Gobierno estatal defiende intereses de la estadunidense Royal Caribbean en Mahahual
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
MAHAHUAL | El Poder Judicial federal confirmó la suspensión definitiva que mantiene congelados los cambios de uso de suelo vinculados al megaproyecto turístico Perfect Day, impulsado por la naviera Royal Caribbean en Mahahual, con lo que el desarrollo queda legalmente impedido de avanzar mientras se resuelve el juicio de amparo en curso y con ello, autoridades en Quintana Roo iniciaron la defensa legal de los intereses de la transnacional estadunidense que busca construir en la localidad costera de Mahahual el parque acuático Perfect Day sobre una zona de alta sensibilidad ecológica, proyecto representado por un exfuncionario estatal.
La resolución fue emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo, luego de que todas las autoridades señaladas como responsables reconocieran la existencia de los actos reclamados, lo que llevó a la jueza a conceder la suspensión definitiva solicitada por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Antonella Vázquez, integrante de DMAS, explicó que la medida implica que los cambios de uso de suelo no pueden producir ningún efecto jurídico hasta que concluya el juicio de amparo.
“Al existir certeza sobre los actos reclamados, no había otra opción que otorgar la suspensión definitiva. Esto significa que esos cambios de uso de suelo quedan sin efectos mientras dure el juicio”, señaló.
La activista subrayó que este punto es clave, ya que la autorización ambiental federal que el proyecto busca ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se sustenta precisamente en la existencia de dicho uso de suelo.
“El argumento era: ‘ya tengo el uso de suelo, ahora dame la Manifestación de Impacto Ambiental’. Pero no lo tienen. Y sin uso de suelo, ese trámite también queda congelado”, explicó.
De acuerdo con la organización ambiental, el cambio de uso de suelo representaba el primer paso indispensable para que el megaproyecto pudiera avanzar en sus autorizaciones federales.
“Ellos pensaban que ya tenían ese primer paso. Ahora todo queda en stand by. Lo que creían asegurado, ya no lo está”, afirmó Vázquez.
La suspensión definitiva también deja sin materia las impugnaciones que las autoridades habían presentado contra la suspensión provisional, al quedar ésta sustituida por una resolución de mayor alcance.
Aunque la suspensión definitiva no cancela de manera automática el proyecto, sí impide cualquier avance legal mientras se analiza el fondo del asunto. En la siguiente etapa, las autoridades deberán presentar informes justificados, en los que tendrán que defender la legalidad de sus decisiones.
“Ahora viene el juicio formal. Lo que sigue es determinar si esos cambios de uso de suelo fueron legales o no”, indicó la representante de DMAS.
La activista anticipó que, como ocurre en la mayoría de estos casos, las autoridades suelen intentar desestimar el interés legítimo de quienes promueven el amparo, en lugar de entrar al análisis de fondo.
Vázquez reiteró que la defensa legal surgió a partir de denuncias directas de habitantes de Mahahual, quienes alertaron sobre las limitaciones reales de la comunidad para soportar un desarrollo turístico de gran escala.
“La gente nos decía: hay aguas negras, calles rotas, un tiradero a cielo abierto, problemas graves de basura. No existe la infraestructura para algo de esta magnitud”, sostuvo.
Añadió que en México, la planeación urbana suele tratarse como un asunto meramente administrativo, cuando en realidad está directamente ligada al derecho humano a un medio ambiente sano.
“Sin planeación urbana no hay defensa ambiental posible. Van de la mano”, enfatizó.
Finalmente, la organización advirtió que ahora el reto será vigilar que la resolución judicial se cumpla, ya que existen antecedentes de proyectos que continúan obras pese a suspensiones judiciales.
“Ahora toca vigilar. A la comunidad documentar y a las autoridades respetar la resolución. Esta es una defensa conjunta del territorio”, concluyó.
Con ese fallo legal, a trascendido que autoridades en Quintana Roo iniciaron la defensa legal de los intereses de la transnacional estadunidense, proyecto representado por un exfuncionario estatal.
Para lograr su objetivo, la empresa de origen extranjero, gigante en la industria de los cruceros, logró en alrededor de 30 días, entre noviembre y diciembre, el aval de autoridades estatales y municipales para un cambio de uso de suelo sobre 107 hectáreas de ecosistema costero, en medio de vicios legales denunciados por activistas ante la falta de consulta pública a la población local, como establece la normativa en materia ambiental y de desarrollo urbano.
El proyecto fue presentado en agosto de 2025 frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, donde la gobernadora Mara Lezama Espinosa expuso una inversión por más de 260 millones de dólares para la ejecución del proyecto, que hasta ahora no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Pese a la falta de este último requisito se han señalado trabajos adelantados, que el pasado 30 de enero fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con el propósito de frenar las obras consentidas por las autoridades de esta entidad, en una localidad costera al sur de Quintana Roo, donde se busca detonar un nuevo polo turístico alejado de Cancún y la Riviera Maya.
Entre los últimos días de enero y los primeros de este mes, la jueza federal Reyna Oliva Fuentes López, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Chetumal, determinó frenar la entrega de cualquier anuencia en favor de la empresa estadunidense, tras dos suspensiones de amparo tramitadas por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Las medidas, en vez de ser impugnadas por la propia Royal Caribbean, fueron inmediatamente apeladas primero por Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco (Chetumal) de extracción morenista, donde se ubica Mahahual; y luego por José Alberto Alonso Ovando, que ocupó puestos importantes durante la administración del exgobernador priista Roberto Borge Angulo, hoy preso, y que ahora se encarga de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del gobierno de Mara Lezama.
Entre los argumentos presentados ante la jueza federal para anular las suspensiones, exponen que la asociación civil no se encuentra afectada al no habitar a un lado del terreno objeto de la controversia, es decir, no cuentan con el interés legítimo para impugnar el aval entregado en favor de Royal Caribbean por ambas autoridades.
En contraparte, DMAS expone que sí están legitimados porque su fin es defender derechos ambientales. Reclama la celeridad con la que se autorizó la sobredosificación de Mahahual para la ejecución del proyecto, en una comunidad costera de apenas dos mil 600 habitantes con escasez de servicios públicos y frágil ecosistema costero, que prevé se verá impactada por las obras del parque acuático con la construcción de edificios de hasta 63 metros de altura.
En el expediente 4/2026 de demanda de amparo indirecto, de donde se desprende la paralización de las obras, se establece que tanto el ayuntamiento de Othón P. Blanco como la Sedetus guardan importante relación en la modificación del cambio de uso de suelo.
Lo anterior porque se hizo sin la participación de los habitantes de dicha localidad, es decir, en fast track y sin anunciarse a la población interesada, como establece la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.
Con esto, Royal Caribbean, tal como ha denunciado DMAS, busca acaparar la poca infraestructura de drenaje con la que cuenta la localidad y el recurso hídrico para el parque acuático, además del probable daño ambiental que ocasionará.
Hasta ahora la Semarnat no ha aprobado el proyecto, tras la solicitud de permisos efectuada por la empresa en enero último.
Al cierre de esta información, el 3 de febrero último, la impugnación presentada por la presidenta municipal de Othón P. Blanco fue desechada por magistrados federales de Quintana Roo, mientras que el otro recurso promovido por el gobierno del estado aún persiste.
El martes 3 la gobernadora Mara Lezama declaró en Cancún que el proyecto Perfect Day es una gran inversión financiera con actores en favor y otros contra su ejecución.
“Les daremos siempre sí a los desarrollos sostenibles y sustentables, cuidadosos del medio ambiente. Es una gran inversión, lo hemos platicado y estaremos en espera de que se dé la resolución”, dijo Lezama Espinosa, aunque no habló sobre la intervención de su gobierno en favor de Royal Caribbean.
No obstante, en el entramado en favor de Perfect Day de la naviera Royal Caribbean sale a relucir el nombre de Ari Adler Brotman, quien hasta julio de 2025 se desempeñaba como director general del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, con un sueldo mensual de 28 mil 510 pesos.
En agosto del año pasado, según notas de prensa de medios de comunicación quintanarroense, Adler Brotman fue nombrado presidente de Royal Caribbean Group México para verificar la ejecución del proyecto Perfect Day.
Adler Brotman, de funcionario estatal a representante de Royal Caribbean. Foto: Especial.
De acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía de México, el 27 de octubre el exfuncionario del gobierno de Mara Lezama fue nombrado apoderado legal de Promociones Turísticas Mahahual, SA de CV, una de las sociedades mercantiles con las que Royal Caribbean hace frente a sus intereses legales.
Documentos consultados por Proceso confirman que el 3 de noviembre de 2025 Brotman solicitó el cambio de uso de suelo y modificación del PDU de Mahahual para permitir la ejecución de Perfect Day; ocho días después se aprobó el dictamen en favor de la trasnacional, el cual fue publicado para su entrada en vigor el 5 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
El proceso legal, se prevé, tardará varios meses más en resolverse.
Con información de Agencia SIM/Apro
