fenómeno de la violencia, como condición indispensable para diseñar políticas públicas eficaces y recuperar la confianza social.
La seguridad no mejora ocultando cifras ni exagerando resultados, sino enfrentando la realidad con datos completos, honestos y abiertos al escrutinio público.
Tabasco: incidencia delictiva, realidad y propaganda
El acceso a información clara, verificable y comprensible en materia de seguridad pública es un componente esencial del derecho a saber y de la rendición de cuentas, propios de un régimen democrático. En contextos donde la narrativa oficial tiende a privilegiar mensajes triunfalistas o aislados, el análisis sistemático de los datos permite a los gobernados contrastar el discurso con la realidad.
El presente documento ofrece un análisis comparativo de los delitos registrados en Tabasco durante los años 2024 y 2025, con base en datos oficiales de la Fiscalía General del estado, con el objetivo de identificar tendencias, incrementos y reducciones por tipo de delito, así como advertir sobre los límites de las lecturas simplificadas o demagógicas, de la estadística criminal.
Metodología
• Se utilizaron bases de datos oficiales de delitos registrados en Tabasco para los años 2024 y 2025. Se homologaron los nombres de los delitos para asegurar comparabilidad.
Se analizaron totales anuales por tipo de delito. Se calcularon: Variación absoluta (casos 2025 – casos 2024). Variación porcentual respecto a 2024. Cada delito se clasificó como: Aumentó, Disminuyó o Sin cambios relevantes. Este análisis no pretende atribuir causalidad, sino describir comportamientos observables en los registros.
En términos generales: El Total de delitos registrados (incluyendo “Resto de delitos”) en el año 2024 fue de 47,178 casos
En 2025, el total de delitos fue de 50,680 casos.
Lo anterior significa una variación de +7.4%.
En el caso del total sin la categoría “Resto de delitos”, que incluye un listado de 17 figuras delictivas, los casos en 2024 llegaron a 19,456, mientras que en 2025 fue de 18,510, lo que equivale a una variación de–4.9%.
Esta reducción se explica, en primera instancia, por la disminución observada en diversas modalidades delictivas tradicionales, particularmente en delitos patrimoniales, homicidio doloso, secuestro y algunos delitos de carácter sexual y familiar. Sin embargo, la lectura cuantitativa requiere una interpretación más cuidadosa.
Debe considerarse que la categoría “Resto de delitos”, por su carácter agregado y heterogéneo, puede funcionar como un contenedor estadístico en el que se integran conductas delictivas que no siempre se desagregan de manera consistente entre periodos. En este sentido, no puede descartarse la posibilidad de que algunas conductas específicas hayan sido reclasificadas, subregistradas o absorbidas dentro de dicha categoría, lo que incidiría directamente en la aparente reducción del total de los 17 delitos analizados.
Asimismo, el incremento significativo observado en delitos como extorsión y narcomenudeo, aun cuando el total agregado disminuye, sugiere un proceso de recomposición del fenómeno delictivo, más que una contracción real del mismo. Esto refuerza la necesidad de analizar no solo las variaciones absolutas, sino también los cambios en la estructura y clasificación de los registros.
En términos analíticos, la disminución de los 17 delitos monitoreados con cifras oficiales, puede reflejar tanto una reducción efectiva en ciertos delitos, como efectos derivados de dinámicas de registro, clasificación o concentración estadística en categorías amplias como “Resto de delitos”.
Por ello, el comportamiento agregado debe interpretarse con cautela y acompañado de análisis desagregados.
En conclusión, la variación negativa observada indica una reducción cuantitativa en los registros oficiales, pero no permite afirmar de manera concluyente una reducción estructural del delito, especialmente considerando el posible subregistro o desplazamiento estadístico hacia categorías menos específicas.
Delitos que aumentaron
Entre los delitos con incrementos significativos destacan:
• Narcomenudeo: +201.8%
Un aumento de esta magnitud sugiere una expansión del fenómeno o cambios en las prioridades de persecución y registro. No obstante, el reclamo social es el mismo: los sitios de venta de droga en el estado permanecen inalterados y operando.
• Extorsión: +36.8%
Delito de alto impacto social, asociado a economías criminales y control territorial, prevaleciente sobre todo en comunidades apartadas donde hay ausencia o complacencia de autoridades municipales y nula presencia de fuerzas del orden estatal o federal. Además, por cada caso denunciado, ocurren entre 25 y 50 extorsiones no denunciadas, por lo que las cifras oficiales deben leerse como indicadores de tendencia, no como volumen real. El aumento de denuncias en 2025 es una señal de alerta, aun cuando el número absoluto parezca bajo.
• Robo a comercio: +16.8%
Un delito que afecta directamente a pequeñas y medianas empresas, que golpea el empleo y la actividad económica local. Ilícito que no se explica sin la complicidad de policias o militares, dado que su ocurrencia se registra pese al amplio operativo de fuerzas federales cuya presencia se registra principalmente en las zonas urbanas y más pobladas del estado, que es donde ocurren los robos a comercios.
• Abigeato: +26.5%
Un delito relevante en un estado con fuerte actividad agropecuaria, que se suma a la problemática existente en amplias regiones productoras del estado, con casos al alza de rabia paralítica del ganado, así como de gusano barrenador.
• Resto de delitos: +16.0%
Categoría que concentra la mayor parte del incremento total y cuya falta de desagregación limita la transparencia del análisis.
Delitos que disminuyeron
Se observan reducciones relevantes en varios delitos:
• Robo simple: –19.0%
• Robo con violencia: –24.0%]
• Robo a casa habitación: –21.8%
• Robo a transeúnte: –21.5%
• Homicidio doloso: –17.9%
• Violencia familiar: –4.6%
• Violación: disminución moderada
Policía estatal tiene casa de tortura
En contexto de la seguridad y mientras el gobernador Javier May está ocupado en los jugosos negocios de la obra pública, aumentan exponencialmente en el estado los casos de graves violaciones a derechos humanos por parte de la policía estatal y especialmente, del grupo de élite creado con ex agentes federales y policías originarios de la Ciudad de México.
En las últimas semanas se han documentado casos que han indignado a la sociedad, como el de los jóvenes a quienes les sembraron droga, el señor al que extorsionaron diciéndole que su carro era robado o el adolescente detenido “por sospechoso” en un operativo desproporcionado en el que participaron cinco patrullas.
Y ¿cómo olvidar el caso del estudiante universitario que fue perseguido por policias y baleado hasta la muerte en Tierra Colorada? Las violaciones a los derechos humanos de los tabasqueños se multiplican y trascienden pese a la propaganda oficial y al dinero público que se utiliza para silenciar a la prensa o para hacerla cómplice.
Seguramente hay mucha gente que piensa que a ellos no les pasará porque “se portan bien”, pero eso no es garantía en lo absoluto, de poder evitar caer en manos de criminales con patrullas y armas oficiales.
También hay quienes, siendo víctimas de atropellos graves, optan por el silencio.
Es entendible: por igual, los criminales con uniforme y los delincuentes, utilizan el miedo como el arma más poderosa para lograr impunidad y lo hacen mientras golpean, mientras amenazan.
–Recuerda hijo de tu pinche madre, que tengo tu credencial de elector y si dices algo, voy a ir a tu casa y voy a matar a toda tu familia.
¿Quién puede denunciar y alzar la voz frente a palabras como éstas?
La mala noticia es que así, en el silencio, lo que florece es la impunidad.
Miedo, detenciones ilegales y “centros de tortura”
Cuando muchos hablamos de la “regresión autoritaria” en tiempos de la #4T, no es sólo que regresó el partido único, que regresaron las autoridades al servicio de lo que ordene el presidente, que volvieron los diputados levantadedos.
También regresó el miedo, regresaron las torturas, las violaciones a derechos humanos con el pretexto de “mejorar la seguridad”.
Pero más temprano que tarde, las historias van a seguir trascendiendo y serán una gran ola que exhibirá a los violadores, a sus mandos y a quienes los protegen.
El periodista Audelino Macario dice: “Narro a continuación lo que le pasó a un chofer de Uber que conozco. Para su tranquilidad, porque me pidió no contar detalles que pudieran ponerlo en peligro o poner en peligro a su familia, no diré ni el día ni la colonia donde sucedieron los hechos.
“Pero era de noche y mientras él dejaba a un cliente en una colonia popular de la capital tabasqueña, vio de reojo pasar varias camionetas de policías rotuladas con un tiburón, sin imaginar que minutos después, esos servidores públicos, que deberían en cargarse de su seguridad, le harían vivir un verdadero calvario.
“Era una noche oscura y lluviosa de los últimos días. Tan luego y tomó la calle de salida de la colonia, se dio cuenta que el operativo policiaco se había estacionado haciendo notar su presencia con las luces de sus torretas. Por su mente no pasó ninguna señal de peligro, incluso cuando un policía con acento chilango se acercó a la ventanilla, encapuchado, y le exigió que se bajara.
“Mi conocido es un joven corpulento y como es un dato que seguramente no tienen sus agresores, diré que es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como “los mormones”.
“Por supuesto que ser religioso, o futbolista, o votar por Morena, no es garantía de nada, y no lo debería ser si la autoridad investiga algún delito con orden del juez… pero no se trataba de una investigación criminal, sino de un retén para cazar ciudadanos, a cargo de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata “Tiburones” de la @SSPCTabasco
“A los pocos minutos, después de entregar su cartera y su celular, el joven fue obligado a subir a la parte trasera de su propio vehículo mientras un agente se ponía al volante y otro con pasamontañas y gorra se sentaba a su lado. Antes de que le colocaran una capucha, que apestaba a sudor y a miedo, lo último que vio fue que también había una camioneta de militares en el operativo.
“Los minutos siguientes fueron de terror. En su mente, calculaba la ruta que seguía el vehículo y aunque pudo identificar la calle donde se estacionaron, no puedo mencionarla. Pero lo cierto es que en el gobierno de Javier May existen casas de seguridad que utiliza la policía para interrogar y golpear y torturar a personas detenidas en operativos anticonstitucionales.
“Cuatro horas estuvo en esa casa, interrogado (“¿de dónde eres?”, “no pareces tabasqueño”), cacheteado, golpeado.
“En algún momento le quitaron la capucha para que desbloqueara el celular, pero él por miedo nunca vio los rostros de sus torturadores. También le pidieron el NIP de sus tarjetas bancarias y lo hicieron pedir a sus hermanos transferencia de dinero.
“A la medianoche, lo subieron a una patrulla y lo dejaron en la glorieta de Guayabal, frente a las oficinas de la policía estatal, sin dinero, sin tarjetas, sin celular.
“Fue un claro mensaje: “somos la autoridad, no denuncies”.
“La frase con la que la víctima de este abuso policiaco concluye su relato es el mejor editorial de lo que le está pasando a los tabasqueños:
“–A la mecha, si así me trataron los buenos, no quiero pensar qué hubiera pasado si me hubieran detenido los malos”.
