Ejecuciones, amenazas y autocensura: el periodismo en los tiempos del narco y de la Cuarta Transformación
REPORTE MAYA | REDACCIÓN | Las amenazas y asesinatos ordenados por los capos de la droga, la persecución de los gobiernos emanados de Morena y la autocensura ante la creciente violencia del crimen organizado, está extinguiendo el periodismo libre e independiente en México, que se ha consolidado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercerlo fuera de zonas de conflicto armado, lo que ha dejado 176 periodistas ejecutados y 32 desaparecidos.
Esto no es un fenómeno reciente, sino la culminación de décadas de erosión institucional, expansión del crimen organizado y fallas estructurales del Estado de derecho, sin embargo con la “Cuarta Transformación”, bajo Andrés Manuel López Obrador y la continuación con Claudia Sheinbaum no rompió esta tendencia; en muchos aspectos, la heredó y, en algunos indicadores, la agravó.
Los datos duros de la violencia letal según la organización Artículo 19, de 2000 a junio 2026, Al menos 176 periodistas fueron asesinados en posible relación con su labor; el el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012, fueron ‘silenciados’ 48 comunicadores, con Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018, fueron 47; con la llegada de Morena al poder, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, comprendida del 2018 al 2024, los asesinatos se mantuvieron en 47 y en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum de octubre del 2024 a la fecha han ejecutado a 9 comunicadores.
La violencia no disminuyó con la llegada de la 4T, a pesar de la promesa inicial de “no habrá más periodistas asesinados”, los periodistas afectados son mayoritariamente de medios locales pequeños, en redes sociales o impresos regionales, que cubren narcotráfico, corrupción local y disputas territoriales en estados como Veracruz, que sigue siendo de los más letales, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Baja California.
La numeralia oficial señala que en el sexenio de AMLO se documentaron más de 3,400 agresiones contra periodistas, un aumento del 62% respecto al de Peña Nieto; el gobierno federal, estatal y municipal fue los responsable de alrededor del 50% de ellas, a través de estigmatización, hostigamiento judicial, descalificaciones en “mañaneras” y burocracia.
En estos casos la impunidad es superior al 95-99%, muy pocos casos llegan a sentencia condenatoria firme, especialmente contra autores intelectuales. Al menos 8 periodistas fueron asesinados mientras estaban bajo el Mecanismo Federal de Protecciós; para la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se ubica alrededor del puesto 122 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 en la categoría “difícil”, con el indicador de seguridad especialmente bajo, alrededor de 31 puntos y es consistentemente el país más peligroso de América Latina.
El último atentado a un comunicador en México fue contra la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal digital Pulso Informativo del Sureste, quien permanece desaparecida desde el pasado martes 2 de junio.
Según reportes, alrededor de las 6:00 de la mañana, un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió violentamente en su domicilio ubicado en la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Nanchital, Veracruz; los agresores rompieron la puerta con un marro, amenazaron a su familia y la sacaron por la fuerza, hechos registrados en video, el cual se viralizó en redes sociales.
Roxana Guzmán dirige un medio local que cubre temas de seguridad, política, denuncias ciudadanas y hechos del sur de Veracruz, había regresó a ese estado en el 2025 tras años de desplazamiento forzado.Hasta el momento, no hay rastro de su paradero, autoridades estatales y federales mantienen un operativo de búsqueda en municipios como Nanchital, Moloacán y Cuichapa.
La Fiscalía ha identificado el vehículo utilizado en el hecho y realiza análisis de videos y rutas, en contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la localización de la periodista es una prioridad y organizaciones como Artículo 19 exigen que la principal línea de investigación sea su labor periodística, la familia y colaboradores del medio continúan exigiendo su aparición con vida, este acto es una muestra de cómo opera el crimen organizado en el territorio nacional contra los periodistas.
Desde la “Guerra contra el Narco” de Felipe Calderón en 2006, cuando militarizó la seguridad y fragmentó los cárteles, pequeños grupos evolucionaron hacia un control territorial multifuncional, la extorsión, tráfico de fentanilo, migrantes, combustible, minería ilegal y, cada vez más, influencia política local, los periodistas locales se convierten en amenazas más cuando denuncian la colusión entre alcaldes, policías y cárteles,
En muchas regiones de México existe un poder paralelo, los cárteles imponen “silencio” y deciden qué se publica, esto genera “zonas de silencio” donde el periodismo independiente desaparece o se autocensura y con la Cuartas Transformación en lo letal, los números de asesinatos se mantuvieron similares a sexenios anteriores, van en aumento y de manera más violenta, podemos afirmar que el crimen organizado no fue derrotado; en algunos análisis como el libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, escrito en coautoría por los periodistas mexicanos Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, se argumenta que mutó y consolidó poder en regiones con “abrazos, no balazos” y a ello le tenemos que agregar la debilidad del Mecanismo de Protección.
Además, AMLO usó frecuentemente las conferencias matutinas para confrontar a medios y periodistas críticos, señalándolos como “prensa fifí”, “conservadores”, “vendidos”, Artículo 19 documentó decenas de agresiones verbales, institucionales desde la Presidencia. Esto creó un clima de polarización que, según críticos, legitimó las agresiones y las extendió con Claudia Sheinbaum.
Con Morena, se vive la concentración de poder mediático, se promueve el apoyo a medios oficialistas y se reduce la publicidad oficial a medios críticos; las promesas de transformación y protección contrastaron con cifras estancadas y alta impunidad, la autocensura es masiva en el interior del país, por ello muchos jóvenes abandonan la profesión o migran a coberturas menos riesgosas, por eso, sin información confiable sobre lo que ocurre en vastas regiones, la rendición de cuentas se debilita.
Del año 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 176 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor y asegura que el gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores: 18 periodistas asesinadas/os, incluyendo al fotoperiodista Rubén Espinosa. Dicho estado tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 31 y el caso más reciente es el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado el 8 de enero de 2026 en Veracruz.
De estos, 9 se han registrado en el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, 47 en el de Andrés Manuel López Obrador, 47 en el de Enrique Peña Nieto y 48 en el sexenio de Felipe Calderón, manteniéndose como el sexenio con más asesinatos de periodistas y personas comunicadoras.
ARTICLE 19, en su Oficina para México y Centroamérica documenta asesinatos contra quienes ejercen el ejercicio de su libertad de expresión y acceso a la información en la región. Para ello utiliza la definición de periodismo en acorde a los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia:
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha reiterado que los estándares del sistema interamericano de derechos humanos definen periodista como “cualquier persona que difunda información con relevancia social, con independencia del medio de comunicación en el que se desempeñe (radio, televisión o blogs en internet), si está asociado a algún medio de comunicación, o ejerce su profesión de forma independiente, o si realiza dicha actividad de forma habitual o permanente, etc”. (Amparo en Revisión 1422/2015).
Al mismo tiempo, la organización analiza el vínculo con su labor basado en una metodología de investigación involucrando investigación de información pública, testimonios locales, contactos con prensa y familiares, así como posibles testigos y evidencia cuando esta es compartida de manera confidencial con la organización. No obstante, reconoce que existen más asesinatos de personas con un rol periodístico y reitera que es obligación de las autoridades investigar todos y cada uno de los asesinatos, independientemente de la información obtenida por sociedad civil.
El trabajo de los periodistas es vital para el ejercicio de la democracia. En consecuencia, las desapariciones de periodistas representan para la prensa una represalia a su labor, que concluye con la autocensura.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición es un delito continuado en tanto no se conozca de la persona o el paradero de su cuerpo.
De 2003 a la fecha, ARTICLE 19 ha registrado la desaparición de 32 periodistas en México, 15 de ellos durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En promedio han desaparecido dos periodistas por año y Tamaulipas con 6, es la entidad con mayor registro de casos, le siguen Michoacán y Veracruz con 4 cada uno.
En las mañaneras impuestas por AMLO y replicadas por Sheimbaun, se sigue discriminando a la prensa crítica, a los periodistas y medios que con callan los abusos y excesos del poder: “No vean TV Azteca”, dijo la presidenta mexicana durante la conferencia de prensa, el 25 de mayo de 2026. La mandataria reaccionó así a la campaña del colectivo Mexicanos al Grito de Paz, que acusa a su Gobierno de tener vínculos con el crimen organizado. Según Sheinbaum, la difusión de esta campaña estaría ligada a perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego, dueño del conglomerado de medios de comunicación TV Azteca
La televisora condenó las palabras de la presidenta y habló de “un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”, a lo que Sheinbaum respondió que no estaba “ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora”, sino que solo emitió su opinión.
“TV Azteca, la segunda televisora más grande del país, reproduce estereotipos de género, no es respetuosa con los derechos humanos de las mujeres y se ha conducido bajo una cultura de entretenimiento misógino. Esa es una realidad”, observa Cirenia Celestino Ortega, directora de la organización Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
“Puede no gustarnos el estilo, el enfoque de las noticias, la línea editorial. Sin embargo, más allá de TV Azteca, el señalamiento de la presidenta Sheinbaum reduce el debate, la posibilidad de disponer de informaciones, que constituye el derecho a la información, pero también a la libertad de expresión”, prosigue la experta en periodismo feminista.
“Como jefa de Estado, Claudia Sheinbaum debe abstenerse de emitir ese tipo de declaraciones que puedan resultar estigmatizantes de los medios de comunicación y que violenten el deber de garantizar la pluralidad de medios”, dijo a DW Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19.
A su juicio, el comentario de la mandataria se enmarca en “una estrategia más amplia de comunicación política que se instaló en México desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con una disputa muy frontal en contra de medios críticos con las respectivas administraciones”.
Así, por ejemplo, el director regional de Artículo 19 critica la introducción de El Detector de Mentiras, una sección semanal de su conferencia de prensa matutina, con la que “el Estado pretende erigirse como fact checker o verificador de datos”.
Maldonado recuerda que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano: “La situación de la libertad de expresión sigue siendo muy preocupante”, sostiene. Y agrega que se han incrementado “las presiones a los medios de comunicación, el linchamiento público y digital”, así como los casos de “acoso judicial”.
En 2025, Artículo 19 documentó 69 casos de acciones legales entabladas contra periodistas y medios de comunicación. “Es el año que más casos de este tipo hemos registrado”, asegura.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), destaca que la impunidad en la investigación de casos de agresiones físicas contra comunicadores sigue siendo superior al 95 por ciento. “Atacar a un periodista tiene mínimas o ninguna consecuencia” en México, apunta.
Además, la SIP ha registrado iniciativas legales, tanto a nivel federal como estatal, que considera “amenazantes a la libertad de prensa”.
En entrevista con DW, Ramos menciona como ejemplo una reciente iniciativa en el estado de San Luis Potosí, que permite a las autoridades decidir qué contenidos considera “manipulados o no con inteligencia artificial”. El uso arbitrario de esta norma permitiría a las autoridades “encontrar motivos, detener y encarcelar a responsables, en su mayoría periodistas”, explica la experta de la SIP.
En efecto, la semana pasada, fueron detenidas tres personas en San Luis Potosí, bajo el argumento de la supuesta manipulación de imágenes y videos con inteligencia artificial. Además, hay ocho órdenes de captura pendientes, según alerta Artículo 19.
En opinión de Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, “la libertad de expresión y el derecho a la información en México se han visto muy afectados a raíz de los ataques directos de los gobernantes, que esperan sumisión a cambio de recursos, repartidos de manera opaca y discrecional”.
Los periodistas también “se ven amenazados por actores criminales en colusión con agentes del Estado”, afirma Del Palacio, en declaraciones a DW.
Todo ello, señala, “ha resultado en autocensura y un estado de violencia estructural contra los medios”.
De ahí que Cirenia Celestino Ortega, directora de CIMAC, insista en la necesidad de “construir narrativas de reconocimiento de la labor periodística como una herramienta clave para la construcción de la vida democrática”. Reconocer esta labor, puntualiza, “es un primer paso para la prevención de la violencia contra las y los periodistas”.
En México el 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, el origen de esta fecha se remonta a 1951, cuando el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, junto con un gremio de editores de periódicos, instauró de manera oficial esta fecha tan relevante. La iniciativa nació con la intención de subrayar la importancia de una prensa independiente dentro del desarrollo democrático del país. Posteriormente, en 1976, el mandatario Luis Echeverría Álvarez sumó a esta jornada la entrega del Premio Nacional de Periodismo, buscando institucionalizar el reconocimiento a las labores informativas en los diferentes géneros periodísticos.
A nivel legal, este derecho se encuentra sólidamente respaldado dentro del marco normativo mexicano. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran de forma explícita la inviolabilidad de manifestar ideas, escribir y publicar sobre cualquier materia, estipulando que ninguna ley o autoridad puede imponer censura previa o coartar la libertad de imprenta.
En el plano internacional, esta garantía se alinea de manera directa con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece la facultad universal de investigar, recibir e informar sin limitación de fronteras.
Sin embargo, los datos duros recabados por organismos nacionales e internacionales revelan una disparidad profunda entre lo estipulado en las leyes y los peligros reales del ejercicio periodístico en territorio mexicano.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha externado su preocupación debido a que un porcentaje considerable de las víctimas ya presentaba antecedentes de amenazas reportadas ante las instancias de procuración de justicia. Los datos del organismo revelan que aproximadamente el 70 por ciento de los comunicadores agredidos o asesinados en la última década habían sufrido atentados previos, y cerca del 30 por ciento contaba formalmente con medidas de protección asignadas por el mecanismo federal, lo que evidencia fallas persistentes en los sistemas de prevención del Estado.
En local, Quintana Roo tiene registro de al menos 4 periodistas asesinados en posible relación con su labor informativa, de acuerdo con los registros de Artículo son:José Guadalupe Chan Dzib el 30 de junio de 2018 quien era reportero del medio digital Playa News, ultimado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto; Rubén Pat asesinado el 24 de julio de 2018 y fungía como Director del semanario digital Playa News, asesinado en Playa del Carmen tras haber denunciado amenazas previas.
Javier Enrique Rodríguez Valladares fue ejecutado el 29 de agosto de 2018, era Camarógrafo y reportero de Canal 10, baleado en la ciudad de Cancún y por último, Francisco Romero Díaz, ejecutado 16 de mayo de 2019 en Playas del Carmen y popularmente conocido como “El Ñaca-Ñaca”, fungía como director del medio Ocurrió Aquí, pese a contar con medidas del Mecanismo Federal de Protección.
En Tabasco se tiene registro de al menos 4 periodistas asesinados en años recientes y hasta 6 casos históricos modernos en los que se investiga o presume una relación con su ejercicio profesional.
A diferencia de vecinos de la península como Yucatán o Campeche con cero ejecuciones Tabasco sí figura con focos rojos de letalidad para la prensa. Los casos documentados más notorios por medios y organizaciones como Artículo 19 son: Juan Carlos Huerta el 15 de mayo de 2018, era conductor de radio y televisión, director del programa Sin Reservas, ejecutado a balazos al salir de su domicilio en Villahermosa.
Jesús Eugenio Ramos Rodríguez ejecutado el 9 de febrero de 2019, conocido como “Chuchín”, locutor del noticiero Nuestra Región de la XEVX, asesinado por un sicario mientras desayunaba en un hotel del municipio de Emiliano Zapata.
Norma Sarabia fue asesinada el 11 de junio de 2019, era corresponsal por más de 15 años del diario Tabasco Hoy, ella había manifestado temor por su seguridad y fue atacada en la entrada de su vivienda en la ciudad de Huimanguillo.
Alejandro Gallegos León fue asesinado 25 de enero del 2025, era columnista de Tabasco en medios digitales, catedrático y director del medio digital La Voz del Pueblo. Fue reportado como desaparecido y localizado sin vida con impactos de bala en un sembradío de Cárdenas.
En Chiapas se tiene registro de al menos 3 asesinatos recientes de periodistas y hasta 6 casos documentados de forma histórica moderna, en posible relación con su labor comunicativa.
El gremio local mantiene activas las exigencias de justicia debido a que estos crímenes permanecen bajo un alto índice de impunidad. Los casos más notorios recopilados por colectivos de prensa y Artículo 19 son: Mario Leonel Gómez Sánchez, ejecutado el 21 de septiembre de 2018 en Yajalón, era corresponsal de El Heraldo de Chiapas, quien fue ejecutado a balazos al salir de su domicilio tras haber denunciado amenazas.
Fredy López Arévalo perdió la vida el 28 de octubre de 2022 por un impacto de bala al llegar a su casa en San Cristóbal de las Casas, era un periodista y director de la revista Jovelo; Víctor Alfonso Culebro Morales fue asesinado el 28 de junio del 2024, era Director del portal informativo Realidades, cuyo cuerpo fue localizado atado y con heridas de arma de fuego sobre la carretera Ocozocoautla-Arriaga.
En los reclamos por libertad de expresión en la entidad también se integran tres crímenes cometidos en décadas anteriores que marcaron precedentes de violencia contra la prensa chiapaneca:Roberto Mancilla Herrera en 1993, Tito Gallegos en 1996 y Alfredo Córdova Solórzano 2001.
En agosto de 2024 el periodista Ariel Grajales Rodas sufrió un intento de asesinato dentro de su casa en Villaflores; sobrevivió al ataque armado tras ser hospitalizado en estado grave.
Por eso, este 7 de junio, el panorama de la libertad de prensa en México no se redujo a una celebración protocolaria, sino a una jornada de exigencia y memoria. Mientras las plataformas digitales y los medios impresos buscan evolucionar para conectar de forma más ágil con las audiencias, las cifras oficiales recuerdan que el flujo libre de información sigue enfrentando retos mayúsculos. La consolidación de entornos seguros para el debate público permanece como una de las tareas más urgentes de la agenda nacional.
Con este escenario, el periodismo mexicano sufre una tormenta perfecta: crimen organizado hiperviolento y territorial, corrupción e impunidad endémica, debilidad institucional crónica y la polarización política que agrava el riesgo. La 4T prometió cambio profundo: “por el bien de todos, primero los pobres”, pero en materia de libertad de expresión y seguridad de periodistas, heredó y reprodujo los vicios estructurales de las décadas anteriores. La violencia del narco no es un “residuo del neoliberalismo” que se disuelve solo; requiere Estado de derecho fuerte, inteligencia, coordinación y voluntad real de confrontar poderes fácticos.
Mientras no se rompa el ciclo de impunidad y la debilidad local del Estado, los números seguirán siendo trágicamente similares, independientemente del color del gobierno. Los periodistas mexicanos, especialmente los locales, siguen pagando con su vida el precio de informar en un país donde la verdad sigue siendo incómoda y peligrosa. La memoria de los 176 asesinados desde 2000 y los 32 desaparecidos exige no solo condenas, sino reformas estructurales profundas. Sin ellas, la Cuarta Transformación, como las anteriores, dejará pendiente la transformación real de la seguridad y la libertad de expresión.
