Crédito ganadero a la palabra: Javier May reedita un fracaso federal bajo sospecha de corrupción
417 millones de pesos sin retorno, a fondo perdido. Productores y dirigentes ganaderos denuncian que parte del ganado distribuido podría provenir de Centroamérica, ingresado de manera irregular por la frontera sur y regularizados como si fuera “ganado tabasqueño” mediante el uso indebido de aretes de identificación SINIIGA
Audelino Macario
REPORTE MAYA
VILLAHERMOSA | El programa “Crédito Ganadero a la Palabra”, cancelado a nivel nacional tras dejar pérdidas superiores a 5 mil millones de pesos, ha sido reactivado en Tabasco bajo el gobierno de Javier May.
Entre 2019 y 2020, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el esquema buscó repoblar el hato ganadero mediante la entrega de animales a pequeños productores. Sin embargo, tras distribuir más de 47 mil cabezas de ganado, el programa fue suspendido en 2021 sin resultados verificables ni recuperación de los recursos públicos.
Hoy, ese mismo modelo —sin ajustes sustantivos— regresa en una versión estatal que, entre 2025 y 2026, contempla una inversión superior a 417 millones de pesos.
Un “crédito” sin reglas de pago
En Tabasco, el diseño operativo mantiene la lógica original: los beneficiarios reciben 10 novillonas y un semental con el compromiso de devolver el apoyo mediante la reproducción del ganado.
No obstante, los propios lineamientos del programa omiten el elemento central de control presupuestal, pues no existe un mecanismo definido de pago.
La normativa únicamente establece que el esquema de devolución —denominado “Etapa de Retorno”— será publicado posteriormente, sin detallar plazos, condiciones ni criterios de cumplimiento.
En los hechos, esto convierte al programa en un subsidio sin recuperación garantizada, es decir, dinero público sin retorno, a fondo perdido.
Impacto marginal, costo elevado
Durante 2025, el gobierno estatal entregó 9,600 semovientes a 873 productores, con un presupuesto de 235 millones de pesos. Para 2026, se prevé distribuir 6,908 cabezas adicionales a 628 beneficiarios.
En total, más de 16,500 animales en dos años.
La cifra contrasta con el tamaño del sector ganadero en Tabasco, que supera 1.6 millones de cabezas, lo que reduce el impacto productivo del programa a un nivel marginal, pese a lo cual, el gobernador Javier May asegura que su proyecto busca “repoblar el hato ganadero del estado”.
Asignación política de beneficiarios
A diferencia del esquema federal original, donde el énfasis fue técnico —al menos en el diseño—, en Tabasco el programa presenta un fuerte sesgo territorial y político.
Datos oficiales muestran que cerca del 60% de los apoyos en 2025 se concentraron en Macuspana, municipio con fuerte peso político dentro del grupo gobernante, donde se canalizaron aproximadamente 147 millones de pesos.
El principal beneficiario de esos apoyos es José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, no porque él reciba los créditos sino porque los apoyos se entregaron vía la lista de simpatizantes del precandidato morenista que él apoya como futuro presidente municipal de Macuspana, José Antonio Subiaur.
De hecho, fuentes locales señalan que la selección de beneficiarios del programa en los municipios donde ha aplicado, recae en estructuras vinculadas a operadores territoriales, lo que ha generado denuncias —en su mayoría anónimas— sobre el uso del programa con fines electorales.
Algunos beneficiarios incluso reconocen que no existe presión para devolver el ganado, lo que refuerza la percepción de que se trata de apoyos a fondo perdido condicionados políticamente.
Proveedores con vínculos políticos
El programa también ha sido cuestionado por la participación de actores políticos como proveedores.
Entre ellos figura el senador de Morena José Sabino Herrera Dagdug, así como familiares y colaboradores cercanos, quienes han comercializado sementales dentro del esquema.
El propio legislador reconoció su relación con el subsecretario estatal responsable del programa, Joaquín Alejandro Ligonio, lo que abre un evidente conflicto de interés en la asignación de contratos pues el funcionario autorizó comprarle a su compadre el senador, al menos 8 sementales con un valor de alrededor de 400 mil pesos.
En la lista también aparecen otros perfiles políticos, incluido el diputado federal Jaime Lastra Bastar.
Ganado sin trazabilidad: el riesgo sanitario
Uno de los puntos más delicados del programa es el origen del ganado, el cual se encuentra bajo sospecha.
Mientras que para los sementales se exige cumplir con criterios como “fierro limpio” y certificaciones genealógicas, en el caso de las novillonas las exigencias son menos estrictas.
Productores y dirigentes ganaderos denuncian que parte del ganado distribuido podría provenir de Centroamérica, ingresado de manera irregular por la frontera sur.
La preocupación no es menor porque Tabasco se ha vuelto clave en la introducción de ganado de Centroamérica, el cual entra al país sin control fitozoosanitario, generando un alto riesgo de enfermedades como fiebre aftosa o gusano barrenador.
El problema es que esos animales que se introducen ilegalmente, son regularizados como si fueran “ganado tabasqueño” mediante el uso indebido de aretes de identificación SINIIGA
De hecho, autoridades investigan la desaparición de 300 mil aretes de identificación, un elemento clave para la trazabilidad del ganado en el país.
Apartado: la ruta del ganado ilegal
El tema adquiere una dimensión adicional en el municipio de Tenosique, frontera natural con Guatemala.
Ahí, una de las primeras obras del actual gobierno estatal fue la rehabilitación de caminos rurales estratégicos, utilizados históricamente como rutas de tránsito ganadero.
Productores locales señalan que estos caminos coinciden con puntos de ingreso de ganado ilegal, particularmente el que va de El Palmar a El Pedregal, una zona deshabitada en donde el gobernador Javier May realizó una de las primeras obras de su sexenio, la repavimentación del camino.
Aunque no existe una confirmación oficial que vincule directamente la obra pública con actividades ilícitas, la coincidencia ha levantado sospechas en el sector ganadero, que advierte sobre la consolidación de un circuito donde el ganado ingresa sin control sanitario, se le asignan identificadores oficiales y se distribuye mediante programas públicos o se envía a cualquier estado del país.
El resultado sería un proceso de legalización indirecta de ganado de contrabando, con implicaciones ilegales, económicas y sanitarias.
Un modelo sin correcciones
El Crédito Ganadero a la Palabra en Tabasco reproduce los principales problemas que llevaron al fracaso del programa federal:
- Falta de mecanismos de recuperación
- Débil control sobre beneficiarios
- Riesgos en la trazabilidad del ganado
- Posibles conflictos de interés
- Uso político del padrón
A pesar de ese antecedente, el gobierno estatal ha decidido ampliar su alcance con recursos públicos crecientes: 417 millones de pesos en 2 años.
