La fabricación de culpables como sustituto de la justicia: el caso Isidro Santamaría
REDACCIÓN | Cuando una Fiscalía General del Estado decide desempolvar un expediente engavetado durante siete años no para aportar claridad, sino para forzar piezas que no encajan, el objetivo deja de ser la justicia. El caso del dirigente cetemista Isidro Santamaría Casanova, acusado de ser el presunto inductor del homicidio del joven Luis Fernando Peón Cardín —ocurrido el 17 de julio de 2018—, ha dejado de ser un asunto estrictamente penal para convertirse en un síntoma alarmante de la crisis institucional que padece la procuración de justicia en Quintana Roo.
Lo que debió ser una investigación científica y rigurosa para dar respuestas a la familia de la víctima se ha transformado, según los datos del expediente 060/225, en un catálogo de violaciones sistemáticas al debido proceso, abuso de poder y, lo más grave, acusaciones de tortura institucional.
La verdad en el banquillo: el colapso del testimonio clave
El eje central sobre el que la Fiscalía General del Estado construyó la imputación contra Santamaría Casanova se desmoronó en el lugar más sagrado del proceso penal: frente a un juez de control.
El 27 de julio de 2025, siete años después del crimen, el Ministerio Público incorporó de última hora el testimonio de una ex empleada de limpieza de la CTM, identificada con las iniciales AGKD. Según la narrativa oficial, ella era la pieza faltante, la testigo que supuestamente había escuchado al líder sindical ordenar el asesinato del joven Peón Cardín.
Sin embargo, durante la audiencia de vinculación a proceso, la realidad dio un vuelco demoledor. En el banquillo de los acusados no estuvo solo el imputado; estuvo la credibilidad del aparato de justicia. Frente al juzgador, la propia testigo de la Fiscalía negó rotundamente haber realizado las afirmaciones plasmadas en la carpeta de investigación.
AGKD denunció bajo juramento que nunca escuchó orden alguna, que jamás estuvo en la oficina descrita por los fiscales y que la narrativa del documento no correspondía a sus palabras. Más grave aún: reveló que fue incomunicada durante horas, privada de agua y alimentos, y coaccionada por el fiscal encargado para firmar un documento que ni siquiera le permitieron leer bajo la consigna de que se necesitaba su ayuda para “cerrar el caso”. Hoy, el fiscal encargado enfrenta una denuncia formal por tortura y coacción.
Desobediencia judicial y un expediente “rasurado”
Las anomalías no terminan en la fabricación de la testigo. La defensa del dirigente cetemista ha denunciado la entrega de una carpeta de investigación incompleta, carente de foliado continuo y visiblemente “rasurada”, lo que impidió el ejercicio de una defensa adecuada.
A esto se suma el abierto desacato del fiscal del caso, quien desobedeció la orden federal de un juez de amparo que lo obligaba a entregar el expediente completo al imputado. Además, el funcionario faltó a dos audiencias clave programadas por el Poder Judicial; citas a las que el propio Isidro Santamaría acudió de manera voluntaria antes de ser detenido, mostrando una disposición procesal que contrasta con el cinismo y la burla institucional de la autoridad investigadora.
A pesar de este escenario, donde la prueba reina de la acusación se declaró autoinculpatoria de coerción, el juez resolvió vincular a proceso a Santamaría e imponerle prisión preventiva.
Interrogantes que incomodan al poder
Este caso trasciende la figura de Isidro Santamaría. Lo que está en juego es la seguridad jurídica de cualquier ciudadano en el estado. Si una investigación con contradicciones de este calibre es suficiente para privar a alguien de su libertad, la presunción de inocencia pasa a ser un mito de papel.
El análisis de los hechos obliga a plantear preguntas que las altas esferas de la justicia en Quintana Roo no han querido responder:
¿Buscar un culpable o buscar la verdad? ¿La investigación se concentró durante años en descubrir quién mató realmente a Luis Fernando Peón Cardín o se desvió el aparato estatal para sostener, a como diera lugar, una teoría de responsabilidad contra una persona específica?
Al enfocarse la narrativa oficial exclusivamente en un presunto “inductor” mediante pruebas cuestionadas, ¿quién protege la identidad del autor material que hoy sigue libre en las calles?
¿Qué mecanismos de control real existen para frenar a las fiscalías cuando estas se convierten en las principales violadoras de los derechos humanos y el debido proceso?
Este texto no pretende absolver ni condenar anticipadamente a nadie. Esa es tarea de tribunales limpios y transparentes. Lo que este espacio cuestiona es la alarmante podredumbre de los métodos.
Cuando la verdad de un expediente se sostiene con alfileres de tortura y desacatos judiciales, la sociedad entera pierde. La familia de Luis Fernando Peón Cardín cumple casi una década esperando justicia real, no un montaje de oficina diseñado para simular efectividad. El problema ya no es solo el destino jurídico de un dirigente; el problema es el miedo latente de saber qué pasa cuando el poder se equivoca y decide que es más fácil fabricar un culpable que resolver un crimen.
