Ernesto Ruffo paso de ser pionero de la alternancia a huachicolero fiscal, según la FGR
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | La tarde del jueves 16 de julio de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadada (SSPC) detuvieron en Ensenada a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California de 1989 a 1995 y figura histórica del Partido Acción Nacional (PAN); la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de presunta participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos y tras su aprehensión, fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana, donde quedó a disposición de las autoridades federales.
La detención cierra un capítulo que comenzó en julio de 2025 con un megadecomiso de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, y que puso bajo la lupa a la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la cual Ruffo Appel es socio mayoritario.
Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, Ruffo Appel irrumpió en la política mexicana en 1989 al ganar la gubernatura de Baja California por el PAN, convirtiéndose en el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país tras décadas de hegemonía priista, antes había sido presidente municipal de Ensenada, su victoria simbolizó el inicio de la transición democrática en México.
A sus 73 años, Ruffo ha mantenido actividad empresarial y política; en 2021 se incorporó como socio mayoritario de Ingemar, una firma que originalmente se dedicaba a bienes raíces y que en 2019 modificó su objeto social para incursionar en el sector energético. En 2023 obtuvo permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, volúmenes que llamaron la atención en un contexto de permisos restringidos.
Las autoridades federales vinculan a Ingemar con el aseguramiento de 129 carrotanques y ferrotanques en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, el 7 de julio de 2025, parte de la carga carecía de documentación que acreditara su legal procedencia; la investigación apunta a presuntas irregularidades en la importación de combustibles, con posible falsificación de documentos para introducir volúmenes superiores a los autorizados.
Ruffo Appel siempre defendió la legalidad de las operaciones y argumentó que el rol de Ingemar se limita al permiso de importación, mientras que la comercialización corresponde a otra empresa: Crismón Hidrocarburos y Derivados. En noviembre de 2025 se presentó voluntariamente ante la FGR como testigo y señaló que “el huachicol nace en la aduana”. Afirmó entregar toda la documentación requerida y se declaró con “la conciencia absolutamente tranquila”.
RAnte la detención el PAN reaccionó exigiendo respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y garantías constitucionales. El partido advirtió contra un “trato desigual” y pidió que la ley se aplique con imparcialidad.
Desde el oficialismo, el caso se enmarca en la lucha contra el contrabando de combustibles y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, había mencionado en 2025 que un “exgobernador del PAN” estaba bajo investigación, sin nombrarlo directamente en ese momento.
En redes sociales y opinión pública, las posturas se polarizan; unos celebran el avance contra la impunidad; otros lo ven como un posible uso político de la justicia, especialmente por el perfil histórico de Ruffo.
Actualmente Ruffo Appel permanece detenido y a disposición de un juez federal, por ello la FGR deberá presentar las pruebas para su vinculación a proceso. El caso forma parte de una investigación más amplia que, según reportes de 2025, involucraba solicitudes de órdenes contra cientos de personas relacionadas con aduanas y el sector energético.
Ernesto Ruffo Appel, el hombre que rompió el monopolio priista en una entidad fronteriza clave, ahora enfrenta un proceso que pone en entredicho su legado empresarial. Mientras sus defensores hablan de persecución política y transparencia en las operaciones, las autoridades federales insisten en que se trata de una investigación basada en evidencias de un millonario contrabando. El desarrollo de las audiencias determinará si se trata de un eslabón más en la cadena del huachicol fiscal o de un caso con implicaciones políticas mayores en Baja California y el PAN nacional.
